El programa se financiaba con un préstamo internacional. La SIGEN calificó el caso como de un “impacto alto” económico. No existen legajos de los supuestos estudiantes beneficiados
Sandra Pettovello y Carlos Torrendell reunidos con los rectores de las universidades
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció a la justicia irregularidades en el programa de becas “Progresar” que el Gobierno de Alberto Fernández otorgaba con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares, un “préstamo” que se concretó en noviembre de 2019 y sobre el cual, según los funcionarios de La Libertad Avanza y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación -citada en la presentación-, no se realizó ningún tipo de control. Por esa razón, se desconoce el destino de los fondos, quién o quiénes se habrían beneficiado con esos fondos y si llegaron a manos de los estudiantes de sectores más vulnerables de entre 16 y 17 años a través de la línea “Asistencia a Jóvenes Estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria”.
En la presentación judicial se denuncia a los presuntos responsables de la malversación del dinero que debía ser destinado a los más desprotegidos de los delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “fraude a la administración pública”.
“Luego de arduas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en el otorgamiento de los beneficios referidos por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022″, se lee en la denuncia de la cartera de Pettovello.
El presidente Alberto Fernández cuando presentó la ampliación de las becas Progresar
En el escrito, los actuales funcionarios resaltaron: “Dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”.
Entre otras irregularidades, la investigación destaca que “no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca”. Tampoco “hay documentación que respalde cada otorgamiento”, es más, “no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada”. En la ANSES tampoco se encontró documentación “respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar”.
Al respecto, la auditoría de la SIGEN calificó el caso como de “impacto alto”. Por esa razón, Leila Daniela Gianni,la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, acusa de estar “ante un caso de gravedad en perjuicio el Estado Nacional, pero, sugestivamente, el gobierno anterior no denunció nada al respecto ante la Justicia”, a pesar de la advertencia de la Sindicatura General de la Nación.
En la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, en el punto 5 se destaca: “Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas”.
El Presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ordenaron auditorías en todas las reparticiones públicas
Desde Capital Humano también le advierten al magistrado que “en el marco de las auditorías que desembocaron en la presente denuncia penal, el 24 de abril del año en curso, se halló en la oficina personal del Licenciado Nicolás Sojit, quien fuera Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta hace poco tiempo -y depuesto en su cargo por este gobierno-; documental que revelaría una fuente de financiamiento externo en el caso proveniente específicamente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un total de 341 millones de dólares asignados específicamente a las Becas Progresar en cuestión”.
A tal efecto, el escrito judicial aclara que “la documentación encontrada en las oficinas que ocupara Sojit en la Secretaría de Trabajo, apareció en el marco de la desvinculación de 13 funcionarios y agentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación ordenada por este Gobierno Nacional por diversas irregularidades detectadas y en curso de investigación”.
El préstamo otorgado al país -es decir con devolución- “fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de 341 millones de dólares, préstamo que se concretó en el mes de Noviembre del año 2019″. El Programa, tenía entre sus objetivos fundamentales, financiar las “Becas Progresar”.
Desde la cartera de Pettovello calificaron como “burdas” las irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación en el manejo de las becas “Progresar” y que “la aparición de un préstamo internacional multimillonario no debidamente auditado por autoridad nacional alguna resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público”.
La justicia investiga posible malversación de fondos en las Becas Progresar
Las becas educativas “Progresar” han tenido como objetivo fomentar la escolarización obligatoria y que los alumnos más carenciados puedan terminar sus estudios evitando la deserción por razones económicas.
Según la presentación judicial, “dicho encomiable fin, no ha habría sido honrado por las autoridades responsables de la gestión gubernamental anterior al haber permitido/avalado/propiciado un descontrol administrativo en el manejo de cientos de millones de pesos y dólares estadounidenses todo lo que ha propiciado sin lugar a duda un perjuicio fiscal”.
Tanto la SIGEN como la auditoría llevada adelante por Capital Humano concluyeron que “no es posible trazar a dónde ha ido la totalidad del dinero de las ‘Becas Progresar’” y destacaron que: “Sólo podemos saber que se ha utilizado una enorme suma de dinero del Estado Nacional sin control y en forma irregular”.
Para los colaboradores de Pettovello, “de comprobarse los hechos que se denuncian, estaremos hablando de delitos imperdonables: delitos que explicarían parte de la decadencia educativa que tristemente padece nuestro querido país desde hace décadas”.
“Desviar el dinero de los estudiantes o mal utilizarlo en beneficio propio o de terceros, es un delito gravísimo porque no sólo perjudica el erario público sino, y lo que es peor, atenta directamente contra el futuro de nuestra nación”, completaron.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.