El trabajo repasa las diferentes industrias afectadas por violaciones a la propiedad intelectual.
El dato llamativo es que por primera vez en 12 años no cuestiona la política local de patentes medicinales.
Mientras los laboratorios argentinos lo celebran, los extranjeros piden explicaciones a la Embajada.
Estados Unidos presentó el Informe 2024 sobre la Protección y Aplicación de la Propiedad Intelectual en el Mundo y Argentina continúa apareciendo en la Priority Watch List, la lista negra de países que deben hacer grandes esfuerzos por modificar determinadas prácticas que transgreden la ley y habilitan la competencia desleal.
El dato llamativo de esta edición es que por primera vez en más de una década el documento no cuestiona explícitamente la política argentina de patentes medicinales, algo que cayó como una bomba en el centro de la industria farmacéutica y ha provocado en las últimas horas el festejo de los laboratorios argentinos y la furia de los extranjeros.
Conocido como “Informe de la Sección 301”, elaborado por el Representante de la Oficina Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el trabajo afirma, en términos generales, que “Argentina sigue siendo un desafío y las partes interesadas informan de una competencia desleal generalizada por parte de los vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados”.
Hace especial hincapié, por ejemplo, en la venta de este tipo de productos en el mercado de La Salada, en el barrio de Once y otros lugares físicos de Buenos Aires y por Internet. Dice que “la policía argentina no suele emprender acciones de oficio y los procesamientos pueden estancarse y languidecer en formalidades excesivas”.
El documento también señala que “el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa funcionando con un número reducido de examinadores de patentes, con recursos limitados que plantean desafíos para la contratación y retención”, y considera que “Argentina logró pocos avances en la protección de la propiedad intelectual en 2023”.
Los precios de los medicamentos son un elemento clave de la canasta de los argentinos.
En ese contexto aparece un dato llamativo que no se le escapó a la industria farmacéutica. Desde los laboratorios nacionales rescataron el hecho de que este año Estados Unidos “ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas. A diferencia de los últimos 12 años, el USTR ya no incluye críticas relativas a la existencia de limitaciones indebidas a la patentabilidad de productos farmacéuticos y biotecnológicos en Argentina, ni cuestionamientos a las pautas de patentabilidad vigentes desde el año 2012”.
Según CILFA, que agrupa a los laboratorios de capitales argentinos, “esto se logró producto del diálogo con la USTR en el que se consiguió exponer que los objetivos de las pautas de patentabilidad argentinas están en línea con las políticas del gobierno de los Estados Unidos y la jurisprudencia de sus tribunales”.
En informes anteriores había sido constante y explícito el reclamo de Estados Unidos a la Argentina por el hecho de no darse una mayor facilidad y protección a las patentes de productos farmacéuticos innovadores, tema por el que históricamente reclaman los laboratorios extranjeros para proteger sus desarrollos en el país y que durante el mayor tiempo posible no sean objeto de copias.
Para CILFA, el giro de Estados Unidos “constituye un reconocimiento de los avances de la Argentina en la materia, como así también de la necesidad de asegurar una regulación balanceada en el sistema de patentes, garantizando el otorgamiento de patentes de calidad, sin reconocer derechos monopólicos sobre desarrollos que no los merecen. Mientras se promueve la innovación y el desarrollo, se asegura y favorece la competencia”.
Esta situación reavivó una pelea de vieja data entre los laboratorios locales y foráneos que comercializan sus especialidades medicinales en el país. Desde una de las multinacionales más importantes que integra esa Cámara, una alta fuente le manifestó a Clarín el fuerte malestar por cómo salió el informe: “Es una omisión grave, no tiene justificación. El motivo que hace que Argentina entrara al Priority Watch List no tuvo ningún cambio positivo desde 2012. Directamente dejaron afuera todo el capítulo patentes farmacéuticas y de agro, y sólo hablan de falsificación y marcas. La industria internacional está organizando un reclamo enérgico tanto en Washington como a la Embajada local”.
Marc Stanley, embajador de Estados Unidos, en la reciente cena anual del CIPPEC. Foto: Juano Tesone
La misma fuente agregó: “Creemos que la Embajada local no estaba al tanto de que el informe iba a salir así. No tenemos información aún para especular sobre los motivos, pero en el comienzo de la semana debería haber alguna explicación preliminar de la Embajada. Venimos trabajando este tema con ellos desde hace años, y saben que no hay ninguna mejora ni motivo para sacar este tema del reporte”.
Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a 41 laboratorios extranjeros, ensayaron ante la consulta de este medio una posición más controversial con CILFA y políticamente componedora: “Si bien no se mencionan expresamente las restricciones a la posibilidad de obtener patentes farmacéuticas en Argentina en la edición 2024 del Special 301, esto no quiere decir que el gobierno norteamericano haya despriorizado el tema patentabilidad de productos farmacéuticos en nuestro país”.
Rescataron fragmentos de un párrafo del informe que dice: “…Otro problema constante para los sectores (…) farmacéutico innovador es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de pruebas u otros datos no divulgados generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en esos sectores”.
Y agregaron que en el “Informe de Estimación Comercial Nacional sobre Barreras al Comercio Exterior”, otro reporte reciente emitido por el mismo USTR en marzo, “dice explícitamente sobre las patentes farmacéuticas: “…El alcance de la materia patentable para productos farmacéuticos sigue estando severamente restringida por la legislación argentina. A través de las guías de patentabilidad se rechazan automáticamente las solicitudes de patente para las categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones… Además, hay inadecuada protección contra la competencia desleal y el uso no autorizado de datos de prueba que se proveen al gobierno”.
Las patentes son otorgadas por 20 años en Argentina para cualquier tipo de innovación. Los laboratorios extranjeros, entre otras cosas, basan su reclamo en los obstáculos para los patentamientos y en que dicho lapso empieza a correr desde que se aprueba la investigación y desarrollo del medicamento, que puede llevar entre 10 y 12 años, por lo que sólo queda la diferencia para el usufructo exclusivo.
Desde las compañías locales, en cambio, consideran que la posibilidad de que los laboratorios nacionales puedan fabricar esos mismos medicamentos permite que haya más competencia y que los precios de los remedios tiendan a bajar. La pelea -con sus diversos ribetes y opiniones- se funda en el antiguo y difícil balance que exige toda política de salud pública: la innovación versus el acceso.
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
El objetivo cada vez más explícito del Gobierno es mostrar el éxito alcanzado en la lucha contra la inflación. Y sobre todo transmitir que el ajuste fiscal y el control del gasto público finalmente tienen su premio.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
Aún con todo lo positivo, el dato de mayo tuvo algunas señales amarillas. Por un lado, la fuerte desaceleración en alimentos se explicó por fuertes caídas de precios en frutas y verduras, algo que difícilmente se repita hacia adelante. Por otra parte, la inflación núcleo -que excluye productos regulados y estacionales- se mantuvo bastante más arriba, arrojando un 2,2%.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Con estos datos, la pregunta razonable es si semejante caída de la inflación es sostenible en los próximos cuatro meses, es decir en la previa electoral.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
Se trata de una planta cuya principal actividad es la producción de líquidos derivados del gas natural —etano, propano, butano y gasolina natural— con una capacidad anual superior a 1.050.000 toneladas. “Además, allí, se realiza el fraccionamiento y envío de estos líquidos por ductos hacia la Planta Galván, también de tgs, donde se almacenan antes de su despacho al mercado local y regional”, explicaron desde la empresa cuyo 51% pertenece en partes iguales a Pampa Energía y a un grupo de inversores liderado por la familia Sielecki.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
“A pesar de la magnitud del evento climático y del hecho de que el complejo alberga dos plantas compresoras esenciales para el sistema de transporte de gas natural, TGS nunca interrumpió la provisión del servicio. Gracias a una rápida respuesta operativa y a la implementación de maniobras extraordinarias, la compañía logró mantener la continuidad del suministro con los más altos estándares de seguridad, garantizando así el abastecimiento de gas natural en todo momento”, cerró el comunicado de TGS.
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
El presidente del organismo, Roberto Silva, indicó que esta medida se enmarca en una política general de remoción de trabas al funcionamiento del mercado de capitales. Según el comunicado oficial, la CNV buscó avanzar con la normalización de operaciones y acompañar la estrategia general del Ejecutivo nacional, que prioriza el financiamiento en moneda extranjera sin intervención directa del Banco Central.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
El Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.