El barco trasandino Beagle remolcaba un pesquero taiwanés.
Los cortocircuitos diplomáticos con Chile son ya frecuentes, y por estas horas un produjo un confuso incidente a raíz de una multa que la Prefectura Naval Argentina le hizo a un remolcador chileno por operar dentro de aguas de las Islas Malvinas
La infracción tuvo lugar semanas atrás cuando Prefectura Naval interceptó al remolcador chileno “Beagle”. El canciller Alberto Van Klaveren señaló que era un armador privado y que tenían “una diferencia con la Argentina” respectó al alcance del decreto por el que fue alcanzado el remolcador
En cambio, en el Gobierno argentino optaron por el silencio al momento. Sólo existe un reporte sobre el episodio reportado por el equipo del Prefecto General Guillermo Jimenez Pérez. Pero se sabe que entre martes y miércoles hubo febriles conversaciones del gobierno trasandino con la Secretaria de Malvinas de la cancillería argentina, Paola Di Chiaro.
La embarcación pertenece a la naviera Ultratug -también chilena fue interceptada a 245 millas náuticas de la costa chubutense por el buque de la Prefectura Naval “Prefecto Derbes”. El Beagle remolcaba, aparentemente, al pesquero taiwanés “An Fong” en dirección al puerto de Montevideo.
La Prefectura Naval interceptó hace semanas a un remolcador chileno, el Beagle y labró una infracción. En el país vecino generó polémica y la Cancillería de Boric pidió información a la Argentina
Requerido por los medios, el canciller chileno Alberto van Klaveren calificó el incidente como un problema “entre un armador privado y el Estado argentino, por la aplicación de una legislación”, refiriéndose a la normativa de la Prefectura Naval que ordena a toda embarcación que transite por aguas jurisdiccionales argentinas a requerir una autorización previa interna.
Reconoció van Klaveren que la cancillería chilena había solicitado antecedentes y confirmó conversaciones con el Palacio San Martin, descartando que se hubiese un hostigamiento hacia Chile, como algunos diputados chilenos calificaron este nuevo incidente.
Con ello aludía a las afirmaciones de la ministra Patricia Bullrich, quien alertó la semana pasada por la presencia de Hezbollah en el norte de Chile, ocasionando críticas del Gobierno de Gabriel Boric y una nota de protesta por las afirmaciones de la ministra argentina que este jueves viaja a Chile. Se va a encontrar con su par, Carolina Tohá, a quien le a entregar un informe sobre las actividades terroristas en la región.
Pero por otro lado a los chilenos tampoco les gustaron declaraciones del presidente Javier Milei de que la base integrada que la Armada Argentina busca levantar en Ushuaia contará con ayuda de Estados Unidos y que ella va estar destinada fortalecer la posición antártica nacional cuando en realidad, también Chile tiene reclamos sobre la Antártida, que coinciden con los de Argentina.
El remolcador chileno Beagle, bajo infracción de la Prefectura por operar también en las Malvinas
En medios diplomáticos concuerdan con las declaraciones del canciller chileno van Klaveren, de que el incidente con el remolcador es un asunto privado entre una empresa chilena y el Estado argentino. Señalan que desde hace años Chile reconoce los derechos argentinos sobre las islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, lo cual incluye la legislación argentina aplicable en esos mares.
Al respecto, cabe señalar que durante la última visita de Alberto Fernández a Chile (abril de 2023), el presidente chileno Boric ratificó este principio en el comunicado conjunto que ambos gobernantes firmaron.
El episodio
Semanas atrás, la Prefectura Naval informó que el guardacostas GC-28 Prefecto Derbes, que se encontraba terminando su campaña de patrullaje de la Zona Económica Exclusiva y su área adyacente, informó a los capitanes la detección de dos buques que navegaban desde las Islas Malvinas sin la correspondiente autorización argentina.
El hecho fue posible, informaron, por el monitoreo permanente que realiza la Institución combinando patrullajes marítimos, aéreos y electrónicos para proteger los intereses marítimos argentinos. Tienen importantes sistemas satelitales y señalaron.
“Con ese contexto, la Fuerza advirtió que dos buques (“Besgle”, de bandera chilena, aparentemente remolcando al pesquero “An Fong No.136″, de bandera de Taiwán) navegaban a velocidad reducida dentro de la Zona Económica Exclusiva del país , al través de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a 245 millas náuticas de la costa¨.
Y advirtió el informe que las embarcaciones presentaban ¨la particularidad de haber zarpado de las Islas Malvinas simultáneamente, con rutas idénticas, lo que sugiere que el remolcador podría estar prestando asistencia al buque pesquero “An Fong No.136” (IMO 9777979).
Entonces, por el decreto 256/10 de Argentina y concordante con la Ordenanza 01-10 de la Prefectura, ¨todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente¨.
Ante esto, personal del guardacostas Prefecto Derbes notificó a los capitanes de los buques infractores, por incumplir la mencionada norma al haber operado en las Islas Malvinas, sin el correspondiente aval argentino.
En Argentina el episodio pasó desapercibido, como uno más en aguas nacionales, pero en Chile generó polémica. El ex embajador, Jorge Tarud, de la Democracia Cristina dijo que esta normativa interna ¨pugna con el derecho a la libre navegación en la Zona Económica Exclusiva, por lo que llamó al Ejecutivo de Boric a pedirle explicaciones al Gobierno de Milei.
El diputado del Partido Ecologista Verde, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Félix González, opinó que lo peor sería “sobre reaccionar” y pidió al canciller Alberto van Klaveren mayor información sobre el tema.
Entonces Van Klaveren dijo: “Es un problema entre un armador privado y el Estado argentino, por la aplicación de una legislación que objeta este armador. Este no es un caso único, han habido algunos casos anteriores en años anteriores”.
Pero al mismo tiempo admitió que en su gobierno estaban “preocupados con el tema” y que establecieron conversaciones con la Argentina para solucionar el conflicto. “No es un problema específico de la Argentina con Chile”, dijo al referirse a si encontraba “hostigamiento” de la legislación argentina hacia su país. Claramente, la Argentina tiene una política de recelo hacia toda embarcación o movimientos relacionados con la disputad de soberanía sobre las islas con el Reino Unido.
“Tenemos una diferencia con la Argentina respecto del alcance de este decreto”, redondeó Van Klaveren.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.