El Presidente dijo que seguirá con su programa aunque no se apruebe.
Tras superar el fuerte cortocircuito con los bloques dialoguistas y en medio de la tensión generada por otra ofensiva de Javier Milei, la Cámara de Diputados busca este jueves emitir dictamen de comisión de la Ley Bases y del paquete fiscal con la intención de tratarlo en el recinto entre el próximo lunes y martes.
El oficialismo tuvo que retroceder con su reforma laboral de 60 artículos que replicaba el capítulo del mega DNU 70/23 para aplacar, al menos en forma momentánea, la tensión con la oposición dialoguista que busca esquivar las chicanas del Presidente para darle las leyes que viene reclamando para su plan de Gobierno.
Es que el jefe libertario no retrocede con sus descalificaciones hacia el Congreso y este miércoles en la gala anual de la Fundación Libertad volvió a decir que no le hará falta el parlamento para cumplir las metas del Gobierno. “Ma’, tiren la Ley Bases”, dijo ante empresarios y personalidades de la política.
Plenario de comisiones para dictaminar la Ley Bases
Para el mediodía de este jueves está convocado el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para tratar de darle una primera definición al debate que promete aún algunas diferencias que quedarán plasmadas en distintos dictámenes.
Previamente, se formalizó la designación del libertario Santiago Santurio como nuevo presidente de la comisión de Legislación General en reemplazo de Gabriel Bornoroni, quien asumió como jefe del bloque de La Libertad Avanza.
En tanto, Unión por la Patria definió a sus representantes en la comisión y designó como vicepresidenta segunda a Mónica Litza y como secretaria segunda a Constanza Alonso. Además hubo un cambio entre diputados del PRO, ya que Damián Arabia asumió como secretario primero en reemplazo de Florencia De Sensi.
Pese a que el Gobierno hizo concesiones, algunos diputados mantienen diferencias que serán difícil de saldar en el debate de comisiones y es por eso que habrá distintos despachos por diferencias en las facultades delegadas, privatizaciones y la restitución del impuesto a las Ganancias.
Ante la posibilidad de que se frustre la aprobación de la ley ómnibus, que Javier Milei pretende tener aprobada para antes del 25 de mayo cuando aspira a firmar un pacto con los gobernadores, el oficialismo tuvo que presentar una nueva redacción de la reforma laboral.
El kirchnerismo ya avisó que hará todo lo posible para que no avance la Ley Bases y el paquete fiscal. Foto: Federico López Claro
Los puntos clave de la Ley Bases
Finalmente se acordó una versión un poco más light que prevé una extensión del período de prueba a seis meses e incluye una opción del fondo de cese laboral por convenio, un sistema similar al que aplica en el gremio de la construcción (Uocra).
También se incluyó en la nueva versión el agravamiento indemnizatorio por despido discriminatorio, penas de 6 meses a 3 años de cárcel para los bloqueos sindicales y la eliminación de las multas por trabajo no registrado, medida que contaba con el respaldo de la mayoría.
En resumen, aquellos artículos atacaban los intereses de los sindicatos quedaron afuera. Esta decisión llevó al radicalismo a anticipar que irá con un dictamen de disidencia ya que impulsaban medidas como la eliminación de la obligatoriedad de la cuota sindical.
Otro de los puntos que llama la atención del debate tiene que ver con los fondos fiduciarios, uno de los puntos que derivó en la caída de la primera ley ómnibus en febrero. Sobre este punto aceptaron que si son eliminados se respetará el origen de los fondos.
En concreto lo que establece que aquellos fondos que fueran financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable y es eliminado, el tributo volverá a la masa coparticipable y no al Tesoro, como pretendía el Ejecutivo. Esto permitiría ajustar el reparto entre las provincias.
El Gobierno también retrocedió con su intento de disolver o intervenir organismos como el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA, el Incucai, el Instituto de la Propiedad Industrial, Enacom, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, y el INTA.
Sigue el debate en comisión de la ley ómnibus. Foto: Federico López Claro.
¿Qué pasará con el capítulo del tabaco?
Uno de los capítulos que se especula que generará tensión en este plenario tiene que ver con la decisión del Gobierno de mantener excluido el capítulo del tabaco que disponía que todas las empresas paguen los mismos impuestos. La UCR, Hacemos Coalición Federal y seguramente Innovación Federal irán con un dictamen en disidencia sobre ese punto.
Está claro que no quieren quedar pegados a las presiones del empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y quien es fuertemente beneficiado por la legislación actual
En lo que tiene que ver con las jubilaciones se avanza con la eliminación de la moratoria que permitía a las personas que no tenían los 30 años de aportes pagar una cuota para jubilarse.
Para avanzar con el debate, el Gobierno también tuvo que renunciar a un controvertido artículo que ampliaba las facultades delegadas, algo que era rechazado por todo arco opositor.
Además se modifican algunas disposiciones del RIGI, el régimen de promoción de inversiones, entre ellas limitaciones para la posibilidad del VPU “los vehículos de proyecto único”, de modificar el plan de inversión, y se quita la alícuota 0% de dividendos y pagarán 7% en los primeros 7 años y luego 3.5%.
Para atender las demandas de la oposición se promueve la creación de la Prestación de Retiro Proporcional, que prevé una jubilación proporcional a la cantidad de años de aporte, con una fórmula que incluye la Prestación Básica Universal (PBU) más 1,5 por año aportado, pero con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será el mínimo.
En lo que tiene que ver con las privatizaciones, otro de los capítulos que genera tensiones con la oposición, finalmente, el Ejecutivo accedió a incluir al Banco Nación por separado, mientras que otras seis empresas del grupo Banco Nación, incluyendo Nación Seguros, quedaron fuera del proyecto.
No obstante, se rechazó que un informe negativo de la SIGEN pueda frenar un proceso de privatización. Aunque la lectura que hacen, al menos en el radicalismo, que si una empresa no tiene la aprobación del organismo, el Gobierno terminará por retirar los pliegos.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.