Policiales
Operativos armados, negocios con narcos y droga robada: las cinco causas que cercan al fiscal Claudio Scapolan
El jury de enjuiciamiento bonaerense lo apartó de su cargo luego de seis años de acumular denuncias. Qué pruebas hay en su contra.
Anacona, Bustamante, Santellán, Acosta, Ortellado Céspedes. Estos cinco apellidos podrían remitir a un equipo de papi fútbol. Pero no, corresponden a las carátulas de las cinco causas judiciales que el jury de enjuiciamiento bonaerense tomó en cuenta para separar de su cargo al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan (51).
Acusado por primera vez en 2016 (por Elisa Carrió) de liderar una banda con policías que armaban causas contra narcos -con los que finalmente terminaban haciendo negocios o extorsionando-, Scapolan fue procesado por la jueza Arroyo Salgado en octubre de 2021. Lo hizo luego de más de un año de dilaciones: el fiscal faltó cuatro veces a su indagatoria y apareció por el juzgado cuando no le quedó más remedio.
Arroyo Salgado, a quien los acusados del caso sí lograron apartar del expediente (al menos de momento), pidió el desafuero de Scapolan al momento del procesamiento.
Cuando el fiscal se sentó frente a la jueza, ella le leyó de que lo estaba acusando: “Haber formado parte de una organización destinada- en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados -mayormente funcionarios judiciales y policiales-“.
La jueza les atribuyó que “utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico“.
“En definitiva: una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos“, dijo Arroyo Salgado en la causa.
Sus conceptos fueron tomados íntegramente por el jury en su resolución de 112 páginas, a las que tuvo acceso Clarín.
Pero el trámite del jury, si bien avanzó un casillero la semana pasada, tampoco viene resultando sencillo: con el apoyo del massismo, Scapolan logró contrapesar durante meses la acusación que le hizo el procurador de la Corte bonaerense Julio Conte Grand, reclamando a su vez que el jurado de enjuiciamiento apurara el proceso de remoción.
Este escudo protector que lo mantenía de licencia en su puesto de jefe de la UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro comenzó a derrumbarse el miércoles 3 de mayo, con su “apartamiento preventivo”. Y de seguir viento el popa, el destino de Scapolan sería la cárcel debido a los serios delitos de los que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez encontró todo tipo de pruebas.
Desde arrepentidos, hasta información guardada en celulares, videos incriminadores y fallos judiciales, la investigación de Domínguez fue exhaustiva y hasta logró detener a medio centenar de policías, muchos de los cuales están a punto de ir a juicio oral en una primera etapa de este megacaso de corrupción.
A la hora de poner en juego los fueros de Scapolan, fueron cinco los casos que tomó Conte Grand para sostener su acusación… uno más escandaloso que otro.
“Anacona”, alias “Leones Blancos”
Ocurrió en 2013. Es la causa más conocida y la que tiene más condimentos. Primero: un financista de la City que trabajaba para narcos, servicios de inteligencia y también la Policía de la provincia. Segundo: un poderoso clan narco que enviaba toneladas de cocaína a España. Tercero: el “mexicaneo” de media tonelada de droga a manos de una brigada de la Bonaerense.
A la causa se la conoce como “Leones Blancos” porque uno de los allanamientos se hizo en una quinta de Moreno en cuya entrada había dos grandes leones de yeso. Pero en el registro judicial se la ubica como “Anacona” por el apellido de uno de los detenidos.
Sobre “Leones Blancos” se podrían escribir tres libros (al menos), pero un breve resumen sería así: Diego Guastini, que lavaba dinero para el clan narco de los Loza, entregó a sus amigos de la Bonaerense un cargamento de una tonelada de cocaína que sus clientes estaban moviendo.
El operativo se orquestó con Scapolan como cabeza judicial. Se hizo en Moreno, con policías de Quilmes y un fiscal penal ordinario de San Isidro (Scapolan). Todo fue tan irregular que el juicio oral se cayó y los jueces mandaron a investigar lo que había pasado en realidad. El fallo -anulando todo- quedó firme en la Corte.
El fiscal Domínguez logró establecer en su investigación no sólo que operativo era trucho, sino también que los policías, bajo la batuta de Scapolan, se habían robado media tonelada de droga que luego comercializaron en la Costa Atlántica.
“Bustamante” y 40 kilos de cocaína de coima
Ocurrió en el año 2014 y tuvo como origen un supuesto llamado anónimo recibido el 10 de febrero en Delegación San Isidro de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El llamado- que en realidad era inexistente- señalaba como narco a un tal “Pirulo”, que resultó ser Carlos Alberto Bustamante. Meses después, un segundo “llamado” anónimo dio pie a intervenciones telefónicas y amplió el número de investigados.
El juez de primera instancia ordenó -por pedido del fiscal Scapolan- el allanamiento de siete lugares. En algunos ellos se encontró droga. Es más, en una casaquinta habitada por Mariana Molina y su pareja, Israel Gastón Aquino, se encontró una cocina de cocaína. Sin embargo, ninguno de los dos fueron detenidos. La razón: el padre de la mujer pagó una coima para que ella y su yerno no quedaran involucrados.
Todo esto salió a la luz en el juicio oral contra Bustamante y el resto de los detenidos del caso. Terminaron todos absueltos y el tribunal tuvo duras palabras para con Scapolan. Ese fallo fue confirmado por la Corte.
Arrepentidos hablaron de una coima de 40 kilos de cocaína y dinero. En esta causa, como en otras, actuó el informante (“buchón”) Víctor Hugo Gutiérrez (alias “Primo”), un civil al que disfrazaban de policía, participaba de los operativos, plantaba droga, revendía la secuestrada y está actualmente prófugo.
“Santellán”, un video y un pariente narco
El objetivo de esta causa armada -en junio de 2014- fue Sergio Leandro Santellán, quien estaba lejos de ser un cualquiera: su esposa era Sofía Andrada, hija del capo narco Claudio Andrada (conocido como “Piturro” o “Gallo”). Para cuando los policías fueron por Santellán, “Piturro” ya estaba preso. Arroyo Salgado lo había detenido con media tonelada de cocaína en 2013.
Scapolan pidió quince allanamientos a diversos domicilios, entre los que se incluía el de Santellán, el de su ex pareja (y madre de sus hijos) y el de un estacionamiento de autos. Todos los domicilios eran en José León Suarez, pero el allanamiento del garaje resultó un boomerang para el fiscal y su equipo de policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas: quedaron filmados en actitudes más que sospechosas.
Santellán denunció “al ingresar el personal policial a su vivienda, una persona vestida de civil, que fuera sindicada por el arrepentido Cabral como “el informante”, de nombre José Víctor Gutiérrez, le exigió junto al subcomisario Caviglia y al sargento Cabré la suma de treinta mil dólares estadounidenses bajo amenaza de “reventar” el domicilio de su ex pareja y el de Sofía Andrada, pareja de aquel momento de Santellán”.
Santellán entregó el dinero en una bolsa, la misma que se vería en el video que hoy es prueba de cargo contra Scapolan. Tanto el fiscal Domínguez como el abogado de Santellán -Damián Odetti (querellante en la causa)- sostienen que se ve claramente cuando la Policía planta droga, hecho señalado por varios testigos. La coima dejó afuera de la causa a su pareja y a su ex pareja, pero Santellán fue preso… tres años.
“Acosta” y la falsa denuncia anónima
El caso lleva el nombre de una de sus víctimas, Celeste Noelia Acosta, quien fue detenida junto a su pareja, Javier Adrián Rodríguez, en una causa de drogas a cargo de Scapolan. Lo interesante del caso es que se volvió contra el fiscal luego de en septiembre de 2018 lo incluyera en la lista de casos armados uno de los policías de la brigada, que declaró como arrepentido ante el fiscal Domínguez.
Este policía-testigo contó que la causa había sido armada, que se había inventado una primera llamada anónima y las tareas de inteligencia previas no habían existido. Como ya se detectó en otros casos, se había armado un “rulo”. ¿Qué es un rulo? Un mecanismo por el cual se avanza sobre una jurisdicción que no es propia (en el caso de Scapolan, sobre San Martín) a partir de una mentira que ubica el origen de las actuaciones donde los protagonistas sí pueden actuar.
En este caso, según el arrepentido, se inventó un seguimiento desde San Isidro para poder allanar en José León Suárez.
“Al momento de ser convocados a prestar declaración testimonial Celeste Noelia Acosta y Javier Adrián Rodríguez, se pronunciaron sobre los detalles de la extorsión ejercida por quienes se hallaban en dicha oportunidad“, se lee en el procesamiento de Scapolan firmado por Arroyo Salgado.
Como en otros casos bajo investigación, los allanamientos solo se hacían para exigir dinero a cambio de desvincular a uno o varios parientes del supuesto narco.
“Ortellado Céspedes”, marihuana y debate presidencial
“La Policía interceptó una camioneta en pleno centro de Moreno. Escondido en el portón de la caja había tres kilos de cocaína. El conductor estaría vinculado a un megaoperativo que secuestró 15 toneladas de marihuana dentro de un camión cisterna en octubre del 2015 también en Moreno. Inmediatamente los uniformados allanaron una vivienda desde donde provenía este sujeto: 80 kilos de marihuana“, dice la noticia publicada en todos los medios, en junio de 2018.
Y sigue: “Durante la tarde de este miércoles 20 de junio se interceptó una camioneta Ford Ranger azul que circulaba sobre la calle De La Quintana, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte, en el casco céntrico de Moreno. En el vehículo viajaba un sujeto de 51 años y de nacionalidad paraguaya. Fue identificado como Jesús María Ortellado Céspedes. Obligado a descender, el individuo fue esposado e introducido en el asiento trasero de un patrullero“.
Al igual que Leones Blancos, el secuestro “récord” de la marihuana en el camión cisterna (2015) fue armado con variados fines, pero ninguno de ellos fue combatir el narcotráfico. Un detalle: ese secuestro ocurrió apenas unos días antes del debate entre Daniel Scioli (por entonces gobernador bonaerense) y Mauricio Macri por las elecciones presidenciales.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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