El jury de enjuiciamiento bonaerense lo apartó de su cargo luego de seis años de acumular denuncias. Qué pruebas hay en su contra.

Anacona, Bustamante, Santellán, Acosta, Ortellado Céspedes. Estos cinco apellidos podrían remitir a un equipo de papi fútbol. Pero no, corresponden a las carátulas de las cinco causas judiciales que el jury de enjuiciamiento bonaerense tomó en cuenta para separar de su cargo al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan (51).

Acusado por primera vez en 2016 (por Elisa Carrió) de liderar una banda con policías que armaban causas contra narcos -con los que finalmente terminaban haciendo negocios o extorsionando-, Scapolan fue procesado por la jueza Arroyo Salgado en octubre de 2021. Lo hizo luego de más de un año de dilaciones: el fiscal faltó cuatro veces a su indagatoria y apareció por el juzgado cuando no le quedó más remedio.

Arroyo Salgado, a quien los acusados del caso sí lograron apartar del expediente (al menos de momento), pidió el desafuero de Scapolan al momento del procesamiento.

Cuando el fiscal se sentó frente a la jueza, ella le leyó de que lo estaba acusando: “Haber formado parte de una organización destinada- en apariencia- a garantizar una eficiente prestación del servicio de justicia y de prevención y persecución de delitos, cuando, en verdad, se trató de una empresa criminal estratégicamente montada por los imputados -mayormente funcionarios judiciales y policiales-“.

Allanamientos en San Isidro por una causa que involucra al fiscal Claudio Scapolan y a varios policías bonaerenses.

La jueza les atribuyó que “utilizaron de manera tergiversada las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, con el exclusivo fin de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico“.

“En definitiva: una red de ilegalidad que involucró abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, con altas responsabilidades y amplias facultades, de las que se valieron para estructurar un esquema que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes, constituyéndose en un engranaje más en la cadena de tráfico, y en cuyo marco, se han cometido innumerable cantidad de delitos“, dijo Arroyo Salgado en la causa.

Sus conceptos fueron tomados íntegramente por el jury en su resolución de 112 páginas, a las que tuvo acceso Clarín.

La resolución de apartamiento del fiscal Claudio Scapolan.

Pero el trámite del jury, si bien avanzó un casillero la semana pasada, tampoco viene resultando sencillo: con el apoyo del massismo, Scapolan logró contrapesar durante meses la acusación que le hizo el procurador de la Corte bonaerense Julio Conte Grand, reclamando a su vez que el jurado de enjuiciamiento apurara el proceso de remoción.

Este escudo protector que lo mantenía de licencia en su puesto de jefe de la UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro comenzó a derrumbarse el miércoles 3 de mayo, con su “apartamiento preventivo”. Y de seguir viento el popa, el destino de Scapolan sería la cárcel debido a los serios delitos de los que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez encontró todo tipo de pruebas.

Desde arrepentidos, hasta información guardada en celulares, videos incriminadores y fallos judiciales, la investigación de Domínguez fue exhaustiva y hasta logró detener a medio centenar de policías, muchos de los cuales están a punto de ir a juicio oral en una primera etapa de este megacaso de corrupción.

A la hora de poner en juego los fueros de Scapolan, fueron cinco los casos que tomó Conte Grand para sostener su acusación… uno más escandaloso que otro.

El fiscal Claudio Scapolan y la jueza Sandra Arroyo Salgado.

“Anacona”, alias “Leones Blancos”

Ocurrió en 2013. Es la causa más conocida y la que tiene más condimentos. Primero: un financista de la City que trabajaba para narcos, servicios de inteligencia y también la Policía de la provincia. Segundo: un poderoso clan narco que enviaba toneladas de cocaína a España. Tercero: el “mexicaneo” de media tonelada de droga a manos de una brigada de la Bonaerense.

A la causa se la conoce como “Leones Blancos” porque uno de los allanamientos se hizo en una quinta de Moreno en cuya entrada había dos grandes leones de yeso. Pero en el registro judicial se la ubica como “Anacona” por el apellido de uno de los detenidos.

El Operativo Leones Blancos, durante el gobierno de Daniel Scioli. Archivo Clarín

Sobre “Leones Blancos” se podrían escribir tres libros (al menos), pero un breve resumen sería así: Diego Guastini, que lavaba dinero para el clan narco de los Loza, entregó a sus amigos de la Bonaerense un cargamento de una tonelada de cocaína que sus clientes estaban moviendo.

El operativo se orquestó con Scapolan como cabeza judicial. Se hizo en Moreno, con policías de Quilmes y un fiscal penal ordinario de San Isidro (Scapolan). Todo fue tan irregular que el juicio oral se cayó y los jueces mandaron a investigar lo que había pasado en realidad. El fallo -anulando todo- quedó firme en la Corte.

El fiscal Domínguez logró establecer en su investigación no sólo que operativo era trucho, sino también que los policías, bajo la batuta de Scapolan, se habían robado media tonelada de droga que luego comercializaron en la Costa Atlántica.

Diego Xavier Guastini.

“Bustamante” y 40 kilos de cocaína de coima

Ocurrió en el año 2014 y tuvo como origen un supuesto llamado anónimo recibido el 10 de febrero en Delegación San Isidro de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El llamado- que en realidad era inexistente- señalaba como narco a un tal “Pirulo”, que resultó ser Carlos Alberto Bustamante. Meses después, un segundo “llamado” anónimo dio pie a intervenciones telefónicas y amplió el número de investigados.

El juez de primera instancia ordenó -por pedido del fiscal Scapolan- el allanamiento de siete lugares. En algunos ellos se encontró droga. Es más, en una casaquinta habitada por Mariana Molina y su pareja, Israel Gastón Aquino, se encontró una cocina de cocaína. Sin embargo, ninguno de los dos fueron detenidos. La razón: el padre de la mujer pagó una coima para que ella y su yerno no quedaran involucrados.

Todo esto salió a la luz en el juicio oral contra Bustamante y el resto de los detenidos del caso. Terminaron todos absueltos y el tribunal tuvo duras palabras para con Scapolan. Ese fallo fue confirmado por la Corte.

Arrepentidos hablaron de una coima de 40 kilos de cocaína y dinero. En esta causa, como en otras, actuó el informante (“buchón”) Víctor Hugo Gutiérrez (alias “Primo”), un civil al que disfrazaban de policía, participaba de los operativos, plantaba droga, revendía la secuestrada y está actualmente prófugo.

José Gutiérrez, alias “Primo”, pieza clave en la causa que tiene al fiscal Claudio Scapolan acorralado por la Justicia.

“Santellán”, un video y un pariente narco

El objetivo de esta causa armada -en junio de 2014- fue Sergio Leandro Santellán, quien estaba lejos de ser un cualquiera: su esposa era Sofía Andrada, hija del capo narco Claudio Andrada (conocido como “Piturro” o “Gallo”). Para cuando los policías fueron por Santellán, “Piturro” ya estaba preso. Arroyo Salgado lo había detenido con media tonelada de cocaína en 2013.

Scapolan pidió quince allanamientos a diversos domicilios, entre los que se incluía el de Santellán, el de su ex pareja (y madre de sus hijos) y el de un estacionamiento de autos. Todos los domicilios eran en José León Suarez, pero el allanamiento del garaje resultó un boomerang para el fiscal y su equipo de policías de la Delegación San Isidro de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas: quedaron filmados en actitudes más que sospechosas.

Claudio “Piturro” Andrada.

Santellán denunció “al ingresar el personal policial a su vivienda, una persona vestida de civil, que fuera sindicada por el arrepentido Cabral como “el informante”, de nombre José Víctor Gutiérrez, le exigió junto al subcomisario Caviglia y al sargento Cabré la suma de treinta mil dólares estadounidenses bajo amenaza de “reventar” el domicilio de su ex pareja y el de Sofía Andrada, pareja de aquel momento de Santellán”.

Santellán entregó el dinero en una bolsa, la misma que se vería en el video que hoy es prueba de cargo contra Scapolan. Tanto el fiscal Domínguez como el abogado de Santellán -Damián Odetti (querellante en la causa)- sostienen que se ve claramente cuando la Policía planta droga, hecho señalado por varios testigos. La coima dejó afuera de la causa a su pareja y a su ex pareja, pero Santellán fue preso… tres años.

“Acosta” y la falsa denuncia anónima

El caso lleva el nombre de una de sus víctimas, Celeste Noelia Acosta, quien fue detenida junto a su pareja, Javier Adrián Rodríguez, en una causa de drogas a cargo de Scapolan. Lo interesante del caso es que se volvió contra el fiscal luego de en septiembre de 2018 lo incluyera en la lista de casos armados uno de los policías de la brigada, que declaró como arrepentido ante el fiscal Domínguez.

Este policía-testigo contó que la causa había sido armada, que se había inventado una primera llamada anónima  y las tareas de inteligencia previas no habían existido. Como ya se detectó en otros casos, se había armado un “rulo”. ¿Qué es un rulo? Un mecanismo por el cual se avanza sobre una jurisdicción que no es propia (en el caso de Scapolan, sobre San Martín) a partir de una mentira que ubica el origen de las actuaciones donde los protagonistas sí pueden actuar.

El fiscal Claudio Scapolan (izq.), el 8 de junio durante un operativo contra una banda que robaba ruedas en San Isidro.

En este caso, según el arrepentido, se inventó un seguimiento desde San Isidro para poder allanar en José León Suárez.

“Al momento de ser convocados a prestar declaración testimonial Celeste Noelia Acosta y Javier Adrián Rodríguez, se pronunciaron sobre los detalles de la extorsión ejercida por quienes se hallaban en dicha oportunidad“, se lee en el procesamiento de Scapolan firmado por Arroyo Salgado.

Como en otros casos bajo investigación, los allanamientos solo se hacían para exigir dinero a cambio de desvincular a uno o varios parientes del supuesto narco.

Allanamientos en San Isidro por una causa que involucra al fiscal Claudio Scapolan y a varios policías bonaerenses.

“Ortellado Céspedes”, marihuana y debate presidencial

“La Policía interceptó una camioneta en pleno centro de Moreno. Escondido en el portón de la caja había tres kilos de cocaína. El conductor estaría vinculado a un megaoperativo que secuestró 15 toneladas de marihuana dentro de un camión cisterna en octubre del 2015 también en Moreno. Inmediatamente los uniformados allanaron una vivienda desde donde provenía este sujeto: 80 kilos de marihuana“, dice la noticia publicada en todos los medios, en junio de 2018.

Y sigue: “Durante la tarde de este miércoles 20 de junio se interceptó una camioneta Ford Ranger azul que circulaba sobre la calle De La Quintana, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte, en el casco céntrico de Moreno. En el vehículo viajaba un sujeto de 51 años y de nacionalidad paraguaya. Fue identificado como Jesús María Ortellado Céspedes. Obligado a descender, el individuo fue esposado e introducido en el asiento trasero de un patrullero“.

Al igual que Leones Blancos, el secuestro “récord” de la marihuana en el camión cisterna (2015) fue armado con variados fines, pero ninguno de ellos fue combatir el narcotráfico. Un detalle: ese secuestro ocurrió apenas unos días antes del debate entre Daniel Scioli (por entonces gobernador bonaerense) y Mauricio Macri por las elecciones presidenciales.