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Sociedad

Desmantelan un plan que en cinco años logró reducir el embarazo en la adolescencia a la mitad

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  • Se implementó en 2018 en el gobierno de Macri y lo continuó Fernández.

Desde 2018 existe en Argentina una política pública que ha tenido resultados positivos para revertir una de las problemáticas sociales y de salud más complejas de abordar. Se llama Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y logró reducir la tasa en un 50% en cinco años. El Plan acaba de ser desmantelado por el gobierno en un contexto de achicamiento general del Estado. Para especialistas de distintos ámbitos, la decisión es un enorme retroceso.

En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años. Al año siguiente se lanzó el Plan. El presidente de entonces era Mauricio Macri. El Plan continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Las últimas estadísticas dan cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años. El Plan Enia logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.

Desde hace décadas, en casi todos los países del mundo se trabaja para que desciendan las tasas de embarazo en la adolescencia. Las razones son múltiples: van desde los enormes riesgos físicos que implica para cuerpos aún en desarrollo, hasta los problemas psíquicos que puede desencadenar, además de los determinantes económicos y laborales que provoca en las trayectorias de vida.

Argentina tiene una tasa de fecundidad adolescente de 25 cada 1000 en una región en la que la tasa de fecundidad adolescente es de 67 por 1000 adolescentes: Es decir, el Plan ENIA es un ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe.

“Si las provincias quieren…”

“En el marco de las auditorías que está llevando adelante el gobierno, en este caso en el Ministerio de Salud de la Nación… Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan Enia…“, anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Desde el área de prensa del Ministerio aseguraron a Clarín que el Plan seguirá pero sin dar más explicaciones: “Como organismo sanitario nacional, el Ministerio de Salud ejerce el rol rector que marca el rumbo y define cuáles son las estrategias a seguir, mientras que las provincias tienen la responsabilidad de aplicarlas en sus respectivos territorios. Esto significa que, en este caso, si las provincias quieren seguir con las contrataciones mencionadas, podrán hacerlo bajo su propia evaluación y solvencia”.

“Desde el Ministerio de Salud de la Nación se va a continuar con el desarrollo del Plan, a través de su rol rector y desde una mirada integral, mediante el seguimiento, control y la compra de insumos“.

¿Quién estará a cargo del Plan? ¿Qué presupuesto será asignado? Preguntas que nadie responde. Dicen que dependerá de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero está acéfala. Esta Dirección a su vez depende de la Subsecretaría de Relaciones Sectoriales y Articulación, a cargo de Paula Singoni. Clarín pidió entrevistarla. Aún no respondió.

“El embarazo en la adolescencia es un hito central en la reproducción de la pobreza”

“El Plan Enia es un programa que se empezó a diseñar en 2016. Lo impulsamos desde el Cippec junto con el Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad), y fue liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por la Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia). Se pensó porque era necesario articular las intervenciones que había distribuidas en distintas áreas del gobierno. La idea fue integrarlas para reforzar su impacto”, explica a Clarín Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

“Los métodos anticonceptivos no llegaban a los adolescentes, básicamente porque se daban en los hospitales y los adolescentes son una población sana, no van al hospital. Entonces se hicieron consejerías en las escuelas, donde sí están los adolescentes, y se fue a los barrios -detalla-. Al principio se implementó en doce provincias hasta que llegó a todo el país, y el embarazo adolescente cayó a la mitad“.

“El Plan Enia es una política efectiva porque no implicó costos adicionales sino articular políticas que ya existían. Hoy los niveles de pobreza son elevadísimos, hay una reproducción de pobreza entre generaciones, y el embarazo en la adolescencia es un hito central en la reproducción de la pobreza”, continúa Díaz Langou.

Y concluye: “Fue una de las mejores noticias que tuvimos en nuestro país en los últimos años, interrumpir el Plan es una mala noticia en este contexto porque va a amplificar las desigualdades y terminar con las posibilidades de miles de chicos por desinformación. Es un plan muy valioso y estamos a disposición para colaborar con el gobierno para que continúe con su implementación”.

“El desmantelamiento del Plan Enia significa abandonar a las adolescentes, retirar el apoyo que en los últimos cinco años se les dio para que tuvieran mejores oportunidades para completar sus estudios e ingresar al mercado de trabajo en mejor situación. También significa desmantelar una política pública ejemplar por su eficiencia, su buena relación costo-beneficio, ya que cada embarazo prevenido sólo cuesta 60 dólares, su transparencia y su enorme impacto en la reducción de la fecundidad adolescente a la mitad en un tiempo récord. Las niñas abusadas serán abandonadas también“, explica a Clarín Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES y ex coordinadora técnica del Plan.

“No hay comunicación oficial sobre qué se piensa hacer para seguir resolviendo el problema del embarazo no intencional en la adolescencia que reproduce el ciclo Inter generacional de la pobreza. Pero sin recursos humanos no hay plan Enia. Y eso es lo que ha sucedido con la baja de los contratos de los agentes del Plan. La visión sobre el problema está clara”, concluye Ramos.

“El Plan Enia es una política pública fundamental para garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Desde sus inicios en 2017, ha logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente cerca del 50%, convirtiéndose en referencia en América Latina. Su continuidad es imprescindible para sostener esta tendencia y lograr impactar en regiones en donde la tasa de embarazos no intencionales aún es alta. Contar con insumos y sobre todo con recursos humanos especializados es esencial para la implementación de acciones en territorios”, dice a Clarín Mariana Isasi, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Preocupación en el Congreso

“En los resultados de la auditoría del Ministerio de Salud se hace referencia a unos contratos de ‘consultorías’ para el programa ENIA, entiendo que refiere a los contratos de menos de 200.000 pesos cada uno que recibían psicólogos/as , médicos/as, enfermeros/as, docentes en todo el país que trabajaban en este programa”, dice a Clarín Pablo Yedlin, médico y al frente de la Comisión de Salud de la cámara de Diputados. .

“La decisión inconsulta del Ministerio de que sean las provincias las que paguen estas contrataciones es otro error. Ajustar en la Nación, transfiriendo responsabilidades a las provincias requiere de transferencia de recursos, justamente todo lo contrario a lo que hace este gobierno. Si la idea es una ‘Nación’ chica, los impuestos recaudados en las provincias y luego coparticipados deberían ser distribuidos en forma diferente, no 50/50 siino 70/30 en favor de las provincias”, asegura Yedlin.

“No hay nada irregular en esas contrataciones, simplemente es la vocación de ajuste Es un programa costo/efectivo, es decir, gastar en el ENIA ahorra embarazos no deseados adolescentes, con todo el costo social, familiar y económico que esos embarazos generan”, concluye el diputado.

“Desmantelar el Plan Enia va en sintonía con la decisión de ir hacia atrás con los derechos conquistados en los últimos años. El Plan tiene básicamente una instancia de prevención. Quitan leyes, planes y programas que vuelven a poner a la maternidad como destino y obligación, y desanda todo lo hecho por el activismo, que puso en jaque muchos de los mandatos para que podamos constituir una sociedad más igualitaria. Ven que la tasa de natalidad se reproduce y quieren que esa tasa crezca a costa de los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Es otra vez volver a la mujer-madre“, asegura a Clarín la diputada Mónica Macha.

La diputada Carla Carrizo, junto a otros nueve legisladores, presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe a la cámara “sobre la continuidad y vigencia del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) a raíz de las denuncias de la no renovación de contratos de más de 700 profesionales encargados de su implementación que pone en riesgo la vigencia de dicha política pública modelo llevada a cabo desde el Estado Nacional”.

El Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado mediante la Resolución 1/2007 del Ministerio de Salud -que ha tenido como función crear un espacio de diálogo y cooperación entre las autoridades de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, las asociaciones científicas y profesionales, del sector educativo y de organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática-, también expresó su “preocupación y rechazo a la decisión… hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación a mantener su compromiso con el desarrollo del Plan ENIA. Esto deberá incluir el seguimiento, control y adquisición de insumos necesarios para garantizar el éxito del programa y asegurar el personal capacitado y las condiciones materiales para implementar los dispositivos del Plan”.

Las adolescentes de la Argentina merecen un mejor trato. El Estado debe honrar su compromiso de garantizar sus derechos humanos y promover condiciones que permitan su pleno desarrollo -continúa el documento-. Este Consejo Asesor reafirma su compromiso de articular con el Estado Nacional para encontrar las mejores respuestas a los problemas de salud sexual y reproductiva en el país, por ello rechazamos las medidas que se han adoptado respecto del Plan Enia y reafirmamos nuestro compromiso con dicha política, exitosa y necesaria”.

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Sociedad

Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online

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Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional

Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.

Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.

Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Buenos Aires y Formosa siguenBuenos Aires y Formosa siguen exigiendo trámites presenciales para gestionar el carnet de conducir

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.

Incorporación progresiva

La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • Neuquén
  • Mendoza
  • Catamarca
  • Chaco
  • Salta
  • Jujuy
  • Santiago del Estero
  • Tucumán
  • Chubut
  • Corrientes
  • Misiones
  • La Rioja
  • Entre Ríos
  • San Luis
  • La Pampa
  • Tierra del Fuego
  • San Juan
  • Santa Cruz
  • Río Negro

Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.

Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Cómo realizar el trámite

Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.

Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Córdoba compartió por primera vezCórdoba compartió por primera vez sus antecedentes viales con el sistema nacional y delegó funciones clave

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.

El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.

Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.

La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.

Limitaciones de alcance

Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.

En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.

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La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada

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Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo

El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.

Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.

La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.

Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.

Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.

Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.

. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.

A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.

La investigación y las escuchas sobre toda la organización

Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.

Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.

El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.

– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.

– Nilda Arrieta: Sí ….

– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.

-NA: ¿Qué es hotel nada más?

-NL: Hotel y aéreo

-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?

-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…

-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?

-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..

Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.

Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.

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Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas

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Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento

Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.

Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.

La calidad del empleo

En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

El 8,7% de los trabajadoresEl 8,7% de los trabajadores son subocupados en CABA

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).

Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.

En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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