Hay preocupación por los seis colaboradores hospedados por el encargado de negocios en la residencia nacional.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió enviar dos Gendarmes a Venezuela. Uno está pensando para que se instale en la embajada y otro en la residencia argentina, donde se refugian seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.
Ocurre que la residencia argentina -ubicada en el barrio Las Mercedes, al este de Caracas- no tiene custodia policial argentina y la seguridad depende de dos jóvenes de la guardia bolivariana.
Tanto los venezolanos como el encargado de negocios de la Argentina ante Venezuela, el diplomático, Gabriel Volpi -el Gobierno no ha enviado ni enviará al momento un embajador-, dependen de la buena voluntad del régimen chavista. Y como contó a Clarín este miércoles Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de Machado, y uno de los refugiados en la sede argentina, el régimen los dejó sin luz desde el lunes y se mantiene el asedio sobre la residencia donde Volpi los aloja.
La entrada de los Gendarmes fue pedida a la ministra Bullrich por el equipo de la canciller Diana Mondino, y depende del visto bueno del régimen de Nicolás Maduro. Los mismos deberían tener inmunidad diplomática como los enviados a las sedes en el extranjero. Y deben entrar con sus propias armas.
Así lo señaló una alta fuente del gobierno de Javier Milei, que vive momentos de extrema tensión con la dictadura chavista. También presionan ahora a Maduro Lula da Silva de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, por la ola represiva que se vive en Venezuela en la antesala de las presidenciales del 28 de julio.
Una alta fuente contó a este diario que el gobierno de Alberto Fernández, como parte de su acercamiento al régimen de Maduro, retiró los Gendarmes que había enviado a las sedes argentinas en Venezuela la propia Bullrich durante la administraciones de Mauricio Macri. Y que con dinero de la AFI se había construido hasta una habitación blindada para situaciones de emergencia con capacidad para almacenar agua y generar electricidad. Clarín en su momento supo lo de los efectivos de gendarmería pedidos por el ex encargado de Negocios, Eduardo Porretti, pero no pudo confirmar la existencia de una “Panic room”.
Este diario supo que las sedes también tuvieron seguridad privada pagada por Argentina, pero en su momento se suspendió por falta de presupuesto.
Si bien no es habitual la presencia de gendarmes en las embajadas, que deben ser custodiadas por efectivos locales, en algunos casos se ha enviado.
Están por, ejemplo, los casos de la embajada en Chile y en Bolivia.
Como anticipó Clarín el martes, el Gobierno decidió dar hospedaje a Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Omar González Moreno, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Motolla. Los seis están con Volpi y su familia en la sede argentina, en calidad de “huéspedes” de eses país.
La cúpula que acompaña a Mondino quiere evitar una escalada contra Maduro y proteger la integridad de Volpi y los seis venezolanos. Para el caso, si bien las embajadas, residencias y los funcionarios de un país tienen inmunidades en el país destino que se deben proteger bajo la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, nadie puede garantizar, como ha ocurrido en otras partes del mundo, que una turba ataque a una embajada. A veces, como ocurrió en el ataque a la embajada argentina durante las revueltas contra el gobierno del fallecido Sebastián Piñera, puede ocurrir “accidentalmente”. Otras no. Para el caso basta ver con algunos ataques que han sufrido las embajadas de Israel y Estados Unidos en el mundo.
Por empezar, el asedio de Maduro a la sede argentina es una agresión y es el mismo modo que aplicó contra la residencia de España, que le dio refugio al líder opositor Leopoldo López, que soportó previamente duras condiciones de prisión. En tanto, el régimen también le cortó la luz y el agua a la embajada de Francia cuando Romain Nadal, hoy embajador de Emmanuel Macron en Argentina, dirigía la sede de su país en Caracas.
La presión del Gobierno
El gobierno de Milei decidió ponerse al frente de la atención humanitaria a la oposición venezolana, hecho que se suma a que entregó el avión venezolano de Emtrasur Cargo a la justicia de los Estados Unidos, que estuvo retenido en el país desde 2022 bajo investigación de usos para actividades terroristas.
Maduro respondió prohibiendo los sobre vuelos de Aerolíneas Argentinas y de aviones con matriculas de este país por el espacio al de Venezuela.
Por otra parte, a través del embajador argentino en Ginebra, Carlos Foradori, el Gobierno decidió levantar la voz ante organismos internacionales.
En el comunicado que decidió emitir la oficina del presidente este martes el Gobierno argentino expresó este martes su preocupación por el corte en el suministro eléctrico en la embajada argentina en Caracas donde están refugiados los seis opositores.
Y como en otros comunicados anteriores instó a Maduro a garantizar “la seguridad y bienestar del pueblo venezolano, así como a convocar elecciones transparentes”.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.