Lo cobró en enero, según informó la ANSeS tras un pedido de Clarín.
Por primera vez en cuatro años, la ANSeS reveló cuánto cobra Cristina Kirchner por sus dos jubilaciones de privilegio. En enero recibió $ 14.548.836 en bruto, según una respuesta del gobierno de Javier Milei ante un pedido de acceso a la información pública de Clarín. El organismo le pagó $ 8.107.506,01 por su pensión no contributiva como ex presidenta y $ 6.441.330 por la pensión de su ex esposo y ex presidente Néstor Kirchner.
Esa cifra no incluye deducciones ni suplementos. No se sabe, por ejemplo, si cobra antigüedad, compensación jerárquica y un “adicional por zona austral (40 por ciento del haber real)” por tener residencia en El Calafate que le había otorgado un juez ante su reclamo.
En diciembre, las jubilaciones mínimas, con el reajuste, quedaron en $ 105.713. Es decir, que Cristina cobró el equivalente a 142 jubilaciones mínimas, sin tener en cuenta los bonos extras que la ANSeS pagó a los jubilados.
La ex titular de la ANSeS y referente de La Cámpora Fernanda Raverta se había negado a dar esa información jubilatoria, aduciendo que se trataban de datos vinculados a la privacidad de la ex presidenta; pero ahora el organismo accedió a dar la información porque cambió el criterio y sostuvo que se trata de una ex funcionaria y de fondos públicos.
La ex Directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, favoreció la estrategia de Cristina Kirchner para cobrar las dos jubilaciones de privilegio.
Por el escándalo que generó el cobro de esas jubilaciones de parte de la ex presidenta, el presidente Javier Milei anunció el viernes ante la Asamblea Legislativa que enviará un proyecto de ley al Congreso para derogar esa ley 24.018 que impulsó el ex presidente Carlos Menem.
El ex presidente Alberto Fernández pidió en enero, tal como reveló Clarín, acogerse a esta pensión graciable y podría reclamar derechos adquiridos antes de que la ley eventualmente sea anulada. La pensión equivale al sueldo de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más de 90 millones el año pasado
Durante el 2023, la ex vicepresidente cobró $ 93.622.678 en total, según la respuesta oficial del organismo. Esto se divide en $ 41.448.119 por su pensión. Y gracias a su jubilación, otros $ 52.174.559.
Mes a mes las jubilaciones de la ex vicepresidente se fueron incrementando notoriamente. En enero de 2023 ambas asignaciones mensuales sumaban $ 4.953.442. Dentro de esos casi 5 millones había $ 2.760.628,81 pertenecientes a su jubilación y $ 2.192.813 pertenecientes a su pensión.
En febrero, marzo y abril las asignaciones sumaron exactamente $ 5.943.270. De los cuales $ 2.631.075 eran correspondientes a la pensión y $ 3.312.194 se debían a su jubilación.
En mayo, junio y julio las atribuciones de privilegio fueron de $ 3.962.758 en el caso de las jubilaciones, y $ 3.148.000 en el caso de las pensiones. Esto da un total de $ 7.110.759.
En agosto, septiembre y octubre, sus pensiones fueron de $ 4.076.309 y sus jubilaciones fueron de $ 5.131.061. Sumadas dan específicamente $ 9.207.370.
En noviembre la pensión fue de $ 4.341.172 y su jubilación fue de $ 5.464.398. Esto da exactamente $ 9.805.570. Por último, en diciembre la pensión fue de $ 5.347.976 y su jubilación fue de $ 6.731.489. Lo que da una sumatoria de $ 12.079.465.
Monto “exorbitante” y dudas con la declaración jurada
El abogado especialista en jubilaciones Federico Despoulis analizó el caso de Cristina y dijo a Clarín que “el sistema previsional tiene un principio básico que es el de solidaridad, que además es intergeneracional”. “Hoy un haber máximo está en un tope de $ 904.000 y cualquiera puede comparar esa cifra con la jubilación de privilegio de Cristina para darse cuenta de lo exorbitante del monto”, agregó.
“Esta razón genera una gran desigualdad entre un jubilado con 30 años de aportes y, por ejemplo, la ex presidenta que con 8 años como presidente cobra un monto excepcional”, destacó Despoulis.
“Cristina llegó a cobrar esas dos jubilaciones de privilegio para haber litigado contra el Estado en un hecho inédito y único con la complicidad de la ANSES”, agregó.
Para Despoulis, “en este momento en que los jubilados están pasando por momento de desgaste y devaluación de sus haberes, Cristina cobra la jubilación de una gran monarca, cuyos privilegios están por encima de las personas y las leyes”.
Por su parte, el titular de Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, analizó los ingresos que la ex presidenta declaró en su declaración jurada de bienes del año pasado presentada ante la Oficina Anticorrupción.
“Durante el año 2023 la ex vicepresidenta declara un total de ingresos en concepto de renta del trabajo personal por la suma de $ 97.727.008 lo representa un valor promedio mensual de $ 7.517.462, teniendo en cuenta que ha percibido 12 salarios y dos cuotas de sueldo anual complementario”.
En la declaración jurada “nosurge que haya percibido dinero de alquileres” ya que sus tres hoteles y propiedades están embargadas por la Justicia en la causa Vialidad.
En cuanto a los intereses por plazos fijos, el ex perito de la Corte explicó que “si bien ha tenido a enero de 2023 la suma de $ 55 millones en depósitos a plazo fijo, de la declaración jurada no surgen en forma discriminada los intereses percibidos por ese concepto. Es posible que este concepto se encuentre contenido en otra partida global”.
Sobre la inversión de Cristina en acciones, el contador dijo que “la ex presidenta desarmó sus plazos fijos y se posicionó en activos de empresas extranjeras”. Por ejemplo, compró acciones de Coca Cola, el índice Nasdaq de las tecnológicas de Estados Unidos, Microsoft, Apple, Visa, Vista Energy, Berkshire Hathaway, Donat Investments (empresa india), Bioceres Crop Solutions Corp y Mercado Libre”. De estas son solo argentinas las últimas.
“Teniendo dictada una medida cautelar junto a la sentencia de la causa Vialidad, una forma de dificultar la posibilidad de incautarle los depósitos a plazo fijo por 55 millones de pesos que poseía al finalizar el año 2022, es invertir en acciones de empresa del exterior para el caso que la sentencia quede firme”, advirtió Popritkin.
Durante la gestión de Osvaldo Giordano al frente de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) se aceptó informar sobre las jubilaciones de privilegio de Cristina Kirchner.
Pensiones en tiempo récord
Las dos pensiones graciables habían sido otorgadas a Cristina en el 2015 en tiempo récord por la entonces ministra de Desarrollo Social y su cuñada Alicia Kirchner con el aval de su “cerebro” judicial y secretario Legal y Técnico de entonces, Carlos Zannini. Pero un año después, la sucesora de Alicia Kirchner, Carolina Stanley, derogó el doble beneficio y tras un extenso análisis se resolvió que debía optar por uno, como dice la ley.
Entonces, Cristina fue a la Justicia y abrió un largo y polémico proceso. En 2020, el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami anuló esa resolución de Stanley y concedió los dos beneficios. Dijo que “de estar percibiendo en forma pacífica ambos beneficios, implica una modificación ilegal que vulnera derechos firmes y consentidos en cabeza de la titular”. Es decir que se violaron los “derechos adquiridos” de Cristina en cuanto a las dos pensiones.
Dijo el juez que “concluyo en forma categórica que en casos como el presente en estudio, la incompatibilidad establecida en el art. 5º, ley 24.018 solo alcanza a sus beneficiarios en grado de Titulares de los mismos y no se extiende a sus derechohabientes, por lo que no existen inconvenientes de orden legal para que se perciban ambos beneficios al mismo tiempo”.
En otras palabras, un cónyuge puede cobrar le pensión graciable de otro. El fiscal Gabriel De Vedia no apeló la medida y Raverta dejó que el fallo llegara a la Cámara de la Seguridad Social y quedara firme. Solo existe un recurso de la diputada Graciela Ocaña ante la Corte para que se le de el status de querellante y tratar de dar vuelo del polémico fallo.
Colaboró: Tabatha Barrera Carlini, maestría Clarín/Universidad de San Andrés
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.