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El ex policía que está preso por matar por encargo, pero dice ser peluquero y “perejil“
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Eduardo Enrique Móttola (38) era mecánico y fue asesinado el 6 de agosto de 2018 en su taller de Santiago del Estero.
Era lunes y, a pesar del invierno, en Santiago del Estero hacía calor. “Un veranito”, describían en los medios locales sobre los atípicos 28 grados. Eduardo Enrique Móttola (38) estaba en su taller de la calle Pedro León Gallo, en el centro de la ciudad.
Nadie sabe bien qué hacía ni cuántos autos había arreglado aquel 6 de agosto. Pero esa noche, cuando afuera estaba oscuro, alguien entró y le vació un cargador en el cuerpo. Lo mataron de seis disparos. Lo remataron, sin piedad, mientras estaba caído en el suelo.
Un año y dos meses tardaron en reconstruir una hipótesis de lo que pasó. Desde ese momento hay tres detenidos. Uno de ellos es Juan Pablo Fernández (44), un ex policía federal que terminó detenido y acusado de ser el sicario que ejecutó a Móttola por encargo.
Los otros son Yésica Paola Díaz (41), una peluquera con la que Eduardo había tenido una relación, y Damián Silva (26), un joven con el que Díaz también tenía un vínculo y que, según la acusación, le habría entregado 118 mil pesos a la mujer para pagar por el asesinato de Móttola.
Juan Pablo está preso. Pasa los días en una unidad para miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos. Les miente, hace cuatro años, a sus hijos, que no saben que está en la cárcel.

Dice que es inocente y denuncia una red de corrupción detrás de una acusación “falsa”.
La versión oficial
Desde el momento del crimen, la investigación estuvo en manos de la fiscal Aída Farrán Serlé, que meses después dejó la causa y fue derivada a otra fiscalía.
Durante ese tiempo, el caso estuvo prácticamente paralizado. Se sabría después, para Farrán Serlé había detrás una hipótesis vinculada al narcotráfico pero no incorporó ninguna prueba que guiara todo en ese sentido.
Gabriel Coronel Chalfón es el abogado de Valentina Móttola, la hija de Eduardo. Para él, la hipótesis siempre estuvo vinculada a la paternidad de la hija de Díaz y la víctima.
“A mí me contacta la hija de Móttola, y las madres de sus otros dos hijos, mujeres de las que ya estaba separado pero que tenían buena relación. En ese momento, al principio de la investigación, me negaron la querella. Cuando logré que me aceptaran, la fiscal Farrán Serlé me negó las copias del expediente”, cuestionó.
Fue por eso que Coronel Chalfón tuvo que dejar de representar a la familia hasta que la derivaron a otra fiscalía: “No sólo me negó el expediente. Era un taller mecánico, había 16 vehículos dentro del lugar, que Móttola había reparado y la fiscal empieza a entregarlos sin el consentimiento de la familia, sin que pagaran -por ejemplo- por esos trabajos. Nunca nos notificaron. Por eso es que me corrí de la representación”, advirtió.

En ese momento, el fiscal coordinador el fiscal coordinador de Santiago del Estero, Mariano Gómez, se puso al frente de la investigación.
Fue en octubre de 2019 que Gómez planteó una línea de investigación y detuvo a tres personas que están a un paso del juicio, acusados de homicidio agravado.
“La fiscal Farrán Serlé tenía tres supuestas líneas de investigación: una era contra los familiares de Móttola porque una ex pareja lo tenía agendado como ‘mierdita’ y supuestamente por eso me negaba el acceso a la causa. Otra era que se había tratado de una mexicaneada por deudas con el taller o con la casa, pero él no tenía ninguna deuda. Y la tercera era la teoría narco, pero no había ningún elemento en el expediente que acompañara estas versiones”, sostuvo Coronel Chalfón.

El abogado agregó: “Todas morían porque no había pruebas. Nosotros, como querella, siempre creímos que la demanda por la impugnación de paternidad era el móvil del crimen“.
Fue así que, bajo esa línea de investigación, detuvieron a Juan Pablo Fernández, Yésica Paola Díaz y Damián Silva.
La hipótesis de la fiscalía, y por la que los tres imputados llevan cuatro años detenidos, es que el móvil del crimen se concretó luego de que Eduardo, que había tenido una relación con Yésica, reclamara la paternidad de la hija que había nacido producto de ese vínculo.

Ella estaba casada con un gendarme que viajaba cumpliendo servicio y, mientras no estaba, Díaz y Móttola tenían una relación extramatrimonial. Producto de ese amorío, nació una beba que el gendarme reconoció como propia.
Pero Móttola estaba seguro de que él era el padre de la niña y, por eso, inició una demanda judicial para que la nena llevara su apellido.
En medio de ese proceso empezó -siempre según la acusación- a gestarse el plan que terminaría en homicidio.
Para el fiscal Gómez, hay elementos suficientes que probar que Díaz le pidió dinero a Damián Silva, otro pretendiente con el que tenía un diálogo fluido, para contratar un sicario. Los 118 mil pesos que le transfirió quedaron registrados en sus movimientos bancarios y los habría conseguido por el pago de un juicio a la ART.

A Fernández lo acusan de viajar desde la zona oeste del Gran Buenos Aires hasta La Banda, Santiago del Estero, para matar a Móttola y regresar, pasando por Córdoba, para no ser descubierto.
Fernández dice que es “un perejil”. Que lo acusan “injustamente” por un crimen que, según él, no cometió.
“Soy inocente”
Juan Pablo Fernández había trabajado en la comisaría de Palermo. Era policía de la Federal y lo describen como “muy trabajador” siempre haciendo adicionales, buscando algo para revender o intentando poner algún negocio. En 2017 sufrió un accidente en moto y en 2018 “empezó a ver qué negocio hacer”.
Fue así que, cuentan, montó una peluquería que se llamaba Real Cut junto a una socia. Luego abrió la academia y barbería Master Face.
Ese camino es el que -siempre según su versión- lo llevó de Hurlingham a Santiago del Estero.
“El tiene 19 años de policía en la Federal, yo lo conocí hace 13 años. Me dijo que quería ponerse un negocio aparte de su trabajo, que le gustaba la idea de tener una barbería y así empezó con una barbería pequeña. Como le fue bien, quiso abrir una academia. Lo acompañé también en eso”, contó Ángela María Marín Cruz (31), su esposa y madre de dos de sus tres hijos.
Juan Pablo niega la acusación en su contra. Pidió varias veces la excarcelación. La última vez, el 28 de diciembre, se la negaron al considerar que las “estrategias dilatorias” de su defensa atrasaron los plazos y por eso aún no llegaron a juicio.
Tuvo tres abogados particulares. Dice que renuncian por “presiones”.
“Es muy difícil, él está lejos y no hizo nada. Lo que hicieron es tergiversar toda la información para tenerlo detenido, pero él no tiene nada que ver”, lamentó Ángela.
Fernández -dijo- había ido a Santiago del Estero a dar cursos de peluquería luego de que una mujer lo contactara por Facebook.
En uno de esos viajes había conocido a Yésica Díaz y por eso “entablaron una amistad”. Siempre según la versión del ex policía, habían acordado regresar a dar cursos y le había dejado mercadería en consignación para vender pero no se la había pagado.
Por eso tenían conversaciones y él le reclamaba dinero.
Para la Justicia, de esas comunicaciones surgió la planificación del crimen.

“Cuando se lo llevaron, fue impresionante. En ese momento mis hijos eran chiquitos, uno tenía 4 años y el otro 6. Se llevaron celulares, ropa negra, dos armas que tenía él, la reglamentaria y otra que estaba registrada. Al nene le arrebataron el celular de las manos, cero tacto. Fue una pesadilla”, recordó Ángela sobre los allanamientos.
“Ese día (por el 6 de agosto) viajó a pagar la seña en un salón para volver a dar los cursos porque le había ido muy bien. Fue y vino en el mismo día porque al día siguiente era el cumpleaños de su hija mayor”, justificó Ángela, según la versión de su esposo.
Los investigadores apuntan contra él porque tomó la ruta 9, diferente a la que había usado para llegar. Su excusa es que “tenía que pasar por Córdoba por una peluquería” para dejarles insumos “pero no había nadie, entonces volvió a Buenos Aires”.
También presentó una carta en la que Yésica Paola Díaz le pide “mil perdón” y cuestiona la investigación judicial. “Muchas veces me pongo a pensar y me duele mucho recordarte a vos y al otro chico que está involucrado. Cuánta injusticia y corrupción. Cómo puede ser que sin pruebas pueden tener a gente detenida“, escribió la mujer.
“Todo lo que él dice está documentado, sus compañeros se ofrecieron a declarar. Pero no nos escuchan. Creemos que está metida la política detrás y que por eso necesitan tapar todo acusando a mi marido”, denunció la mujer.
Escándalo judicial
Mientras esperan que la causa llegue a juicio, se viralizó un audio de la fiscal Aída Farrán Serlé en el que dice: “Cómo llegan a tu marido me parece una locura“, se escucha. “¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido. Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido“, objetó.
Quizá en uno de los puntos más polémicos, en el audio señala: “Yo sé cuál es la línea investiga que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Si voy a contratar un sicario ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa“.
La viralización del audio generó un revuelo en el Poder Judicial de Santiago del Estero. Y Juan Pablo Fernández sostiene que es la prueba de que él está detenido injustamente y de que lo “usaron” para desviar la investigación.
Para el abogado de la querella, el audio también resulta ser un escándalo: “Si ella tenía elementos para sostener las otras líneas de investigación ¿por qué no están en el expediente? Si no la cita el Ministerio Público Fiscal, lo voy a hacer yo porque ella ha incurrido en el delito de omisión de los deberes de funcionario público. Si sabía que había corrupción detrás del caso, como dice, ¿por qué no lo denunció?”, planteó Coronel Chalfón.
EMJ
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Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
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18 horas atráson
2 diciembre, 2025Por
Admin
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.

- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.

- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
Publicado
2 días atráson
1 diciembre, 2025Por
Admin
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.

El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.

A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
Publicado
6 días atráson
27 noviembre, 2025Por
Admin
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.

Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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