El Gobierno nombró cinco militares retirados debajo del interventor civil de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sivori (39 años), luego de echar a cientos de contratados vinculados con La Cámpora.

Uno de esos militares trabajó bajo la conducción del general (RE) César Milani, pero en el organismo afirman que “no tiene ningún vínculo político” con el ex jefe del Ejército de Cristina Kirchner.

Se trata de tres coroneles, un brigadier y un almirante con experiencia en inteligencia militar. Voceros de la AFI pidieron a Clarín no publicar sus nombres por cuestiones de seguridad.

En gobiernos anteriores hubo, también, militares en cargos de la AFI pero nunca tantos. Los retirados ocupan los cargos de Planificación, Base 85, Contrainteligencia y Doctrina, entre otros.

Además, desde la jefatura de Gabinete nombraron a un vicecomodoro retirado en la Director Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DINIEM) del ministro de Defensa, Luis Petri. La DINIEM tiene bajo su jurisdicción la inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Solo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nombró a un civil –el experto Ricardo Ferrer Picado- como director de Inteligencia Criminal (DINIC). Este controla, a su vez, las direcciones de inteligencia criminal de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal.

Por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia los organismos de espionaje de las FF.AA. no pueden hacer inteligencia interior, solo inteligencia sobre amenazas externas al país. El temible Batallón 601 de Inteligencia del Ejército fue el que orientó la represión ilegal durante la dictadura. Y la inteligencia criminal de las fuerzas policiales solo ayudar a combatir a los delincuentes comunes.

Entonces, la inteligencia de la AFI se dirige al terrorismo internacional y el crimen organizado está en manos de la AFI, aunque muchos gobiernos la usaron para hacer espionaje sobre la oposición y el periodismo. Amén, de fuente de financiamiento ilegal de las campaña políticas.

Voceros de la AFI consultados por Clarín negaron que se vaya a desmembrar la AFI enviando la dirección Exterior a la Cancillería, ni tampoco a cambiar el nombre del organismo, como se afirmaban en fuentes políticas.

Pero sí se disolvió el cargo de “Señor 8” o subinterventor. Entonces, solo queda el “Señor 5” (Sívori) como cabeza del organismo de inteligencia. El número de ese seudónimo es por los pisos que ocupan en el edificio de la calle 25 de Mayo 11 y no por la jerarquía.

Un movimiento inesperado

El nombramiento de Sívori como interventor fue una sorpresa. Tanto, el ex presidente Mauricio Macri como la vicepresidenta Victoria Villarruel habían recomendado al presidente Javier Milei para ese cargo al ex titular de la SIDE de la gestión de Eduardo Duhalde, Miguel Angel Toma, un experto en el tema con fuentes vínculos con la CIA y el Mossad.

Pero Milei asesorado por su poderoso jefe de gabinete, Nicolás Posse, se inclinó por Sívori que no tiene experiencia en el área y había sido director de Asuntos Jurídicos del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich. El actual interventor de la AFI es socio del estudio jurídico Seoane, Izura, De Jesús y Sívori.

El vocero de la AFI consultado aclaró que “no hay ninguna vinculación familiar o laboral entre Sívori y Posse como afirmó una versión periodística. Se conocieron hace un año en La Libertad Avanza”.

“Los nombramientos dentro de la Agencia fueron acordados con el Presidente de la Nación”, afirmó lacónico el vocero.

Sin embargo, dos fuentes de Juntos por el Cambio puntualizaron que varios de los militares nombrados “fueron recomendados por Posse por sugerencia del secretaria de Estrategia Nacional de la jefatura de Gabinete, el brigadier (RE) Jorge Anelo”. El mismo que talló fuerte para los nombramientos de los nuevos jefes de las FF.AA. produciendo la mayor purga de generales desde 1983, y habría acompañado al presidente en su viaje a la Antártida.

Cuando Sívori llegó a “la Casa”, como le dicen a la AFI, la gran mayoría de los cargos jerárquicos de la gestión anterior “tanto en la AFI como en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), presentaron la renuncia y algunos incluso ya habían dejado sus funciones antes del 10 de diciembre”. “Incluso, cuando llegamos había áreas sin conducción” contó el vocero.

Sin militantes K

Al mismo tiempo, “se están dando de baja los contratos iniciados en 2023, en línea con la política general establecida en todo el Poder Ejecutivo por el decreto 84/2023”. Los voceros no precisaron cuantos pero serían más de 100. Mientras funciona una “Comisión de Rencasillamiento de Personal” que, también, trataría de echar militantes K de la AFI o jubilar a otros.

Sívori tiene “como objetivos profesionalizar el organismo; afianzar las relaciones de cooperación con agencias internacionales; y revalorizar las tareas de inteligencia, acorde a los intereses estratégicos fijados por el presidente”.

La AFI K, cuyos interventores fueron la presidenta de “Justicia Legítima”, Cristina Caamaño, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, tenía fuertes vínculos con la inteligencia de Venezuela y Cuba y pocos con la CIA y el Mossad de Israel, por ejemplo. En cambio, Caamaño dijo a Clarín que “tuvimos vínculos estrechos con la CIA y el Mossad, incluso hice una visita oficial a la sede central de la CIA”.

El vocero recordó cómo durante la gestión de Caamaño se difundieron los nombres de unos dos mil espías y analistas en lo que fue la más grande filtración de identidades secretas desde la restauración de la democracia y le quitó credibilidad a la AFI en su relación con el sistema de inteligencia occidental. Una fuente afirmó que un enlace de la Dirección de Inteligencia (DI) del régimen cubano circulaba “con mucha frecuencia” por las oficinas de la AFI K.

En cuanto a la decisión de Caamaño de transparentar algunas partidas presupuestarias de la AFI, el vocero afirmó que “no hubo marcha atrás” como afirmó otra versión periodística. “La distinción entre partidas públicas y fondos reservados son las que establece la ley (25.560 y 27.126), incluso fue ratificada por la gestión anterior (último decreto sobre la AFI de Alberto Fernández, el nro. 331 del 29 de junio de 2023)”.

Entones, “el objetivo de esta gestión es generar un equilibrio entre la información de acceso público y la que requiere reserva para poder cumplir con las funciones primordiales de la Agencia”, agregó.

La nueva gestión fue autorizada a tomar el control de la inteligencia civil a través de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) números 22 y 24. El primero afirma que durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hubo “un notorio retroceso institucional en detrimento de los objetivos planteados por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520”.

El régimen de transparencia de gastos y de personal de la gestión K “no logró avances significativos en la carrera del personal, ni en la transparencia en la administración de los fondos públicos, siendo una réplica de los sistemas implementados en años anteriores y, como consecuencia de ello, el servicio de inteligencia se ha alejado del objetivo planteado por la Ley N° 25.520 y sus modificatorias”.

Luego afirma el DNU 22 que “resulta imperioso reestructurar el Sistema de Inteligencia del Estado, generando un funcionamiento coordinado entre los diversos actores, dirigido sobre las actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.

Sívori, como buen abogado administrativista, está realizando una auditoría de los gastos de la AFI durante el gobierno del Frente de Todos cuyo resultado será informado a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Nueva etapa

A través de los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, Cristina Kirchner, usó esa comisión para armar falsas denuncias de espionaje contra jueces, fiscales y periodistas.

Pero Tailhade pasó de mascarón de proa de esa ofensiva a estar iimputado en la causa del espionaje ilegal de jueces y fiscales por sus vínculos con el espía inorgánico, Ariel Zanchetta. Este equipo de la bicameral parecería haberse mudado a La Plata con la designación de ex viceministro de Justicia y ex número dos de la AFI, Martín Mena, como ministro de Justicia bonaerense. En Juntos por el Cambio causó preocupación “la abultada asignación de fondos que Axel Kicillof hizo a favor de la cartera de Mena”.

Ahora, el diputado del PRO y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, suena para suceder al ultracristinista Moreau en la presidencia de esa comisión estratégica, donde Sívori deberá rendir cuentas.

Mientras tanto, en los tribunales de Comodoro Py llamó la atención la poca presencia de la AFI, esta semana, en la detención de tres sospechosos de terrorismo.

Se investigan si planeaban algún ataque contra los atletas que participan de los juegos macabeos en Buenos Aires. Fueron localizados gracias a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, en el marco de una investigación conjunta con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Durante la semana, la jueza federal María Servini dudaba en cuanto a quien entregarle para su estudio los celulares de los detenidos provenientes de Siria y Yemen pero con pasaportes venezolanos por el vaciamiento de la AFI durante la gestión K y algunas lentitudes de las nuevas autoridades, contó una fuente judicial.

Un ex agente de inteligencia se preguntó “se logró desarmar la operación con la detención de los tres sospechosos, ¿pero se desarmó la amenaza y se sabe quién estaba detrás de los tres?”.