Policiales
Condenado por doble homicidio, a los 73 años se fugó por tercera vez de la cárcel de Batán: una historia de garantismo y negligencia
- En 2003, Luciano Davos Lafitte había sido sentenciado a prisión perpetua.
- Pese a sus antecedentes, gozaba del régimen de detención abierto “Casas por cárceles”.
Son las últimas semanas de noviembre y en la cárcel de Batán, a 14 kilómetros de Mar del Plata, Luciano Davos Lafitte, de 73 años, cumple su condena por doble homicidio: le faltan menos de dos años para salir en libertad.
Por eso, y por su buena conducta, participa del régimen de detención abierto conocido como “Casas por cárceles” y, en lugar de los pabellones tradicionales, habita una de las 14 viviendas en las que, según plantea el programa, “se promueve la autogestión como paso previo a la reinserción en la sociedad”.
“Extramuros”, la casa de Davos Lafitte se ubica en un sector del penal donde también hay oficinas y viviendas de empleados del Servicio Penitenciario. A diferencia de los pabellones con rejas y candados, que están separados de la calle por dos muros y un alambrado, las viviendas de “Casas por cárceles” aparecen mucho más cerca de la libertad: cruzando un alambre. O simplemente abriendo una puerta.
Como parte del programa, Davos Lafitte también trabaja en el penal: se ocupa de cortar el pasto. En su caso, la jardinería lo ayuda a mantenerse activo y, tal vez lo más importante, a ocupar la mente. Pero una mañana de fines de noviembre de 2023, escapa.
No es la primera vez que “El Tuerto”, tal como lo llaman porque tiene el ojo izquierdo semicerrado, se fuga de la misma cárcel: ya lo hizo otras dos veces. A esta altura podría decirse que es un especialista en huidas, un virtuoso de la evasión.
“Cuando fui a buscar combustible para las máquinas de cortar pasto, el Tuerto ya no estaba”, comentó otro detenido que goza del mismo beneficio que tenía Davos Lafitte y también se encarga de mantener prolijo el parquizado.
El caso quedó a cargo del fiscal Leandro Arévalo, de la UFI 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Por estas horas, la Policía busca al asesino por la ciudad de la Costa y alrededores.
¿Cómo es posible que se escape un preso de 73 años? ¿En qué falló el sistema de seguridad? ¿Hasta qué punto es justo que se le conceda un régimen de detención abierto si el detenido se fugo antes?
“Algunas versiones dicen que Davos Lafitte saltó el alambrado colgándose de un cable”, explica el fiscal Arévalo. “Pero no parece una versión muy creíble”.
-El alambrado mide unos tres metros de alto. A los 73 años parece difícil que haya podido saltarlo.
-Sí, claro. Pienso lo mismo… Por eso hay que seguir investigando. Para escaparse, a Davos Lafitte lo pudo haber ayudado algún guardia. O alguno de los presos que viven allí…
Por cada uno de sus flancos, el penal de Batán está a metros de la Ruta 88, del Parque Industrial, del camino que comunica con la Laguna de los Padres, de un descampado… Al salir, el Tuerto pudo tomar alguna de esas direcciones. Caminar, correr y hasta subirse a una moto o un auto que lo estuviera esperando. ¿No lo vieron los agentes que custodian el perímetro de la cárcel?
“El predio de Batán es grande, de varias manzanas…”, explica el fiscal Arévalo, algo resignado en las cuestiones vinculadas con el sistema de seguridad de los penales. “Son varias Unidades: la 15 y 44 para varones, la 55 para mujeres, y Batancito para menores. Si ves la cantidad de guardias que hay en el perímetro externo de la cárcel, te das cuenta de que no se escapan más presos porque no quieren”.
Un pesado
Si bien no llegó a las tapas de los diarios como otros delincuentes, Davos Lafitte tiene un larga historia criminal. En 2000, a los 50 años, pasaba sus días en Batán por haber matado a un policía en Mar del Plata. Pero se escapó y volvió a delinquir: junto con cuatro cómplices organizó el asalto de un camión blindado en Tandil.
El robo terminó a los tiros y el 25 de julio de aquel año, Davos Lafitte mató a dos custodios, Héctor Montenegro y José Mastronardi, y se llevó los 14 mil dólares que los empleados de la empresa Juncadella iban a depositar en un cajero automático de una estación YPF sobre la avenida Monseñor de Andrea y Perón, a metros del Monte Calvario. Lo detuvieron otra vez. Fue a juicio. Y en 2003 lo condenaron a prisión perpetua, una pena que cumpliría en 2025, luego de 25 años tras las rejas.
Con el tiempo, a Davos Lafitte le dieron la posibilidad de salir a trabajar unas horas, de lunes a viernes, y volver a la cárcel. Pero aprovechó el privilegio y no lo vieron más: el 29 de enero de 2016, el homicida debía regresar a Batán y no lo hizo. La Policía lo recapturó seis meses después en Mar del Plata, en la casa de un familiar sobre la calle De los Inmigrantes al 2.100, cerca del campo deportivo del Club Atlético Kimberley.
Tiempo después, y más allá de los antecedentes, la jueza Silvia Torres, de Azul, decidió que “el Tuerto” ingresara en el régimen de detención abierto “Casas por cárceles”. Puesto en marcha en 2010 durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el programa, según explicó en su momento el Ministerio de Justicia, “busca reducir la conflictividad de los internos”.
Fiel a su estilo plagado de optimismo, Daniel Scioli, entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, sumó: “Este programa sirve para que los penales no sean lugares de resentimiento sino de arrepentimiento”.
Las condiciones para acceder a este beneficio son, entre otras, que los detenidos hayan gozado de salidas transitorias, que les falten menos de dos años para cumplir sus condenas o que sean mayores de 60 años de edad. Davos Lafitte cumplía con los tres requerimientos.
“De los 60.000 presos que hay en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, cerca de 1.000 han sido beneficiados con este programa”, detalla Guillermo Baqué, abogado y ex director del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, que en 2003 mató él mismo a dos ladrones que habían entrado a su estudio en Quilmes.
-¿Cómo es el régimen de visitas y de salidas transitorias en “Casas por cárceles”?
-Eso cambia de interno a interno, según las condenas que cumpla cada uno, su comportamiento en el penal, etcétera… En su momento, en las casitas de la cárcel de Martín García, por ejemplo, algunos de los presos vivían con su familia. En otras unidades, como en la 12 de Gorina, había detenidos que salían a trabajar, iban a dormir a su casa y volvían al penal a las 24 ó 48 horas.
-¿Cuántos presos viven en cada “casita”?
-Pueden vivir de a dos, de a cuatro, de a seis personas… También varía. En las viviendas los detenidos tienen de todo: heladera, televisor, computadora, teléfono… Pueden cocinar sus comidas. Y para fomentar el “autocontrol” puede no haber custodia: un empleado del penal revisa cada tanto que los presos no se hayan ido.
Programa imperfecto
En Batán hay 14 viviendas con capacidad para siete detenidos cada una. O sea: allí se pueden vivir 98 personas. Los presos, que pasan los días en una especie de “comunidad”, se sienten a gusto. Pero a veces, queda a la vista, “rompen el pacto de confianza”, agrega Baqué, con mucha experiencia en el trato con reclusos.
El 24 de septiembre de 2022, agentes del Servicio Penitenciario encontraron un revólver calibre 22 cargado, en la casa 11 de Batán, donde vivía Fernando Palomino, condenado en su momento por el homicidio de una docente universitaria y de un policía. El arma estaba escondida bajo un sillón en el que Palomino se había sentado junto a otro preso. Luego de este episodio, los detenidos fueron trasladados al penal de Barker.
Un mes antes, en agosto de 2022, un preso de 23 años, del que no trascendió el nombre, también escapó de la cárcel de Batán aprovechando las ventajas del programa “Casas por cárceles”. Y no sólo eso: fue recapturado cuando intentaba robar una moto en el Parque Industrial. Al momento de su detención, llevaba varias herramientas y cuchillos.
En junio de ese mismo año, Maximiliano Núñez, que habitaba la vivienda 13 del programa, también logró escapar. Sin embargo, la Policía volvió a detenerlo. La Justicia le quitó el beneficio y lo envió a la Unidad 15 de la misma cárcel.
En 2021, Núnez había sido condenado a nueve años de prisión por el delito que había cometido un año antes junto a dos cómplices, cuando amenazó con un cuchillo a un hombre en la esquina de Constitución y Benito Juárez, lo golpeó y le robó 400 pesos y un teléfono celular. Todo, tres semanas después de haber conseguido la libertad condicional por un delito anterior.
Fugas famosas
En la Argentina los presos se escapan de las cárceles de distintas maneras: durante un “traslado”, caminando por los pasillos de Tribunales, a través de algún túnel o como el Gordo Valor, que en 1994 se colgó con sábanas de los muros del penal de Villa Devoto y salió a los tiros, o como el Tractorcito Cabrera, que en 1998 se fugó de la misma cárcel disfrazado de abogado, con corbata y maletín.
En otros países también hubo escapes cinematográficos. En 2018, el francés Redoine Faid, un famoso ladrón de joyas, se escapó de una cárcel de París en un helicóptero que, conducido por cómplices, había conseguido aterrizar en el patio del penal. Faid cumplía una condena de 25 años por el crimen de un policía durante un robo.
Antes de eso, en 2013, Renoid se había fugado por primera vez de una cárcel generando varias explosiones y tomando de rehenes a cuatro guardias.
El peso ideológico
Con los antecedentes de Davos Lafitte, cuesta creer que no se haya tenido más rigor a la hora de controlarlo. “Si el sistema de seguridad es precario en los pabellones tradicionales, imaginate cómo funciona en estas viviendas del programa ‘Casas por cárceles’”, retoma el fiscal Arévalo.
“Los controles son mínimos. Además, las autoridades del penal confían en que estos presos, como están en una situación beneficiosa, no se van a escapar. O que no se van a escapar porque ya les falta muy poco para quedar en libertad. Y es un error pensar así”.
-¿Y por qué le dieron el beneficio después de que Davos Lafitte ya se había fugado dos veces?
–En la Justicia hay una línea garantista que considera que los beneficios deben otorgarse independientemente de un montón de peros… Que sostiene que puede declararse inconstitucional prohibirle la libertad condicional a un condenado por delitos sexuales. Esto es así. Ya hubo muchos casos que se manejaron con criterios similares.
Fernando Del Río es periodista y trabaja desde hace 30 años con casos policiales. Y es el jefe de la sección en el diario La Capital de Mar del Plata. Según él, la ideología influye en casos como el de Davos Lafitte, “pero también hay que tener en cuenta que muchas veces los detenidos reciben beneficios, las salidas transitorias o la posibilidad de instalarse en casitas, para descomprimir de alguna manera los pabellones, que están colapsados”, comenta.
“Y uno de los motivos del hacinamiento en Batán es que muchos presos piden ser trasladados a este penal para que sus familiares puedan vivir en Mar del Plata, lo que genera un gran malestar entre los marplatenses, que se enojan cuando se enteran de que algún preso peligroso dispone de salidas transitorias y se lo pueden cruzar caminando por las calles de la ciudad”, profundiza Del Río.
Hacinados
En septiembre del año pasado, la Justicia restringió el ingreso de nuevos detenidos y condenados en Batán, “debido a la sobrepoblación y al deterioro estructural del edificio”. La resolución fue firmada por la jueza Mariana Irianni, a cargo del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Mar del Plata, y afectó a la Unidad 15.
El fallo establecía la prohibición temporal de nuevos ingresos y ordenó que tampoco se dejarán entrar a “detenidos que padezcan enfermedades contagiosas o que pongan en peligro la vida de los más de 2.000 personas que están alojados y/o laboran diariamente en el predio”.
“Esta prohibición se toma como una medida extrema por la situación de habitabilidad. Estamos en un punto bisagra intentando evitar muertes, que no suceda un Cromañón”, advirtió la jueza.
La Unidad tiene capacidad para alojar 1.106 internos, y en ese momento el número de detenidos era de 1.596. ¿Se acató el fallo de la jueza Irianni? Según publicó el sitio 0223, semana tras semana siguieron entrando detenidos. Y en abril de este año se relevaron en ese complejo penitenciario 1.644 personas presas.
La magistrada, además, había detectado “a simple vista” falencias en la infraestructura, como “profundas perforaciones en los pisos de los pabellones, fisuras en los techos, derrumbes de la estructura del muro de una de las alas del sector de los talleres, pérdidas de agua, baños y letrinas en un estado de decadencia absoluta, tendido eléctrico a la vista, caída de mampostería y rotura de vidrios”. Un año después, las refacciones seguían sin completarse.
Mientras tanto, Davos Lafitte sigue prófugo. Si la Policía lo encuentra, lo enviarán de vuelta a Batán. Le revocarán su beneficio y no más que eso. “Por los testimonios que pudimos recoger, lo que hizo el Tuerto no se califica como evasión”, explica Arévalo, y su enfoque se vuelve más técnico.
-¿Por qué?
-Porque para que sea evasión tiene que haber uso de fuerza o violencia. Y, según parece, Davos Lafitte no lastimó a ningún guardia, no cortó ningún alambrado… En fin, no cometió un nuevo delito, autónomo del que lo llevó a estar detenido.
¿Y qué pasa si lo encuentran cuando ya cumplió su condena? Supongamos que lo localizan pasados dos años después de su fuga. Lo responde el abogado Baqué, que también trabaja como columnista de televisión: “Lo más probable es que la Justicia diga ‘listo, ya está, condena cumplida’”.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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