La buscaban por un homicidio en el barrio porteño de San Cristóbal ocurrido hace un año y medio. Su cómplice había sido arrestado dos meses atrás en Chaco

Llevaba 546 días escapando, pero todo tiene un fin. Los investigadores la descubrieron en Lanús, donde se había camuflado como una chica más del barrio, incluso con pareja nueva. Y así cayó, con el nuevo novio mirando y sin entender nada cuando un grupo de policías de la DDI de Quilmes la tiró al suelo y la arrestó. Era Micaela Vargas, apodada “Cachorra”, la viuda negra buscada por crimen de un hombre que se había enamorado de ella.

Hace dos meses, en Chaco, había caído el cómplice de Cachorra y así ya los dos sospechosos están presos por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

Micaela Cachorra Vargas (Captura TV)

La autopsia determinó que murió por la hemorragia que le provocaron las heridas y que el séptimo cuchillazo fue el mortal: le seccionó completamente la arteria carótida y la vena yugular.

El hombre les abrió la puerta de su casa y, cuando fue al baño, su novia y su invitado lo atacaron. El espacio era tan reducido que no le dio chance a defenderse. Tras el crimen, los agresores sustrajeron el celular, la billetera y $165.000 que la víctima había retirado para el arreglo de su auto.

Una pérdida de agua

El hallazgo del cuerpo se produjo cuando vecinos, alertados por una pérdida de agua, lograron ingresar al departamento. El cuchillo utilizado fue encontrado junto a las manos de Silva, mientras que la escena había sido alterada: el bidet estaba abierto y obstruido con toallas.

La investigación reconstruyó los movimientos de la víctima y los victimarios mediante análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y declaraciones de testigos. Justamente, una vecina recordó haberlo visto el día anterior junto a una joven y un hombre robusto. Otras personas confirmaron que Silva mantenía una relación con la chica apodada “Cachorra”.

El análisis de las comunicaciones fue determinante: el celular de Silva registró actividad en el domicilio y posteriormente movimientos hacia el partido de La Matanza; el teléfono de Vargas mostró desplazamientos coincidentes, y la línea usada por Díaz mantuvo comunicación frecuente con la de Vargas y fue ubicada cerca de la escena.

Las tareas de la Policía de la Ciudad lograron identificar a los implicados, quienes se dedicaban a robar bajo la modalidad “Viuda Negra”.

Díaz, el cómplice de “Cachorra” atrapado en Chaco

Pasaría más de un año para que ambos implicados en el crimen de Silva cayeran. El 3 de octubre pasado, Díaz fue detenido en la ciudad chaqueña de Resistencia durante un control policial: vivía en la calle tras haber dejado abandonado un domicilio en la provincia de Formosa.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 ya le dictó el procesamiento con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de consumar otro delito, y ordenó un embargo sobre sus bienes por $20.000.000.

El fallo subrayó la brutalidad del hecho y la modalidad de actuación: “La ventaja que significó la actuación en conjunto y la diferencia corporal y etaria del victimario… procuraron en todo momento colocar al damnificado en un claro estado de indefensión”. Para el magistrado, el móvil fue estrictamente el robo.

Cinco mendocinos fueron arrestados por un insólito hurto en el Dolphin Mall, uno de los más concurridos en la ciudad. Los negocios que los vinculan y sus curiosos perfiles: peluquería y planes sociales

Una noticia un tanto insólita llegó en las últimas horas. Cinco argentinos fueron detenidos en el Dolphin Mall de Miami, uno de los más conocidos outlets en la ciudad, acusados de robar valijas llenas de ropa de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. Se llevaron, según diversos informes, más de mil dólares en mercadería, lo cual, para un outlet de Miami, es mucha ropa.

La entrada del Dolphin Mall, donde se cometieron los supuestos robos

Tras ser descubiertos, fueron arrestados por la Sweetwater Police. Sus caras y sus nombres fueron difundidos: se trataba de Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Así, enfrentarán a un juez de turno en Miami, acusados de montar un plan para cometer un hurto. En todo caso, arruinaron sus vacaciones.

La mayoría de ellos son empresarios.

Xiccato, por ejemplo, es un conocido coiffeur en la provincia, con su propio salón de belleza. Curiosamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares de la ANSES en años recientes. Su peluquería lleva su nombre.

Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos, un entusiasta de los viajes, ofrecía a la venta en sus redes sociales su Audi S3 a fines del año pasado. Dedicado en los papeles de ARCA al negocio de reparación de autos, se asoció con Sebastián Luis Moyano a fines de diciembre de 2022 para conformar una empresa dedicada a las telecomunicaciones y al marketing, según su registro en el Boletín Oficial Mendocino.

Mauricio Aparo con su traje de piloto

Moyano sumó desde 2017 otras dos empresas, una de ellas dedicada a la panadería. Tal como Xiccato, también figura como beneficiario de planes sociales a lo largo de la última década, con un cobro de una Asignación Universal por Hijo en 2023.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, ex monotributista, comerciante según él mismo, registrado como empresario en el fisco argentino, con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza, integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008, con un alta como empleador. Una de esas firmas se dedica, al menos en los papeles, a la elaboración de cerveza. Su perfil de Facebook hoy se encuentra restringido.

Rua, monotributista con pago al día, con una fuerte deuda reciente con un banco, también registrado como empresario, es parte de dos firmas vinculadas a las telecomunicaciones a la indumentaria.

Aparo en la playa

Todos ellos tenían pasaje de regreso a la Argentina para el miércoles. Álvaro Zabaleta, vocero policial, declaró al revelar el caso que los acusados “son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”. Luego, enfatizó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional

El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Patricia Bullrich y Manuel Adorni anunciaron que el Gobierno enviará el nuevo proyecto del Código Penal

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal

• Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
• Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
• Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
• Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
• Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
• Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
• Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
• Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.

Con el nuevo código, se endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes

• Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
• Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
• Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
• Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal

• Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
• Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
• Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.

Habrá agravantes para los motochorros

• Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
• Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
• Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
• Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
• Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
• Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
• Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.