Vendía cédulas de identidad y pasaportes para facilitar el tráfico ilegal de personas en todo el mundo. Cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza saltó una alerta naranja, pero igualmente logró ingresar al país
La fiscal general Gabriela Baigún solicitó este miércoles la inmediata detención y prisión preventiva de Sajjad Naserani, un iraní que se hizo pasar por ciudadano israelí para entrar al país y que se dedicaba a vender pasaportes apócrifos para facilitar el tráfico ilegal de personas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó recientemente su condena a cuatro años y seis meses de cárcel por asociación ilícita, falsificación y uso de documentos públicos falsos.
El pedido de la fiscalía ante el Tribunal Oral Federal Nº6, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, se explica porque el fallo del máximo tribunal que dejó firme la sentencia “incrementó significativamente los riesgos procesales inherentes al caso y la posibilidad de que el condenado intentara eludir la Justicia”.
Según consta en la causa, el grupo delictivo que integraba el iraní estaba compuesto por al menos cinco personas. Esta organización se dedicaba a falsificar documentos y pasaportes que usaban o vendían a personas de distintas nacionalidades. Además compraban pasajes de avión con dicha documentación, la que también entregaban a los clientes.
La condena contra Naserani agotó su proceso de revisión. El 15 de diciembre de 2020, el juez Norberto Costabel lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por uso de documento público falso destinado a acreditar identidad, pero lo absolvió del cargo de asociación ilícita.
La fiscal Baigún interpuso un recurso de casación contra esta decisión, el cual fue resuelto favorablemente por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en diciembre de 2021, instancia en la que se sumó el delito de asociación ilícita y, por ende, la condena pasó a ser de cumplimiento efectivo.
La fiscal general Gabriela Baigun pidió la detención del iraní condenado
La caída del falsificador
Sajjad Naserani llegó al aeropuerto de Ezeiza en marzo de 2019 junto a quien sería su pareja, Mansoreh Sabzali, ambos de nacionalidad iraní. Llegaron en un vuelo de Air Europa procedente de Madrid. Cuando los registró la Dirección Nacional de Migraciones, detectaron que los pasaportes que tenían, a nombre de Rivka Toledano y Netanel Toledano, se habían reportado como robados.
Luego de un chequeo con Interpol, las autoridades creyeron que estaban ante una falsa alarma y les permitieron el ingreso al país. Recién un mes más tarde el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina presentó una denuncia judicial y en menos de 48 horas la pareja fue encontrada en un hotel porteño, donde les incautaron los pasaportes, documentación adicional, teléfonos y otros dispositivos electrónicos.
La investigación logró probar que la actividad ilícita se desarrolló, al menos, desde noviembre de 2018 hasta el 16 de marzo de 2019, y operó en varios países como España, Portugal, Grecia y Argentina.
Naserani y compañía montaron una operación sofisticada, con ramificaciones en diversos lugares del mundo y un método muy elaborado que les permitió confeccionar una gran cantidad de documentación apócrifa.
Entre las pruebas que contiene el expediente hay plantillas de pasaportes con modelos de diversos países, fotos carnet, pasaportes “vírgenes” y otros terminados con datos adulterados.
También se halló evidencia para demostrar el perfil camaleónico del falsificador iraní. Naserani tenía una carta de identidad belga con su foto y a nombre de un tal Elias Trimini Langri. Lo mismo con un DNI español a nombre de Roberto Bautista Navarro, un pasaporte de Luxemburgo a nombre de Moulin Orane –que parecía estar en plena confección–, un pasaporte portugués a nombre de Nethanel Lemmens, y una identificación francesa también con el nombre de Nethanel Lemmens, pero con una fecha de nacimiento distinta.
No inventaban los nombres: en su mayoría pertenecen a cantantes o deportistas. Las jugadoras de la selección femenina belga de voley aparecen repetidamente, por ejemplo.
El modus operandi de la asociación radicaba en un tráfico constante de información entre Naserani y distintos contactos a fin de obtener no solo la documentación falsa, sino también pasajes y tarjetas de embarque para vuelos a nombre de los individuos cuya documentación falsificaban.
Durante la investigación se encontró un listado que el iraní condenado recibió del contacto “Jan Rambo” con nombres de personas y datos de vuelos y fechas, que iban desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019.
Se registraron mensajes frecuentes en los que Naserani le encargaba pasajes a “Jan Rambo” para distintas personas. Parte de este listado también lo envió un contacto agendado como “Shafiq”, presuntamente vinculado a una agencia de viajes en Atenas, Grecia. Para los investigadores, estos dos remitentes eran los que gestionaban los pasajes para Naserani.
El grupo también manipuló documentos argentinos. Entre el 12 y el 16 de marzo, un contacto llamado “Mehdi Kachal 2″ envió a Naserani nueve DNI y pasaportes, la mayoría de los cuales tenían denuncia de robo.
“Frente a semejante escenario, debo indicar que la firmeza de la condena y el doble conforme de la pena constituyen una pauta objetiva para presumir válidamente que el imputado habrá de sustraerse de su ejecución. A su vez, frente a la magnitud del riesgo de fuga que se revela en autos, la única medida de coerción eficaz resulta ser la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario”, resaltó Baigún en su presentación ante la jueza Adriana Palliotti, quien debe resolver el pedido de detención.
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
El fallo, emitido el lunes pasado, cierra una etapa judicial marcada por el dolor y el temor de la familia de la víctima, quienes consideraron la condena “un alivio”.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
Allí, Robledo atacó a puñaladas a su abuela dentro del domicilio donde residía, agredió a su prima menor de edad y escapó con dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La investigación estableció que el crimen no respondió a un robo planificado, sino a un episodio de violencia de género en el ámbito familiar.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
La zona en donde ocurrió todo
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
La acusación fue ratificada este martes, luego de que la fiscal de Investigaciones N° 1, Lucrecia Troia, solicitara la prisión preventiva del acusado, quien permanece bajo custodia desde el momento del hecho. Asimismo, subrayó que la investigación permitió dar con una serie de pruebas y testimonios que refuerzan la hipótesis de un femicidio.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
Entre los testimonios incorporados, destacó el de una amiga de Camila, quien relató ante la Justicia detalles del vínculo que mantuvo con el médico. En palabras de la fiscal, la testigo habría aportado elementos que “brindan un contexto que refuerza la hipótesis de violencia de género”. También la actual pareja de la víctima prestó declaración ante la Fiscalía y sumó información relevante para la causa.
El edificio desde donde cayó la joven
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo dela joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
El caso ocurrió el viernes 10 de octubre en un edificio de la calle San Martín al 300, en el barrio Camba Cuá de la capital correntina. La Justicia intenta esclarecer si la caída desde el sexto piso fue un accidente, un suicidio o un femicidio. No obstante, la hipótesis de femicidio cobró fuerza a partir de los mensajes y las conversaciones que evidenciarían que habría existido una relación conflictiva y violenta entre la joven y el principal sospechoso.
La ex pareja fue detenida en el lugar de los hechos y este martes se confirmó su imputación
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.
Por el hecho hay cinco internos sospechados captados, cuando ingresaban a la celda de la víctima, por las cámaras de seguridad del penal
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.