Policiales
Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio: hoy habrá una audiencia clave
Las defensas de empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo fueron convocadas por el titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Méndez Signori. Luego deberá opinar la fiscalía y resolver el Tribunal, lo que podría ocurrir hoy mismo
Unos 36 imputados, entre empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo, apuntan a dar vuelta su participación en el juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocido como “la causa de los Cuadernos”, donde se reveló una trama de pagos de sobornos entre 2005 y 2015 por contratistas del Estado.
El reclamo de los imputados se encuadra en la aplicación de la figura de la “reparación integral”, es decir, el pago de una suma millonaria, previsto en el Código Penal, y apuntan a evitar el proceso oral cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre.
La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.
Entre los empresarios y ex funcionarios que estarían dispuestos a pagar se encuentran:
Hugo Alberto Dragonetti (Panedile): Propuso pagar $1.421.195.500, equivalente a los embargos sobre él, actualizados por intereses del Banco Nación. Además, se comprometió a asistir a cursos de compliance y ética empresarial. Afirmó que los pagos que hizo en su momento fueron “aportes” al Partido Justicialista y que se vio obligado a entregar dinero a Ernesto Clarens para liberar pagos de Vialidad.
Benjamín Gabriel Romero (EMEPA): Ofreció $510.298.166, cifra calculada sobre un embargo de $100 millones actualizado. Como arrepentido, admitió haber pagado USD 600.000 en coimas para renovar la concesión de la Hidrovía y “retornos” de hasta USD 500.000 anuales para mantener contratos ferroviarios.
También se presentarán hoy ante el tribunal, entre otros, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos De Goycochea, César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián Ezequiel García Ramón, Claudio Glazman, Alberto Taselli, Jorge Balán, Benjamín Romero y Rodolfo Poblete.
El debate de la propuesta
Esta alternativa empezó a generar revuelo y reacciones encontradas, tanto en el ámbito jurídico como social. El que alzó la voz fue Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, quien se mostró indignado por esta posibilidad.
“Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad”, afirmó en declaraciones al diario La Nación. “Ya pedí mi sobreseimiento a los jueces de instrucción y no me fue aceptado, ¡y ahora pasa esto!”, lamentó.
La propuesta de que los empresarios puedan ser sobreseídos tras pagar una reparación millonaria resulta, para Centeno, una afrenta a la justicia: “Me parece contrapuesto para mí, que a los que proponen pagar un monto de dinero queden sobreseídos de culpabilidad y es como que aquí no ha pasado nada”, enfatizó desde el lugar secreto donde permanece bajo protección oficial.
Audiencia para el debate oral
Por otra parte, el TOF 7 mantiene la realización el 24 de septiembre de la audiencia donde, junto a las partes, fijará las pautas de organización así como también la “limitación de prueba” para el debate oral y pública previsto para el próximo 6 de noviembre que tendrá más de 140 imputados, entre ellos, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.
Pocas semanas atrás, el empresario Gabriel Romero, propietario del grupo Emepa, había cuestionado que el juicio se realizará de manera virtual. El pedido fue sustanciado a comienzos de agosto por la Cámara Federal de Casación, que en una resolución reclamó agilizar la realización del debate.
El polémico antecedente de la “Fiesta de Olivos”
Como antecedente de un caso de “resarcimiento integral” previsto en el Código Penal se puede mencionar el caso de la llamada “fiesta de Olivos” donde se celebraba el cumpleaños de la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial mientras regía el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio por la pandemia del COVID-19 decretado por Alberto Fernández mediante DNU y que, entre otras cosas, prohibía estrictamente los encuentros sociales.
La ex pareja presidencial y el resto de los participantes fue denunciada y tras el devenir de la instrucción del expediente con las indagatorias realizadas, luego de varios meses de negociación con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el 23 de mayo de 2022, tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez, concretaron un resarcimiento económico donde entre los dos abonaron 3 millones de pesos. El monto fue depositado en una cuenta del Instituto Malbrán luego que el Juez Lino Mirabelli homologara el acuerdo que, además, sirvió para que el resto de los imputados evitaran ser procesados.
El juicio por la causa Cuadernos será el más grande vinculado a la corrupción en la historia argentina: tendrá a las máximas autoridades del gobierno de CFK y a los empresarios más importantes del país entre los acusados, como Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, Benito Roggio y Carlos Wagner, entre otros.
La acusación es por el pago de sobornos para asignar irregularmente obras públicas. Se conoció por las anotaciones que en su cuaderno hacía Centeno, chofer del exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.
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El hombre que mató a puñaladas a su abuela en Lomas de Zamora fue condenado a prisión perpetua
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
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Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo de la joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
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Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.
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