Tras analizar pruebas y comunicaciones, la fiscalía pidió la citación de Julio Cordero y del legislador libertario Pablo Ansaloni. Es a partir de una denuncia del actual secretario general del gremio, José Voytenco
El fiscal Guillermo Marijuan pidió citar a declaración indagatoria de seis personas por su presunta participación en un plan para intervenir la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El requerimiento, fechado este lunes y dirigido al juez federal Sebastián Casanello, responde a la denuncia presentada por José Antonio Voytenco, secretario general del sindicato, y se apoya en una investigación que incluyó peritajes, allanamientos y análisis de comunicaciones.
El hallazgo de carpetas digitales identificadas como “Compras” y dispositivos electrónicos durante el allanamiento a la sede de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), realizado el pasado 21 de febrero, marcó un punto de inflexión en la investigación que involucra a figuras de perfil político y sindical.
La Fiscalía señaló que “teniendo en cuenta el resultado de la prueba producida durante la instrucción del expediente en ese sentido, considero que se encuentra reunido el grado de sospecha contemplado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria a las personas que a continuación se mencionan: Pablo Miguel Ansaloni, Diputado de la Nación Argentina (partido Libertad Avanza); Julio Cordero, Secretario de Trabajo de la Nación; Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; Marcelo Carlos Petroni, interventor de la Obra Social de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina -OSPRERA-; Marcelo Agustín Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE; y Aixa Laura Petriati -ex Subdelegada por la pcia. de Buenos Aires de UATRE”.
El origen de la causa
El fiscal Guillermo Marijuan, quien realizó el pedido de indagatoria en la investigación/Télam
La causa se inició el 5 de febrero de 2025 a partir de una denuncia penal presentada por Voytenco, quien acusó a los mencionados funcionarios y dirigentes sindicales de haber orquestado un acuerdo ilícito para desplazar a las autoridades electas del sindicato. Según la denuncia, el plan se habría materializado con la firma, el 29 de enero de 2025, de un dictamen por parte de Aquino solicitando la intervención judicial de la UATRE, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo y la posterior resolución del secretario de Trabajo.
De resultar citados a indagatoria, todos ellos deberán responder por hechos que, según la Fiscalía, podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento, previstos en los artículos 248, 256 bis y 277 del Código Penal.
El requerimiento detalla que, tras la derrota de Ansaloni en las elecciones sindicales de 2022, se habrían sucedido una serie de maniobras para tomar el control de la UATRE y su obra social. Entre ellas, la imposición de una intervención en OSPRERA, la designación de allegados en cargos clave y la celebración de contratos por servicios no prestados, que habrían perjudicado el patrimonio de la entidad.
Los argumentos de la denuncia
Según señaló el fiscal en el escrito, el denunciante sostuvo “que aproximadamente desde fines del año 2024 Marcelo Andrada, Pablo Ansaloni y Aixa Petriati, invocando tener influencias en dependencias de la Secretaría de Trabajo y en el Poder Judicial de la Nación, habrían anunciado públicamente en distintos ámbitos que lograrían la intervención de la UATRE, haciendo circular un borrador de un dictamen del Director Nacional de Asociaciones Sindicales en el que se solicitaba la intervención del sindicato. Inicialmente en UATRE no se le otorgó importancia ya que el borrador exponía hechos falsos donde se citaban expedientes administrativos resueltos”.
“Al mismo tiempo, explicó el denunciante que el Director Nacional no posee competencia ni facultades para emitir un dictamen. Sin embargo, el 29 de enero del año en curso desde la Dirección de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano se firmó el dictamen referenciado, mediante el cual se solicitó la intervención judicial del sindicato UATRE”, agrega el escrito dirigido al juez.
El trabajo de la fiscalía
A partir de la denuncia, la Fiscalía recopiló pruebas a partir de sumarios de la Policía Federal, informes de la Gendarmería Nacional, registros de ingresos a dependencias oficiales, grabaciones de cámaras de seguridad y peritajes sobre dispositivos electrónicos incautados. Entre los elementos más relevantes figuran registros de llamadas y mensajes entre los imputados, que evidenciarían la coordinación de acciones para lograr la intervención.
Según consta en el pedido del fiscal, el análisis de la agenda telefónica de Petroni reveló frecuentes comunicaciones con Ansaloni, Cordero y Petriati, así como referencias a reuniones con otros funcionarios, entre ellos el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La investigación también documentó reuniones en la Secretaría de Trabajo y en la sede de OSPRERA, así como la participación de los imputados en audiencias oficiales. Los registros muestran que Ansaloni ingresó en siete ocasiones a la Secretaría de Trabajo entre agosto de 2024 y enero de 2025, mientras que Petriati y Andrada también mantuvieron reuniones con funcionarios del área.
El rechazo de la intervención
En el plano judicial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo rechazó la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo para intervenir la UATRE. El juez Carlos Pose argumentó en su voto: “La petición estatal resulta improcedente: nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical (art. 4º ley 23.551) y, en consecuencia, una solicitud como la intervención resulta solo viable si se acreditase fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado”.
La jueza Gabriela Alejandra Vázquez, por su parte, coincidió en que “no se concretarían prima facie –al menos en esta instancia del proceso– las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 56 inciso 3, apartado b de la ley 23.551, como para habilitar desde esta judicatura la pretensión cautelar”.
En su dictamen, el fiscal Marijuan sostuvo que la prueba reunida “permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones y el rol que tuviera cada una de las personas cuya indagatoria aquí se solicita”.
El dictamen subraya que los imputados “sacando provecho de los cargos e influencias que tuvieran dentro del ámbito de la función pública y como representantes sindicales, manteniendo diferentes reuniones y conversaciones, fueron gestando y ejecutando el acuerdo criminal dirigido a lograr la intervención judicial de la UATRE”.
“Hasta aquí queda claro, entonces, la acción concertada para la ilícita intervención de UATRE donde se ve comprometido un Diputado Nacional, un Secretario de Estado y otros funcionarios sin perjuicio, posiblemente, que el devenir de la investigación y otros elementos que puedan conocerse al accederse al expediente que tramitó ante el Juzgado Federal Nro 1 de Lomas de Zamora permitan avanzar con otras responsabilidades”, señala el escrito.
El llamado a indagatoria representa un avance en la causa, que investiga la presunta utilización de resortes estatales y sindicales para modificar la conducción de uno de los gremios más importantes del país. El requerimiento fiscal destaca que “la convocatoria a prestar declaración indagatoria es un acto que el juez evalúa conglobando múltiples aspectos, entre ellos, el tiempo procesal en el que es oportuno otorgarle a quien aparece como presunto imputado la primera oportunidad de que ejerza su derecho material de defensa frente a un acontecimiento histórico determinado”.
La causa sigue en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación secuestrada.
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
El fallo, emitido el lunes pasado, cierra una etapa judicial marcada por el dolor y el temor de la familia de la víctima, quienes consideraron la condena “un alivio”.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
Allí, Robledo atacó a puñaladas a su abuela dentro del domicilio donde residía, agredió a su prima menor de edad y escapó con dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La investigación estableció que el crimen no respondió a un robo planificado, sino a un episodio de violencia de género en el ámbito familiar.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
La zona en donde ocurrió todo
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
La acusación fue ratificada este martes, luego de que la fiscal de Investigaciones N° 1, Lucrecia Troia, solicitara la prisión preventiva del acusado, quien permanece bajo custodia desde el momento del hecho. Asimismo, subrayó que la investigación permitió dar con una serie de pruebas y testimonios que refuerzan la hipótesis de un femicidio.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
Entre los testimonios incorporados, destacó el de una amiga de Camila, quien relató ante la Justicia detalles del vínculo que mantuvo con el médico. En palabras de la fiscal, la testigo habría aportado elementos que “brindan un contexto que refuerza la hipótesis de violencia de género”. También la actual pareja de la víctima prestó declaración ante la Fiscalía y sumó información relevante para la causa.
El edificio desde donde cayó la joven
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo dela joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
El caso ocurrió el viernes 10 de octubre en un edificio de la calle San Martín al 300, en el barrio Camba Cuá de la capital correntina. La Justicia intenta esclarecer si la caída desde el sexto piso fue un accidente, un suicidio o un femicidio. No obstante, la hipótesis de femicidio cobró fuerza a partir de los mensajes y las conversaciones que evidenciarían que habría existido una relación conflictiva y violenta entre la joven y el principal sospechoso.
La ex pareja fue detenida en el lugar de los hechos y este martes se confirmó su imputación
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.
Por el hecho hay cinco internos sospechados captados, cuando ingresaban a la celda de la víctima, por las cámaras de seguridad del penal
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.