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Emergencia en Discapacidad: el Gobierno quiere evitar la implementación y prepara la judicialización de la ley

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Manuel Adorni anunció posibles partidas para esa población. Reuniones en Casa Rosada para preparar el nuevo frente judicial

Por primera vez desde el inicio de la actual gestión, la oposición le volteó a la Casa Rosada un veto presidencial. Se trata del rechazo de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que propone regularizar el pago a prestadores y actualizar aranceles. Ante el inminente éxito de la oposición para insistir con esa legislación, el Gobierno ya estaba comenzando a diseñar su estrategia judicial para evitar su aplicación.

Tal y como lo adelantó ayer en exclusiva Infobae, la Casa Rosada estaba estudiando desde hace días un anuncio de mayores fondos para el sector de discapacidad. Este buscaba convencer a los diputados que podían llegar a apoyar a LLA si es que el Ejecutivo daba gestos de colaboración. El objetivo era que se ratificara el veto, pero que el oficialismo mostrara una válvula de escape para que el rechazo social (ante un tema de altísima sensibilidad) no fuera tan marcado, y que varios legisladores se animaran a votar con el Gobierno.

Fue un último recurso para convencer a algunos diputados, pero el partido ya estaba jugado”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada. El vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en sus redes esta mañana que el Gobierno “está considerando” un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. “De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas”, explayó. El anuncio se limita a esto y no pretende no extenderse a otras áreas de la salud ni a las jubilaciones.

Martín Menem (RS Fotos)Martín Menem (RS Fotos)

En el Gobierno aseguran que la aplicación y el alcance de la medida de discapacidad sigue en estudio. Esto hace probable que ahora que el veto pueda caerse, el Ejecutivo no aplique ese anuncio. El avance político que pueda tener depende directamente de la Presidencia, excediendo a lo que dispongan desde el Ministerio de Salud o la ANSES.

Hay dos vías probables: una es alegar la presunta ilegalidad de la sesión del Senado con la que se logró conseguir la sanción de la Ley, marcando que la convocatoria de las sesiones son atribuciones presidenciales; la otra es denunciar que la oposición le impuso una normativa al Poder Ejecutivo Nacional sin tener las respectivas fuentes de financiamiento para poder llevarla a cabo. Este último punto es el más probable.

La Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) calculó en su informe de Impacto Fiscal que la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un impacto de entre 0,25% y 0,45% del PIB. El número sería mayor por diferentes medidas incluidas en la Ley que no son posibles de estimar. El Gobierno está dispuesto a hacer concesiones en varias de las medidas, a excepción de las nuevas altas de las pensiones, la que acarrea el mayor costo fiscal.

Impacto fiscal de la LeyImpacto fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La estrategia del Gobierno estaría basada en decir que están dispuestos a incrementar ciertas partidas y programas referidas a la discapacidad, pero que lo harán en base a la restricción presupuestaria que tienen. Afirman que en el paquete judiciable entrarán los montos extra que la oposición quiere que ejecute el Gobierno y que, supuestamente, no están en capacidad de implementar. La vía donde surgirá esa futura judicialización no está clara: una vía puede ser el Fuero Contencioso-Administrativo.

Hasta ahora, el Gobierno solo tiene una solución de corto plazo, el incremento efectivo de las partidas a través de cambios presupuestarios; y una de mediano plazo: comenzar a dar de baja beneficiarios que reportan al Incluir Salud (que es como una cobertura sanitaria que depende de fondos del Ministerio de Salud y no de ANSES, como sí lo son las pensiones por invalidez) y que esos fondos luego sean reasignados para actualizar los montos de las prestaciones. Esta política no sería de aplicación inmediata.

El ministro de Salud, Mario Lugones, estuvo el lunes por la tarde reunido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Esta mañana también visitó al asesor presidencial, Santiago Caputo. Después de este encuentro, al integrante del Triángulo de Hierro lo visitó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, mantiene constantes contactos con Caputo. En principio está acordado que Milei no implemente ni incremente ninguna partida regida por aquella Ley de Emergencia. Se excusarán judicializándola.

El ministro de Salud, MarioEl ministro de Salud, Mario Lugones (Adrián Escandar)

Qué contempla la Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene jerarquía constitucional en Argentina. La normativa establece que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para asegurar el acceso a educación, salud, rehabilitación, protección social, trabajo y condiciones de vida adecuadas para este colectivo, bajo un enfoque de derechos humanos y alejándose del antiguo modelo médico-asistencial

El proyecto contempla, entre otras disposiciones, el financiamiento de pensiones no contributivas, la regularización de prestadores de servicios bajo la Ley 24.901, la actualización mensual automática de aranceles de prestaciones básicas, la protección de los prestadores, y una redefinición de la certificación de discapacidad conforme a estándares internacionales.

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La negociación por el endeudamiento bonaerense hizo resurgir la desconfianza entre Kicillof y La Cámpora

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En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas

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Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

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En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.

Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Maduro le dijo a TrumpMaduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.

Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.

Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Maduro pidió a la vicepresidentaMaduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)

El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.

El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.

No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.

Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.

La recompensa millonaria por laLa recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro

Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.

La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.

(REUTERS)

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Diputados: en la previa de la sesión preparatoria, LLA está cerca de arrebatarle la primera minoría al PJ

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El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo

El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.

“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.

Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.

Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.

Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.

En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.

De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.

Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.

El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.

El gobernador de Salta, GustavoEl gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)

Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.

Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.

“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.

Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.

“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.

Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.

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