Policiales
Habló el principal sospechoso por el fentanilo que causó 96 muertes: acusó a un ex socio, planteó su teoría de sabotaje y dijo que quiere ir al Congreso
Ariel García Furfaro, responsable de HLB Pharma, apuntó contra Andrés Quintero, que fue diputado provincial del PJ. “Si las ampollas están contaminadas, alguien puso las bacterias”, afirmó
“Se dicen muchas cosas que asustan a la gente. Esto hay que dejarlo en manos de los especialistas que están investigando, médicos, peritos, y me parece que se dijeron muchas cosas que son falsas. El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias. Hubo muchos medicamentos que quedaron sin poder usarse y pusieron en riesgo al sistema de salud del país. Nosotros vendíamos en todo el país. No hay ningún color político al que no le hayamos vendido. Simplemente quiero que se investigue y que se sepa qué pasó; y si realmente las ampollas están contaminadas, descubrir cómo pudo llegar ahí adentro esas bacterias, si fue negligencia, si fue un atentado”. El que habla, el que rompe el silencio, es Ariel García Furfaro, el responsable de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, distribuidor y fabricante del fentanilo de uso clínico vinculado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a la muerte de 96 pacientes de clínicas y hospitales.
-La semana pasada el kirchnerismo evitó la formación de una comisión parlamentaria para que investigue el fentanilo contaminado y por añadidura a usted.
-Yo no tengo el poder para frenar una comisión del Congreso. Quiero ir mañana mismo a declarar. Me pongo a disposición de la diputada (del PRO) Silvana Giudici, que es la impulsora de la comisión investigadora. Ojalá que se arme, me siento y declaro durante tres días a quien le vendí mis medicamentos. Yo ganaba las licitaciones porque vendía barato. Las ampollas de fentanilo las presupuestaba a 300 pesos y el resto a 600, 700, 900 pesos. Yo rompí el mercado, por eso me quieren borrar. Si la diputada quiere voy y le cuento todo a ella en su despacho o donde diga. No tengo nada que ocultar, responde el empresario.
El rechazo a la propuesta de la legisladora del PRO, adelantada de manera exclusiva por Infobae, dejó expuesta la protección del kirchnerismo y de al menos parte del peronismo hacia la cabeza visible de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA. Sin embargo, ante la consulta de este medio, el abogado se muestra a favor de “contar todo lo que sepa”. Como en varios tramos del diálogo con Infobae, insistirá en que “hago negocios con todos sin importar el color, la política se la dejo a los que saben hacerla, yo soy un empresario que por este tema tengo más de 600 personas en la calle”.
“Desde el quinto día que salió a la luz pública este tema, yo apunto contra la persona que manejaba HLB Pharma en San Isidro y Laboratorios Ramallo, que era Andrés Quinteros, que era el CEO del grupo, era una persona a la que alguna vez le tuve confianza pero que ahora no hace más que querer perjudicarme”, acusa.
García Furfaro, tal como publicó este medio, ya denunció a su ex empleado ante el juez Kreplak a través de un escrito en el que sostuvo que: “Se trata de una persona que he conocido cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como secretario del entonces ministro Eduardo Di Rocco. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por un momento difícil, me ayudó mucho, y lo consideré alguien de profunda confianza. Con posterioridad, fue diputado provincial, y mantuvimos siempre una relación de cercanía, hasta que me enteré que quiso sustraer 30 ampollas de morfina del laboratorio de Ramallo a través de una tercera persona. Ahí se terminó nuestra relación”.
El empresario también afirmó: “Siempre supuse que fuera posible que Quinteros intentara atacar al laboratorio, ya fuera a través de un sabotaje o de una campaña mediática de desprestigio”.
Según pudo certificar este medio, Quinteros aparece como apoderado del laboratorio, como responsable ante la ANMAT y otros organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para la compra de, por ejemplo, alcohol metílico.
Tal como informo este medio el ex empleado de García Furfaro lo denunció ante la justicia en noviembre 2024 por una supuesta “amenaza de muerte” , al ser consultado para esta nota sobre los hechos y el trámite del expediente, Quinteros se negó a responder. consultado, se negó a hablar
García Furfaro pide que Kreplak investigue si detrás de la contaminación del fentanilo está Quinteros. Una línea de pesquisa que, al menos por ahora, aparece sin fuerza en la causa. En cambio, sí se estableció que en los cultivos de sangre de pacientes fallecidos se encontraba el mismo tipo de bacterias que las encontradas en el fentanilo.
A Ariel García se lo vincula con el kirchnerismo. Hay varias razones. Viajó a Moscú —al igual que Quinteros— junto a la delegación del expresidente Alberto Fernández para distribuir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V. También se lo vio junto a la expresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria.
Sobre el tema, sostiene: “Con respecto al kirchnerismo, nunca estuve afiliado a ningún partido. Lo que pasa es que, bueno, me sacaron la foto esa, la foto Sebastián Nanini, a quien lo relacionan con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y arman un relato del kirchnerismo, pero yo tengo amigos de Libertad Avanza un montón, del PRO un montón, radicales, tengo amigos de todos, de todos lados. Yo soy comerciante, yo vendo, compro, no hago política. Le vendí a todas las provincias, a todos los municipios de todos los partidos políticos, colores. Hago negocios, no me meto en cuestiones de política”, declara.
Sobre la foto con CFK, afirmó: “Fui al Instituto Patria con un amigo. Estaba con mi hijo. Lo acompañé, me saqué una foto. La foto se la mandé a Quinteros, que sí milita en el peronismo, le dije ‘mirá la foto con tu jefa’ y ahora la difunde él para perjudicarme”.
Sobre las reuniones en Moscú por la vacuna rusa dice: “Yo jamás me junté con Alberto (Fernández) el político, el que mantenía las reuniones en Rusia por la vacuna rusa contra el COVID-19 era Andrés Quinteros, no yo”.
En diálogo con Infobae, García Furfaro también deslindó cualquier tipo de sospechas sobre “desvío” de fentanilo hacia el comercio ilegal de drogas. “En el juzgado del doctor Kreplak están todas las pruebas de la destrucción de los cinco kilos de fentanilo que quedaron sin utilizar y que habíamos comprado en 2021. El juez tiene todo. Es una locura que mis hijos lean en los medios que soy narcotraficante. Es una locura. Tengo todos los papeles en regla”, afirmó.
García Furfaro, uno de los 24 sospechosos por el juez Kreplak por estar relacionado con el fentanilo mortal, con pedido de inhibición de bienes y pedido de prohibición de salir del país, le explicó a este medio: “Me encantaría que el juez investigue ahí el posible sabotaje. Quiero que las familias de la gente que fallecieron sepan que estoy, que me gustaría juntarme con ellos. Yo voy a estar. En cuanto nos enteramos de los primeros casos del Hospital Italiano nos inhibimos. Paramos la producción. El 9 de mayo ya se empezó a hablar de las muertes asociadas al fentanilo sin ningún tipo de informe. Creo que fue muy apresurado. Hay que dejar investigar. Creo que la Justicia está haciendo las cosas como corresponde. No hay que meterle tanto pánico a la gente”, opinó.
También sostuvo que sus laboratorios fabricaron “más de mil millones de ampollas. Nunca tuvimos una Klebsiella. Nunca tuvimos un problema en una ampolla. Si hubiésemos tenido una Klebsiella, se hubiese destruido todo. Eso no hubiese salido a la venta. Es algo muy, muy raro, esta situación. Prueba de ello es que los dos lotes anteriores y dos lotes posteriores en la campaña (de producción de fentanilo) no tienen nada. Es muy raro. Hay que descubrir qué pasó”.
Ariel García Furfaro dice que no quiere que el “tema se politice porque yo no tengo nada que ver con la política y no quiero perjudicar a gente de la política que no me conoce y que no tiene nada que ver con esto”.
Por último, García Furfaro se hace cargo de ser el dueño de los laboratorios y reconoce que puso en la dirección de la empresa a su madre, Nilda Furfaro, y su abuela Olga Luisa Arena porque transitaba una separación y decidió nombrar a personas de su confianza en cargos directivos claves como la presidencia de la sociedad.
“Mis laboratorios son de los más inspeccionados por la ANMAT, que es la autoridad sanitaria”, repite una y otra vez y afirma que para él y los especialistas que consultó: “La Klebsiella multirresistente es imposible que esté en el laboratorio. Eso ocurre si la pusieron, si la plantaron; por eso esperamos las pericias como nadie”.
El empresario también se defiende sobre la presentación de documentación falsa para la habilitación del laboratorio HLB Pharma en la Municipalidad de San Isidro.
“Hoy presenté un escrito ante el fiscal Guillermo Marijuán en el que le explico que, en 2023, ya hacía muchísimos años que el laboratorio (HLB Pharma Group SA) se encontraba habilitado por la Municipalidad (de San Isidro). Quinteros estaba a cargo de esos trámites y para perjudicarme presentó un certificado falso. Ya presenté las pruebas de la habilitación. Quieren hacerle daño al laboratorio y su capacidad para operar. Deseo repetir este punto: el laboratorio estaba debidamente habilitado y nada hubiera costado remitir la documentación real y auténtica en lugar de presentar documentación apócrifa”, sostuvo García Furfaro, la principal cara visible de los laboratorios ligados al fentanilo mortal.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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