Policiales
La viuda negra de 17 años que sedujo a un tatuador y era buscada por el crimen del economista de Palermo
La detuvieron por un ataque en Balvanera en febrero pasado y, ya presa, descubrieron que la tenían en la mira por la causa del homicidio de Pablo Jiménez, de 61 años
Su trabajo en el banco era lo suficientemente rutinario y su pasión por los tatuajes inundaba su vida. Tanto es así que en el coqueteo que tuvo con una chica, que lo conquistó por una aplicación de citas, su hobbie fue uno de los tópicos de las charlas. Y, entonces, él la invitó a su casa del barrio porteño de Balvanera y ella aceptó, obvio. Escondía mucho más de lo que decía, incluso su edad: 17 años. La promesa de un tatoo gratis si lo iba a visitar fue el regalo perfecto para la adolescente con intenciones ocultas: quería más que eso y todo era material. Era una viuda negra.
Es que la viuda negra de 17 años no estaba sólo en la mira de la Justicia por el crimen de Jiménez. Tenía un antecedente por el que cayó detenida, el caso del tatuador.
Una de esas ‘amigas’ tiene 18 años y otra 15 y es la única de las mujeres prófuga en esta causa que investigó la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad y que recayó en la Justicia de Menores.
Eran cuatro los sospechosos que entraron al edificio cuando la chica que presuntamente bajó para comprar bebidas con las llaves del tatuador les abrió la puerta a sus cómplices para que comenzara el robo.
“Lo golpearon fuertemente, lo maniataron y lo amenazaron con un arma. Le robaron varias máquinas profesionales de tatuar, ropa, dinero en efectivo, entre otros elementos electrónicos, y se fueron dejándolo encerrado en el baño. Lo rescató un vecino”, ampliaron quienes tuvieron acceso al expediente.
Las cámaras de seguridad fueron la clave para los investigadores, que trazaron líneas de tiempo en el Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad y eso permitió dar con la identidad de dos de las tres adolescentes. Las redes sociales completaron el plexo probatorio para pedir los allanamientos, junto con la triangulación de llamados y las antenas.
Y, entonces, se pidieron los allanamientos y las detenciones de la viuda negra de 17 años que había seducido al tatuador y de su amiga de 18 años que la había acompañado. Los investigadores le sugirieron al juez que era crucial ir con personal especializado de la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas y poder extraer en el lugar la información de los celulares de las imputadas.
Los operativos se hicieron el pasado 21 de julio, con el aval del Juzgado Nacional de Menores N°4. En un edificio de Cochabamba al 2.600 fueron a buscar la viuda negra adolescente. Su ‘amiga’ fue detenida en Mitre al 2.500, también en la Ciudad: Bárbara Y.Q.A., de 18 años, está apuntada por ser quien les abrió a los cuatro cómplices que esperaban en la vereda. En su casa hallaron prendas usadas al momento del golpe al tatuador.
La apertura de los teléfonos de las detenidas en el lugar de los arrestos permitió identificar a los restantes cómplices en la maniobra, uno de los cuales ya estaba preso. A los otros dos los atraparon en Castro Barros al 1600 y Boedo al 200: Marcelo Agustín U., de 21 años, y Ángel Mariano V. (22), respectivamente. A uno le secuestraron un juego de esposas.
Los operativos para lograr los arrestos fueron este lunes, a las 10.30. La chica de 15 años sigue sin aparecer. Y en el caso del tatuador interviene la Fiscalía Nacional de Menores N°2, cuyo titular es María Eugenia Sagasta, y el Juzgado Nacional de Menores N°4 de Cristian Von Leers, secretaría 10 de Esteban Seré.
Pero algo pasó antes de fines de julio, más precisamente el 25. Personal de la División Investigaciones Comunales 14 porteñas allanó ese día la casa de la menor de 17 años, que estaba presa desde hacía 96 horas por el ataque al tatuador.
Ese segundo allanamiento estaba vinculado al ataque bajo la modalidad viuda negra que terminó en el homicidio del economista Jiménez en el barrio de Palermo. Pero como se enteraron que estaba detenida desde hacía cuatro días, “las autoridades de los dos casos en los que habría participado la menor se pusieron en comunicación para estar al tanto de los pormenores del primer arresto”, según sintetizaron las fuentes del caso.
No es la primera sindicada de haber participado en el ataque a Jiménez. El pasado 21 de junio, tres días después del crimen, arrestaron a una mujer de 23 años en un domicilio de la calle Coronel Juan de San Martín al 100 de Grand Bourg, en San Martín. El operativo estuvo a cargo del personal de la SubDDI San Miguel de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a instancias de la Policía de la Ciudad.
Quién era la víctima
Pablo Jiménez fue un reconocido economista recibido en la Universidad de Buenos Aires con un máster en Políticas Públicas de la Universidad de Columbia y un máster en Economía del Instituto Di Tella.
Se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, como profesor de Finanzas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y como investigador en el proyecto Extractivismo de la Universidad de Kassel.
Además, era ex Director de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Uruguay y coordinador del área fiscal de CEPAL, Santiago de Chile. Y fue Profesor e Investigador Visitante de la Universidad de Columbia, Universidad de Torino, la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Kassel, la Universidad de La Habana.
También fue consultor de numerosas organizaciones incluidas GIZ, BID, WB, CIAT, CAF, FMI, UNICEF.
Policiales
El hombre que mató a puñaladas a su abuela en Lomas de Zamora fue condenado a prisión perpetua
Cristian Eduardo Robledo fue declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara ocurrido el 20 de octubre de 2024
A casi un año del homicidio que conmocionó a Lomas de Zamora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 dictó prisión perpetua para Cristian Eduardo Robledo, declarado culpable de asesinar con un arma blanca a su abuela, Norma Antonia Guevara, y de atacar gravemente a su prima de 11 años.
La sentencia puso fin a la causa por un hecho ocurrido la noche del 20 de octubre de 2024, en una vivienda situada en Castelli al 1700, Lomas Oeste.
La reconstrucción del caso expuso una secuencia de extrema violencia que tuvo como escenario la casa familiar de Guevara, de 68 años. Según fuentes judiciales, aquella noche, Robledo, de 24 años, mantuvo una discusión con su abuela, quien se negó a darle dinero. Testimonios recabados por la Fiscalía señalaron que el joven padecía adicción a las drogas y vivía en situación de calle, aunque recibía de forma regular la contención de la mujer.
Durante el altercado, Robledo utilizó un cuchillo de cocina para agredir a su abuela. Utilizó el mismo objeto para atacar a su prima de 11 años, quien resultó herida en el cuello. A diferencia de su abuela —que perdió la vida en el acto—, la menor sobrevivió y logró pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron a la Policía y solicitaron atención médica urgente.
La investigación descartó el móvil del robo simple, pese a la sustracción de objetos, e identificó el hecho como homicidio agravado en el contexto de violencia intrafamiliar, según informó el portal La Unión.
El hombre tenía antecedentes delictivos por robo agravado con uso de arma de fuego y denuncias previas por agresión hacia una expareja.
La intervención de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Fabiola Juanatey, fue clave para la recopilación de pruebas y testimonios. Las pericias psiquiátricas solicitadas durante la etapa de instrucción concluyeron que Robledo era plenamente consciente de sus actos al momento del crimen, lo que permitió avanzar hacia el juicio oral.
El tribunal consideró probadas las circunstancias que rodearon el hecho: el joven atacó primero a su abuela, la mató a cuchilladas y luego lesionó a su prima. Tras ello, escapó del domicilio con dos teléfonos y dinero, aunque fue capturado a pocas cuadras con las manos ensangrentadas y portando la cuchilla homicida, informó la policía.
El veredicto de prisión perpetua fue dictado en una audiencia celebrada el lunes último por el TOC 2 de Lomas de Zamora.
En los días previos al fallo, la familia hizo público su deseo de que la pena máxima recayera sobre el acusado.
La causa fue instruida por la fiscal Juanatey, especializada en violencia de género y familiar, quien acompañó a la familia durante todo el proceso judicial. La funcionaria solicitó el dictamen pericial y la recolección de evidencia para sostener la imputación por homicidio agravado.
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Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio
Se trata de la ex pareja de la víctima, quien se cree que la habría empujado tras haber tenido una pelea. Además, se encontraron conversaciones que comprobarían que la joven habría sufrido violencia de género
La investigación sobre la muerte de Camila Soledad González, la joven de 29 años que murió después de haberse caído de un sexto piso en Corrientes, dio un giro determinante tras la imputación de L. L. C., un médico de 50 años y su ex pareja, por homicidio agravado por mediar violencia de género.
“Se secuestraron teléfonos, se realizaron pericias en el lugar y el imputado ya declaró en sede judicial”, confirmó la investigadora judicial en declaraciones a Radio Dos. Además de estos elementos, señalaron que la causa cuenta con nuevos testimonios que describieron el contexto de violencia psicológica y control que habría predominado en la relación entre la víctima y el acusado.
De acuerdo con la información publicada por Corrientes al Día, también se evaluaría la posibilidad de que el hijo de la joven, de 10 años, sea sometido a una Cámara Gesell. “Se está tramitando, pero no se quiere revictimizar al menor. Habría estado en el lugar del hecho, pero necesitamos escucharlo a él”, explicó la fiscal Troia.
En los chats recuperados, Camila describía una convivencia marcada por los celos, el control y la manipulación. “La relación se volvió súper tóxica, pero yo opté por no darle bolilla”, escribió a una amiga durante su estadía en Bahía Blanca.
En otro mensaje, relató: “La casa estaba llena de cámaras y me controlaba todo el tiempo”. La presión ejercida por el médico la llevó incluso a eliminar fotos de sus redes sociales, como lo expresó en otro mensaje. “Yo ya entendí, no le sigo el juego”, había escrito la joven.
Tras finalizar la relación con L. L. C., Camila había iniciado un nuevo vínculo sentimental. De hecho, el jueves previo a su muerte, el médico se presentó en el departamento de la joven mientras ella cenaba con su nueva pareja, lo que derivó en una fuerte discusión. Horas más tarde, el acusado regresó al lugar.
El viernes, la joven llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol y tenía previsto reunirse con amigas por la tarde, según quedó registrado en su teléfono. Estos planes, según la Fiscalía, debilitan la hipótesis de que la mujer habría intentado quitarse la vida.
Ese mismo día, la joven cayó desde el sexto piso del edificio. El médico se encontraba en el departamento y fue el primero en ser detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia, mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer si existieron lesiones defensivas o signos de haber tenido un forcejeo.
Por el momento, la investigación avanza con la recolección de testimonios de familiares, amigas y allegados, quienes coinciden en describir una relación de pareja marcada por la violencia psicológica y el control extremo. Todos los elementos reunidos hasta el momento complican la situación judicial del médico detenido, de acuerdo con la mirada de la Fiscalía.
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Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados
El hecho ocurrió en la cárcel de Villa Las Rosas. La víctima recibió una herida en la zona cervical con un arma blanca tumbera
Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.
En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.
Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas
De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.
Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.
En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.
El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.
Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.
Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.
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