Policiales
La Justicia probó que hubo coimas en la causa Seguros y aparecieron más chats: “Si no hacemos guita con esto somos unos pelotudos”
El juez Casanello citó a indagatoria a dos funcionarios de Casa Rosada que recibían dinero del empresario Martínez Sosa, el amigo de Alberto Fernández. Los diálogos entre la secretaria María Cantero y el intendente de la quinta de Olivos
Luego de un año y medio de investigación, la Justicia dio por probado que en la maniobra de los Seguros que terminó con el procesamiento de Alberto Fernández y otras 30 personas se pagaron coimas. Un ex funcionario de Nación Seguros, Mauro Tanos, promovido por el actual gobierno y luego echado por el escándalo, está acusado de haber recibido sobornos millonarios a través de un sistema de cooperativas. Con ese dinero, compró propiedades, autos, viajes, y hasta plateas en el estadio de River Plate. También quedaron en la mira dos ex funcionarios de Casa Rosada que habrían recibido fajos de dinero. Las pruebas aparecieron en el teléfono de María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente.
Ese mismo empresario le pagó un viaje de Tanos, junto a toda su familia, a Miami y canceló varias cuotas de un departamento, en pozo, en El Salvador al 4300. Cuando declararon ante la Justicia, ambos afirmaron que eran “préstamos” por su relación de amistad.
Solo la cooperativa, “7 de Mayo”, recibió un total de $376.928.239 de varias aseguradoras. De ese total, casi $239 millones provenían de San Ignacio, la empresa puesta a dedo en la póliza de la ANSES por un ex funcionario, Federico D’Angelo Campos.
Entre los que habrían pagado los sobornos mediante ese mismo mecanismo también se destaca la empresa San Cristóbal, también involucrada en la póliza de la ANSES, y el empresario Diego Nicolás Rosendi, procesado por los delitos de cohecho activo, defraudación y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. “Se ha comprobado que las cooperativas eran un eslabón central de esa ingeniería y cumplían la función de ocultar el verdadero origen del dinero y hacerlo circular en el mercado para poder darle distintos usos”, sostuvo Casanello en la resolución conocida este jueves.
Según pudo reconstruir Infobae a lo largo de la investigación, Del Corro era el emisario de Tanos para negociar con los empresarios de los seguros. Si llegaban a un acuerdo, las coimas se pagaban a través de las cooperativas. Y ese dinero era distribuido entre los miembros de la organización.
Tanos había ingresado a Nación Seguros en 2021 pero luego fue promovido a gerente general durante el gobierno de Javier Milei. En abril del año pasado, apenas comenzó el escándalo, fue echado junto al ex gerente de compras Marcos Eufemio, ahora citado a indagatoria.
El juez Casanello también llamó a declarar a dos ex funcionarios de Casa Rosada que habrían recibido pagos de parte del empresario Héctor Martínez Sosa, pareja de María Cantero, al histórica secretaria de Alberto Fernández. Se trata de Ariel Palmieri, de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo en ese entonces de Julio Vitobello, y Hugo Paz, de Casa Militar.
El dinero lo entregaba en mano la propia Cantero. En su teléfono aparecieron las fotos de los fajos de dinero y varios chats que la incriminan desde 2020 hasta 2024.
– Cantero: “Gordito acordate lo que le doy a mis chicos en la oficina. Xfa”
– Martínez Sosa: “Okkk. Te llevo el mes pasado y este”
En abril de 2023, se registró otra conversación con el nombre de uno de los involucrados.
-Martínez Sosa: “Meri ahí me pas. Estoy con Chicho, ahí en el auto de él. Estamos yendo a al CCK. Pregunto. ¿Cómo se llama el hombre que, que trabaja para vos? El que tengo que ver.”
– Cantero: “Hugo Paz”
– Martínez Sosa: “Meri. Yo entré y estacioné arriba del CCK. Estoy viniendo por Paseo Colón. Ya estoy llegando a Balcarce 24. Ya estamos llegando.”
– Cantero: “Ok. Te van a buscar”
La propia secretaria de Alberto Fernández recibía pagos de su pareja. Para la Justicia eran compensaciones por su función como lobbista.
Los teléfonos de Cantero fueron como un tesoro para los investigadores. La ex secretaria se sigue recriminando no haber borrado los mensajes y las fotos que almacenaba de su último paso por la Casa Rosada.
En ese celular se encontraron decenas de mensajes con Alberto Fernández, con Daniel “El Gordo” Rodriguez (ex intendente de la quinta de Olivos), y con su pareja, Martínez Sosa. También hay chats con varios funcionarios de segundo rango. No eran los únicos. Hay ministros y secretarios de Estado que reconocieron ante Infobae haber recibido los pedidos constantes de la secretaria.
Para el juez Casanello, Cantero tenía dos roles: “Podía forzar, a partir de un diálogo directo con el funcionario, la contratación de alguna de las empresas del rubro manejadas por su marido; o podía habilitar un canal de comunicación entre él y el funcionario, lo que abría la puerta a una eventual negociación”.
Cantero y Fernández se conocieron a fines de los 80’ en los pasillos de la Facultad de Derecho. Al poco tiempo, la joven estudiante terminó siendo su secretaria en la Superintendencia de Seguros (SSN), durante el gobierno de Carlos Menem. En esas oficinas, Cantero conoció y se enamoró de Martínez Sosa. Pasaron más de treinta años.
A partir de ese momento, Fernández y Cantero trabajaron juntos casi toda la vida. “Era como amigos, se peleaban, se amigaban, tenían demasiada confianza”, resume un ex funcionario que integraba ese círculo íntimo. Los chats confirmaron ese ida y vuelta.
En mayo de 2019, tras el anuncio sorpresivo de la candidatura presidencial de Alberto Fernández, Cantero vio una oportunidad de negocios y volvió a las oficinas de su jefe. El 18 de mayo le escribió al flamante candidato para expresarle la “felicidad” de su pareja.
– Cantero: “Jefe te volviste loco?” / “25 años te cuide para esto?” / “Supongo que a partir de ahora no me vas a contestar mas” / “Un clásico”.
– Fernández: “Deja de protestar!!!”.
– Cantero: “No te voto” / “Y conmigo comportate que yo soy Coto” / “A vos te conozco” / “Hecky está Feliz”.
– Fernández: “Vamos a volver”
A partir de ese momento, se sumó otro personaje clave a la trama: Daniel Rodriguez, alias “El Gordo Dani”, quien se transformaría en el nexo entre Fernández y Cantero/Martínez Sosa.
Rodríguez conocía a Fernández desde que era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años. Luego pasó a encargarse de sus cuestiones personales, una suerte de cadete todo terreno. Y terminó siendo el intendente de Olivos.
Rodriguez también había sido empleado de Martínez Sosa cuando Fernández estaba en el llano. El empresario le pagaba un sueldo de manera regular. Cuando aterrizó en la quinta de Olivos, el broker lo visitaba con frecuencia.
En los chats aparecieron varios fotos que dan cuenta de esa reuniones. En plena cuarentena, Martínez Sosa se sacaba selfies almorzando y cenando con su ex empleado, que ya se había convertido en la mano derecha del Presidente.
El fallo del juez Casanello reveló conversaciones entre Cantero y Rodriguez que hasta ahora no se conocían. En plena campaña, la secretaria histórica de Fernández hablaba de su “PYME” y le pedía al ex policía que haga “relaciones públicas” con otros políticos.
El siguiente chat se registró el 7 de agosto de 2019.
– Cantero: “Gordo necesito 2 favores para nuestra PYME. Se te va a acercar Roxana Bertone. Xq están todos preg como van al acto. Está colgada pobre y hizo x Hecky muchas cosas mientras fue gobernadora. Otra es que ubiques a Melella nuevo gob de Tierra del Fuego y te hagas el simpático y de paso le digas que sos como mi hno y también trabajás para Heccky (…) Se llaman relaciones públicas”.
– Rodríguez: “Sí sé que es eso”.
La aparición del actual gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella y de la ex gobernadora Roxana Bertone no es casual. La empresa de Martínez Sosa nació en esa provincia y luego se expandió a todo el país. Cuando fue electo gobernador, Melella le cedió al empresario el control absoluto de todas las contrataciones estatales. El 24 de julio de 2020, tal como reveló Infobae, la empresa del broker firmó un contrato de asesoramiento con la provincia fueguina. A partir de ese momento, todos los seguros pasaron por sus manos y se quedó con millonarias comisiones.
Cantero estaba segura que la candidatura de Alberto Fernández era una oportunidad única. El 6 de septiembre de 2019, otra vez le escribió a Rodriguez.
-Cantero: “Gordo si no hacemos guita con esto somos unos pelotudos”.
– Rodríguez: “Esperemos no serlo”.
– Cantero: “Te estaba jodiendo con lo anterior”.
El 29 de octubre de ese año, 48 horas después de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Fernández en primera vuelta, otra vez la secretaria dejó por escrito su verdadero plan en un mensaje a Rodriguez: “Queremos los seguros. Solo eso me importa de Manzur. Vos sos el que mejor relación tiene con él. Más que cualquiera. Es x nuestra PYME”.
La Pyme tenía otros socios. “La Pyme de Vivi, el Gordito y yo”, le escribió Cantero a Martínez Sosa antes de las elecciones. El “Gordito” podría ser su hermano Sebastián, dedicado al rubro inmobiliario, y “Vivi” era Viviana, su hermana.
Las hermanas Cantero trabajaron como secretarias de Alberto en el gobierno de Néstor Kirchner. Las dos tenían carácter fuerte pero María siempre tuvo otro perfil. “Le gustaba vestirse como una reina, llevaba carteras de Prada o Gucci. Hasta iba a trabajar en un Audi TT, no lo podíamos creer. En un momento le tuvieron que decir que no deje más el auto en la explanada de Casa Rosada”, cuenta un ex empleado que tuvo trato con ambas.
Apenas aterrizó en la Rosada, María se interesó por la agenda presidencial con el fin de hacer negocios. “Quiero seguir manejando la agenda que es lo que me gusta y quiero hacer (…) Están todos de acuerdo en que tenemos que ordenarlo y si ve a Ana puede hacerlo yo pierdo la agenda que es lo que me sirve a mí”, le escribió al “Gordo” Rodriguez el 30 de diciembre de 2019.
Cantero no operaba sola. Al justificar los procesamientos, Casanello aseguró que Fernández estaba al tanto de las gestiones que desplegaba su secretaria. Pero lo imputó solo por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
“La evidencia reunida mostró, además, que la vinculación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero, tanto en la etapa previa a la asunción del cargo como durante el desarrollo del mandato presidencial, excedió la de una mera relación de amistad y/o laboral. A la par de un trato frecuente y cercano (reflejado en múltiples intercambios por WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas y registros fotográficos), se comprobó la entrega de obsequios, flujos dinerarios y gestión de favores personales”, detalló el juez en una resolución de más de 400 páginas.
Infobae había anticipado hace dos semanas que el fallo estaba a punto de conocerse. Dos días después, Fernández pidió ampliar su indagatoria. No cambió nada. Ayer, el ex presidente publicó un descargo en redes sociales y denunció persecución “por ser peronista”.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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