Nacionales
Jubilaciones en jaque: por qué el sistema previsional que conocimos tiene fecha de vencimiento
En el segundo episodio de La Conversación, tres referentes en economía y seguridad social analizan la crisis estructural del régimen jubilatorio argentino: los datos detrás del colapso, la presión demográfica que todo lo agrava y los caminos –individuales y colectivos– para evitar que la vejez quede a la deriva.
“Para todos los que tienen menos de 50 años, la jubilación como la conocemos se terminó”, advirtió con contundencia la especialista en sistemas previsionales, Andrea Falcone, durante una reciente conversación sobre el futuro del sistema previsional argentino. La frase, pronunciada en el marco de un debate junto a los economistas Jorge Colina (IDESA) e Ignacio Apella (Banco Mundial), resume el diagnóstico compartido por los expertos: el sistema jubilatorio argentino atraviesa una crisis estructural que, lejos de resolverse, se agudiza por factores demográficos, económicos y sociales.
Este artículo forma parte de La Conversación, el nuevo ciclo audiovisual de Infobae ya disponible en YouTube, que propone abrir el debate sobre temáticas complejas que atraviesan a la Argentina. Se trata de un espacio de conversación reflexiva moderado por Gonzalo Sánchez, donde, en cada episodio, expertos, investigadores, activistas o referentes comparten su mirada sobre un tema de interés social, político o económico. Los episodios están disponibles todos los jueves en el canal de YouTube de Infobae. En esta edición, el foco está puesto en la pregunta que inquieta a toda una generación: ¿sigue existiendo la jubilación tal como la conocíamos?
Una transición demográfica sin vuelta atrás
El sistema previsional argentino, históricamente, ha sido uno de los principales instrumentos para mitigar la pobreza en la vejez. Según explicó Apella, “el sistema cumple ese rol con, por supuesto, sus discusiones, pero lo cumple”. Sin embargo, el panorama a futuro es cada vez más desafiante por dos grandes frentes: las dificultades estructurales de funcionamiento del sistema y la transición demográfica hacia una población cada vez más envejecida.
En 2015 nacían en el país unas 800.000 personas al año; hoy, apenas 400.000. “Cada vez habrá más adultos mayores y menos jóvenes que aporten”, alertó Apella. El ratio ya cayó a 1,8 trabajadores formales por jubilado, cuando se necesitarían al menos cuatro. “La transición demográfica no implica solo más adultos mayores, sino también menos población joven. Es un cambio en la estructura etaria que impacta directamente en el número de personas en edad de trabajar”, detalló el economista. Este proceso, que Europa ya enfrenta, afectará de lleno a Argentina en las próximas dos décadas. “Si pensamos que los jóvenes van a soportar las jubilaciones de los viejos, eso ya no es sostenible”, reforzó Colina.
Informalidad y moratorias: cubrir el hoy, hipotecar el mañana
La base contributiva se achica mientras el empleo informal crece: la mitad de los ocupados no aporta regularmente, ya sea como cuentapropistas o en empleos no registrados. Las moratorias extendieron derechos a millones de personas que no alcanzaban los 30 años de aportes, pero también “achataron la pirámide”, recordó Falcone. Hoy, siete de cada diez nuevas jubilaciones combinan años cotizados con años “comprados” a crédito del Estado. El resultado: beneficios bajos para casi todos y una carga fiscal creciente sin ingresos suficientes.
El principio de solidaridad –donde los trabajadores activos financian a los retirados– está en crisis. “Con mis aportes jubilatorios se pagan las jubilaciones actuales, pero ya no hay quienes aporten para la mía. Eso es lo que está roto”, afirmó la especialista. La pirámide demográfica, que antes tenía una amplia base de aportantes y un vértice pequeño de beneficiarios, se está invirtiendo: “Vamos a tener un vértice aportando y una gran base cobrando. Eso no es sostenible ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo”.
La informalidad laboral, lejos de ser estática, es dinámica. “La mayoría de los trabajadores aporta algo, mucho o poco, pero igual no llega a los 30 años requeridos”, explicó Apella. Solo el 30% de quienes llegan a la edad de retiro cumple con ese requisito; el 13% nunca aportó, y un 57% hizo aportes parciales. Ese grupo intermedio plantea un desafío clave: ¿qué tipo de protección debe ofrecerles el sistema?
La curita que ya no alcanza
Las moratorias permitieron incluir a personas vulnerables, muchas de ellas trabajadoras informales. Pero, como advirtió Falcone, esa medida fue una “curita” que no resolvió el problema de fondo. “Cuando comenzaron, 5 de cada 10 jubilaciones se completaban con moratoria; hoy son 7 de cada 10. La situación empeoró”. Así, quienes aportaron toda su vida reciben beneficios similares a quienes no lo hicieron, profundizando la percepción de injusticia.
La situación financiera es crítica. “ANSES, aun cobrando impuestos, solo recibe el 50% del dinero que necesita para pagar las prestaciones. Y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que antes aseguraba 24 meses de pagos, hoy cubre menos de cuatro”, alertó Falcone.
¿Cómo reformar sin expulsar a nadie?
En cuanto a posibles reformas, los expertos coinciden en la necesidad de eliminar el requisito de 30 años de aportes y calcular el beneficio en función de los años efectivamente cotizados. “Lo que habría que hacer es sacar el requisito de los 30 años. Te calcula la jubilación con los años que tenés. Si cotizaste 15 años, te corresponde el 1,5 % de tu salario promedio por cada uno. Si estás por debajo de un piso mínimo, el Estado completa la diferencia”, propuso Colina.
El esquema ideal combinaría un piso universal financiado con impuestos –como la PUAM, pero mejorado– y un beneficio proporcional a los aportes. Modelos como el español, que combina jubilación estatal con capitalización privada, o el uruguayo, que establece una prestación pública hasta un cierto ingreso y ahorro privado por encima de ese umbral, ofrecen referencias posibles. Pero cualquier diseño debe adaptarse a la idiosincrasia y fragilidad macroeconómica argentina.
El giro personal: educación financiera y carreras largas
Mientras el Estado discute la gran cirugía, los individuos no pueden quedarse inmóviles. Falcone es tajante: “Quien hoy tiene empleo formal debe empezar a construir un ahorro complementario; el Estado no podrá cubrir a la clase media como antes”. La vida de “tres etapas” (estudio, trabajo estable, retiro) se estira hasta los cien años y se fragmenta en múltiples reinvenciones profesionales. Sin alfabetización financiera, el riesgo es llegar a la tercera edad sin capital ni competencias para seguir generando ingresos. La especialista subrayó la importancia de que las personas aprendan a gestionar su dinero y planificar su retiro, ya que el Estado no podrá cubrir los beneficios de millones de adultos mayores en simultáneo.
Prepararse para lo inevitable
“Hoy la jubilación es una miseria, en el futuro va a ser peor que una miseria. Así que por eso, andá preparándote”, advirtió Colina, en una de las definiciones más crudas del debate. La frase parece alarmista, pero apunta a evitar una catástrofe silenciosa: generaciones que envejezcan sin red. Por eso, dice Apella, el objetivo político no debe ser el consenso absoluto –imposible en un país polarizado– sino niveles de “aceptabilidad social” que permitan girar el timón antes de chocar contra el iceberg demográfico.
El episodio concluye con una certeza compartida: posponer la reforma solo encarece el ajuste futuro. El reloj demográfico no se detiene y la caja previsional tampoco espera. Prepararse, individual y colectivamente, es la única opción.
Nacionales
La UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina según el ranking QS
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
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‘Pequeño J’ capturado en Perú: así fue su ruta de escape de Argentina y cómo burló a Migraciones para ingresar al Perú
Nacionales
Guerra contra la AFA: el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes
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