La Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó otra herramienta para ser utilizada en el marco del Fondo de Cese Laboral. Semanas atrás, la CNV había hecho lo mismo con los fondos comunes de inversión.
A tres semanas de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzara con la reglamentación del uso de Fondos Comunes de Inversión (FCI) como una de las herramientas disponibles del Fondo de Cese Laboral que podrá reemplazar la actual indemnización, la Superintendencia de Seguros de Nación le dio lugar a otro mecanismo alternativo: el Seguro de Cese Laboral.
Mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó un instrumento que se presenta como opción alternativa al esquema tradicional de indemnización por antigüedad regulado en la Ley de Contrato de Trabajo. Tanto los fondos comunes como este seguro, son dos herramientas que las empresas podrán utilizar para asegurar un fondo de cese laboral, que, de todos modos, debe ser acordado entre trabajadores y empleadores en el marco de las paritarias.
La medida se enmarca en la Ley Bases, que introdujo cambios en el régimen laboral y habilitó la creación de un Sistema de Cese Laboral como régimen opcional. El Decreto Nº 847 de septiembre de 2024 reglamentó este sistema, y luego se avanzó con las distintas herramientas que podrán ser utilizadas para crear el fondo.
Cómo funcionará el seguro
El mecanismo funcionará a través de seguros contratados con entidades aseguradoras habilitadas, que deberán ofrecer productos ajustados a los lineamientos definidos por la Superintendencia. El objetivo declarado del Gobierno es promover la formalización del empleo, brindar mayor previsibilidad financiera ante eventuales desvinculaciones laborales y fortalecer el mercado asegurador como canalizador de ahorro interno. Según la resolución publicada, el desarrollo de esta cobertura apunta a facilitar el pago de las desvinculaciones laborales, ofreciendo un sistema claro y previsible para ambas partes de la relación laboral.
El diseño final de los lineamientos surgió de un proceso de diálogo institucional con actores del sector asegurador. La Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) junto con otras cámaras y entidades del sector presentó formalmente la propuesta de comercialización de este seguro, que fue luego adaptada y aprobada por el organismo regulador.
El modelo propuesto contempla la utilización de esquemas ya consolidados en el sector como los Seguros Colectivos de Vida con componente de ahorro o los Seguros Colectivos de Retiro. Según la SSN, estas estructuras contractuales resultan idóneas para cumplir con los objetivos de la Ley Bases y permitirían un desarrollo ágil del producto. La resolución establece la incorporación de estos lineamientos en el sistema de Depósito de Planes previsto en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, lo que busca facilitar su tramitación y control.
El Seguro de Cese Laboral será de adhesión voluntaria. Empleadores y trabajadores podrán optar por este mecanismo alternativo en los acuerdos paritarios o individuales, reemplazando la obligación de pagar la indemnización tradicional con un sistema de aportes predefinidos.
La alternativa busca mayor previsibilidad en el pago de indemnizaciones y fomenta la formalización del empleo (Freepik)
Desde AVIRA destacaron que el lanzamiento de esta herramienta es resultado del trabajo conjunto con la autoridad regulatoria y forma parte del proceso de modernización laboral contemplado en la Ley Bases. Según la entidad, el objetivo es generar un régimen alternativo aceptado en las Convenciones Colectivas de Trabajo, que facilite la resolución de las desvinculaciones mediante un mecanismo claro y previsible.
Las claves del nuevo esquema
El sistema aprobado se estructura con componentes específicos que definen su operatoria. Sus principales características incluyen:
Aportes periódicos del empleador a cuentas especiales a nombre de cada trabajador participante.
Saldo acumulado en la aseguradora, destinado a cubrir la indemnización por despido o desvinculación por causales previstas en el convenio colectivo.
Cuenta individual de libre disponibilidad para los aportes voluntarios del empleado.
Fondo inembargable, que solo podrá liberarse ante la ruptura del vínculo laboral.
Inversiones reguladas para colocar esos fondos, con el objetivo de obtener rendimiento adicional y eventualmente ofrecer rentabilidad mínima garantizada.
Supervisión de la SSN, que controlará la solvencia de las aseguradoras y la gestión prudente de los riesgos asumidos.
El esquema diseñado establece que el empleador realizará aportes periódicos a cuentas especiales a nombre de cada empleado participante. Esos fondos se constituirán en la compañía de seguros de vida o de retiro elegida y se utilizarán para cubrir la indemnización en caso de despido. El sistema permitirá que el empleado también realice aportes voluntarios en una cuenta individual de libre disponibilidad.
La reglamentación prevé que exista una cartera de inversiones autorizada donde las aseguradoras podrán colocar esos fondos para obtener rendimiento adicional. Lo depositado en la cuenta especial del seguro será inembargable y solo se liberará ante una desvinculación por las causales explicitadas en la póliza y según el porcentaje establecido en el convenio colectivo aplicable.
El empleado, por su parte, podrá acceder libremente a la parte correspondiente a sus aportes voluntarios en la cuenta individual, mientras que el saldo acumulado con aportes del empleador quedará afectado exclusivamente al pago de la indemnización en caso de producirse la ruptura del vínculo laboral.
Según se informó, este tipo de seguro colectivo se apoya en la experiencia del sector asegurador, que ya opera coberturas colectivas contratadas por empresas con regímenes de información claros y eficientes. La Superintendencia de Seguros de la Nación ejercerá la supervisión y el control del cumplimiento de las condiciones contractuales, de la solvencia de las aseguradoras y de la gestión prudente de los riesgos asumidos.
Entre las características destacadas del esquema figura la posibilidad de que los fondos generen rentabilidad mínima garantizada, lo que ofrecerá mayor previsibilidad a trabajadores y empleadores. Además, el Seguro de Fondo de Cese Laboral podría incluir coberturas adicionales, como seguro de vida, y ampliar así su alcance y atractivo.
La iniciativa busca también canalizar el ahorro interno hacia el mercado de capitales, favoreciendo la disponibilidad de recursos para el financiamiento de actividades productivas. En el comunicado oficial de AVIRA se resaltó que el producto se convierte en un instrumento importante para promover el ahorro, motorizar la actividad económica y fortalecer el mercado asegurador.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes