Menos de un cuarto de los jefes provinciales que firmaron el acuerdo en el 2024 preveían anoche viajar para la vigilia oficial del 9 de julio. Se complica el escenario en el Congreso para el Ejecutivo

Un año después de la firma del Pacto de Mayo, menos de un cuarto de los gobernadores que esa fría noche del 2024 viajaron a Tucumán preveían ayer volver al acto de vigilia del 9 de Julio, que Javier Milei encabezará esta noche en esa provincia.

El contraste es muy significativo porque esa madrugada, con excepción de los más opositores, los jefes provinciales coparon la capital tucumana para sellar una alianza política con la Casa Rosada que se evidenció en la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, la piedra fundacional de Milei que le dio gobernabilidad en el Parlamento. Ese pacto está en riesgo. La semana pasada, los gobernadores presentaron en el Senado dos proyectos para distribuir los aportes del tesoro y repartir de manera directa el impuesto a los combustibles que podrían tener media sanción el próximo jueves, y amenazan con no blindar al gobierno en el veto a la actualización de las jubilaciones si es que el proyecto de recomposición es aprobado en el Congreso. Una luz de alerta máxima en el tablero de decisiones del Ejecutivo y en la relación con las provincias.

“Mañana definimos”, dijo anoche un gobernador peronista, de buena relación con el Ejecutivo, en alusión al acto de hoy del presidente. El viernes, el área de protocolo envió las invitaciones formales a las provincias. El fin de semana, varios gobernadores intercambiaron mensajes para definir si asistir o no a la ceremonia de vigilia del 9 de Julio. Los del PRO y la UCR definieron no ser de la partida. Excusados, en su mayoría, por compromisos previos, como Maximiliano Pullaro, que viajó a Washington y Nueva York en busca de financiamiento de su plan de obras. Incluso, Alfredo Cornejo, el representante de las provincias en el demoradísimo Consejo de Mayo, se justificó por la falta de vuelos y porque ya había organizado el desfile patrio en su distrito.

Entre los jefes provinciales todavía había chanzas anoche por la confirmación del misionero Hugo Passalacqua, que se apuró en confirmar su presencia pensando que el resto de los colegas sería de la partida. Además del anfitrión, Osvaldo Jaldo, se preveía ayer la visita del salteño Gustavo Sáenz. Todavía era una incógnita si Raúl Jalil, un aliado, viajaría a Tucumán. “Los gobernadores ya hemos ajustado, incluso más que la Nación”, subrayó el catamarqueño el domingo en un reportaje en el diario La Nación. Se esperaba la participación de algunos vicegobernadores. El viernes, en el acto de anuncio de ampliación del Gasoducto Cordillerano en Chubut, el anfitrión, Ignacio Torres, escuchó con asombro como sus colegas Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck hablaron a viva voz, sin filtro, contra la Casa Rosada. Torres no suele asombrarse por nada.

Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y el gobernador Gustavo Sáenz

Es que la vigilia de hoy se da en medio de una suerte de rebelión de los gobernadores que se agruparon en su totalidad, incluido el jefe de Gobierno porteño, para reclamarle al Ejecutivo por un reparto más justo de los recursos coparticipables y la eliminación de casi media docena de fondos fiduciarios que se nutren del impuesto a los combustibles líquidos, y que las provincias quieren recibir directamente para hacerle frente a la caída abrupta de los ingresos que reciben de Nación, que se desplomaron por la recesión económica.

“Si en mi provincia todos los intendentes, los del peronismo pero también los del PRO o los de la UCR, se reunieran en mi contra, yo me preocuparía…”, resaltó este lunes un gobernador peronista del norte que está muy inquieto por la falta de respuestas de la Casa Rosada.

Hasta ayer, nadie del Gobierno se había comunicado con los jefes provinciales para dar una respuesta a los pedidos que, tras las advertencias, terminaron el miércoles pasado a las 19 en la mesa de entradas del Senado. Ayer, se especulaba con que la oposición y los aliados podrían convocar a una sesión para este jueves para avanzar con la actualización de las jubilaciones. Trascendió además que existía una moción de los mandatarios provinciales para que los dos proyectos presentados, de distribución de los ATN -el remante sin repartir ascendía a un billón de pesos- y del impuesto a los combustibles, puedan ser tratados sobre tablas, sin pasar por comisiones.

De prosperar, la iniciativa formalizaría un antecedente muy complejo para el Ejecutivo, que ya avisó que tiene previsto volver a vetar cualquier proyecto que altere el programa fiscal de déficit cero. ¿Tiene el Gobierno los votos para blindar otra vez cualquier intento de veto?

“Nosotros queremos que al Gobierno le vaya bien. Lo que no sabemos es si la Casa Rosada quiere que nos vaya bien a nosotros”, se descargó ayer un gobernador aliado del centro del país. Y agregó: “La fortaleza que tiene ahora el Gobierno es la herramienta del veto, si pierden eso no les queda nada”.

El proyecto de los gobernadores

La avanzada de las provincias, reflejada por este medio en las últimas semanas, se da además en medio de una serie de trascendidos cada vez más palpables en torno al funcionamiento del sistema de toma de decisiones del triángulo de hierro, atravesado por una interna feroz entre los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem, del riñón de Karina Milei, y el sector que responde al consultor Santiago Caputo, que se había erigido hasta ahora como el principal negociador con los gobernadores en el Congreso. La relación de fuerzas pareció empezar a cambiar en los últimos tiempos, acentuada por la irrupción del calendario electoral y algunos cierres, como el reciente de Corrientes, que alejó a la Casa Rosada con Gustavo Valdés.

Ayer, Sáenz, un aliado que la semana pasada se desmarcó del gobierno cuando aportó al quórum en una sesión incómoda para el Ejecutivo, viajó hasta Buenos Aires para fotografiarse en Casa Rosada con la hermana del presidente y “Lule” Menem. Una imagen con impacto entre los gobernadores que hizo ruido puertas adentro. “El dato político no es el encuentro, si no quiénes lo recibieron en Casa Rosada”, opinó un operador provincial. ¿Se trató solo de un caso aislado?

Es una pregunta que rondó por las provincias en estas horas y que tiene que ver con el destrato que recibieron los gobernadores en las últimas semanas: primero fue Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, enviado por el ministro de Economía al CFI a rechazar las propuestas de los 23 jefes provinciales y el jefe de gobierno de la Ciudad, y después la cúpula del Ejecutivo, que no operó de manera activa como en otros debates parlamentarios para reducir el margen de acción de la oposición y los aliados. En oficinas del PRO aseguran, incluso, que hasta Mauricio Macri, cuya presencia de hace un año en Tucumán se destacó porque volvió de urgencia de Europa para esa puesta en escena y apenas fue reconocido, está embanderado con el reclamo de las provincias.

Hasta ayer a la tarde, ni Guberman, ni Guillermo Francos, tampoco Lisandro Catalán, que el fin de semana sí se comunicó con algunos gobernadores para reiterar la invitación a Tucumán, habían activado el WhatsApp para trasladar alguna nueva propuesta. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, uno de los más creativos en la redacción de las iniciativas, había sugerido repartir en partes iguales los ATN entre la nación y las provincias. Tampoco tuvieron respuesta.

El ex presidente Mauricio Macri en la firma del Pacto de Mayo (Nicolás Nuñez)

En el caso de Milei, su interacción con los jefes provinciales también se redujo drásticamente en los últimos meses hasta el mínimo. El presidente, de todos modos, nunca tuvo un vínculo aceitado con las provincias. Jamás le interesó. El sábado, de hecho, viajó hasta Chaco para participar de la inauguración de un acto evangélico y ni siquiera tuvo un mano a mano con Leandro Zdero, con el que tejió una alianza electoral en las elecciones provinciales de principio de año. A Milei no le interesan los vínculos políticos. A pesar de lo que creen varios funcionarios y operadores de su administración, que avizoran un escenario que puede afectar la gobernabilidad antes de las elecciones de octubre.