Una estimación detallada muestra los valores involucrados al adquirir este tipo de vehículo fuera de los canales oficiales y sin intermediarios

El Gobierno nacional anunció un régimen simplificado de importación de vehículos que permite a cualquier persona traer un auto desde el exterior sin necesidad de pasar por concesionarios ni terminales automotrices. La medida, difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluye tanto autos nuevos como usados, además de vehículos de trabajo como camiones para uso petrolero o maquinaria para minería.

La reforma se integra dentro de un proceso de desregulación del comercio exterior que apunta a reducir costos para consumidores y sectores productivos. Si bien la implementación aún depende de una reglamentación técnica, muchos interesados comenzaron a evaluar las posibilidades concretas de aplicar el nuevo mecanismo.

A efectos de estimar el costo real de traer el Tesla Model Y en forma particular, es necesario recalcular el precio base sin el IVA uruguayo, que asciende al 22%. El resultado es un valor FOB aproximado de USD 57.295, sobre el cual se construyen el resto de los gastos.

• Flete y seguro: USD 2.500
• Arancel de importación: 35% del valor FOB, lo que representa aproximadamente USD 20.053
• Tasa estadística: 3% sobre el FOB, equivalente a USD 1.719
• Logística local: USD 1.000
• Impuestos provinciales y nacionales: una carga aproximada del 10% sobre el subtotal anterior
• IVA del 21%, que se aplica al total acumulado

El desglose completo con aranceles incluidos arroja un subtotal de USD 82.567 antes de impuestos internos e IVA. Sobre ese monto, se suman USD 8.256 por tributos provinciales y otros cargos. A partir de ahí, el nuevo subtotal asciende a USD 90.823. Finalmente, el 21% de IVA representa USD 19.073 adicionales. El costo total estimado de traer el vehículo es de USD 109.896.

Pese al anuncio político, la medida todavía no tiene aplicación práctica efectiva. La implementación depende de una reglamentación pendiente por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. Por ahora, importar un vehículo en forma particular continúa siendo legal, pero requiere superar barreras técnicas y administrativas.

Entre los requisitos actuales figuran la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que otorga el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), emitida por la Subsecretaría de Ambiente. El proceso involucra tiempos largos y costos elevados, y normalmente lo completan las terminales o importadores profesionales.

El Tesla Model Y que se comercializa en Uruguay tiene un valor de USD 69.900 con IVA incluid

El nuevo esquema propone reemplazar la LCM por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), cuyo propósito es unificar criterios y validar automáticamente vehículos que cumplan normas internacionales aceptadas por la Argentina. Esta herramienta se encuadra dentro de las modificaciones introducidas por el decreto 196/2025, que reformó la Ley Nacional de Tránsito.

Además del componente económico, existen otras variables técnicas que deben tenerse en cuenta. Las automotrices suelen adaptar los vehículos a las condiciones de cada país: tipo de combustible, normas de emisión, calidad de rutas y otros factores. En Argentina rige actualmente la normativa Euro 5. Si el modelo no se adapta a ese estándar, puede presentar fallas mecánicas o problemas de homologación.

Otro punto relevante es la documentación técnica del vehículo. El nuevo régimen proyecta un sistema de homologaciones abiertas, con información pública sobre las especificaciones de los modelos. Esto permitiría a los particulares consultar directamente las características necesarias para avanzar con el trámite. En el caso de autos que no se vendan oficialmente en el país, se deberá recurrir a la fábrica o a la autoridad competente del país de origen para obtener los documentos que acrediten el cumplimiento de estándares.

Sin embargo, la existencia de normas internacionales no garantiza por sí sola la aprobación en Argentina. Por ejemplo, algunas versiones de modelos vendidos en otros países no incluyen Control de Estabilidad (ESP), un requisito obligatorio a nivel local. Esto implica que un vehículo legal en Europa podría no ser aprobado si su versión no cumple los mínimos exigidos en el país.

También se debe tener en cuenta la cuestión de los repuestos. Si el modelo no está presente en el mercado argentino, la reparación de cualquier falla depende de importar las piezas, lo cual aumenta tanto los tiempos como los costos. En ese contexto, muchas compañías de seguros aplican primas más altas o directamente no ofrecen cobertura total, limitándose al seguro contra terceros.

En paralelo, el Gobierno está evaluando una ampliación del régimen para incluir la importación de autos usados, bajo condiciones más flexibles. Esta opción podría atraer a quienes buscan modelos no disponibles localmente. No obstante, el riesgo operativo y logístico es mayor que en el caso de unidades nuevas.

En sectores industriales específicos, como el minero o el petrolero, la importación de camiones usados o repuestos se presenta como una oportunidad relevante. Según Sturzenegger, operadores vinculados a la actividad hidrocarburífera estiman que podrían reducir hasta un 40% sus costos operativos gracias a este nuevo esquema.

La aplicación del régimen todavía depende de la publicación de la reglamentación técnica. Desde el Ministerio de Desregulación indicaron que el texto estaría listo en dos semanas, aunque la demora ya superó el mes desde que se publicó el decreto correspondiente.

En el caso puntual del Tesla Model Y, la estimación concreta permite dimensionar el desafío económico de traer un vehículo eléctrico en forma individual. El costo puede superar los USD 109.000, con una estructura de gastos que se compone principalmente de impuestos, flete, logística y el valor FOB original.

Un informe LatinFocus Economics de junio incluyó nuevas proyecciones sobre variables clave para Argentina este año y el 2026. Qué esperan los consultores nacionales e internacionales para el tipo de cambio, inflación y actividad

Un relevamiento entre más de 50 consultoras y bancos privados, locales e internacionales arrojó este mes que este año la economía crecerá más de lo previsto, que la inflación se sostiene en una tendencia decreciente y que el tipo de cambio mantendrá una devaluación moderada.

Se trata del informe LatinFocus, que elaborado y publica todos los meses la consultora internacional FocusEconomics. El panel de analistas ajustó las proyecciones de crecimiento, inflación, tasa de interés y tipo de cambio para 2025 y 2026, en un contexto en el que algunos indicadores oficiales ya mostraron señales de reactivación o desaceleración.

En el plano industrial, el informe estimó un crecimiento de la producción de 5,5% para 2025, aunque con un ajuste a la baja de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Para 2026, el incremento proyectado fue de 3,6%. Los analistas señalaron que el sector industrial mostró señales de recuperación después del desplome sufrido durante 2024, a raíz de la inflación y el ajuste fiscal.

En términos inflacionarios, LatinFocus calculó que el índice de precios al consumidor aumentará 42,6% en promedio en 2025, lo que implicó una corrección a la baja de 1,3 puntos porcentuales. Para 2026, proyectó un avance de los precios del 23,6%. Las previsiones reflejaron una tendencia descendente de la inflación, impulsada por la disciplina fiscal, la menor depreciación del peso, una mayor competencia interna, la baja de precios internacionales de commodities y la reducción de controles a las importaciones.

En mayo, según datos oficiales, la inflación interanual cayó a 43,5%, desde el 47,3% registrado en abril, y marcó el nivel más bajo desde marzo de 2021. El dato mensual mostró un incremento de precios del 1,5%, por debajo del 2,78% del mes anterior.

En términos inflacionarios, LatinFocus calculó que el índice de precios al consumidor aumentará 42,6% en promedio en 2025

En relación con la tasa de política monetaria, el informe de FocusEconomics indicó que el Banco Central la redujo desde el 32% al 29% a fines de enero, acumulando una baja de 104 puntos porcentuales desde fines de 2023. El consenso previó una continuidad en la tendencia descendente. Para fin de 2025, los analistas anticiparon una tasa del 26,58%, y para 2026, del 19,19%.

Por el lado del tipo de cambio, el informe señaló que el Banco Central adoptó desde abril un nuevo régimen de flotación controlada con una banda entre $1.000 y $1.400 por dólar, y los analistas proyectan que el dólar finalizará 2025 en $1.337,7 y escalará a $1.568,4 en 2026, siguiendo una trayectoria devaluatoria moderada.

En cuanto al sector real, el informe complementó sus proyecciones con datos oficiales. La actividad económica, medida por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), subió 5,6% interanual en marzo, su quinto mes consecutivo de crecimiento. Sectores como la construcción, el comercio minorista y los servicios financieros lideraron las mejoras, mientras que la administración pública, la educación y la salud registraron retrocesos por efecto del ajuste fiscal.

El EMAE cayó 1,8% en términos mensuales, revirtiendo el alza de 0,7% en febrero. Sin embargo, la tendencia mejoró: la variación anual promedio se elevó a 1,1%, desde un valor nulo el mes previo.

En el frente industrial, la producción creció 8,5% interanual en abril, contra un avance de 5% en marzo, y acumuló cinco meses de expansión. En la comparación mensual, la actividad subió 2,2% desestacionalizado, luego de una baja del 3,9% en marzo. La variación promedio anual mejoró de -4,8% a -2,7%.

Entre los factores estructurales, el reporte LatinFocus señaló que el crecimiento promedio del PBI será del 2,2% entre 2024 y 2026, frente al 4,7% observado entre 2021 y 2023. Para el trienio 2027–2029, se estimó un alza promedio del 2,9%.

El déficit fiscal, medido como porcentaje del PBI, bajará desde -3,9% en 2021–2023 a un superávit de 0,2% entre 2024 y 2026. En el período 2027–2029, se previó un ligero desequilibrio de -0,2%.

La deuda pública en relación al PBI también mostrará una reducción significativa. Pasará del 106,6% en el trienio 2021–2023 al 77,2% entre 2024 y 2026, y descenderá al 65,2% en 2027–2029. En tanto, la cuenta corriente permanecerá cerca del equilibrio, con una variación estimada del -0,1% del PBI tanto en el mediano como en el largo plazo.

Entre las medidas destacadas por el informe, se mencionó la eliminación gradual de los aranceles a productos electrónicos, lo que buscará bajar los costos de importación, moderar la inflación y estimular el consumo privado.

La organización, que no mencionó el conflicto entre Israel e Irán, reiteró una visión optimista sobre la situación global

La OPEP elevó su previsión de demanda de petróleo de sus países miembros y aliados en un 0,2% para este año y en un 0,5% para el próximo, situándola en 42,7 y 43,1 millones de barriles diarios (mbd) respectivamente. Reiteró una visión optimista sobre la situación global.

El documento no se refiere de manera explícita al aumento reciente de los precios del crudo derivado de los temores por un posible recorte en el suministro a causa del conflicto armado entre Israel e Irán. Además, mantiene sin modificaciones la mayoría de las proyecciones presentadas en el informe previo.

Las estimaciones se sostienen en la previsión de un crecimiento económico mundial del 2,9% para este año y de un 3,1% para el siguiente.

Fotografía de archivo de la plataforma petrolífera noruega Statfjord A en el Mar del Norte (EPA/StatoilHydro/Oyvind Hagen)

Durante el primer semestre, la economía mundial “ha superado las expectativas”, con datos que señalan un crecimiento superior al previsto en India, China y Brasil. Estados Unidos mantuvo un crecimiento sólido, en tanto que la zona del euro mostró “un modesto repunte”.

El informe añade: “Se prevé que esta sólida base (…) proporcione apoyo e impulso suficiente para un sólido segundo semestre”.

El documento precisa que el barril de referencia de la OPEP se vendió en mayo a una media de 63,62 dólares, lo que representa una baja del 7,8% (o 5,36 dólares) respecto a abril.

Al mismo tiempo, el precio del Brent y del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 3,7% y 3,2% respectivamente, hasta promediar 64 y 61 dólares por barril.

La OPEP atribuye esta baja mensual del precio del petróleo al hecho de que “el mercado está bien abastecido” y a una menor percepción de riesgo.

Este último aspecto, según la mayoría de los analistas, se intensificó en los últimos días, pero la organización no menciona en su reporte los acontecimientos más recientes, como la guerra iniciada entre Israel e Irán, que disparó el temor a cortes en el suministro desde Oriente Medio.

Balancines de plataformas petroleras extraen crudo de la zona de depósitos petroleros de Wilmington Field, donde opera Tidelands Oil Production Company, cerca de Long Beach, California, Estados Unidos (REUTERS/David McNew/Archivo)

El viernes, el Brent cotizó en 78,32 dólares por barril, su valor más alto desde el 27 de enero, mientras que el WTI se acercó a los 72 dólares, según datos de Bloomberg difundidos por EFE.

Sobre la oferta petrolera, la OPEP calcula que 54 mbd procederán este año de países ajenos a la alianza OPEP+ (OPEP y aliados), cifra igual a la de hace un mes.

Para el próximo año, se redujo ligeramente esa estimación en 70.000 barriles diarios, situándola en 54,81 mbd.

En mayo, los 22 países de la OPEP+ aumentaron su producción en 180.000 barriles diarios, alcanzando los 41,23 mbd, de acuerdo con datos de “fuentes secundarias” (institutos independientes).

El aumento resultó mucho menor al compromiso de 411.000 bd anunciado por la alianza de petroestados liderada por Arabia Saudita y Rusia, tanto para ese mes como para junio y julio.

El principal incremento se observó en Arabia Saudita, con 177.000 bd adicionales hasta 9,18 mbd, seguida por Libia (+36.000), Emiratos Árabes Unidos (+27.000), Nigeria y Sudán del Sur (+22.000 cada uno) y Guinea Ecuatorial (+12.000).

Algunos de estos aumentos se vieron contrarrestados por recortes en Irak (-50.000), Venezuela (-32.000), Irán (-25.000) y Kazajistán (-21.000).