A partir de las 14 habrá un acto para apoyar a la ex presidenta, condenada en la causa de Vialidad. Ayer la Justicia determinó que cumpla con la prisión domiciliaria y que use tobillera
El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por el caso “Vialidad” que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal aceptó el pedido de la defensa de la ex mandataria para cumplir la detención en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, pero deberá cumplir una serie de requisitos. Además, con esta decisión Cristina Kirchner no deberá presentarse en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena. Su hijo, Máximo Kirchner, será el garante de la prisión domiciliaria de la ex presidenta.
Entre otros requisitos, CFK deberá usar tobillera electrónica: “Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, dice la resolución del tribunal.
Entre los argumentos, el tribunal señaló: “En este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”.
“En virtud del temperamento que aquí se adopta, corresponde establecer que a partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa”.
Las condiciones de detención
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saluda desde el balcón de su casa, en el barrio porteño de Constitución/REUTERS/Matías Baglietto
La resolución que lleva la firma de los tres jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso, además, las siguientes medidas:
– Imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:
a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
También, el tribunal dispuso encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la prisión domiciliaria y que informe a tribunales los resultados cada tres meses, luego de lo cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
Finalmente, se decidió ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio donde se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria.
Tras la ejecución de la condena, marcharán todos los sectores de Unión por la Patria. Kicillof encabezará la columna del MDF. Unidad frente a la detención y el cumplimiento de la pena de la ex presidenta
Este miércoles, a partir de las 14, el peronismo, en todo su conjunto, marchará a la Plaza de Mayo para manifestarse en contra de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Habrá una manifestación masiva para respaldar la figura política de la ex presidenta y mostrar una fuerza política unida.
La notificación que el Tribunal Oral Federal 2 le realizó ayer a CFK para que comience a cumplir con la prisión domiciliaria, obligó a un cambio de planes en el PJ Nacional, que se convirtió en el centro de operaciones del peronismo para organizar la manifestación callejera de este miércoles.
A la histórica plaza marcharán distintos sectores del espacio político, algunos de ellos alejados desde hace tiempo, como es el caso de la CGT, que ayer decidió convocar los gremios que la integran para sumarse a la manifestación y dejó en libertad de acción a cada uno de los sindicatos para que tomen las medidas que consideren necesarias en función de las actividades que representan.
La Cámpora, Nuevo Encuentro, Kolina, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Frente Renovador, agrupaciones de Izquierda, organizaciones de Derechos Humanos y militantes peronistas de base conducidos por los intendentes peronistas del conurbano estarán presentes en la concentración.
Sergio Massa confirmará su presencia durante la mañana. En su esquema político trabajan el legislador Rubén “Turco” Eslaiman, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y Malena Galmarini para organizar la columna del Frente Renovador que se sumará a la marcha.
El kirchnerismo accionó un dispositivo de emergencia para organizar la movilización durante los últimos cinco días. Los referentes K, liderados por Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro, Mayra Mendoza, José Mayans y Teresa García se reunieron con gobernadores, diputados, senadores, referentes sindicales, intendentes, representantes de la juventud y líderes de los partidos que conforman Unión por la Patria (UP).
En todos esos sectores hubo una coincidencia: la necesidad de acompañar a la ex presidenta en forma pública, reforzar la idea de que existe una persecución política contra ella y que la causa no tiene el sustento necesario para condenarla, motivo por el cual existe un intento de proscripción.
Después de las múltiples reuniones de ayer en el PJ, el consejo nacional del partido, los gobernadores de Unión por la Patria (UP) y los legisladores nacionales, resolvieron convertir la movilización a Comodoro Py en una marcha a la Plaza de Mayo, que será a las 14. Allí habrá un acto político central.
“Todos a Plaza de Mayo. Cristina no va a poder salir a saludar al balcón. Se ve que les molesta su sonrisa”, dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, al salir del departamento de la ex presidenta, luego de que el comisario Mario Ricci la notificara de las restricciones que iba a tener que cumplir durante el cumplimiento de su condena.
El PJ, con Máximo Kirchner a la cabeza, convocó a la manifestación en Plaza de Mayo para este miércoles
El kirchnerismo busca construir una nueva épica en torno a la figura de la ex vicepresidenta. Trabajan para moldear su liderazgo a este tiempo de detención y fortalecer su conducción, golpeada por las internas del peronismo en el último año. Axel Kicillof y Ricardo Quintela, dos de los gobernadores que se plantaron y discutieron sus decisiones, en esta oportunidad la acompañaron.
Hay dos instancias distintas. Una es la que tiene que ver con en esta etapa de respaldo a CFK. Es un momento donde el foco está puesto sobre el impacto político que generó la condena y su posterior detención. Ahí están casi todos alineados, salvo un grupo del peronismo disidente que no se sumó a la convocatoria ni hizo un respaldo público a la ex jefa de Estado. Una pata peronista que mantiene su resistencia fuerte a cualquier pedido o reclamo que provenga del kirchnerismo.
La otra es la que tiene que ver con el proceso electoral bonaerense y el armado del peronismo en el interior del país. Este jueves faltará un mes para que se cierren las listas en la provincia. La condena de CFK puso en pausa la negociación, que inevitablemente deberá retomarse durante el fin de semana o principios de la semana que viene. Y en ese instante volverán a aflorar las tensiones y la disputa de intereses.
Las discusiones volverán a surgir en el corto plazo. Cuando baje la espuma de la enorme conflictividad que hay por la causa de CFK, el peronismo se verá obligado a ingresar, nuevamente, en la negociación electoral. Y ahí empezará a verse el rol que va a ocupar Cristina en el armado electoral.
En el peronismo nadie tiene dudas que, desde su lugar de detención, la ex mandataria va a seguir influyendo en el armado electoral del peronismo. Una vez que pase la marcha y empiece a cumplir su condena, la reorganización del peronismo se reactivará y será con las elecciones como eje.
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó la Obra Social del Personal Aduanero tras detectar múltiples irregularidades, marcando la primera baja de una entidad desde el inicio de la actual administración nacional
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja la primera obra social desde que inició la administración nacional de Javier Milei. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), de la que se encontraron un sinfín de irregularidades a partir de las auditorías comenzadas por las autoridades sanitarias.
Esta decisión se publicó este martes en el Boletín Oficial, donde se dio de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), el marco donde se inscriben a las Obras Sociales Nacionales y a otros Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, encuadrándolos en la normativa vigente.
Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, “esta Obra Social no tuvo actividad desde su inscripción y, por lo tanto, no contaba con afiliados ni desarrolló ninguna prestación médico-asistencial”. Su falta de estructura era tal que no se le encuentran fotos en internet.
También a través de la Resolución 1022/2025 de la SSS, la gestión libertaria declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma. Esto implica que esta entidad tiene un plazo determinado donde deberá revertir la situación crítica en la que se encuentra a través de un plan de contingencia. De no hacerlo, será liquidada, que es lo que finalmente sucedió con el caso de la OSPAD.
Una sede de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OSPAIL)
El viernes pasado ocurrió el caso contrario. La SSS consignó que la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut había logrado revertir su situación, logrando resultados “exitosos” en su balance.
En lo que va de la gestión de Gabriel Oriolo, la Superintendencia intervino 8 obras sociales y se declararon en crisis otras 11. La liquidación de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina es la primera de este tipo de operaciones que realiza esta administración.
“Los Agentes del Seguro deben tener sus cuentas en orden y ofrecer prestaciones de calidad a sus afiliados. No hay lugar para entidades irregulares. Quienes no funcionen correctamente se liquidarán. El organismo está reordenando el sistema y continuará auditando a todos los Agentes del Seguro de Salud. El objetivo es que los actores del sistema compitan libremente y los beneficiarios puedan elegir en libertad cómo cuidar su salud.”, afirman.
Hacia el final de la semana pasada, el Gobierno nacional había declarado en situación de crisis a cuatro obras sociales, lo que las obliga a presentar planes de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos para sus afiliados.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo
Esta decisión fue adoptada ante la compleja situación financiera que atraviesan la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A., quienes deberán ahora informar cómo prevén resolver el impacto sobre los servicios y la cobertura.
Las diferentes medidas apuntan a depurar al sistema de Agentes de Salud de los denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas obras sociales sindicales que solo se inscribían en el sistema de salud para recibir subsidios por existir o prestar supuestos servicios que, en rigor, tenían poco control, lo cual permitía que se falsearan registros para conseguir mayores transferencias de fondos.
El año pasado, la Superintendencia ajustó vía decreto el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Así, las obras sociales comenzaron a percibir el subsidio en función de su número real de afiliados, eliminando la compensación extra que favorecía a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
De las 290 entidades, 201 resultaron perjudicadas, con una reducción conjunta de $3.483 millones. En contraste, las obras sociales con mayor cantidad de afiliados resultaron beneficiadas por el nuevo esquema.
La medida resultó una reducción de la caja para sindicatos de menor estructura. Esto es similar a lo que ocurrió con la eliminación de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina privada que resolvió la SSS en febrero de este año. Aunque hubo un enojo en público de parte de algunos sectores gremiales, las reacciones dispares, siendo que varios reconocían por lo bajo, ya que gremios más poderosos consideran que la resolución afecta principalmente a los “sellos de goma”.
Presentaron esta mañana su dictamen. “No se advierten las razones humanitarias que la justifican”, sostuvieron. Le plantearon al Tribunal Oral que en caso que se la otorgue sea con una tobillera electrónica y pusieron en duda el departamento de la calle San José
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y que así la condena de seis años de prisión por el caso Vialidad la debe cumplir en una unidad de las fuerzas de seguridad.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, señalaron los fiscales en su dictamen de 10 páginas la que accedió Infobae. Y agregaron: “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Con el dictamen presentado, el Tribunal Oral Federal 2 que ahora quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la ex presidenta. La expectativa es que lo haga hoy. “La idea es no dilatar su resolución”, sostuvo una fuente consultada.
Los fiscales Luciani y Mola
En su dictamen, los fiscales consideraron que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela.
Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron los fiscales.
Sobre el motivo de la edad, los fiscales señalaron un caso reciente de un ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: el secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por la tragedia de Once y Jaime quedó detenido. El ex funcionario pidió en marzo pasado la prisión domiciliaria porque cumplió 70 años y el juez Jorge Gorini -el mismo que debe intervenir en el caso de Cristina Kirchner- se la rechazó.
Los fiscales también sostuvieron que el informe socio ambiental que se le hizo a la ex presidenta concluyó que estaba bien de saud. Así, entendieron que no hay ningún motivo para que la ex presidenta cumpla la condena en la casa de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.
La opinión de la Fiscalía es no vinculante, por lo que el Tribunal Oral igual podría otorgarle la prisión domiciliaria. Ante esa posibilidad, Luciani y Mola expresaron que el arresto domiciliario “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”.
“En especial, se deberán establecer pautas series y concretas para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y la seguridad de la peticionante”, agregaron.
Los fiscales hicieron hincapié en que el domicilio de la calle San José 1.111 genera “dudas” como el mejor lugar para cumplir la domiciliaria. Hicieron referencia a la ubicación del edificio y las manifestaciones de los últimos días de los militantes.
También rechazaron el pedido de la ex presidenta de no usar tobillera electrónica. Los fiscales señalaron que ese uso es obligatorio por ley. Además, Luciani y Mola se negaron a que la custodia actual de la Policía Federal que tiene Cristina Kichner sea la que controle su prisión domiciliaria.
Los fiscales explicaron que para esa función hay agentes penitenciarios especializados que son los que deben llevarla a cabo.