Si bien la Fiscalía de Neuquén investiga el caso como femicidio, aún se desconoce el vínculo que el asesino tenía con la víctima

En horas de la madrugada del sábado, la Policía de la localidad de Junín de los Andes, en Neuquén, se topó con un hombre que pedía ayuda en una de las calles del barrio Primeros Pobladores. Al asistirlo se dieron cuenta de que estaba herido, al igual que una amiga, quien estaba en el interior de la vivienda. Pocos minutos después, la mujer falleció.

La segunda víctima continúa internada y estable, de acuerdo con lo detallado por LM Neuquén. Todo sucedió alrededor de las 6:40 de la mañana del 7 de junio, en la intersección de la calle 17 de Octubre y Pasaje, al noroeste de la Patagonia, en el acceso al domicilio donde ocurrieron los hechos. Según pudieron conocer las autoridades, el agresor habría atacado a Mena y al joven con un arma blanca y, tras lo acontecido, se dio a la fuga. Fue entonces cuando las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda, que incluyó el monitoreo de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios de los residentes del barrio.

Comisaría Junin de los Andes

Este domingo se realizó una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad de la provincia del Neuquén, Matías Nicolini, junto a la subsecretaria de Mujeres, Lorena Barabini, y el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño. Allí se brindaron los detalles sobre el operativo y la investigación, destacándose la coordinación de las distintas áreas estatales y el compromiso de la comunidad. Además, se confirmó la disposición de una abogada, a través del Centro de Atención a la Víctima, para asistir a la familia de la mujer.

También estuvieron presentes la ministra Julieta Corroza y la subsecretaria Barabini, quien enfatizó la importancia del acompañamiento y la escucha activa a la familia de la víctima. Por su parte, la fiscal explicó: “Estamos pronto a recibir a una abogada que se va a ofrecer como querellante, para el servicio a la familia”, a través del Centro de Atención a la Víctima. “La presencia y la escucha, son las herramientas más importantes para transitar el momento”, dijo. Con respecto a los femicidios, sostuvo que “tenemos altísimos intentos y la tasa es fluctuante”

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. “Los argentinos del sur merecen vivir en paz”, expresó

A cinco meses de su última detención, Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quedó nuevamente bajo arresto, tras la intervención de Policía Federal en la Patagonia. Fue denunciado por apología del delito.

“La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad”, agregó.

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, se refirió al caso y sostuvo que “Jones Huala comete actos de terrorismo, se autopercibe mapuche, pero incendia bosques y no reconoce al Estado argentino”. Subrayó que el activista fue denunciado por el Ministerio de Seguridad por apología del delito y que ya permanece en prisión.

La imagen de Jones Huala detenido que distribuyó la ministra Patricia Bullrich

“Activamos el convenio para la emergencia en la Patagonia y, a las 4 AM, el sistema de monitoreo detectó en El Bolsón a un hombre intentando abrir autos. La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala!“, detalló.

En tanto, desde el Gobierno de Río Negro, precisaron que el hecho ocurrió a las 3:50, cuando “el sistema de monitoreo de cámaras de seguridad detectó a hombre en actitud sospechosa en la zona de Avenida Sarmiento y Azcuénaga”.

Incendio en Estancia Amancay en Chubut, cerca de Trevelin

El sospechoso “fue observado intentando ingresar a dos vehículos estacionados mediante el tanteo de las manijas de las puertas, pero al no lograr su cometido, continuó caminando”, precisaron.

De forma inmediata, efectivos de la Unidad 12 desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar al hombre a 100 metros del lugar. En ese momento, se percataron que se trataba del líder de la RAM.

“Reaccionó de manera violenta, profiriendo gritos de protesta y atacando a los efectivos con golpes de puño y patadas”, aseguró la provincia en el comunicado.

El gobernador Alberto Weretilneck también había hablado sobre la aprehensión en sus redes sociales: “La Policía de Río Negro demostró firmeza y eficacia. Facundo Jones Huala fue detenido en El Bolsón mientras intentaba robar vehículos en pleno centro de la ciudad. Un individuo con un largo historial delictivo que vuelve a ser puesto tras las rejas”.

Sin embargo, horas después, la Justicia ordenó su liberación mientras la causa continuaba su curso. Finalmente, volvió a ser detenido durante las últimas horas de este domingo.

En tanto, un incendio de gran magnitud destruyó la infraestructura de la estancia “Amancay”, ubicada en el cruce de las Rutas Nacionales 71 y 72, cerca de Trevelin. El fuego consumió maquinaria pesada, vehículos y otras instalaciones, que se sumaron a focos que afectaron a la localidad chubutense de Epuyén.

Incendio en Epuyén, Chubut (X: @hernangiardini)

En su momento, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, definió el incidente como un “atentado”, y lo vinculó al desalojo de la agrupación mapuche Lof Paillako, que ocupaba el predio del Parque Nacional Los Alerces. En un posteo por redes sociales, el mandatario afirmó que “este tipo de atentados no son casuales” y que responde a “los delincuentes de siempre”.

A principios de febrero, Jones Huala presentó su libro “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria” en Trevelin y defendió los sabotajes contra “la infraestructura del sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”. Si bien sostuvo que la RAM no tuvo la responsabilidad sobre los incendios originados, aseguró que los avala.

La Cámara Civil ordenó a la empresa eléctrica compensar a dos clientes tras comprobarse que fueron dejados a oscuras y destratados en un local vulnerando sus derechos como consumidores

Si bien es habitual el destrato de grandes empresas de servicios públicos a sus clientes, son muy pocas las personas que logran lo que consiguieron Luciana Sofía Guatelli y Ariel Hernán Mastroianni luego de sus reclamos.

Según se corroboró, Luciana y Ariel ingresaron a la oficina en horario de atención al público, cerca de las 15, hora de cierre del local. Mientras esperaban para ser atendidos, los empleados se levantaron repentinamente de sus lugares de trabajo y sin atenderlos se fueron y los dejaron encerrados en el lugar.

Como consecuencia del hecho, Guatelli y Mastroianni demandaron a la compañía de electricidad por la privación ilegítima de la libertad y el trato humillante que sufrieron en su sucursal. Reclamaron una indemnización de $200.350 por los rubros de daño moral ($100.000), daño punitivo ($100.000) y gastos de mediación ($350).

Reconoció sin embargo que la puerta exterior del local estaba cerrada con llave, pero lo justificó por su metodología de atención a los clientes: “Al finalizar la hora de atención al público, como es habitual en todas las oficinas públicas se cerró la puerta exterior para indicar que ya no podía ingresar nadie al edificio”.

La jueza de primera instancia rechazó la demanda al entender que los denunciantes no habían probado que fueron privados ilegítimamente de su libertad al quedar encerrados en la sucursal de Lanús.

La magistrada reconoció que los denunciantes estuvieron en el local el día del hecho, se retiraron solo después de la llegada de la policía y la puerta exterior estaba cerrada con llave. No obstante, se detuvo en algunas inconsistencias de la prueba producida para rechazar el reclamo. Entre ellas, señaló las contradicciones en las declaraciones de los demandantes y otros involucrados en la causa penal que se inició a raíz del hecho, descartó los testimonios aportados por los actores por ser de testigos indirectos y desestimó los videos grabados por Guatelli en la sucursal el día del hecho por estimar que no probaban el encierro.

La jueza también mencionó que Gallardo, la usuaria que acompañaba a los actores en la sucursal, manifestó que no se sentía privada de la libertad ya que “si gritaba el personal de seguridad le abría la puerta del lugar”. Como surge de las declaraciones de la causa penal, un empleado de seguridad de Edesur salió al encuentro del oficial Meza unos minutos después de que el móvil policial arribara a la sucursal, por lo que la jueza tuvo por probado que “los actores no se hallaban solos en las oficinas de Edesur”. Asimismo, recordó que la puerta de vidrio templado interior de la sucursal estaba abierta y que no tuvo por acreditado que el cierre de la puerta exterior “haya obedecido a la intención deliberada de privar de su libertad a los actores”.

La sede de la polémica

Guatelli y Mastroianni no se conformaron con la decisión judicial y apelaron. Señalaron que las contradicciones señaladas por la primera jueza que entendió en la causa no definían el fondo de la cuestión y se detuvieron especialmente en un detalle que la magistrada omitió: las puertas cerradas con llave eran dos y no una.

Si bien la puerta de vidrio templado de acceso a la sucursal estaba abierta, sostuvieron que, de la declaración del oficial Meza y de uno de los videos aportados como prueba, surge que tanto la puerta exterior de rejas como el portón intermedio de hierro estaban cerrados con llave.

En la sentencia, la jueza había concluido que el hecho de que la puerta exterior estuviera cerrada no hacía presumir un encierro doloso o efectuado con culpa grave, sino que respondía a la necesidad de impedir que nuevos clientes ingresaran a la sucursal. Los actores cuestionaron este razonamiento teniendo en cuenta que las puertas cerradas fueron dos.

En su demanda, los actores fundaron su reclamo en la pretendida privación ilegítima de la libertad y en el trato humillante que sufrieron en la sucursal de Edesur: “Terminamos sufriendo un humillante trato por parte de los empleados y el personal de seguridad de la demandada, quienes no solo no nos tomaron los reclamos, sino que nos dejaron encerrados en la sucursal por casi dos horas, (…) lo que nos generó un daño emocional irreparable”.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires tomó el caso. Con respecto a la privación ilegítima de la libertad invocada, planteó que se trata de un potencial hecho constitutivo de responsabilidad civil. Sin embargo, coincidió con el criterio de la jueza de primera instancia: debió ser demostrada por los actores, sobre quienes recaía la carga de la prueba.

Y en este caso -consideró el tribunal- los actores no alcanzaron prueba de convicción suficiente para dar por probada la privación ilegítima de la libertad invocada.

Aunque es cierto que los actores no probaron la privación de la libertad, no puede decirse lo mismo con respecto al trato humillante, consideraron los jueces.

Al margen de las contradicciones en las declaraciones, Edesur admitió que, luego de verificar que los reclamos de Guatelli y Mastroianni no eran “urgentes”, los empleados del local les ofrecieron “un número para ser atendidos de manera prioritaria al día siguiente”, pese a haber ingresado a la sucursal antes de las 15:00 —horario de cierre—.

Asimismo, como surge de uno de los videos y de las declaraciones en la causa penal de Gallardo y Leonardo Alberto Lázaro —empleado de seguridad de la sucursal—, luego del horario de cierre los trabajadores abandonaron sus puestos y se retiraron sin atender a Gallardo, Guatelli y Mastroianni.

Sumado a esto, también debe tenerse en cuenta a partir de las declaraciones de Gallardo y Lázaro y de lo que puede observarse en uno de los videos agregados como prueba, que las luces del local se apagaron luego de que los empleados abandonaran sus escritorios

Quedó acreditado además que la puerta exterior de rejas de la sucursal estaba cerrada con llave y, a partir de la declaración del oficial de policía, puede confirmarse que el portón intermedio también estaba trabado.

En síntesis, tres personas que se acercaron e ingresaron en horario de atención al público a una sucursal de la demandada para hacer reclamos como usuarios del servicio eléctrico se encontraron con que no solo no fueron atendidos, sino que además fueron invitados a retornar al día siguiente. Ante su insistencia en ser escuchados, fueron dejados transitoriamente a solas en un local a oscuras y con algunas puertas de acceso cerradas.

Si bien en su contestación Edesur explicó que el día del hecho “sufría una afluencia extraordinaria de usuarios”, tal circunstancia no justifica en modo alguno la conducta de los empleados de la sucursal, explicaron los jueces.

De la misma manera que se incumple con el deber de trato digno el proveedor que no ofrece alguna vía de comunicación eficiente con sus consumidores, también lo hace el que se niega a atender sus reclamos en una sucursal que, como la del caso, funciona como “oficina de atención a usuarios”, o bien el que omite proveerles una adecuada y oportuna información. Y todo ello sucedió en este caso, enfatizaron los magistrados.

Por todo lo expuesto, la Sala M, integrada por Guillermo González Zurro y María Benavente, decidió revocar el fallo de primera instancia, admitir la demanda y condenar a Edesur a pagar $500 mil a cada una de las víctimas. Se aplicó además una tasa de interés del 8% anual desde el hecho hasta el pronunciamiento del tribunal, fechado en marzo de 2025.