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Quejas en privado y escasos reclamos públicos: los gobernadores se reúnen preocupados por la caída en los ingresos

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Convocados por el CFI, los jefes provinciales del peronismo, la UCR y el PRO viajan a la Capital inquietos por la baja en la Coparticipación. El documento que circuló en el grupo de WhatsApp

Con una batería de quejas y deudas acumuladas en el ámbito privado que por ahora casi ninguno se anima a ventilar públicamente, los gobernadores se reunirán este martes en el marco del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar las finanzas provinciales, la caída en los ingresos y el impacto en cada distrito, en pleno calendario electoral y en medio de las negociaciones cruzadas con el gobierno.

“Representa una pérdida de casi $2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB. Si se compara con el 2023, la caída es aún superior, lo que equivale a decir que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima al 1% del PIB. Vale señalar que esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones”, sintetizó un documento plagado de gráficos que circuló en las últimas horas en el chat que comparten los jefes provinciales.

Entre los gobernadores aparece, en ese contexto, otro dato igual o más inquietante: el mes pasado, los giros por coparticipación tuvieron un incremento nominal interanual de apenas el 10,6%, cayeron más de 50 puntos porcentuales respecto a abril. Fue el menor registro desde mayo del 2020, es decir, el punto más crítico de la pandemia de COVID-19, con una economía en franca recesión. Entre las principales causas se encuentran las modificaciones en la política tributaria por parte del gobierno y la lenta recuperación del consumo, incluso muy dispar según los sectores.

La reunión de los gobernadoresLa reunión de los gobernadores con el presidente Javier Milei en Casa Rosada (Foto: NA)

En las provincias, la preocupación va in crescendo, peor aún a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo para los trabajadores estatales: hay gobernadores a los que se les hace cada vez más cuesta arriba cubrir una masa salarial. Para colmo, el Ejecutivo retacea la adjudicación de Aportes del Tesoro -el stock acumulado a estos días ascendía a más de $1.000 millones-, sumado a las transferencias presupuestarias que son casi nulas. Las quejas por el mantenimiento de las rutas pertenecientes al Estado nacional, por ejemplo, ya escalaron a niveles récord por el pésimo estado de las mismas. También por las obras vinculadas con los planes de viviendas, y la infraestructura en general.

En ese sentido, este martes al menos quince de ellos estarán de forma presencial en el CFI, en la calle Azopardo de la Ciudad de Buenos Aires, en unas oficinas muleto por los trabajados de mantenimiento en la sede histórica de San Martín y el pasaje Tres Sargentos. Entre ellos, Axel Kicillof, que mantiene una abierta disputa con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y que busca una alternativa algo más aperturista en su proyección 2027. Algunos jefes provinciales del peronismo tenían previsto participar de manera virtual, y los de la ex coalición de Juntos por el Cambio, del PRO y la UCR, habían confirmado casi en su totalidad que viajaban a Buenos Aires.

Entre las novedades figuraba la presencia, hasta ayer confirmada, Jorge Macri, que, por su carácter de jefe de Gobierno porteño, no tiene representante ante el CFI y que desde hace tiempo arrastra una guerra pública con la Casa Rosada.

Formalmente, se trata de un encuentro convocado por Ignacio Lamothe, titular del CFI, un dirigente muy vinculado con las provincias que va a presentar opciones de financiamiento alternativo para obras de infraestructura, uno de los déficits más notorios desde que asumió Javier Milei y consolidó su política de ajuste fiscal. Hace quince días ya había habido una cumbre en Paraná, con Lamothe como organizador y Rogelio Frigerio como anfitrión, pero fue mucho menos convocante que esta reunión de hoy.

El gobernador de Chubut juntoEl gobernador de Chubut junto al ex presidente Mauricio Macri y al jefe de gabinete Guillermo Francos durante el cierre de la cumbre Energía Chubut (Foto: NA)

Es que hace rato que un buen grupo de gobernadores del PJ y de la oposición aliada de la UCR y el PRO no se convocaban en una misma mesa. La convocatoria al fallido pacto de mayo, rubricado meses después, fue solo una puesta en escena en la medianoche helada de Tucumán tras la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal que no tuvo ningún resultado práctico. Nadie esperaba otra cosa.

Después, hubo encuentros por separado, y la mayoría adoptó una posición muy condescendiente con la Casa Rosada, con apenas un puñado de excepciones. Afloraron con el tiempo quejas solapadas, siempre en privado, por la escasez de recursos y la compleja relación con el Ejecutivo, pero se impuso el silencio público como normal general. En buena medida, por el nivel de aceptación de Milei en la opinión pública y la falta de consenso político entre las diferentes tribus de los jefes provinciales.

Ayer, Ignacio Torres, de Chubut, que suele ser algo más audaz que el resto -en los primeros meses de gestión se enfrentó duramente al Gobierno y amenazó con cortar las entregas de gas y petróleo si Nación no enviaba recursos-, pidió un nuevo pacto fiscal y que las provincias puedan afrontar la obra pública que el gobierno dejó de financiar. “Hay un gris en un montón de impuestos que se están recaudando con asignaciones específicas, por ejemplo para el mantenimiento de rutas, puertos y demás, que tenemos que discutir qué hacemos con eso. O se eliminan esos impuestos que son nacionales, o se descentralizan y las provincias nos hacemos cargo de esas obras”, dijo en el foro Energía Chubut 2050.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que después lo recibió en Casa Rosada junto a Frigerio para la firma de un convenio de intercambio de información fiscal, respondió con una negativa.

En simultáneo, y más allá de las quejas por los recursos, hay gobernadores que mantienen negociaciones abiertas con los hermanos Milei y el consultor Santiago Caputo por el cronograma electoral. Es el caso de Gustavo Valdés, de Corrientes. También de Frigerio. Algo más tensa está la relación entre la Casa Rosada y Alfredo Cornejo, de Mendoza. En Buenos Aires, La Libertad Avanza y el PRO, que tiene trece intendencias y dirigentes reconocidos en ese distrito, se encaminan a una alianza para las elecciones provinciales de septiembre. Ayer, Cristina Kirchner confirmó que será candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Todo un desafío para el gobierno, pero más aún para Kicillof, que llega a la cumbre de hoy en la sede transitoria del CFI con la billetera ajustada y el dilema de la disputa o la unidad del peronismo.

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Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel

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El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.

Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personas estarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.

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Javier Milei ratificó que vetará los cambios en las jubilaciones: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia”

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El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

La reacción de Javier MileiLa reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.

Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.

La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.

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Diputados aprobó un aumento del 7,2% de las jubilaciones, una suba del bono a $110 mil y la restitución de la moratoria

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El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales

Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.

El tablero de la votaciónEl tablero de la votación

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, también estableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.

Moratoria previsional y régimen proporcional

La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.

En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.

El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.

Diputados de Unión por laDiputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria

No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.

Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.

Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.

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