El hallazgo del cuerpo de la chica en un armario de un edificio abandonado cerca de Nápoles, ha desatado una ola de dolor e indignación en todo el país. Su ex pareja Alessio Tucci confesó el crimen
Martina Carbonaro, de 14 años, desapareció el lunes 26 de mayo en Afragola, al norte de Nápoles. Poco después de salir de su casa para comer un helado con una amiga, su rastro se perdió. Vestía pantalones vaqueros y una camiseta negra.
A las 20:30, realizó la última llamada a su madre diciendo que regresaría pronto, pero la familia nunca volvió a oír su voz. Horas más tarde, la angustia creció ante la falta de respuesta en su teléfono y los mensajes sin contestar. La comunidad entera se movilizó a través de redes sociales difundiendo imágenes y pedidos de información.
La Policía local y los Carabinieri, con el apoyo de la Fiscalía de Nápoles Norte y la Prefectura de la ciudad, comenzaron una búsqueda intensa.
El miércoles, la esperanza terminó abruptamente: Martina fue hallada muerta, oculta dentro de un viejo armario en un departamento en ruinas, cerca del estadio Moccia.
Las primeras investigaciones apuntaron a un ataque con piedras, detallando la brutalidad con la que la adolescente fue asesinada.
Martina era hija única y alumna destacada en su escuela. Sus amigas y profesores la describieron como una joven alegre, estudiosa, apreciada, y soñadora: anhelaba ser carabinera o chef. Quienes la conocían destacan que no era una adolescente que se ausentara sin avisar; su desaparición encendió las alarmas de inmediato.
Alessio Tucci, de 18 años, ex novio de Martina, había mantenido una relación de dos años con la joven. Hijo de un albañil, se caracterizaba por actitudes posesivas, celos excesivos y episodios de violencia previa. Las compañeras de Martina contaron que él la celaba y controlaba, llegando incluso a agredirla con una cachetada. En redes sociales, Tucci escribía mensajes como “Eres demasiado linda, no quiero que te vean los chicos”, reflejando un patrón de posesión y control tóxico.
La noche de la desaparición, Martina fue interceptada por Alessio Tucci cerca de la heladería habitual. Ambos caminaron juntos hacia un edificio abandonado que había sido, en otras épocas, un refugio donde compartían tiempo durante la relación. Las cámaras de seguridad registraron el trayecto de ambos.
Según la reconstrucción policial, Tucci la sorprendió, pidió hablar, y cuando ella rechazó un abrazo le golpeó la cabeza varias veces con una piedra. Después, ocultó el cuerpo y regresó a su vida cotidiana, fingiendo no saber nada: incluso participó en la búsqueda junto a la familia de la víctima y negó cualquier implicancia.
El círculo se cerró sobre Tucci luego de que las grabaciones de cámaras y los testimonios lo ubicaran en la escena. Al ser interrogado por la Policía, finalmente confesó que mató a Martina “porque me había dejado”.
Alessio Tucci, de 18 años, ex novio de Martina, confesó el crimen, luego de que las cámaras de seguridad lo mostraran con ella el día que desapareció la chica
La Fiscalía emitió una orden de arresto por homicidio voluntario e inició el proceso judicial, mientras el abogado del joven solicitó su traslado por temor a represalias dentro de la prisión de Poggioreale.
El femicidio de Martina sacudió a Afragola y a toda Campania. La comunidad reaccionó con dolor y repudio. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la familia Carbonaro y de exigencia de justicia. Las imágenes de la joven en las portadas de los diarios italianos reflejaron la magnitud del drama.
El propio contexto de la tragedia despertó un debate urgente sobre la violencia en las parejas adolescentes y la falta de educación emocional y sexual en las escuelas italianas.
Expertos y ONGs señalaron que más del 60% de las adolescentes han sufrido violencia psicológica, verbal o digital, y casi el 40% ha detectado conductas de control en sus parejas. Dos de cada cinco jóvenes consideran aceptable geolocalizar a su pareja, y uno de cada tres cree que los celos son manifestaciones de amor verdadero.
Arianna Gentili, referente de la línea nacional contra la violencia de género, advirtió sobre el aumento alarmante de denuncias de jóvenes que sufren agresiones físicas y persecuciones tras rupturas sentimentales.
Sin embargo, el principal problema identificado por especialistas es la ausencia de formación afectiva y sexual en la educación italiana, algo que diferencia a Italia de otros países de la Unión Europea.
El caso de vMartina Carbonaro conmueve a toda Italia y ha generado reacciones de distintos grupos sociales
Enza Cossentino, madre de Martina, reveló que la familia de Tucci advirtió días antes sobre posibles peligros. La devastación se unió al reclamo de justicia: la madre exige la pena perpetua para el responsable.
Las autoridades y representantes políticos elevaron el caso al debate nacional.
La primera ministra Giorgia Meloni expresó su conmoción y resaltó que la violencia ciega y posesiva “no puede ser ignorada ni normalizada” en el país. Reconoció que hay avances, pero que no alcanzan.
“Debemos hacer más, por Martina, por todas”, escribió en sus redes, llamando a un cambio cultural y social profundo para enfrentar el flagelo del femicidio, que ya suma 31 víctimas en lo que va del año en Italia.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. REUTERS/Remo Casilli
El femicidio de Martina Carbonaro dejó al descubierto la urgencia de políticas educacionales y transformaciones sociales que aborden de raíz el problema de la violencia de género, incluso en edades adolescentes.
Su historia, marcada por la ilusión de la adolescencia y el brutal corte de la violencia machista, quedará como uno de los símbolos de un país que enfrenta el desafío de frenar la cultura patriarcal y de la posesión que aún se cobra vidas inocentes.
Mientras la comunidad de Afragola prepara actos en su memoria y la familia enfrenta el dolor irreparable, Italia mira de frente una tragedia que no puede volver a repetirse.
Elon Musk y Donald Trump rompieron públicamente su alianza política y personal, en medio de acusaciones cruzadas, amenazas de represalias económicas y publicaciones virales en redes sociales. El quiebre se formalizó cuando Musk reposteó en X un pedido de juicio político (impeachment) contra el presidente y propuso que sea reemplazado por el senador J.D. Vance. A la publicación, Musk agregó un escueto pero contundente: “Yes”.
El conflicto escaló rápidamente cuando Trump, durante una reunión con el canciller alemán, expresó estar “muy decepcionado con Musk” y sugirió que podría cancelar todos los contratos gubernamentales de SpaceX y Starlink. “La forma más fácil de ahorrar miles de millones es cortar los subsidios a Elon”, escribió en su red Truth Social.
«A la luz de la declaración del Presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato», respondió Musk también en redes sociales. Y subió la apuesta a la amenaza de Trump de dejar de financiar sus proyectos: “Adelante, haceme el día”, respondió y fue más allá al insinuar que Trump figura en los archivos no publicados del caso Jeffrey Epstein, lo que —según el empresario— explicaría la falta de transparencia de la Casa Blanca sobre ese escándalo.
La ruptura se produjo pocos días después de una despedida privada en el Despacho Oval, donde Trump le entregó a Musk una llave simbólica en reconocimiento por su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ambos habían compartido actos de campaña, vuelos en el Air Force One y hasta estadías en Mar-a-Lago, la residencia del presidente.
Sin embargo, el proyecto económico que Trump impulsa —denominado “Enorme y Hermoso Proyecto de Ley”— generó fuertes críticas por parte de Musk, quien lo calificó de “repugnante abominación” y advirtió que aumentaría el déficit. El detonante habría sido la reversión de los créditos fiscales a vehículos eléctricos, una medida que afecta directamente a Tesla.
Trump contraatacó retirando la nominación de Jared Isaacman, impulsado por Musk para dirigir la NASA, y lo calificó como “un absoluto demócrata”. Tras el cruce, las acciones de Tesla cayeron más del 10%, sumando tensión al escenario. Musk, lejos de recular, afirmó: “Sin mí, Trump habría perdido la elección. Qué ingratitud”.
El mandatario republicano además aplicará restricciones a otras siete naciones. La medida empezará a regir la próxima semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la semana que viene tendrán prohibida la entrada al país los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, aumentará las restricciones para que puedan ingresar a Estados Unidos los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Según informó la Casa Blanca, la medida se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025 bajo el título “Protegiendo a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca citó a Donald Trump: “Restauraremos la prohibición de viaje, algunos la llaman la prohibición de viaje de Trump, y mantendremos fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales, como lo ratificó la Corte Suprema”. Durante su primer mandato, Trump implementó una medida similar que fue validada por el máximo tribunal, el cual reconoció que la restricción “se basa expresamente en propósitos legítimos”.
“El reciente ataque terrorista en Boulder (Colorado) ha subrayado los peligros extremos que supone para nuestro país la entrada de extranjeros que no son debidamente investigados”, dijo Trump en un mensaje de vídeo.
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un acto en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU. 7 mayo 2025. REUTERS/Leah Millis
Durante su primer mandato, Trump emitió en enero de 2017 una orden ejecutiva que prohibía viajar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
La Casa Blanca detalló que la Proclamación contempla excepciones para residentes legales permanentes, titulares de visados vigentes, ciertas categorías de visados y personas cuya entrada responda a intereses nacionales de Estados Unidos.
La administración Trump sostiene que la protección de la población estadounidense exige medidas que impidan el ingreso de personas que puedan representar una amenaza.
La Proclamación se apoya en el precedente legal establecido por el caso Trump v. Hawaii, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la autoridad presidencial para restringir el ingreso de extranjeros en virtud de la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El tribunal determinó que tales restricciones “entran plenamente en el ámbito de la autoridad presidencial” y que su fundamento responde a “propósitos legítimos”.
En la justificación país por país, la Casa Blanca expuso que Afganistán carece de una autoridad central competente para emitir pasaportes o documentos civiles y no dispone de mecanismos adecuados de control y verificación. El informe de permanencia irregular correspondiente al año fiscal 2023 indica que el 9,70% de los titulares de visados de negocios o turismo (B1/B2) y el 29,30% de los estudiantes, visitantes de intercambio y formación profesional (F, M, J) de Afganistán permanecieron en Estados Unidos más allá del periodo autorizado.
En el caso de Birmania, el informe señala una tasa de permanencia irregular del 27,07% en visados B1/B2 y del 42,17% en F, M y J. Además, el país no ha colaborado históricamente en la repatriación de sus nacionales sujetos a deportación. Chad presenta una tasa de permanencia irregular del 49,54% en B1/B2 y del 55,64% en F, M y J para 2023, mientras que en 2022 la cifra fue del 37,12% en B1/B2, lo que, según la Casa Blanca, evidencia un desinterés por las leyes migratorias estadounidenses.
Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, en una sesión de firma de decretos en la Casa Blanca March 31, 2025. REUTERS/Leah Millis
La República del Congo muestra tasas del 29,63% en B1/B2 y del 35,14% en F, M y J. Guinea Ecuatorial alcanza el 21,98% en B1/B2 y el 70,18% en F, M y J. En Eritrea, la falta de acceso a antecedentes penales y la negativa a aceptar la repatriación de nacionales se suman a tasas del 20,09% en B1/B2 y del 55,43% en F, M y J.
Haití registra un 31,38% de permanencia irregular en B1/B2 y un 25,05% en F, M y J. La Casa Blanca subrayó que durante la administración de Joe Biden cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente al país, lo que, según el gobierno de Trump, incrementó los riesgos de redes criminales y amenazas a la seguridad nacional. Además, se señala la ausencia de una autoridad central capaz de proporcionar información policial suficiente para garantizar que los nacionales haitianos no representen un peligro.
Irán figura como patrocinador estatal del terrorismo y, según la Casa Blanca, no coopera en la identificación de riesgos de seguridad ni en la repatriación de nacionales sujetos a deportación. Libia carece de una autoridad central competente y la presencia histórica de grupos terroristas en su territorio agrava los riesgos asociados a la entrada de sus ciudadanos.
En el caso de Somalia, la administración Trump argumenta que el gobierno no controla efectivamente su territorio ni dispone de mecanismos adecuados de verificación. Somalia ha sido identificada como refugio de grupos terroristas que planifican y ejecutan operaciones desde su territorio, y el país tampoco ha aceptado la repatriación de sus nacionales.
Sudán y Yemen también carecen de autoridades centrales competentes y de sistemas de control efectivos. En Sudán, las tasas de permanencia irregular alcanzan el 26,30% en B1/B2 y el 28,40% en F, M y J. Yemen, además, no ejerce control físico sobre su territorio y desde el 20 de enero de 2025 es escenario de operaciones militares estadounidenses.
Respecto a los países sujetos a restricciones parciales, la Casa Blanca detalló que Burundi presenta tasas del 15,35% en B1/B2 y del 17,52% en F, M y J. Cuba, identificada como patrocinador estatal del terrorismo, no comparte información policial suficiente y se ha negado a aceptar la repatriación de sus nacionales; sus tasas de permanencia irregular son del 7,69% en B1/B2 y del 18,75% en F, M y J.
Laos muestra un 34,77% en B1/B2 y un 6,49% en F, M y J, y tampoco ha colaborado en la repatriación de nacionales. Sierra Leona tiene tasas del 15,43% en B1/B2 y del 35,83% en F, M y J, y ha fallado en aceptar la devolución de sus ciudadanos. Togo presenta un 19,03% en B1/B2 y un 35,05% en F, M y J. Turkmenistán registra un 15,35% en B1/B2 y un 21,74% en F, M y J. Venezuela carece de una autoridad central competente y de mecanismos de control adecuados, y ha rechazado la repatriación de nacionales; su tasa de permanencia irregular en B1/B2 es del 9,83%.
La Casa Blanca argumentó que la selección de países y la severidad de las restricciones responden a las circunstancias particulares de cada nación, con el objetivo de incentivar la cooperación y mejorar los sistemas de control y verificación. En algunos casos, la presencia significativa de grupos terroristas o el patrocinio estatal del terrorismo constituyen factores de riesgo directo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La nueva Proclamación amplía y actualiza la política de la administración anterior, incorporando una evaluación de los riesgos actuales en materia de control, verificación y amenazas a la seguridad. Según consignó la Casa Blanca, la medida busca garantizar que quienes soliciten ingresar a Estados Unidos no representen un peligro para la población, y responde a la obligación presidencial de proteger los intereses nacionales y la seguridad pública.
El gobierno estadounidense sostiene que la falta de cooperación de algunos países en la verificación de identidad, el intercambio de información sobre amenazas y la aceptación de nacionales sujetos a deportación dificulta la gestión migratoria y la protección de la seguridad interna. Además, la presencia de organizaciones terroristas o el patrocinio estatal del terrorismo en ciertos países refuerza la necesidad de restricciones específicas.
La Proclamación, según reportó la Casa Blanca, se presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad fronteriza, promover la cooperación internacional y asegurar que los sistemas de control migratorio sean efectivos frente a los desafíos actuales. Las restricciones se mantendrán hasta que los países afectados demuestren mejoras sustanciales en sus procesos de verificación y cooperación con las autoridades estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos calificó la decisión judicial que restringía su política comercial como “errónea” y “motivada políticamente”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de suspender temporalmente una sentencia que bloqueaba la mayor parte de los aranceles que ha impuesto durante su gobierno. Al mismo tiempo, arremetió contra los jueces que emitieron ese fallo, a quienes acusó de causar un “grave daño” al país con un dictamen “horrible” y motivado políticamente.
“El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) dictó una sentencia increíblemente desfavorable para Estados Unidos en relación con unos aranceles que se necesitaban desesperadamente, pero, afortunadamente, el pleno de los once jueces del Tribunal de Apelación del Circuito Federal acaba de suspender la orden”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El fallo del CIT cuestionaba la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente, argumentando que excedió sus atribuciones constitucionales al imponerlos sin la aprobación del Congreso. Los jueces consideraron que esa medida violaba el principio de separación de poderes, al asumir una función que corresponde al Poder Legislativo.
El presidente de Estados Unidos calificó la decisión judicial que restringía su política comercial como “errónea” y “motivada políticamente” (REUTERS/Carlos Barria)
Trump rechazó este argumento y defendió su autoridad para proteger los intereses económicos del país sin depender del Congreso. “Se debe permitir al presidente proteger a Estados Unidos de aquellos que le están causando daño económico y financiero”, declaró, señalando a sus opositores como “buscavidas de trastienda”.
Según Trump, la paralización de los aranceles favorece a actores extranjeros en detrimento de Estados Unidos. “Está siendo aclamada en todo el mundo por todos los países, excepto por Estados Unidos”, dijo. Y advirtió que, si se formalizara el fallo, sería “la sentencia financiera más dura que se nos haya impuesto jamás como nación soberana”.
El mandatario solicitó al Tribunal Supremo que intervenga. “Esperemos que el Supremo la revoque de forma rápida y decisiva”, afirmó. La suspensión actual, decretada por el Tribunal de Apelaciones, tiene carácter provisional mientras se resuelve la apelación del Ejecutivo.
Desde su primer mandato, Trump ha defendido una política arancelaria agresiva como herramienta de presión comercial y recuperación económica.
“Esperemos que el Supremo la revoque de forma rápida y decisiva”, afirmó Trump (EFE)
“Hemos recaudado muchos billones de dólares desde otros países”, aseguró. Para él, los aranceles marcan “la diferencia entre tener unos Estados Unidos ricos, prósperos y exitosos, y todo lo contrario”.
El presidente también cuestionó directamente a los tres jueces que votaron por paralizar los aranceles.
“¿Cómo es posible que hayan causado un daño tan grave a Estados Unidos de América? ¿Se trata simplemente de odio hacia Trump? ¿Qué otra razón podría haber?”, planteó en su publicación.
Además, Trump volvió a atacar a la Sociedad Federalista, grupo conservador que lo asesoró en nombramientos judiciales durante su primer mandato. En particular, señaló a Leonard Leo, su ex asesor y vicepresidente de esa organización, como una figura que “odia a Estados Unidos”.
“Yo era nuevo en Washington y me sugirieron que utilizara la Sociedad Federalista como fuente de referencia para los jueces. Lo hice, abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de un verdadero canalla llamado Leonard Leo”, escribió. Leo fue clave en el nombramiento de tres jueces conservadores en el Tribunal Supremo entre 2017 y 2021.
Desde su primer mandato, Trump ha defendido una política arancelaria agresiva como herramienta de presión comercial y recuperación económica (EFE/Casa Blanca)
Por último, Trump advirtió que exigir aprobación del Congreso para imponer aranceles podría debilitar al Poder Ejecutivo. “Cientos de políticos se sentarían en Washington durante semanas, e incluso meses, tratando de llegar a una conclusión sobre qué cobrar a otros países que nos tratan injustamente”, afirmó. “Eso destruiría el poder presidencial”.
El caso continúa en los tribunales, mientras la Casa Blanca defiende la constitucionalidad de su política comercial como eje central de la actual administración.
