Con la nueva paritaria firmada a fines de abril por el gremio y las cámaras empresariales, se actualizaron los sueldos de más de 1,2 millones de trabajadores. Cuánto cobra cada categoría y qué dice el acuerdo que se cumple pero que aún no está homologado

Aunque el acuerdo paritario firmado a fines de abril por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faects) y las cámaras empresarias aún no fue homologado debido a que recibió varias impugnaciones, rige para los firmantes y la mayoría de los comercios están pagando el aumento previsto, a la espera de que se termine de resolver el conflicto.

El nuevo acuerdo establece un aumento acumulativo del 5,4%, dividido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Cada incremento será remunerativo al mes siguiente de su aplicación. A esto se suman tres pagos no remunerativos por un total de $115.000: $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio. Esta última cuota se incorporará al básico en julio.

En esta ocasión, el foco está puesto en cuánto perciben los empleados según su categoría, luego de la aplicación del incremento del 1,9% correspondiente a abril, que se suma a las sumas fijas pactadas.

Las siguientes cifras corresponden al salario total mensual (sueldo básico más adicionales no remunerativos) por jornada completa con presentismo incluido, según la escala del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75:

Maestranza

• Maestranza A: $997.958
• Maestranza B: $1.000.746
• Maestranza C: $1.010.513

Administrativo

• Administrativo A: $1.008.422
• Administrativo B: $1.012.611
• Administrativo C: $1.016.795
• Administrativo D: $1.029.354
• Administrativo E: $1.039.817
• Administrativo F: $1.055.167

Cajeros

• Cajero A: $1.011.908
• Cajero B: $1.016.795
• Cajero C: $1.023.074

Personal auxiliar

• Auxiliar A: $1.011.908
• Auxiliar B: $1.018.885
• Auxiliar C: $1.041.911

Auxiliar especializado

• Especializado A: $1.020.284
• Especializado B: $1.032.841

Vendedores

• Vendedor A: $1.011.908
• Vendedor B: $1.032.844
• Vendedor C: $1.039.817
• Vendedor D: $1.055.167

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, todavía no homologó el acuerdo paritario de Comercio pero las partes no volvieron a ser convocadas para una nueva negociación

A pesar de estar firmado por las partes, el Ministerio de Economía expresó objeciones al acuerdo, al considerar que los aumentos superan la pauta de incremento salarial mensual del 1% que busca sostener la desaceleración inflacionaria. Por esa razón, hasta el momento el Ejecutivo no homologó el convenio. Por otra parte, en la Secretaría de Trabajo aseguran que el acuerdo recibió impugnaciones y que por esa razón lo están revisando. De todos modos, en el sector empresario aseguran que no han tenido novedades en las últimas semanas respecto de una nueva convocatoria oficial para renegociar el convenio.

Frente a esta situación, FAECYS ratificó su vigencia. “El acuerdo tiene una cláusula que garantiza su ejecución aún sin homologación”, indicaron desde el gremio. Esa disposición establece que los empleadores deberán abonar los montos como “adelanto a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025”, que serán reemplazados cuando se formalice la aprobación administrativa.

El sindicato también rechazó la convocatoria a una reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para rediscutir las cifras. “El acuerdo ya fue firmado y publicado por todas las cámaras del sector, no hay motivo para su revisión”, sostuvieron.

En un contexto de elevada inflación y caída del poder adquisitivo, la actualización de los sueldos representa un alivio para los empleados del rubro comercial. Sin embargo, la falta de homologación y el cuestionamiento del Gobierno abren una posible vía de conflicto que podría escalar si se desconoce la validez del convenio.

Mientras tanto, los trabajadores siguen percibiendo sus haberes conforme a lo acordado, y las empresas del sector están obligadas a liquidar los salarios con las nuevas condiciones. Desde el gremio advierten que el próximo paso será vigilar que se respeten las sumas en mayo y junio, especialmente si continúa la negativa oficial.

A mediano plazo, resta ver si la cláusula de revisión por inflación se activará, lo que implicaría una reapertura de la discusión paritaria antes de julio. Todo dependerá de la evolución de los precios y de la postura que adopten las partes en función de las señales económicas que emita el Gobierno.

Cristian Girard advirtió que la medida anunciada por Nación no tiene respaldo normativo y alertó sobre la inseguridad jurídica que enfrentan los contribuyentes

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, se refirió a las nuevas medidas del Ejecutivo para sacar los “dólares debajo del colchón” y afirmó que el gobierno bonaerense continuará aplicando los controles tributarios vigentes, en un contexto en el que, según su diagnóstico, no hubo modificaciones legales que respalden el anuncio de Nación sobre un nuevo su esquema de fiscalización.

Girard aclaró que la decisión de seguir con los controles no responde a la vigencia de la normativa actual. “De ninguna manera nosotros planteamos que vamos a seguir controlando porque no estamos de acuerdo. Lo que sí dijimos es: ojo, hay una debilidad jurídica de la medida”, aseguró.

Girard: “Si Nación no quiere controlar, que no controle, pero eso no quiere decir que los contribuyentes hayan sido eximidos del pago de los impuestos”

El titular de ARBA también advirtió que si el Gobierno nacional decide no ejercer controles, eso no implica una condonación automática ni la eliminación de las obligaciones fiscales: “Si Nación no quiere controlar, que no controle, pero eso no quiere decir que los contribuyentes hayan sido eximidos del pago de los impuestos”.

Según Girard, los contribuyentes que decidan aumentar su consumo con ingresos no declarados enfrentan un riesgo fiscal concreto: “La prescripción de los impuestos no pagados tiene cinco años por ley y Milei gobierna hasta 2027. Entonces hay mucha inseguridad jurídica en una medida que no le da ninguna garantía a los contribuyentes que vayan a elevar su consumo por blanquear el flujo de ingresos que no estaban declarando”.

Indicó que ARCA “puede no controlar y de hecho eso es el anuncio que vale. Decide cambiar los umbrales de control y crea un régimen simplificado de Ganancias donde no va a haber controles automáticos. Pero eso no quiere decir que vos puedas declarar alegremente la compra de un bien con ingresos que no hayas declarado”.

Girard: “ARCA puede no controlar todo lo que quiera, pero las obligaciones tributarias de los contribuyentes siguen siendo las mismas”

Girard explicó que esa acción genera una obligación tributaria que no puede ser eliminada sin respaldo legal: “Después dependerá de que alguien te la condone o prescriba. Pero eso no está brindado por ley. Te lo va a decir cualquier contador que tenga que asesorar a un cliente que le pregunte: ‘¿Tengo este flujo de dólares todos los meses, qué hago? ¿Empiezo a consumir en blanco? Total no me va a controlar nadie’. Le va a decir que no, porque no hay una norma que lo respalde jurídicamente”.

“ARCA puede no controlar todo lo que quiera, pero las obligaciones tributarias de los contribuyentes siguen siendo las mismas”, sostuvo.

Por otra parte, ante la convocatoria del Ejecutivo a cada una de las provincias a la firma de un nuevo convenio de intercambio de información y la decisión de que aquellas que no adhieran perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000); Girard dijo: “Estamos ante una actitud del gobierno, creo yo, que no ha razonado a fondo que tiene que ver con que se enojaron porque salieron con una medida que no tiene el sustento legal correspondiente”.

“Yo creo que no hay ningún problema en firmar convenios de intercambio de información, ese es el punto. El punto es que lo que quieren anunciar no tiene sustento legal y está mal”, detalló.

Además, resaltó que “el intercambio de información entre fiscos es fundamental, es valioso para mejorar los servicios a los contribuyentes, para duplicarles tareas de declaración de impuestos. Tenemos toda una serie de cuestiones que van a venir con la simplificación tributaria”.

El Poder Ejecutivo busca en el Congreso reducir el plazo de prescripción de deudas impositivas como un “cerrojo” para las últimas medidas. ARCA aseguró a los gobernadores que si no se suman al cambio en el régimen de Ganancias perderán información tributaria

El Gobierno necesitará que las provincias adhieran a la ley que busca aprobar en el Congreso y que actuarán como “cerrojo” para las medidas de relajamiento de controles tributarios y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Los gobernadores ya expresaron reparos a los anuncios de la semana pasada y esperan la letra chica del proyecto.

El oficialismo trabaja en una iniciativa que cambie dos aspectos centrales de la legislación tributaria: el monto a partir el fisco considera que puede existir evasión impositiva y, más importante, el plazo de prescripción de ese potencial delito. Sobre este último punto, el Gobierno nacional requerirá que las provincias dicten sus propias normas locales que “armonicen” los plazos entre el fisco nacional y los subnacionales.

En ese marco, señalaron que las disposiciones nacionales podrían tener un impacto patrimonial indirecto sobre tributos como el Inmobiliario, el Automotor o el de Embarcaciones Deportivas, en caso de que se declare un bien previamente no registrado. “Sin aprobación legislativa, muchas de las medidas anunciadas se presentan como promesas sin efecto jurídico pleno”, remarcaron.

El titular de ARBA Cristian Girard alertó que sin cambios por ley, la normativa sigue siendo la vigente y no hay modificaciones reales para los contribuyentes

También advirtieron que los contribuyentes que recurran a fondos de origen ilícito “siguen expuestos a las mismas sanciones previstas antes del anuncio” y que, en términos generales, no se observa un cambio sustancial en materia de prevención del lavado de activos ni en las obligaciones tributarias sustantivas.

“ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, sostuvo el titular de ARBA, Cristian Girard.

En la Ciudad de Buenos Aires fueron más cautos y plantearon que esperarán los detalles del proyecto. Fuentes de la administración porteña mencionaron estar “a la espera de que el Gobierno nacional presente la normativa referida a esta medida anunciada la semana pasada. Recién ahí se analizarán los pasos a seguir”.

En ese sentido, recordaron que todavía está pendiente de aprobación por parte de la Legislatura porteña del proyecto para adherir al blanqueo de capitales que sancionó el Congreso nacional el año pasado en el marco de la Ley de Bases. Ese blanqueo ya terminó, pero todavía sigue siendo relevante para los fiscos subnacionales para la determinación de los tributos de cada provincia.

Por su parte, desde la provincia de Santa Fe, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, aseguró que desde el gobierno de Maximiliano Pullaro “estamos de acuerdo con toda iniciativa que apunte a la reactivación económica y no tratar a todos los argentinos con una sospecha permanente”. “Lo que decimos es que todos esos regímenes de información que se dejan sin efecto o se flexibilizan, Santa Fe no tiene y no va a hacer ningún régimen que haga que ningún agente económico tenga que dar información”, aclaró.

Pablo Olivares, ministro de Economía santafecino, aseguró que la provincia no agregará controles adicionales por las medidas de ARCA

De todas formas, mencionó que la provincia tiene su propia iniciativa para perseguir posibles delitos de lavado de activos “desde la lógica criminal”, explicó una fuente de la provincia. “Vamos a recurrir a la ley de inteligencia propia, a crear un comité con cabeza en seguridad que reúna información de distintas fuentes, prescindiendo de ARCA pero arrancando desde otro lugar, no peinando información de todos (los contribuyentes)”, dijeron desde Santa Fe.

Una advertencia que plantearon desde esa provincia está relacionada con una potencial caída de recaudación de impuestos como IVA o Ingresos Brutos. “Ingresos Brutos casi tiene la misma base imponible que IVA, el contribuyente no te va a declarar algo en ARCA y en otra cosa en la provincia, suele declarar lo mismo. Puede llegar a pasar que al elevar el monto de información automática en efectivo, pueda facilitar la subfacturación y eso provoque menor declaración y menor recaudación. La inducción a subfacturar puede generar un efecto en cascada”, alertaron desde esa gobernación.

Al respecto, fuentes de la Casa Rosada indicaron que “las provincias deberían tender a apoyar porque implicaría una mayor recaudación de impuestos que se coparticipan”. En ese sentido, plantearon fuera de micrófono que “si algún gobernador quiere perseguir a los ciudadanos de bien verá las consecuencias y pagarán el costo de perseguir a los contribuyentes”.

El Poder Ejecutivo todavía redacta los cambios para la ley penal tributaria y la de procedimiento tributario. Las dos se complementan con los anuncios por decreto y son postulados como un “seguro” legal para quienes ingresen al régimen simplificado de Ganancias.

Con ese proyecto de ley el Gobierno buscaría, por un lado, cambiar el monto a partir del cual existiría evasión fiscal. Desde 2017 ese número está fijado en 1,5 millones de pesos para el caso de evasión simple, algo que solo ajustado por inflación hasta la actualidad debería convertirse en unos 100 millones de pesos.