Con la nueva paritaria firmada a fines de abril por el gremio y las cámaras empresariales, se actualizaron los sueldos de más de 1,2 millones de trabajadores. Cuánto cobra cada categoría y qué dice el acuerdo que se cumple pero que aún no está homologado

Aunque el acuerdo paritario firmado a fines de abril por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faects) y las cámaras empresarias aún no fue homologado debido a que recibió varias impugnaciones, rige para los firmantes y la mayoría de los comercios están pagando el aumento previsto, a la espera de que se termine de resolver el conflicto.

El nuevo acuerdo establece un aumento acumulativo del 5,4%, dividido en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio. Cada incremento será remunerativo al mes siguiente de su aplicación. A esto se suman tres pagos no remunerativos por un total de $115.000: $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio. Esta última cuota se incorporará al básico en julio.

En esta ocasión, el foco está puesto en cuánto perciben los empleados según su categoría, luego de la aplicación del incremento del 1,9% correspondiente a abril, que se suma a las sumas fijas pactadas.

Las siguientes cifras corresponden al salario total mensual (sueldo básico más adicionales no remunerativos) por jornada completa con presentismo incluido, según la escala del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75:

Maestranza

• Maestranza A: $997.958
• Maestranza B: $1.000.746
• Maestranza C: $1.010.513

Administrativo

• Administrativo A: $1.008.422
• Administrativo B: $1.012.611
• Administrativo C: $1.016.795
• Administrativo D: $1.029.354
• Administrativo E: $1.039.817
• Administrativo F: $1.055.167

Cajeros

• Cajero A: $1.011.908
• Cajero B: $1.016.795
• Cajero C: $1.023.074

Personal auxiliar

• Auxiliar A: $1.011.908
• Auxiliar B: $1.018.885
• Auxiliar C: $1.041.911

Auxiliar especializado

• Especializado A: $1.020.284
• Especializado B: $1.032.841

Vendedores

• Vendedor A: $1.011.908
• Vendedor B: $1.032.844
• Vendedor C: $1.039.817
• Vendedor D: $1.055.167

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, todavía no homologó el acuerdo paritario de Comercio pero las partes no volvieron a ser convocadas para una nueva negociación

A pesar de estar firmado por las partes, el Ministerio de Economía expresó objeciones al acuerdo, al considerar que los aumentos superan la pauta de incremento salarial mensual del 1% que busca sostener la desaceleración inflacionaria. Por esa razón, hasta el momento el Ejecutivo no homologó el convenio. Por otra parte, en la Secretaría de Trabajo aseguran que el acuerdo recibió impugnaciones y que por esa razón lo están revisando. De todos modos, en el sector empresario aseguran que no han tenido novedades en las últimas semanas respecto de una nueva convocatoria oficial para renegociar el convenio.

Frente a esta situación, FAECYS ratificó su vigencia. “El acuerdo tiene una cláusula que garantiza su ejecución aún sin homologación”, indicaron desde el gremio. Esa disposición establece que los empleadores deberán abonar los montos como “adelanto a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025”, que serán reemplazados cuando se formalice la aprobación administrativa.

El sindicato también rechazó la convocatoria a una reunión con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para rediscutir las cifras. “El acuerdo ya fue firmado y publicado por todas las cámaras del sector, no hay motivo para su revisión”, sostuvieron.

En un contexto de elevada inflación y caída del poder adquisitivo, la actualización de los sueldos representa un alivio para los empleados del rubro comercial. Sin embargo, la falta de homologación y el cuestionamiento del Gobierno abren una posible vía de conflicto que podría escalar si se desconoce la validez del convenio.

Mientras tanto, los trabajadores siguen percibiendo sus haberes conforme a lo acordado, y las empresas del sector están obligadas a liquidar los salarios con las nuevas condiciones. Desde el gremio advierten que el próximo paso será vigilar que se respeten las sumas en mayo y junio, especialmente si continúa la negativa oficial.

A mediano plazo, resta ver si la cláusula de revisión por inflación se activará, lo que implicaría una reapertura de la discusión paritaria antes de julio. Todo dependerá de la evolución de los precios y de la postura que adopten las partes en función de las señales económicas que emita el Gobierno.

El Poder Ejecutivo busca en el Congreso reducir el plazo de prescripción de deudas impositivas como un “cerrojo” para las últimas medidas. ARCA aseguró a los gobernadores que si no se suman al cambio en el régimen de Ganancias perderán información tributaria

El Gobierno necesitará que las provincias adhieran a la ley que busca aprobar en el Congreso y que actuarán como “cerrojo” para las medidas de relajamiento de controles tributarios y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Los gobernadores ya expresaron reparos a los anuncios de la semana pasada y esperan la letra chica del proyecto.

El oficialismo trabaja en una iniciativa que cambie dos aspectos centrales de la legislación tributaria: el monto a partir el fisco considera que puede existir evasión impositiva y, más importante, el plazo de prescripción de ese potencial delito. Sobre este último punto, el Gobierno nacional requerirá que las provincias dicten sus propias normas locales que “armonicen” los plazos entre el fisco nacional y los subnacionales.

En ese marco, señalaron que las disposiciones nacionales podrían tener un impacto patrimonial indirecto sobre tributos como el Inmobiliario, el Automotor o el de Embarcaciones Deportivas, en caso de que se declare un bien previamente no registrado. “Sin aprobación legislativa, muchas de las medidas anunciadas se presentan como promesas sin efecto jurídico pleno”, remarcaron.

El titular de ARBA Cristian Girard alertó que sin cambios por ley, la normativa sigue siendo la vigente y no hay modificaciones reales para los contribuyentes

También advirtieron que los contribuyentes que recurran a fondos de origen ilícito “siguen expuestos a las mismas sanciones previstas antes del anuncio” y que, en términos generales, no se observa un cambio sustancial en materia de prevención del lavado de activos ni en las obligaciones tributarias sustantivas.

“ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”, sostuvo el titular de ARBA, Cristian Girard.

En la Ciudad de Buenos Aires fueron más cautos y plantearon que esperarán los detalles del proyecto. Fuentes de la administración porteña mencionaron estar “a la espera de que el Gobierno nacional presente la normativa referida a esta medida anunciada la semana pasada. Recién ahí se analizarán los pasos a seguir”.

En ese sentido, recordaron que todavía está pendiente de aprobación por parte de la Legislatura porteña del proyecto para adherir al blanqueo de capitales que sancionó el Congreso nacional el año pasado en el marco de la Ley de Bases. Ese blanqueo ya terminó, pero todavía sigue siendo relevante para los fiscos subnacionales para la determinación de los tributos de cada provincia.

Por su parte, desde la provincia de Santa Fe, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, aseguró que desde el gobierno de Maximiliano Pullaro “estamos de acuerdo con toda iniciativa que apunte a la reactivación económica y no tratar a todos los argentinos con una sospecha permanente”. “Lo que decimos es que todos esos regímenes de información que se dejan sin efecto o se flexibilizan, Santa Fe no tiene y no va a hacer ningún régimen que haga que ningún agente económico tenga que dar información”, aclaró.

Pablo Olivares, ministro de Economía santafecino, aseguró que la provincia no agregará controles adicionales por las medidas de ARCA

De todas formas, mencionó que la provincia tiene su propia iniciativa para perseguir posibles delitos de lavado de activos “desde la lógica criminal”, explicó una fuente de la provincia. “Vamos a recurrir a la ley de inteligencia propia, a crear un comité con cabeza en seguridad que reúna información de distintas fuentes, prescindiendo de ARCA pero arrancando desde otro lugar, no peinando información de todos (los contribuyentes)”, dijeron desde Santa Fe.

Una advertencia que plantearon desde esa provincia está relacionada con una potencial caída de recaudación de impuestos como IVA o Ingresos Brutos. “Ingresos Brutos casi tiene la misma base imponible que IVA, el contribuyente no te va a declarar algo en ARCA y en otra cosa en la provincia, suele declarar lo mismo. Puede llegar a pasar que al elevar el monto de información automática en efectivo, pueda facilitar la subfacturación y eso provoque menor declaración y menor recaudación. La inducción a subfacturar puede generar un efecto en cascada”, alertaron desde esa gobernación.

Al respecto, fuentes de la Casa Rosada indicaron que “las provincias deberían tender a apoyar porque implicaría una mayor recaudación de impuestos que se coparticipan”. En ese sentido, plantearon fuera de micrófono que “si algún gobernador quiere perseguir a los ciudadanos de bien verá las consecuencias y pagarán el costo de perseguir a los contribuyentes”.

El Poder Ejecutivo todavía redacta los cambios para la ley penal tributaria y la de procedimiento tributario. Las dos se complementan con los anuncios por decreto y son postulados como un “seguro” legal para quienes ingresen al régimen simplificado de Ganancias.

Con ese proyecto de ley el Gobierno buscaría, por un lado, cambiar el monto a partir del cual existiría evasión fiscal. Desde 2017 ese número está fijado en 1,5 millones de pesos para el caso de evasión simple, algo que solo ajustado por inflación hasta la actualidad debería convertirse en unos 100 millones de pesos.

El Gobierno incorporará un nuevo criterio de exclusión en el esquema de segmentación por ingresos de los subsidios. La Secretaría de Energía buscará la colaboración de las provincias para georreferenciar zonas de alto poder adquisitivo

El Gobierno de Javier Milei extenderá a todas las provincias de la Argentina la quita de subsidios en tarifas de energía que anunció la semana pasada para countries, barrios cerrados como Nordelta y clubes de campo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según anticiparon fuentes oficiales a Infobae. Es decir, ese universo pagará más caro por la electricidad y el gas natural que consuman.

La iniciativa representa una profundización del recorte del gasto público, aunque focalizada en sectores de ingresos altos. Se trata de uno de los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de una medida que, destacan funcionarios del área energética, no fue implementada durante el kirchnerismo.

Más de 15.500 hogares del AMBA ya fueron excluidos del régimen de subsidios energéticos

El subsidio del Estado Nacional permite que los hogares de menores ingresos accedan a una tarifa reducida respecto al costo pleno de la electricidad y el gas, uno de los componentes de la factura junto con distribución, transporte e impuestos. Actualmente, los usuarios se agrupan en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos), que abonan el costo pleno; Nivel 2 (ingresos bajos); y Nivel 3 (ingresos medios). Estas categorías se definen según los ingresos declarados por cada hogar en relación con la Canasta Básica Total (CBT) publicada por el Indec.

También se habilitará una consulta a través de la aplicación Mi Argentina o el sitio web de la Secretaría de Energía, donde los usuarios podrán verificar su categoría, realizar reclamos, actualizar datos y solicitar una reconsideración de su situación.

El recorte en subsidios se enmarca en el acuerdo con el FMI y busca profundizar el ajuste fiscal del Gobierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana pasada, el Gobierno anunció que más de 15.500 usuarios de electricidad que viven en countries y barrios cerrados del AMBA serían excluidos del régimen de subsidios. De ese total, el 44% se había declarado como de ingresos bajos (N2) y el 56% como de ingresos medios (N3). Se estima un ahorro fiscal de $3.000 millones anuales.

Hasta ahora, no se había especificado el marco normativo para implementar esta medida. “A pesar de haberse registrado como tales, gozaban de privilegios como piletas climatizadas y consumos similares a los de una PyME promedio”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni. El nuevo criterio de exclusión se aplicará a nivel nacional.

Según el IIEP (UBA-Conicet), el segmento N1 está compuesto por 6.918.821 hogares (42% del total), N2 por 6.244.657 (38,1%) y N3 por 3.211.792 (19,6%). Es decir, el 60% de los usuarios residenciales aún recibe subsidios, a pesar de una reducción de casi 2 millones de beneficiarios desde que asumió Milei. La electricidad es el servicio más generalizado en todo el país y representa cerca de dos tercios del gasto en subsidios del Tesoro.

El Gobierno espera avanzar en la desregulación total del sistema eléctrico (EFE)

El Gobierno también evalúa definir un nuevo esquema de subsidios antes de fin de año, con el objetivo de concentrar la ayuda en los sectores más vulnerables. Este cambio permitiría avanzar hacia una desregulación total del sistema eléctrico.

De acuerdo con datos del IIEP para abril, las tarifas eléctricas del AMBA para hogares N1 aumentaron 262% y las de gas, 1.181% desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei. En ese período, la inflación acumulada fue del 149% según la misma estimación. El impacto estacional del consumo también influye en estos números.

El mayor ajuste tarifario se aplicó durante el primer semestre de 2024, con incrementos para transportistas y distribuidoras, además de la quita de subsidios. Posteriormente, el Gobierno optó por una actualización gradual para no afectar el proceso de desaceleración inflacionaria. Actualmente, busca aplicar ajustes más finos sin abandonar la política de recorte del gasto público, que resultó clave para sostener el superávit fiscal en el primer cuatrimestre del año.