Este martes continuará el debate oral por la muerte del Diez, luego de siete días sin audiencias a causa del escándalo que involucra a la jueza Julieta Makintach. Qué puede pasar

El juicio por la muerte de Diego Maradona no tiene audiencias hace una semana. Así y todo, estos últimos días fueron clave para la continuidad del debate oral que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro: la Fiscalía avanzó en la causa paralela que investiga la relación de la jueza Julieta Makintach con un supuesto documental del caso y se conocieron videos escandalosos que confirman que un camarógrafo la estuvo filmando. Incluso, ese profesional así lo declaró y se comprobó que no pidió autorización para hacer las imágenes en el palacio de Ituzaingó 360.

Será la 20ª jornada. Y se espera que sea tan clave como la última que pasó, en la que se definió pausar el juicio por 7 días hasta que se esclarezca la situación de la magistrada cuestionada.

Así, este martes será un día diferente al resto de por sí porque, tal como en la primera jornada, todos los acusados deberán volver a presentarse obligatoriamente ante los jueces.

Por lo pronto, se aguarda alguna definición sobre cómo continuará la causa contra la jueza del escándalo. Con las pruebas claves recolectadas por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, este martes tanto fiscales como abogados, querellantes y defensores realizarán sus correspondientes planteos al respecto y pedirán tomar cartas en el asunto.

El neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, volverá a la audiencia este martes. Foto: Maximiliano Luna

Según supo este medio, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, pedirá la nulidad del proceso y que se convoque a un nuevo tribunal con urgencia para que el juicio se desarrolle nuevamente desde cero antes de fin de año.

Otras opciones que se analizan es pedir la recusación de Makintach y que su lugar sea tomado por otro juez. Este escenario, sin embargo, abre muchas discusiones entre las partes.

Unos proponen que el reemplazante se ponga al día con las audiencias ya grabadas para no resetear el juicio; otros dicen que eso hace perder la particularidad de debate oral y piden que todo vuelva todo a cero salvando las declaraciones de los familiares de Diego; y otros ni siquiera avalan estas opciones porque dicen que los otros dos jueces ya están contaminados y deben ser reemplazados también.

La sorpresa que cambiaría el rumbo del debate también tiene que ver con la actitud que tomará la magistrada cuestionada. La semana pasada, cuando el escándalo explotó, Makintach dijo que quizás ella misma se aparte antes de que la recusen a fin de salvar el debate.

“Voy a dar las explicaciones del caso. Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo en la última audiencia, cuando ya había comenzado la investigación para establecer su vínculo con una producción audiovisual del caso.

Luego agregó: “Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte. Necesitan las pruebas y las razones para fundar”.

Los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. De izquierda a derecha: Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach

En las últimas horas, allegados a la magistrada dejaron trascender que niega haber incurrido en alguna conducta indebida, dice que no existe delito alguno ni razones que justifiquen su apartamiento.

Uno de los abogados defensores advirtió a Infobae que este es un escándalo sin precedentes y que, escaló tanto, que “sería un milagro que no pase nada y todo siga igual”.

En la misma línea se expresó la jornada pasada Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de la prepaga, quien advirtió que hay altas posibilidades de que el juicio se suspenda definitivamente si hay cambios en el tribunal.

Así grababan a la jueza del escándalo de Maradona para un supuesto documental

“Si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo. Porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad. Hay que ser franco con los medios de comunicación, con las víctimas y los propios imputados. No descarto la recusación, pero en estas condiciones no puedo hacerlo. Que no se suspenda, que la fiscalía facilite las pruebas y certifique la causa penal”, señaló.

Lo que ocurra este martes será clave para saber si este juicio tendrá a corto plazo un veredicto sobre los imputados por la muerte de Diego o si, en contra parte, todavía no habrá justicia por Maradona.

Son responsables de las tomas de predios públicos y privados. La Justicia rechazó retirar una escultura “sagrada” que instalaron

El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó con penas en suspenso a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurpó tierras públicas y propiedades privadas en Villa Mascardi, a quienes los consideró responsables de los delitos de usurpación por despojo.

El juez Alejandro Silva, además, rechazó el planteo del organismo nacional de retirar el “rewe”, una escultura de madera que instalaron los mapuches durante la usurpación.

Uno de los integrantes condenados de la comunidad Lafken Winkul Mapu es Matías Santana, conocido como el “mapuche de los binoculares” por el testimonio irreal que brindó durante la desaparición del activista fallecido Santiago Maldonado (dijo que con sus binoculares había visto cómo Gendarmería trasladaba al activista). El Juez ordenó la inmediata liberación de Santana, que cumplía reclusión domiciliaria, y le unificó las penas por otros delitos anteriores, fijándole tres años de prisión en suspenso.

En la sentencia que tuvo lectura este lunes al mediodía, el Juez fijó pautas de conducta que deberán cumplir por el mismo tiempo que las condenas.

Viviendas que construyeron los mapuches en los predios usurpados en Villa Mascardi

La comunidad Lafken Winkul Mapu ingresó, en noviembre de 2017, a dos predios pertenecientes a Parques Nacionales, desde los cuales avanzó a otras propiedades estatales y privadas, todas ubicadas a 35 kilómetros de Bariloche, en Villa Mascardi.

A pesar que durante el juicio intentaron demostrar su inocencia, existen múltiples documentos en los que se adjudican el avance sobre las propiedades ajenas, bajo el débil argumento de preexistencia ancestral en esas tierras.

Durante su permanencia en el lugar, hasta octubre de 2022, protagonizaron distintos hechos vandálicos contra los inmuebles e incluso contra turistas y automovilistas.

“No hay pruebas concretas sobre los cargos, las acusaciones son infundadas, no hay pruebas reales ni concretas”, dijo Santana, cuando tuvo la oportunidad de expresarse, antes de la lectura de la sentencia.

Su pareja, la autoridad espiritual de la agrupación, exigió “que se termine la persecución” y también que “se devuelva el espacio espiritual que tiene la comunidad (el rewe) para poder llevar adelante el trabajo de sanación”.

Los abogados de Parques Nacionales no lograron convencer al juez con su pedido de retirar esa estructura de madera y el magistrado sostuvo la postura de la ex magistrada Silvina Domínguez, quien había dispuesto la permanencia de esa figura en tierras de Parques Nacionales.

El juicio comenzó a fines de febrero y desde entonces desfilaron como testigos gran cantidad de efectivos de fuerzas federales, ex funcionarios y empleados de Parques Nacionales.

En la misma causa, unificada por disposición de la ex magistrada Domínguez, también se investiga la usurpación del ex hotel Ios, perteneciente a Parques Nacionales – que tuvo que ser demolido por los daños estructurales que provocaron los mapuches- y las propiedades privadas Los Radales y La Escondida, que fueron vandalizadas por los mapuches, tras la irrupción inicial a los terrenos de Parques Nacionales.

Para el fiscal, los seis imputados en la causa son responsables del delito de usurpación por despojo en calidad de coautores y por distintos hechos. En la instancia de los alegatos solicitó penas de cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo, para la líder espiritual del grupo Betiana Colhuan (la machi) y su pareja Matías Santana, Luciana Jaramillo, Romina Rosas y Jéssica Bonefoi. Para el funcionario, los cinco participaron de más de un hecho y en su totalidad del despojo del predio de Parques Nacionales.

Para otra integrante de la comunidad, Celeste Ardaiz Güenumil, la pena solicitada fue de 2 años de prisión en suspenso, debido a que no habría participado de todos los hechos investigados.

Parques Nacionales, en ejercicio de la querella, había planteado la declaración de responsabilidad por usurpación para Bonnefoi, Colhuan, Jaramillo y Rosas y la pena solicitada fue de 2 años y ocho meses de prisión, por la afectación al patrimonio nacional, la violencia, el tiempo por el cuals e prolongó el despojo, los efectos que dejó en la zona, el expreso desconocimiento que formulan del Estado nacional y el “absoluto menosprecio que han hecho del derecho ambiental sobre estas tierras”.

El salteño Néstor Adrián González se encuentra prófugo, acusado por la Justicia federal de ser el jefe detrás de los 425 kilos encontrados en un galpón de General Mosconi. Sus antecedentes, sus negocios y las sospechas de la fiscal que lo descubrió y pidió su captura

El sábado pasado, Gendarmería allanó un galpón en la zona de General Mosconi, provincia de Salta, a menos de cien kilómetros de la frontera con Bolivia, un lugar que, a simple vista, parecía ser una gomería abandonada. Allí, luego de un mes de investigación y vigilancias encubiertas, encontraron 425 kilos de cocaína disimulados prolijamente dentro de cubiertas de camión, el mayor lote narco hallado este año junto con los 469 kilos de polvo detectados en la carga de un buque amarrado en el puerto de Vicentín.

Ese hombre, buscado por la fiscal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal que lo descubrió y pidió su captura, es un empresario, un hombre de 61 años, con domicilio en Salvador Mazza: se llama Néstor Adrián González, quién se escapó por poco de los detectives que lo perseguían.

El allanamiento del sábado pasado en General Mosconi ocurrió en medio de una descarga de droga. La fiscal Orsetti descubrió que González y otro hombre esperaban en una estación de servicio cercana. Fue filmado por una cámara de seguridad; una captura de ese video ilustra esta nota. Los gendarmes lo persiguieron. Sin embargo, el empresario logró huir, en dirección a la localidad de Aguaray, posiblemente hacia Bolivia.

Registrado en los rubros impositivos de alquiler de salón de fiestas, venta minorista en minimercados y también en el rubro inmobiliario, con el pago de su monotributo al día, la Justicia federal sospecha que González comanda una flota de camiones equipados con dobles fondos capaces de realizar cargas de gran tamaño desde el otro lado de la frontera. “Está sospechado de ser un jefe logístico y un narcotraficante. González, por así decirlo, es la punta que entra. Provee la infraestructura y la logística”, asegura una fuente clave en esta historia.

La gomería abandonada, cree Orsetti, era su depósito, una central de acopio para recibir droga y enfriarla. El destino del polvo atribuido a González todavía es incierto. “Podría ir hacia Córdoba, Tucumán, o bajar más al sur”, continúa la fuente. Se sospecha que el empresario -que estuvo preso por una vieja causa narco años atrás en un penal federal, donde trabajó en blanco por tareas menores- sería un socio mayoritario en el negocio. Con quién operaba -o quién le compraba- también es un misterio.

La casa de González fue allanada, así como una finca que sería de su propiedad y el domicilio de un camionero. Se encontraron varios celulares, que podrán ser peritados.

Los teléfonos no son la única esperanza para Orsetti, con una investigación en la que también interviene el auxiliar Matías Aguilera: la ruta del dinero, el rastro patrimonial del prófugo, también es otra clave en la causa en su contra.