Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el objetivo es quitar distorsiones que afectan el libre mercado y perjudican a las pequeñas y medianas empresas
El Gobierno eliminó una serie de programas y estructuras que tenían como objetivo fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. A criterio del Ejecutivo eran “ineficientes, discrecionales y estériles” y afectaban la dinámica del libre mercado.
La medida se oficializó a través del decreto 339/24. Los considerandos de la norma se apoyan en que el Decreto N° 70/23 estableció que el Estado Nacional “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.
“Dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, explica.
Puntualmente, se eliminan varios artículos de la la Ley N° 25.872, el texto que creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Esta tenía los objetivos de:
fomentar el espíritu emprendedor en la juventud, promoviendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas nacionales;
brindar herramientas fiscales y financieras, en el marco de las políticas del Estado, con el objeto de crear y afianzar proyectos elaborados por la juventud empresaria;
promover la inserción en mercados nacionales e internacionales de bienes y servicios industriales, elaborados o prestados por la juventud emprendedora;
incentivar la elaboración de proyectos, ejecutados por la juventud empresaria, que incorporen innovación tecnológica
articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas.
El Ejecutivo cree que “los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado”.
El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que “el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región”.
Igualmente, el decreto aclara que “las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa”.
En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, contó a través de sus redes sociales el caso del economista, ex presidente del Banco Nación y productor PYME del dulce de leche La Salamandra, Javier González Fraga, solía decir que ‘las regulaciones en este sector deben ser obra de Mastellone, porque lo que es yo, como PYME, no tengo manera de cumplirlas’”.
González Fraga: “Las regulaciones en este sector deben ser obra de Mastellone, porque lo que es yo, como PYME, no tengo manera de cumplirla’”
“Es un ejemplo que ilustra los desafíos que el Estado le ha creado a nuestras PYMEs: impuestos al trabajo, obligaciones societarias, bloqueo al mercado de capitales, restricciones al crédito bancario, riesgo kuka (también llamado país), inseguridad jurídica, Sircreb, y siguen las firmas. La realidad, la producción y el mercado son un juego de niños comparado con las dificultades que impone el Estado”, sostuvo.
“En nuestra hipocresía decimos defender las PYMES, luego de romperles las piernas. Una vez que están en el piso el Estado les tiende, generoso, un bastón pagado con plata ajena. Un presidente de Angola una vez dijo ‘hay que crear obstáculos para luego poder ofrecer soluciones’. Describe perfecto lo que hacemos con las PYMES”, dijo.
Y señaló que “para nosotros una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad, tener una macro ordenada que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos paliativos, ni generar condiciones diferenciales que generan un incentivo a mantenerse chico. En realidad, no queremos que las empresas sean siempre pequeñas, la pequeñez no es necesariamente una virtud. La pequeñez es por donde se empieza, pero el sueño es que nuestras PYMES eventualmente conquisten el mundo”.
“En ese espíritu el Decreto Delegado 339/24, firmado por el Presidente Javier Milei, deroga más de 20 artículos de las leyes 24.467 y 25.872, eliminando una red de programas y estructuras estatales que decían ‘fomentar’ a las PyMEs, pero que en realidad eran ineficientes, discrecionales y estériles. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados”, afirmó Sturzenegger.
Entre estos programas había agencias que, según el Gobierno, nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, “vínculos forzados” entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que “no lograron nada”, y una “burocracia costosa sin impacto”.
El funcionario ilustró esta situación con el Programa “Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas cuando en Argentina existen más de 500.000 PyMES. “Un modelo para pocos (el 0,03% de las PYMES), quizás amigos del poder, y seguramente de CABA (porque la regulación también es eminentemente antifederal)”, afirmó.
Concluyó haciendo una enumeración de las medidas concretadas que considera relevantes: “Hoy el verdadero apoyo a la PyMES está en el modelo de la libertad. En lo que lleva de mandato, el gobierno de Milei redujo la inflación, liberó el tipo de cambio, eliminó miles de regulaciones, reinstaló las sociedades anónimas simplificadas, y le devolvió el crédito al sector productivo”.
“El crédito a MiPyMEs, pasó del 1,1% al 1,9% del PBI, durante el ultimo año (+72%). Una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir. VLLC!”, agregó.
La divisa se vende a $1.155 en el Banco Nación y a $1.161,91, según el promedio de entidades del BCRA. En la Bolsa bajaron las acciones y subieron los bonos
El Gobierno anunció este jueves un plan para flexibilizar las normas que permitan a los ciudadanos utilizar sus ahorros en dólares sin tener que dar explicaciones sobre su origen, en un intento de atraer divisas no declaradas y estimular el crecimiento económico.
“Tus dólares, tu decisión. Podrán gastarlos en lo que quieran sin ser perseguidos por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)”, dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. “Lo tuyo es tuyo y podés usarlo como quieras, sin tener que mostrar a cada rato de dónde lo sacaste”, agregó.
Tras los anuncios efectuados por el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de ARCA, Juan Pazo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la cotización del dólar operó en baja en todos los segmentos del mercado.
El dólar al público cerró con una baja de cinco pesos o un 0,4%, a $1.155 para la venta según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en el promedio de bancos la divisa quedó ofrecida a $1.161,91 para la venta (-0,4%) y a $1.115,56 para la compra.
En una sesión con USD 523,4 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista terminó operado a $1.135,50 para la venta, con una caída de 10,50 pesos o un 1% en el día de los anuncios para flexibilizar el uso de divisas que están fuera del sistema financiero. Se trata del precio más bajo desde el 14 de mayo. “Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista bajó $6,50, lejos de la suba de 6 pesos registrada en la semana anterior”, afirmó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.
Nuevamente, sin intervención del Banco Central en el mercado de cambios, las reservas internacionales brutas restaron USD 80 millones, en los USD 38.096 millones. Influyó en este resultado la baja en la cotización del oro (-0,6%) y del yuan chino (-0,1%).
La cotización del dólar blue restó diez pesos o un 0,9%, a $1.165 para la venta. Con un dólar mayorista a $1.135,50, la brecha cambiaria quedó en el 2,6 por ciento. Los dólares financieros también cerraron con caídas: el “contado con liquidación” mediante bonos cerró a $1.157,80 (-1%), mientras que el dólar MEP finalizó a $1.142,82 (-0,7%).
Asimismo, todos los contratos de dólar futuro exhibieron precio en baja en un rango del 0,4% al 1%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de mes se pactaron a 1.141,50 (-0,8%), mientras que para fin de año se negociaron a $1.300 (-0,6%).
Muchos argentinos desconfían de los bancos luego de sucesivas crisis económicas y ahorran en dólares “bajo el colchón”, cajas de seguridad o cuentas en el exterior. Fuentes oficiales estiman que los ahorros no declarados son de al menos 200.000 millones de dólares.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, dijo el ministro Caputo. Según el funcionario, la alta presión fiscal y regulaciones informativas impuestas por el Estado llevó a que alrededor del 50% de la economía opere en la informalidad.
Las medidas “van a ayudar a que haya mayor formalidad y mayor crecimiento”, agregó el ministro y sostuvo que Argentina necesita una “remonetización” de la economía, ya sea en pesos o en dólares, para sostener su crecimiento. “Tienen por objetivo devolverle a la gente la libertad de usar ahorros que el mismo Estado los forzó a llevar al canal informal”, dijo Caputo.
El presidente libertario Javier Milei, que desde que asumió en diciembre de 2023 llevó adelante un ajuste del gasto público para desacelerar una galopante inflación y eliminar el déficit fiscal, flexibilizó en abril los controles cambiarios que regían en el país y firmó un nuevo acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para reforzar las reservas del banco central.
El Gobierno anunció que se elevarán los umbrales sobre los que se deben reportar determinados consumos, transacciones u operaciones bancarias a ARCA y eliminó la obligatoriedad de informar al ente sobre gastos con tarjetas de crédito, débito y billeteras electrónicas, así como consumos de servicios públicos, compra de vehículos usados y ventas de propiedades. El FMI expresó que cualquier medida adoptada por Argentina para fomentar el uso de activos no declarados debe cumplir con los esquemas internacionales contra el blanqueo de dinero, incluidos en su actual programa con el país por 20.000 millones de dólares.
En este contexto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Ares cerró con baja de 0,2%, a 2.314.897 puntos, luego de perder un 2,5% el miércoles como parte de una previsible toma de utilidades de corto alcance. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- evolucionaron con una ganancia diaria de 0,5% en promedio.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street se alternaron subas y bajas. Del lado ganador destacó Loma Negra (+2.9%) y del perdedor, Telecom (-4,2%).
Acciones argentinas en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)
En el exterior, los índices de Wall Street tenían números ligeramente positivos. El panel tecnológico Nasdaq avanzó 0,3 por ciento.
La Cámara de Representantes de los EEUU aprobó este jueves el proyecto de ley fiscal enviado por el presidente Donald Trump, un paso clave para convertir a la iniciativa en ley. El proyecto fue enviado para su tratamiento en el Senado después de una semana agitada de cambios de último momento y dos tensos debates que duraron toda la noche.
El plan también aumentará el techo de la deuda del país en USD 4 billones después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la autoridad de endeudamiento de Estados Unidos está en la “vía de advertencia” y podría agotarse en agosto.
Los detalles fueron anunciados por el titular de ARCA, Juan Pazo, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Habrá menos controles para los contribuyentes
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, anunció este jueves en una conferencia de prensa en Casa Rosada que habrá un nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, orientado a reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes que operan dentro del sistema formal. Es importante destacar que estará disponible solo para quienes obtengan rentas de fuente local.
Pazo explicó que la nueva normativa se centra exclusivamente en la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales y el patrimonio de los ciudadanos. “No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA”, afirmó Pazo durante la presentación oficial, en el marco de las medidas hacia la desburocratización de los procesos impositivos.
La Casa Rosada dijo en un comunicado que, a partir de las últimas medidas, para cualquier consumo de bienes no registrables se puede gasta hasta $50 millones por mes sin que a ARCA le llegue ningún tipo de información sobre los consumos.
Para los contribuyentes que compren bienes registrables por montos superiores a $50 millones, la adhesión al nuevo régimen de Ganancias implicará que el organismo no pueda mirar el incremento patrimonial ni los consumos.
“Esto significa que ya sea que compres un monoambiente o un campo de millones de dólares, mientras adhieras al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, ARCA no mirará tu incremento patrimonial ni tu consumo. Solo pagarás impuestos por tus ingresos”, explicó el Gobierno
Los contribuyentes van a poder optar por este nuevo régimen en junio, es decir para el ejercicio fiscal 2025 que comienza a mitad de año y vence a mediados del siguiente. En el próximo vencimiento de mayo de 2026, cada persona accederá a su perfil en la web de ARCA, visualizará el monto determinado por el organismo, y podrá aceptarlo, pagarlo o rectificarlo en función de los datos disponibles. Este cambio representa una transformación significativa respecto del régimen actual.
Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
En el sistema vigente, todas las personas que debían declarar Ganancias tenían que cargar al sistema la facturación del año completo, todos los gastos deducibles y también los consumos personales. Además, el contribuyente estaba obligado a informar sobre su patrimonio al inicio y al cierre del año fiscal. Esta estructura generaba una Declaración Jurada compleja, idéntica a la que presentaban los grandes contribuyentes.
Con la nueva propuesta, ARCA pasará a calcular automáticamente el monto del impuesto, utilizando la información derivada de las facturas y los gastos deducibles registrados en el sistema. Así, el ciudadano tendrá una carga mucho menor y un procedimiento más rápido. “Este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. Cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada”, aseguró Pazo.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, aportó su análisis sobre el alcance de la medida. Señaló que, como el Ejecutivo no puede modificar la Ley del impuesto a las Ganancias mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, por lo que los cambios implementados se limitarán al terreno reglamentario de ARCA.
Domínguez explicó que el Gobierno busca eliminar uno de los elementos más complejos de la declaración jurada: la justificación patrimonial, que incluye el monto consumido durante el año. En el esquema actual, esa justificación es utilizada para cruzar datos de ingresos, consumos y activos a fin de verificar la consistencia de la declaración presentada por el contribuyente.
Con el nuevo régimen, esa obligación dejaría de existir. El contribuyente no necesitaría informar sus bienes al 31 de diciembre ni el dinero utilizado durante el año para cubrir sus gastos. Además, si está inscripto en el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP), tampoco tendría que detallar sus activos, a menos que supere el mínimo no imponible.
Expertos advierten que la eliminación de la justificación patrimonial podría reducir las capacidades de control del organismo recaudador
La medida implicaría, entonces, una transformación sustancial en la forma en la que se administra y fiscaliza el impuesto. ARCA ya no contaría con detalles sobre el patrimonio ni sobre consumos personales, lo que debilitaría una herramienta tradicionalmente empleada para detectar inconsistencias fiscales.
Desde el punto de vista de los contribuyentes, la simplificación facilitaría la autoliquidación del tributo, al disminuir la cantidad de información que deben reunir y presentar. Sin embargo, Domínguez advirtió que, aunque ya no sea obligatoria la justificación patrimonial ante el fisco, los ciudadanos deberán seguir elaborándola internamente para evaluar riesgos fiscales vinculados a gastos o activos no justificados.
En la visión del CEO de SDC Asesores Tributarios, la pérdida de esta herramienta de control tiene implicancias significativas para el sistema tributario. “La justificación patrimonial permite detectar incrementos patrimoniales no justificados, inconsistencias entre ingresos y consumos, y bienes que no se condicen con las rentas declaradas”, detalló.
A pesar de estos riesgos, el Gobierno considera que la medida forma parte de una estrategia más amplia de simplificación y desregulación tributaria. En palabras de Pazo, el objetivo es “generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal”, una condición que consideran necesaria para facilitar el acceso al crédito de largo plazo y promover el crecimiento económico sustentado.
El equipo económico presentó ayer las medidas que alientan a la remonetización de la economía a través del dinero no declarado por familias y empresas. Caputo reconoció que es clave para sostener un crecimiento del 6% en los próximos años
El plan que presentó ayer el equipo económico no solo tiene como objetivo dinamizar el consumo y la inversión a través de una mayor monetización que saldría de una fracción de los dólares ahorrados en el colchón y de los miles de millones de pesos que se mueven en el circuito informal.
Además, el Gobierno también apela a un verdadero cambio cultural, en el que el público ya no sienta temor por usar los dólares atesorados y reduce al mismo tiempo el rol de un Estado que se mete en casi todas las transacciones de la económica.
Algunas de las medidas anunciadas serán de aplicación inmediata, ya que dependen de un decreto o resolución. Otras sí requieren de tratamiento legislativo, por ejemplo en lo relacionado a la ley penal tributaria para evitar juicios a quienes aprovechen las facilidades presentadas en el nuevo régimen.
Aunque no se mencionó en ningún momento a los dólares “del colchón” en la conferencia que encabezó ayer Luis Caputo, luego llegaron las explicaciones. “Queremos que ahora la gente esté tranquila cuando quiera comprar algo, eliminando regímenes informativos que no tienen ningún sentido. En este contexto, creemos que esto incentivará darle uso a los dólares que hoy nadie quiere tocar por miedo a que lo vengan a perseguir”, señaló el ministro de Economía.
Como parte de los anuncios, se elimina la información al organismo recaudador en una serie de operaciones
Las medidas que entrarán en vigencia casi inmediatamente se pueden dividir en dos. Por un lado, se elimina la información al organismo recaudador, ARCA, en una serie de operaciones.
Los escribanos ya no tendrán que completar el CITI, un formulario en el que se remitía la información de una operación inmobiliaria. Lo mismo sucederá con la venta de autos usados. En estos casos, el comprador solo deberá presentar una declaración jurada en la que conste la licitud de los fondos. Y, posiblemente, el cambio más significativo es que las administradoras tampoco tendrán que informar los gastos con tarjeta de los clientes.
Luego se definió un incremento sustancial en el umbral a partir del cual habrá que reportar operaciones al ARCA. En el caso de saldos en bancos a fin de mes la cifra subió de un millón a $ 50 millones de pesos y para las tenencias en sociedades de Bolsa (Alyc) la cifra para informar arranca en $100 millones.
Juan Pazo, Luis Caputo y Federico Bausili en la conferencia de prensa de ayer
Esto no solo es una buena noticia para los sujetos encargados de enviar enormes cúmulos de información y que ahora ya no deberán hacerlo. También lo es para los compradores, que ya no tendrán que estar justificando un determinado nivel de gasto o de inversión, aún cuando estos excedan sus posibilidades fiscales.
El objetivo es que sin la sombra de ARCA en cada transacción resulte mucho menos engorrosa la compra. Ayer fue el propio Caputo el que reiteró cuál es el espíritu detrás de estos cambios: “En Argentina es tan alta la carga tributaria que obliga a que muchas empresas trabajen en la informalidad. Y lo mismo pasa con la compra de dólares con cepo. Por lo tanto, nosotros consideramos que no han cometido un delito y que pueden usar el dinero, nadie les va a decir nada”.
La economía que viene: el plan para sacar los dólares “del colchón” busca darle un fuerte impulso al consumo y generar un cambio cultural
Sin embargo, estas iniciativas requieren de una mayor solidez desde el punto de vista jurídico. Por eso se avanzará para que nadie pueda reclamar el pago de impuestos para atrás por el dinero no declarado que se utiliza en una compra. Por otra parte, también se requiere una ley que asegure la estabilidad tributaria para los bienes adquiridos con dinero no declarado con anterioridad.
En la memoria sigue estando el fuerte incremento de Bienes Personales junto con el impuesto a la riqueza que definió el gobierno de Alberto Fernández, atrapando a quienes habían ingresado en el blanqueo de Mauricio Macri.
El plan del Gobierno implica en mirar para otro lado cuando no es posible justificar los fondos aplicados a una compra. Sin emisión monetaria por parte del Central, el plan es que la remonetización provenga en parte de los dólares que los argentinos mantienen “en el colchón”. También se busca que los recursos de la economía informal se vuelquen al sistema financiero o a la compra de bienes sin mayores restricciones ni controles.
“En Argentina es tan alta la carga tributaria que obliga a que muchas empresas trabajen en la informalidad” (Caputo)
El esquema que se propone implica un verdadero cambio cultural, impulsando la dolarización endógena, es decir, que crezca la cantidad de dólares que circulan en la economía. Caputo aseguró que se trata de un aspecto clave para que la economía sostenga un crecimiento alto, en torno al 6% para los próximos años.