Los empresarios que fabrican celulares en la isla saben que la competencia de los productos importados tendrá un fuerte impacto en sus números. La política provincial también se mostró preocupada.
La decisión del Gobierno de eliminar los aranceles a la importación de celulares puso en alerta a la industria de Tierra del Fuego, que hoy produce la mayoría de los teléfonos que se comercializan en la Argentina. Aunque la reducción -aún no oficializada vía decreto- será en dos etapas, se cree que el anuncio podría ser un golpe de gracia para el régimen de promoción que tiene más de medio siglo de vigencia, que fue extendido hasta 2053 y que sobrevivió a cambios de Gobierno y oscilaciones ideológicas. Tiene un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones anuales.
Tal es la preocupación que uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador provincial. “Nos genera profunda preocupación el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir los impuestos internos sobre televisores y aires acondicionados, una medida que representa un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego”, aseguró, Gustavo Melella, quien aseguró que la medida anunciada responde a un pedido del FMI a Javier Milei.
“La industria fueguina es empleo, es soberanía, y representa un desarrollo tecnológico de alta calidad que no existe en ninguna otra parte del país. Como siempre, el pueblo fueguino, junto a sus trabajadores y el Gobierno provincial, va a salir adelante. Vamos a redoblar los esfuerzos en defensa de nuestra industria ante este nuevo embate”, agregó.
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar y estuvo a cargo del propio Adorni, también en X. “Estimado Gobernador: lo entendemos perfectamente. Al kirchnerismo se le terminan los privilegios y por eso están nerviosos. No hay nada que temer. Señores, la libertad avanza”, posteó el portavoz.
En el mismo sentido que el mandatario provincial se refirió la senadora nacional peronista Cristina López. “La eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares importados va a provocar en Tierra del Fuego: desempleo, desinversión y un devastador impacto social. La desregulación anunciada por el Gobierno nacional deja a las empresas radicadas en Tierra del Fuego en condiciones muy poco competitivas”, destacó.
(Credito foto: Franco Fafasuli)
El senador radical Pablo Blanco dijo que con la medida Milei firmó “el certificado de defunción de Tierra del Fuego”. Y agregó: “Chau empleo, chau producción nacional. Tierra del Fuego es soberanía, industria y trabajo. No se entrega, se defiende”.
En diálogo con Infobae, Dante Sica, exministro de Producción y fundador de la consultora Abeceb, aseguró que sin aranceles “la conveniencia de producir en Tierra del Fuego con todo el costo logístico que implica pasa a ser prácticamente nula” .“Cuando estábamos en el Gobierno, la pregunta era si convenía desarmar el esquema de Tierra del Fuego o simplemente eliminar los aranceles y dejar que se caiga solo. Como vimos, cuando bajábamos impuestos internos, que algunos empresarios se pusieron a ensamblar pantallas en la provincia de Buenos Aires, dentro de poco vamos a ver algo parecido”, destacó a Infobae Dante Sica, exministro de Producción y fundador de la consultora Abeceb.
Las principales compañías de electrónica y celulares aseguraron estar analizando la medida y su impacto. “Hay cautela, estamos haciendo cuentas todavía. Hay muchas dudas. Igual, el impacto de la baja va a tardar unos meses en verse en las góndolas, aunque podría haber alguna señales y gestos de parte de algunas marcas”, reconocieron desde una de las grandes empresas del mercado.
“Se le abren más la puerta a los importadores. Tierra del Fuego tiene aún el beneficio impositivo alto para celulares y, además, la industria está protegida en cuestión de impuesto. El régimen aún es competitivo… claro, el gap se achicó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que sea más conveniente para los clientes, por ahora parece que seguirá siendo Tierra del Fuego, pero estamos leyendo la letra chica de los anuncios”, destacaron en una de las principales marcas de móviles.
Otras, más vinculadas a la importación, saludaron el anuncio de Adorni. “La medida es positiva para el negocio, pero sumamente conveniente para el consumidor final, que tendrá más acceso a precios competitivos y alineados con el mercado internacional. La reducción de la presión fiscal es fundamental para el crecimiento”, comentó Ariel Elizalde, de Positivo Argentina, uno de los nuevos jugadores que comenzó a importar productos este año y está activo en el mercado de celulares.
Impuestos internos
La contracara de este anuncio es que, al mismo tiempo que se comunicó la decisión de bajar del 16% a 0% el arancel a la importación de celulares, también el Gobierno reducirá los impuestos internos a los teléfonos -y a otros productos-, por lo que tendrán los fabricantes una reducción de costos. De todas maneras, y aunque en menor medida, esta baja impositiva también incluirá a los importados.
Gustavo Melella, gobernador provincial
Aún así, y pese a que esta baja de impuestos fue celebrada por los empresarios, en la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) se mostraron muy preocupados por la baja de aranceles y remarcaron que “habrá que ver cómo se comporta el mercado con la primera etapa de la reducción”. Vale aclarar que la reducción inmediata será de 8 puntos y los 8 restantes quedarán para mediados de enero.
“La baja de los impuestos internos es una medida positiva porque va en línea con lo que venimos pidiendo, que es reducir el costo argentino para poder competir. Pero la baja de aranceles es una preocupación”, dijeron desde la entidad. Y agregaron: “Vamos a seguir trabajando con toda la cadena de valor, con el sector trabajador, logístico y especialmente con el retail para mejorar los números y poder competir, pero eso no es algo inmediato. La medida puede complicar la actividad en Tierra del Fuego y la industria”.
Actualmente, son muy pocos los celulares que se importan legalmente. Sí hay un contrabando creciente y por el cual la industria ya venía advirtiendo. Es más, 1 de cada 3 celulares que se venden en el país provienen del contrabando, según cifras del sector. Y si bien esta reducción de aranceles puede ser un aliciente para que no sea tanto negocio importar vía contrabando, otra posibilidad es que se sumen ambas situaciones y complique aún más a la industria.
En 2024 se produjeron en Tierra del Fuego 5.557.570 celulares, una producción baja en comparación con la del año anterior. Y en el primer trimestre del 2025 se fabricaron 1.476.661, según datos de Afarte.
Dudas y competencia
Cómo destacó este medio, semanas atrás, el subrégimen industrial, eje central del esquema de promoción, implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI, apuntó el informe. A manera comparativa, Fundar ejemplificó que este monto superaba en más del doble el presupuesto anual del Conicet (USD 435 millones en 2021) y representaba el 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.
En términos de créditos fiscales, se estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales. Su aplicación sobre la facturación total y no sobre el valor agregado se cree que incentiva la importación de insumos en detrimento de la producción local. Otra exención incluida es la de aranceles a la importación, que implica un gasto tributario de USD 436 millones. Los datos surgieron de un informe realizado por el centro de estudios Fundar.
Justamente, el economista Juan Carlos Hallak, autor del trabajo, realizó hoy un largo posteo en X con sus consideraciones sobre el anuncio. Allí destacó:
“La producción de celulares en Tierra del Fuego va a tener que competir con un celular importado más barato. Habría margen para competir con un celu importado 16% más barato”.
“¿Cuánto caerá la producción de celulares en Tierra del Fuego por competencia con celulares importados más baratos? Difícil de saber. Además, es probable que también las empresas fueguinas reaccionen bajando un poco sus precios”.
“En la medida en que se sustituya producción en Tierra del Fuego por importaciones, subirá la recaudación por IVA por el 21% del monto importado (versus 0% que paga el kit importado que se ensambla en Tierra del Fuego). Ese es el principal mecanismo que reduciría el costo fiscal del régimen”.
“En término de precios, los celus de Tierra del Fuego (casi todo el mercado hoy) seguro bajarán de precio, como mínimo el 9,5% x menor pago de II y ojalá más en respuesta a una mayor competencia del importado (no creo el 16% más pero algo seguro)”.
“Esta medida no destruye el Régimen ni va a generar una crisis de empleo. El ensamble de celulares emplea alrededor de un cuarto del empleo del Régimen (aproximadamente 10.000 personas) y ni siquiera es obvio que se vaya a reducir tanto la producción de celus”.
Más allá de la política, la gran mayoría de las empresas del sector aún analizan los anuncios, calculadora en mano. “Nos vamos a adaptar, seguiremos con Tierra del Fuego, o importaremos. Vamos a hacer lo mejor para que nuestros clientes tengan los precios más bajos”, cerraron desde una de las grandes marcas de smartphones. Ninguna quiso hablar en on the record hasta no tener más claras las medidas.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes