Es en relación al mismo período del año pasado, según los datos de la ANSES analizados por Infobae. La prestación se otorga a trabajadores del sector privado en relación de dependencia o de la construcción, por un período que va de los 2 a los 12 meses

Tras un primer año de gestión de Javier Milei en el que hubo un fuerte ajuste en la planta estatal de empleados y una caída de la actividad, el primer trimestre de 2025 muestra una reducción del 30% en las altas de las prestaciones de desempleo otorgadas por el Estado, respecto del mismo período que el año anterior. Entre enero y marzo pasado, los nuevos beneficiarios fueron 30.560 mientras que 12 meses atrás, ese número se elevaba a 43.148, según surge del análisis hecho por Infobae de los datos estadísticos publicados por la ANSES en su sitio web.

Se trata de un beneficio implementado por ley en 1991, como una prestación transitoria que se paga por un lapso que va de los 2 a los 12 meses, a trabajadores asalariados registrados, permanentes y temporarios del sector privado que perdieron su empleo. Las altas otorgadas son un indicador de la caída del empleo formal.

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La menor cantidad de solicitudes de este beneficio en el primer trimestre de 2025 se produce luego de que, en 2024, se registrara el doble de altas en relación al último año de gestión de Alberto Fernandez. En el primer trimestre de 2023 se habían liquidado 21.471 altas mientras que, en los primeros tres meses del gobierno de Milei, ese número se elevó a 43.148. Este aumento del 60% en 2024 respecto del año anterior refleja el efecto del plan de ajuste implementado por la gestión libertaria.

La cantidad de beneficiarios totales a marzo último (incluyendo altas y beneficios otorgados en meses anteriores) fue de 92.787. Esta cifra es la más alta comparada con el mismo mes de 2024 (88.528) y el de 2023 (59.094).

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Según los últimos datos disponibles del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2024, la tasa de desocupación -personas que no tienen trabajo y buscan empleo activamente -, se ubicó en 6,4% de la Población Económica Activa, que asciende a 14,5 millones de personas. El trimestre previo, ese indicador había sido ligeramente más elevado, de 6.9%.

La prestación por desempleo que paga la ANSES es temporal y va desde los 2 meses hasta el año, dependiendo de la cantidad de meses trabajados con anterioridad a que la persona pierde o cesa su trabajo.

La cifra a cobrar de la ANSES es un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración habitual de los 6 meses previos a quedarse desempleado. Hay un monto mínimo y un máximo de la prestación fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. A partir del 1 de marzo, esos valores fueron fijados en $148.416 y $296.832, respectivamente.

El monto es decreciente: los primeros cuatro meses se cobra el 100% del beneficio; del quinto al octavo, el 80%; y del noveno al duodécimo, el 70% del monto inicialmente determinado.

Fila para buscar empleo

Las prestaciones por desempleo fueron establecidas en la ley de Empleo sancionada en 1991 y alcanza a los trabajadores empleados bajo la ley de Contrato de Trabajo y a los comprendidos en el Régimen de la Construcción que hayan aportado al Fondo Nacional de Empleo.

Para tener derecho a recibir la prestación, el trabajador debe haber aportado a ese Fondo por un mínimo de 6 meses durante los 3 años previos al cese laboral, o 90 días en los últimos 12 meses si se trata de servicios eventuales.

Al cobrar el seguro por desempleo, el trabajador tiene derecho a percibir las asignaciones familiares que le correspondan y al reconocimiento del período a los efectos de la jubilación. La prestación es incompatible con otros beneficios previsionales o prestaciones no contributivas.

La construcción es uno de los sectores afectados por el desempleo (Reuters)

En el caso de los obreros de la construcción, les rige el Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción creado por la ley 24.371, sancionada en el año 2000, que también paga la ANSES.

Alcanza a los trabajadores despedidos sin justa causa o por finalización de la obra, y deben contar con, al menos, 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o la finalización del trabajo. Para los permanentes, el monto del beneficio y la cantidad de meses a cobrar – entre 3 y 8 como máximo – se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 2 años.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada que trabajaron (con aportes) un año o más, se aplica el mismo criterio. Si lo hizo por menos de un año, le corresponderá un día por cada 3 de servicio. Al igual que los empleados con relación de dependencia bajo la ley de Contrato de Trabajo, los mayores a 45 años cobran durante 6 meses más.

Este seguro por desempleo a cargo del Estado funciona en paralelo al Fondo de Cese Laboral que rige en el sector de la construcción, creado por la ley 22.250. Se conforma de un aporte por parte del empleador equivalente al 12% del sueldo del trabajador el primer año (luego baja al 8%), que se deposita en una cuenta bancaria, y que el trabajador puede retirar cuando termina la obra o cesa la relación laboral. Este sistema fue elogiado por Milei en distintas oportunidades, e incluido en la Ley Bases aprobada por el Congreso, como un Fondo de Cese a acordar por las partes dentro del convenio de trabajo.

El mayor porcentaje de los solicitantes (19%) corresponde a personas de entre 45 y 49 años de edad (17.510 altas). Le sigue el rango de 50 a 54 años con 13.260 altas (14%).

En cuanto al género, el 71% de los que solicitaron el seguro de desempleo fueron varones (66.034 altas) y el resto, mujeres (26.753).

Y finalmente, si se analiza por rama de actividad, la mayor cantidad de altas otorgadas el mes pasado (23,4%) corresponde a desempleados de la industria manufacturera (7.157 casos), seguidos por 6.117 altas del sector del comercio (20%), y 5.699 (18%) de la construcción.

El mes pasado, el mayor número de beneficios totales se otorgó en la provincia de Buenos Aires ( 38.180), el 41% del total liquidado (92.787). Pero si se considera la población, el distrito bonaerense aparece en octavo lugar, con 218 prestaciones por cada 100.000 habitantes.

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El ranking de las mayores tasas en marzolo lidera Santa Cruz, con 473 beneficios cada 100.000 habitantes; Tierra del Fuego, con una tasa de 406, y San Juan con una tasa de 358 sobre la misma base poblacional.

Infobae analizó los últimos 25 años de ese beneficio. De los datos surge que el 2024 fue el año en el que hubo mayor porcentaje de aumento en las altas anuales (60%).

Otro aumento importante se dio en 2016 durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, en el que las altas anuales aumentaron el 45% respecto del año anterior.

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Durante el gobierno de Alberto Fernández, producto del parate en la actividad por la pandemia, hubo una suba en los nuevos beneficios de desempleo otorgados en 2022, con un incremento del 37% ese año.

En números absolutos, el pico de nuevos subsidios por desempleo otorgados se produjo a la salida de la crisis institucional y social del 2001, año en que se habían otorgado 240.950 beneficios. En el gobierno de Eduardo Duhalde, en 2002, la cifra escaló a 259.066 solicitudes de alta. Fue el récord en los últimos 25 años.

Los valores siguieron luego a un promedio de 130.000 por año, con otra suba en 2009, cuando hubo 243.487 nuevas altas en el año, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Visualización de datos: Daniela Czibener

El director del Centro de Estudios de la Productividad analizó en diálogo con Infobae la sostenibilidad del nuevo régimen cambiario, el rol del FMI, el traslado a precios y los desafíos para consolidar el proceso de estabilización

En una nueva economía, intenta avanzar el Gobierno de Javier Milei, con la denominada “Fase 3”. que fue analizada e implementada en conjunto por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili -tras haber revertido el abultado déficit fiscal y depurado al BCRA de los pesados pasivos monetarios acumulados por el creciente desequilibrio de las finanzas públicas hasta 2023-.

Con ese cuadro, Infobae entrevistó a Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad (CEP), y profesor en UBA, Udesa y Ucema, para conocer su visión sobre la coyuntura y las perspectivas para lo que resta del año.

— Positiva. No hubo una disrupción cambiaria como se esperaba. El desafío luego de la etapas iniciales de la estabilización y una vez que se acceda al mercado voluntario de deuda, es que el tipo de cambio deje de ser leading indicator de expectativas de inflación futura.

Debido a la historia argentina de los últimos 80 años, el dólar se constituyó en moneda de reserva de valor y en unidad de cuenta de los “ladrillos” y bienes durables. En una hiperinflación como la vivida durante 2023, además se generaliza la dolarización de precios y contratos no solo a los sectores transables sino también a los de consumo no durables.

Por lo general, Argentina tiene miedo a flotar, en la jerga “fear to floating”, dado que el pass-through a precios se volvió automático luego de dos décadas de inflación y aprendizaje social para adaptarse a un régimen de alta suba de los precios que desembocó en la hiperinflación de 2023.

El desafío que tiene el Gobierno, luego de haber usado dos anclas -cambiaria y fiscal- en la primera etapa de estabilización, es que, con este nuevo sistema de bandas cambiarias, logre convencer no solo a los inversores internacionales sino también al ahorrista argentino de que “esta vez es diferente”. Y que aplicará reformas estructurales, principalmente la laboral, para generar empleo y salarios formales en base a inversiones y productividad, pendientes desde el fallido intento de la Ley Mucci hasta hoy.

— ¿Echa por tierra que el tipo de cambio estaba atrasado, como se desprende del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral?

— De un índice estadístico como el citado no puedo inferir si el tipo de cambio estaba atrasado o no, porque se necesita determinar contra qué se compara. El tipo de cambio de equilibrio en una sociedad conflictiva e instituciones disfuncionales para el desarrollo y con volantazos brutales entre populismo seudo socialista y una orientación promercado, no permite afirmar si hay o no desalineación del tipo de cambio a corto plazo.

Los exportadores pueden evaluar que el tipo de cambio está atrasado y retener la liquidación de divisas, y asimismo adelantarse las importaciones en expectativa de que hay una apreciación cambiaria insostenible pero asimismo el sector servicios y los trabajadores formales e informales no desean que les licuen los ingresos y el salario por una devaluación abrupta, es decir que no es sostenible socialmente un tipo de cambio real alto, porque saben que se trasladaría a precios.

Párrafo aparte Argentina solo tuvo tipo de cambio real alto durante las hiperinflaciones y nunca se debería tomarse como parámetro de comparación un desequilibrio insostenible como ese, que empujó a la sociedad a una demanda contundente por estabilizar.

Todas las estabilizaciones exitosas de hiperinflaciones fueron con ancla cambiaria extrema: convertibilidad, tipos de cambio fijo, etc. para anular el efecto de leading indicator del tipo de cambio como expectativa de inflación futura, todas generaron apreciaciones de la moneda doméstica.

“Todas las estabilizaciones exitosas en términos de evitar que el país vuelva a caer en alta inflación fueron aquellas que implementaron un cambio de régimen al estilo Sargent”

Pero singularmente -y mucho más importante-, todas las estabilizaciones exitosas en términos de evitar que el país vuelva a caer en alta inflación fueron aquellas que implementaron un cambio de régimen al estilo Sargent.

Thomas Sargent sostuvo que un anuncio “creíble” de que no habrá más emisión monetaria para financiar el déficit fiscal detiene instantáneamente la hiperinflación. Es lo que se hizo ahora, pero de forma más profunda, porque se logró rápidamente superávit fiscal.

La discusión en todo caso debería ser: ¿la velocidad con que se apreció el peso era compatible con la productividad argentina presente?: Taxativamente, no. Nuestra estimación de la productividad laboral era que, en 2023, era apenas equivalente a la de 1974 y la productividad total de los factores por debajo de 1950.

Argentina, desde el 4 de junio de 1943, eliminó completamente el incentivo competitivo. Los gráficos de productividad demuestran que el país quedó estancado en la coyuntura de inicios de la Segunda Guerra Mundial, sin adaptarse a los cambios geopolíticos y a los nuevos patrones de comercio.

La apreciación sería compatible con un país cuyo régimen macroeconómico está cambiando hacia un orden fiscal permanente y reformas estructurales prometidas que incrementen la competitividad.

“Argentina, desde el 4 de junio de 1943, eliminó completamente el incentivo competitivo. Los gráficos de productividad demuestran que el país quedó estancado en la coyuntura de inicios de la Segunda Guerra Mundial”

Taxativamente, sí. Porque solo con orden fiscal y estabilidad se pueden materializar las potencialidades productivas que, sin dudas, tiene el país. Por lo tanto, no serían necesarias devaluaciones abruptas para compensar la ineficiencia del sector público y de parte del sector productivo.

— ¿Cuáles son los principales riesgos macroeconómicos que enfrenta el nuevo esquema cambiario tras el levantamiento de las restricciones?

— A corto plazo, el desafío, para mí, es que hay que profundizar el superávit fiscal. El ministro anunció que la meta se mantendrá este año con leve aumento, incluso en un año electoral. Y se llevará a 2,2% del PBI el año que viene. El esfuerzo debería ser mayor para generar espacio que permita bajar impuestos. Al mismo tiempo, se deben eliminar los gastos tributarios (exenciones impositivas) como pide el staff report del FMI para ampliar la base de tributación y evitar que caiga la recaudación por una reducción de las tasas impositivas.

Ese nudo se desata en el Congreso. Seamos realistas: el país está configurado de tal manera que hay una serie de provincias feudales que viven de la recaudación impositiva aportada por el núcleo productivo. Sin embargo, las economías regionales tienen muchas potencialidades que sin embargo están aplastadas por una serie de impuestos, tasas y gabelas corporativas difícil de eliminar por el bloqueo corporativo.

Las provincias feudales pasaron de exigir generación de empleo con inversiones a preguntarse cuántos empleados y planes puedo gestionar con tu coparticipación e ingresos brutos distorsivos. Tenemos una estructura regional feudal incompatible con el desarrollo productivo. No se negocia la coparticipación desde el gobierno de Raúl Alfonsín, con Alejandro Armendáriz como gobernador radical de la provincia de Buenos Aires.

Luego se viene esa batalla de las privatizaciones, reforma laboral y previsional. Una primera escaramuza fue la resistencia que le aplicaron los senadores y diputados de los gobiernos feudales en el Congreso, gran parte electos por listas sábana con levantamos sin criterio propio y a punta del soborno del lobby corporativo.

— ¿Qué señales deberían observarse en los próximos meses para evaluar si el tipo de cambio flotante administrado es sostenible?

— Que el pass-trough a precios de las fluctuaciones al alza del tipo de cambio sea muy moderado. Ahí se habrá demostrado, que el sector privado productivo se convenció que hay un cambio de régimen a la Sargent, y se moderará el pass through a precios de fluctuaciones del tipo de cambio.

— ¿Cuál es el margen que tiene el Banco Central para intervenir sin perder reservas ni credibilidad en el nuevo régimen?

— A corto plazo, en la medida que se liquide la cosecha, se acumularán reservas en el Banco Central más allá del aporte del FMI. A mediano plazo, el acceso al crédito externo voluntario habilitaría la posibilidad de volver a ser un país normal, donde se pueda hacer rollover de los vencimientos de capital y pagar los intereses con superávit fiscal. Asimismo, dado que se liberó el cepo a los flujos de remesas de utilidades y dividendos, el RIGI por fin tendría efecto, y habría posibilidad de que, ya en este año, vuelva la Inversión Extranjera directa (IED).

“A mediano plazo, el acceso al crédito externo voluntario habilitaría la posibilidad de volver a ser un país normal, donde se pueda hacer rollover de los vencimientos de capital y pagar los intereses con superávit fiscal”

— ¿Es bueno para la economía en su conjunto que vuelva el “carry trade”?

— Si hay flotación entre bandas iniciales amplias (40%), que se ampliarán aún más con el paso del tiempo, el riesgo cambiario es mucho más elevado que en el crawling peg. Una cuestión muy positiva que demuestra el pragmatismo y conocimiento profesional del equipo económico es la decisión de liberar el cepo y habilitar la entrada de capitales de no residentes. pero con una estadía mínima de 6 meses.

Aunque juzgo que debería ser superior a la fecha de las elecciones, ello permite, en principio, evitar la entrada de capitales especulativos y reduciría una fuente de volatilidad y apreciación cambiaria, típica de países con estabilización reciente como recomienda Ronald Ian McKinnon (1974).

— ¿Qué nivel de tipo de cambio real considera compatible con una estrategia de crecimiento sostenido en el mediano plazo?

— Es que el tipo de cambio real es una variable endógena. Bajo un esquema de tipo de cambio fijo, incluso el soberano no puede determinar el nivel real del tipo de cambio real, porque los precios los determina el mercado. Si haces control de precios con enforcement –no la payasada inefectiva de Guillermo Moreno- vas a generar escasez y mercados negros de mercadería con precios muy superiores al oficial.

Con tipo de cambio fijo o flotante, el dilema argentino es crecer con competitividad y eficiencia. El proteccionismo irreversible inaugurado en los 40 está vigente en el presente y eliminó completamente el incentivo competitivo. Con excepciones, “la industria está aún naciendo en un período de gestación que lleva 79 años, en lugar de nueve meses”.

— ¿Qué condiciones deberían reunirse para evitar una nueva apreciación del peso como ocurrió en planes anteriores?

— Reformas estructurales e impositiva que institucionalicen la generación de equilibrio fiscal intertemporal. Restablecer el incentivo competitivo en la economía argentina. Y si algún sector recibe protección sea a cambio de metas de exportación y generación de empleo verificables. Con un estado ineficiente y cooptado por los lobbies, por ahora es imposible.

La competitividad se gana con productividad y eficiencia no con devaluaciones que reducen el nivel de vida de los trabajadores a cambio de otorgar un tipo de cambio más alto transitorio a sectores corporativos con poder de lobby.

“La competitividad se gana con productividad y eficiencia no con devaluaciones que reducen el nivel de vida de los trabajadores”

— ¿Qué fortalezas y debilidades tiene el acuerdo que el equipo económico hizo con el FMI para que le aprobara un préstamo por USD 20.000 millones con alto desembolso inicial?

— El Gobierno demostró fortaleza política y logró aprobar la Ley Bases. Para mí lo central que pide el FMI y también la gente, es poder político para hacer las reformas. Pero ojo, los organismos internacionales, los inversores no residentes y los ahorristas argentinos prestan atención a si hay una oposición que esté de acuerdo con el equilibrio fiscal y las reformas, como en Uruguay. El importante desembolso inicial es fruto de los esfuerzos fiscales realizados.

Dada la historia argentina, pero principalmente la destrucción de las estadísticas públicas en el pasado y la reciente hiperinflación de 2023, el país ha perdido toda credibilidad. El Gobierno se encontró con el sistema bancario a punto de quebrar, el sistema previsional ya quebrado, un Estado Inoperante, aun para dar subsidios a los vulnerables (recordar que no se pudo organizar una cola para el cobro de jubilaciones en la pandemia) y el mercado de trabajo sin capacidad de generar empleo registrado.

Yo creo que muy rápidamente es posible que el riesgo país baje a los niveles que alcanzó en 2017 durante la época de Macri. Pero esos niveles son aún mayores que el resto de América Latina.

Para ser sintéticos y contundentes: Uruguay tiene riesgo país por debajo del de Argentina nosotros por dos causas: no manipuló estadísticas en el pasado y su nuevo presidente del Frente Amplio dijo contundentemente que va a ser más ortodoxo fiscalmente que Luis Lacalle Pou, su predecesor más promercado que él. El Frente Amplio sabe que la inflación destruye el bolsillo de los trabajadores, su base electoral.

Mientras Argentina no tenga una oposición que crea en el equilibrio fiscal y mande cartas al FMI como hizo el kirchnerismo para que no nos presten, el riesgo de reversión de las reformas implementadas seguirá latente.

A largo plazo, es decir de acá a ocho años, es necesario que el equilibrio fiscal se institucionalice, así como también las reformas estructurales, y que sean parte de un futuro gobierno no libertario. La voluntad férrea del Presidente para lograr el orden fiscal no es compartida con sinceridad por la oposición no kirchnerista que aún no aparece, ni por los grupos corporativos que no ceden sus prebendas.

— ¿En qué medida el nuevo acuerdo con el FMI condiciona las decisiones de política monetaria y fiscal?

— Estamos condicionados por nuestra historia de falta de respeto a los derechos de propiedad y de ausencia de límites al poder, no por el FMI.

— ¿El acuerdo despeja el horizonte financiero o solo gana tiempo hasta que mejoren los flujos genuinos de divisas?

— Ambos. El acuerdo permite que ya no sea necesario por lo menos por tres años pagar en efectivo su deuda, cuestión que no pasa en ningún lugar del mundo. Si Argentina accede prontamente al mercado de crédito externo voluntario, podrá “rollear” los vencimientos de capital de deuda con acreedores privados.

Que Argentina tenga que pagar en efectivo los vencimientos de deuda exige un ajuste brutal sobre la sociedad argentina, que se dio en los últimos 20 años mediante la licuación de salarios y ahorros vía alta inflación. Depredando (robo legal) las reservas del Banco Central que son de todos los argentinos ahorristas para pagar deuda u otros fines. Dejándonos permanentemente al borde del default con el FMI. Nunca más.

“El acuerdo permite que ya no sea necesario por lo menos por tres años pagar en efectivo su deuda, cuestión que no pasa en ningún lugar del mundo”

— ¿Las expectativas de altas tasas reales de interés comprometen el objetivo de desinflación que proyecta el Gobierno?

— No, en todo caso, si hubiese tasas reales de interés negativas.

— ¿Qué rol juegan las tarifas y los precios regulados en el proceso de desinflación?

— En la medida en que los precios regulados y tarifas se han ajustado hasta cubrir una parte importante de los costos de provisión de servicios públicos, el impacto es positivo.

En el caso de la energía eléctrica, las tarifas han pasado de cubrir el 22% del costo en enero de 2024 al 84% en febrero de 2025. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los usuarios cubren aproximadamente el 60% del costo de transporte público y gas natural, 53% de los costos. Por lo cual se reduce en forma muy importante el peso de los subsidios en el presupuesto público.

Antes, cuando las tarifas cubrían solo una parte mínima de los costos, los subsidios se financiaban con el impuesto inflacionario, que reducía el poder adquisitivo de toda la población, sea usuaria o no del servicio público.

— ¿Es posible estabilizar la inflación sin una coordinación explícita entre política de ingresos y política monetaria?

— En lo que transcurre la actual gestión, no hubo política de ingresos por lo cual el tema no sería relevante en la actual etapa. Solo en la primera etapa, en casos puntuales, se postergó el impacto de algunas tarifas solo por pocos meses, y se negoció, incluso en el presente, la demora y amortiguación de aumentos en las prepagas.

Donde sí hubo una descoordinación muy grande fue en el intento de estabilización de la gestión Macri cuando el ministro de Energía Juan José Aranguren anunció un tarifazo casi al mismo tiempo que el ministro de Economía Alfonso Prat Gay anunciaba política de metas de inflación, sobreimpuestas al Banco Central, en el momento que el Indec recién salía de la intervención, estaba en periodo “especial” de blackout y no había aun IPC. Eso si es descoordinación!

Otro elemento importante de coordinación, sino el fundamental, es que por primera vez tenemos un Ministro de economía que tiene en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento, y está empoderado por el Presidente. Esta situación que no se veía desde la gestión de Domingo Cavallo durante la primera presidencia de Carlos Menem.

— La inestabilidad que caracterizó a la Argentina en gran parte de los últimos 70 años explica que la fijación de muchos precios de la economía se determinara por múltiples causas: expectativas, tipo de cambio, demanda, política tributaria y monetaria. ¿Ahora comienza un nuevo ciclo en el que se determinarán por “el mercado”?

— Los precios se determinan por oferta y demanda. Durante el régimen de alta inflación, los comercios, bancos y empresas reducían los plazos de financiamiento para evitar el impacto de la incertidumbre inflacionaria sobre sus precios relativos, al tiempo que aumentaban los márgenes preventivamente para evitar pérdidas por variaciones inesperadas en los costos de reposición esperados.

La dolarización de precios, incluso de no transables, la fijación de lista de precios por dólar blue y los episodios de escasez endógena por falta de precios, así como el estoqueo de mercaderías e insumos por parte de hogares y empresas vividos durante 2023, son un signo de que le economía argentina estuvo en hiperinflación.

“Por primera vez tenemos un Ministro de economía que tiene en sus manos las decisiones de gasto y financiamiento, y está empoderado por el Presidente”

Si el pass-through a precios de fluctuaciones del tipo de cambio dentro de las bandas cambiarias es reducido, se habría eliminado rápidamente la “hysteresis” (persistencia) de la “dolarización de precios”, típico behavioural argento del periodo de inflación crónica kirchnerista.

Pero no confundamos causas con efectos. El cortoplacismo y la dolarización de precios son consecuencia de la inflación, no su origen, que está, como dice Sargent, en todo momento, un fenómeno de financiamiento monetario del déficit fiscal, donde el Banco Central es su cómplice.

Y yo agrego que la alta inflación es un síntoma de la crisis de finanzas públicas donde el Gobierno pierde su crédito y su capacidad de cobrar impuestos legislados, y, si no es suficiente el enforcement, la represión financiera (cepo), consecuencias del bloqueo corporativo y la anomia institucional.

— ¿Qué impacto puede tener en los márgenes empresariales la normalización de precios relativos tras la salida del cepo?

— Durante marzo hubo remarcaciones preventivas para evitar pérdidas o generar ganancias por revaluaciones originadas en expectativas de devaluación abrupta y por la incertidumbre de cambio en el régimen cambiario por imprudencia comunicacional del Fondo y del gobierno, cuestión que se reflejó en el IPC del 3,7 por ciento.

En la primera semana de abril, hubo otro cambio en las listas de precios que luego se revirtieron parcialmente con la baja temporal del tipo de cambio oficial o en expectativa de que las bandas tienen enforcement.

Pero los fundamentals son sólidos, por lo cual hay grandes posibilidades de que los traslados a precios de fluctuaciones de tipo de cambio a precios sean moderados y se circunscriben a transables. Es decir, una tendencia más lenta en la convergencia a un régimen de inflación de un dígito anual que el Gobierno prevé para el año que viene como consecuencia de la flotación acotada del tipo de cambio, pero con el beneficio de facilitar la acumulación de reservas del Banco Central.

— ¿Ve posible una recuperación del consumo en este contexto, o el ancla será exclusivamente la inversión exportadora?

— El crecimiento esperado este año por el FMI es del 5%, muy superior al resto de la región y del mundo desarrollado aun con la fuerte ralentización de la economía mundial como consecuencia del “liberation day” de Trump. Esa cifra da lugar para espacio para que se recupere el consumo, en la medida que siga creciendo el poder adquisitivo del salario y se profundice la reactivación del crédito.

No obstante, a largo plazo, las fuentes del crecimiento económico argentino deberían ser la inversión y las exportaciones basadas en ganancias de productividad. Ello permitiría generar empleos formales e incrementar sosteniblemente los salario reales.

— ¿El fin del cepo es condición suficiente para que se reactiven las inversiones de empresas extranjeras?

— En este caso hay que razonar por sectores. El RIGI y el fin del cepo facilitan la IED en sectores transables, especialmente energía y minería. Pero queda pendiente las privatizaciones y terminar de definir el esquema regulatorio “permanente” de las concesiones de servicios públicos, regularizando los Entes Reguladores y de paso también los Tribunales de Defensa de la Competencia (pendiente desde su creación en 1980). Así como también el esquema de inversiones en infraestructura.

Ello facilitaría canalizar IED hacia el sector de provisión de servicios públicos e infraestructura, empujando un aumento de la productividad de los no transables y vía eslabonamientos de aquellos sectores transables que los utilizan.

Por último, para que el riesgo país baje a los niveles de Uruguay, recordar que aun en lo mejor de Macri éramos el doble que nuestro socios de Mercosur, y no volver a recurrir al FMI para reconstituir reservas o ser salvados por el Tesoro de EEUU (positivo) de una crisis de balance de pagos, y se invierta en Argentina con un horizonte de 30 años, sin subsidios, dirigismo, prebendas y leyes especiales se necesita dos cosas fundamentales:

1. Institucionalizar las reformas económicas
2. Profundizar la seguridad jurídica con más límites al poder
3. Acuerdo de la oposición con las reformas y el equilibrio fiscal y mantenga su palabra cuando sea eventualmente gobierno en el futuro.

Sino el riesgo de que se reviertan la estabilización durante un próximo gobierno no libertario dentro de 7 años, asumiendo un gobierno populista, seguirá latente y seguiremos con un riesgo país más bajo pero superior al del resto de América Latina.

Fotos: Maximiliano Luna

En Washington hubo elogios para Argentina de los organismos, el Tesoro de EEUU y los grandes bancos de inversión. Pero la euforia tiene techo: el resultado del Gobierno en las elecciones legislativas

El Gobierno retomó la iniciativa en el arranque del segundo trimestre. Puso en marcha el sistema de bandas cambiarias, eliminó el cepo para las personas y flexibilizó el acceso al dólar para los nuevos flujos que ingresen las empresas, con obligación de permanencia por 180 días. El resultado fue incluso mejor al esperado, con un tipo de cambio oficial que se mantiene por debajo de los $1.200, un 12% por debajo de las cotizaciones financieras antes de las medidas.

Luego de un primer trimestre errático, los indicadores parecen acomodarse. Las reservas subieron fuerte por los desembolsos del FMI y el Banco Mundial, llegando a los USD 39.000 millones. El dólar se acomodó a la baja y lo mismo ocurrirá con la inflación. En los próximos meses esto debería también repercutir en una mejora de los ingresos que permita reactivar más rápido a la economía.

Luis Caputo y su equipo recibieron todo tipo de elogios por la marcha del plan económico. Argentina será este año uno de los países con mayor repunte de actividad (el FMI estimó 5,5% contra solo 2% de Brasil, por ejemplo) y entre los pocos que tendrá superávit fiscal.

Pero sobre todo hay mucha expectativa por la “normalización” de la economía y la liberación de restricciones cambiarias.

Incluso el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, adelantó que EEUU está dispuesto a poner a disposición de la Argentina una línea crediticia en caso de ser necesario. También elogió el préstamo del FMI: “En el caso de la Argentina es justificado que lo reciba, pero quizás no lo sea tanto en la situación de otros países”, explicó.

Pero también hubo un baño de realidad, que llegó de parte de Kristalina Georgieva. En una conferencia habló sobre las grandes oportunidades de la Argentina, pero también hizo referencia a los riesgos. Y allí se despachó, al considerar como muy importante que “las elecciones confirmen el rumbo elegido y que el país no descarrile”.

Los inversores quieren la seguridad de que el rumbo económico tendrá respaldo electoral y continuidad política EFE/Enrique García Medina

La titular del FMI expresó en buena medida lo que los mercados empezaron a mirar con detenimiento luego del acuerdo con el organismo. La inquietud es siempre la misma: que al Gobierno le pase lo mismo que a Mauricio Macri, que parecía que se quedaba por ocho años pero al final volvió el kirchnerismo.

Este recuerdo está todavía fresco en la memoria, fue hace solo seis años y la caída de los activos generó millonarias pérdidas a bancos y fondos de inversión. La respuesta del equipo económico ya es conocida: “Esta vez será diferente, nunca tuvimos una situación como la actual”, dice Caputo, una y otra vez.

Por lo pronto, es cierto que hay muchas diferencias respecto a la experiencia macrista. Quizás la más importante es que a casi un año y medio de haber llegado al poder el gobierno no logró conseguir acceso a los mercados. Y ello pese a conseguir superávit fiscal desde el primer mes de gestión. Con Macri paso exactamente al revés: nunca logró equilibrio en las cuentas públicas, pero logró financiamiento desde el primer día por un total de casi USD 50.000 millones a lo largo de dos años y medio. Aquel final ya es conocido.

Por eso, ahora la gran preocupación del gobierno es lograr un resultado electoral favorable. El interés de los inversores por las elecciones legislativas quedó al desnudo durante la presentación que realizó Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, en un evento organizado por el J.P.Morgan en Washington. Es el mismo en donde habló Bessentt y el propio Caputo.

El politógo recibió decenas de preguntas sobre el “día después” de las elecciones legislativas. Las miradas apuntan en particular a la provincia de Buenos Aires. No es casualidad que Javier Milei considerara la semana pasada como muy factible una alianza entre libertarios y el PRO, aún luego de las críticas de Mauricio Macri.

Dado el gran interés que el mercado tiene en relación a las inversiones, parece razonable que el equipo económico apueste en los próximos meses a un claro objetivo, que es bajar aún más la inflación.

El esquema de flotación con bandas cambiarias va en esa dirección: se puso un piso bastante bajo y la decisión oficial es que el Banco Central no intervenga hasta que la cotización dólar caiga hasta los 1.000 pesos.

La expectativa de una mayor caída del tipo de cambio es importante para retomar el proceso de desinflación en los próximos meses. Se trata de un factor clave para lograr un resultado electoral lo más contundente posible.

Parece difícil que los bonos argentinos tengan mucho más fuerte rally en la previa electoral. Lo mismo podría decirse del ingreso de capitales, en especial de largo plazo. Son pocos los que arriesgarán a tomar este tipo de decisiones sin mayores certezas políticas. La derrota de Macri en las PASO a manos de Alberto Fernández provocó un derrumbe récord en los precios de los activos, que costó más de cinco remontar o al menos volver a la carga.

Por eso la apuesta por el mercado argentino conlleva sus riesgos. Si sale bien, el espacio para una suba de las cotizaciones es significativo. Pero el peligro de un regreso a políticas populistas tendría un impacto enorme sobre los activos, tanto o más que lo ocurrido en 2019. Por eso, la mayoría prefiere la cautela mientras no haya certezas del resultado de las políticas que viene llevando adelante Milei.