Ayer hubo algarabía en Casa Rosada en el día 1 sin cepo, y se monitorea el impacto en los precios en el inicio del calendario electoral. El Ejecutivo intentará otra vez “inundar la zona”. Reflexiones sobre Santa Fe y escala la pelea con los Macri
Otra vez euforia. A la salida de un verano esquivo, con crisis de reservas y pérdida del control de la agenda pública, la algarabía volvió al Gobierno. Hacía tiempo que no se vivía un clima así. Habría que remontarse al año pasado. Anoche, en una extensísima entrevista en el canal de streaming Neura, Javier Milei cantó algunas de las estrofas del tema burlón y ofensivo contra “mandriles”, anclado en la liberación del cepo, que ideó su cineasta y que más temprano había sido compartido con euforia por el presidente con el equipo económico en el Ministerio de Economía. Hubo festejos muy airados tras la visita del secretario del Tesoro norteamericano –Scott Bessent estuvo más tiempo arriba de un avión que en Buenos Aires, un dato que habla por sí solo-, el acuerdo con el Fondo Monetario y un lunes sin traumas para el nuevo esquema cambiario. “¿Ya podemos afirmar sin lugar a dudas que es la mejor salida del cepo de la historia?”, se preguntó, altivo, Santiago Caputo ayer desde las redes. El asesor, principal estratega de la comunicación oficial, con control de buena parte de los resortes más sensibles del Estado, desplegó la narrativa durante todo el fin de semana tras el anuncio del viernes de Luis “Toto” Caputo que marcó el inicio de la nueva etapa del gobierno, y una apuesta crucial para el futuro del proyecto libertario.
Anoche, en la charla con Alejandro Fantino, después de que el precio del dólar oficial se acomodara en el primer día sin restricciones en torno a los $1.230, Milei fue un paso más: pronosticó que la divisa se irá hasta el piso de la banda establecido por el gobierno, que habrá una acumulación de reservas de 4.000 millones de dólares y que los precios van a bajar porque “los que están remarcando no van a tener demanda”. “O bajan los precios o quiebran, es su decisión”, desafío el mandatario.
Más temprano, José Luis Daza, el viceministro de Economía, había dicho que no le inquietaba el pass through, y que la inflación “va a colapsar” en la Argentina.
El gobierno cambió el chip, urgido por la fatiga del programa económico. Desde el estallido del caso $LIBRA de febrero que Milei no tenía semejante dominio de la agenda pública, aunque desde el Ejecutivo reconocen que los próximos meses serán claves y que la evolución de la nueva etapa del programa monetario y cambiario tendrá impacto en la suerte de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.
La Casa Rosada anunció el viernes las nuevas medidas dos horas después de que el INDEC oficializara que la inflación de marzo giró en torno al 3,7% y que se acumularan dos meses consecutivos de alza en los precios. Milei está convencido de que el plan, acompañado de una recalibración en el ajuste del déficit fiscal de 0,3 puntos del PBI, como confirmó el viernes el ministro de Economía, va a funcionar. Que los desembolsos del Fondo y de otros organismos como el Banco Mundial desde hoy hasta mediados de año son suficientes para el sostenimiento del programa y que, en todo caso, habrá un traslado a precios de algunos meses que volverá a corregirse antes de octubre. Fue lo que, hasta ahora, le sirvió a Milei como sostén y que en los últimos meses había empezado a mostrar algunas señales de agotamiento: la sensación de estabilidad.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: AFP)
Se trata, por caso, de la mirada más optimista de un plan a largo plazo que, más allá de los resultados, devolvió al Gobierno a un status comunicacional y político de control general que había perdido durante el verano desde el caso $LIBRA, y que no le ocasionó mayores dolores de cabeza por la fragmentación y descrédito de buena parte del sistema político. “Los conejos de la galera son más eficaces que los tiros en los pies”, dijo ayer Andrés Malamud en Infobae en vivo. Por esa polémica que investiga la Justicia, el próximo martes deberá presentarse en el Congreso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el primero de los cuatro funcionarios citados por la oposición. Ayer se evaluaba si valía la pena que el ministro comparezca este miércoles en Diputados para dar su informe de gestión establecido por la Constitución, en vísperas además del fin de semana largo de Semana Santa.
El Gobierno intentará capitalizar la euforia y aprovechar esta nueva etapa de la gestión con una batería de temas que se prevén soltar en las próximas semanas, y que incluyen, por ejemplo, una reforma migratoria para más adelante sobre la que se trabaja en estos días, en especial, para terminar de definir si tiene sustento “constitucional”. Es lo que en su momento Steve Bannon, asesor de Donald Trump, patentó como “flood the zone”, “inundar la zona”: saturar a la opinión pública y a los medios de comunicación con cataratas de anuncios y medidas para acaparar la discusión.
En esa conjunción de factores, el económico y el mediático, el Gobierno se encamina a la etapa más decisiva de una campaña electoral que este domingo tuvo su primer test en Santa Fe, en las elecciones locales y de convencionales constituyentes, que arrojó algunas conclusiones preliminares.
Mauricio Macri, Jorge Macri y Cristian Ritondo
La primera, la baja participación, por debajo del 60%, que en la provincia adjudican a la confusión en la convocatoria y a una posible apatía de parte del electorado con el sistema político. La segunda, el triunfo de Maximiliano Pullaro, que alcanzó 33 de 69 convencionales con él mismo como principal candidato. La tercera, una performance algo apática por parte de La Libertad Avanza, que terminó tercero a nivel provincial más allá de un resultado muy auspicioso en Rosario. “Acá todos dicen que ganaron, pero perdieron todos. Algunos poco, otros mucho”, sentenció una fuente provincial.
Pullaro volvió a imponerse como la figura más relevante y hegemónica de Santa Fe, pero perdió votos en comparación a 2023. En el caso de LLA, fue su primer test provincial. El peronismo volvió a ir dividido. El escenario provincial, en ese sentido, volvió a confirmar un tablero de tercios.
En ese contexto, en el Gobierno existía ayer una sensación amarga. La decisión de encolumnarse detrás del diputado Nicolás Mayoraz, en una oferta separada a la candidatura de Amalia Granata, no terminó de aglutinar consensos puertas adentro. “Había que hacer un acuerdo o no competir, pero no competir por separado”, dijo ayer un operador libertario.
Se impuso, de todos modos, la postura de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales asesores de Karina Milei.
Así, en el partido libertario conviven dos posturas: el interés en los armados provinciales, por un lado, y la necesidad de privilegiar la estrategia nacional. En el primer bando se ubican los Menem.
Tienen particular injerencia en las decisiones de la hermana del Presidente, que está a cargo del espacio y que tiene la palabra final en el territorio y en el armado de la estrategia electoral.
Para la hermana de Milei, cobra por eso especial relevancia la elección a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que ayer volvió a subir un escalón en el nivel de tensión entre la familia presidencial y los Macri, Mauricio y Jorge, de cara al 18 de mayo. La escalada exhibe, por un lado, que Milei está decidido a enfrentar a su antecesor y a tratar de convertirse en el único referente del electorado de derecha y la centroderecha. Y que Macri está dispuesto a defenderse de esta avanzada aún cuando su partido quede reducido a un distrito y a una composición parlamentaria muchísimo menor a la actual.
No hay por el momento indicios de que la disputa vaya a zanjarse, y hay versiones insistentes de que en cualquier momento puede salirse de cauce. Ayer Milei se refirió a la Capital como el “reducto” de los Macri, dijo que había sido el jefe de Gobierno el que rompió cualquier tipo de acuerdo cuando adelantó el calendario y que, por el contrario, culpaban a su hermana por esa puja en torno a la “casa matriz”, como llaman dentro del PRO a la capital.
La disputa llegó a tal nivel que el Gobierno avanzó llamativamente desde Migraciones contra Antoni Gutiérrez-Rubi, el consultor catalán de los Macri al que le revocaron deliberadamente la residencia en el país porque el Presidente lo acusa de haber montado en el 2023 una campaña sucia contra él cuando trabajaba para el Frente de Todos. El asesor se presentará hoy en Migraciones a través de sus abogados, para pedir una “reconsideración” de esa decisión.
En el Gobierno tienen confianza en la candidatura de Manuel Adorni. Es interesante porque tanto el PRO como LLA tienen un solo objetivo: superar al otro, aún cuando eso implique cederle el primer lugar al peronismo. En el caso de Adorni, la apuesta del Ejecutivo es doble porque es el candidato de Karina Milei, que ordenó avanzar sobre el territorio porteño y el bastión insignia del PRO, y que pone en juego su rol de armadora electoral.
Por su parte, Macri volvió a hablar el lunes. Está visiblemente enojado con los Milei. Mostró apoyo a la apertura del cepo, aunque aclaró: “Devaluación va a haber, obviamente”. En privado destila más furia. Públicamente, volvió a cagar contra Milei y su hermana y exhibió otra vez la fractura con la familia presidencial, acusando al presidente de mentiroso un rato después de que el jefe de Estado dijera que está muy avanzado el acuerdo con el PRO en territorio bonaerense. En TN, Macri remarcó que aún no hay ningún acuerdo cerrado, subrayó que incluso había hablado antes de entrar al estudio de televisión con Cristian Ritondo y que éste le dijo que no hubo más avances que las fotos que el Gobierno se encargó de filtrar en las últimas semanas. La reunión de estar tarde, convocada por el diputado para discutir con los intendentes del Gran Buenos Aires, habría quedado en stand-by. Para mostrar empatía con el jefe del PRO, aunque por abajo siguen las negociaciones.
Javier Milei y Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos
Lo cierto es que hay algunos dirigentes del PRO, con Diego Santilli y Guillermo Montenegro a la cabeza -dos de los que se reunieron la semana pasada con el Gobierno-, que ya están decididos a trabajar en una alianza conjunta con LLA de cara a las elecciones provinciales de septiembre próximo, convocadas por Axel Kicillof.
La elección bonaerense se encamina a convertirse tan o más relevante que la de la capital. En ambos casos, porque tanto Jorge Macri como el gobernador se juegan el futuro político. Y la gobernabilidad de los próximos años.
La baja participación en los comicios de Santa Fe de este domingo abren ahora un interrogante en la provincia de Buenos Aires tras la decisión de Kicillof de adelantar el calendario y organizar por primera vez un cronograma electoral desdoblado del nacional. Representa además un desafío extra para el Gobierno en una región, como el Gran Buenos Aires, en la que el peronismo K tiene su mayor caudal electoral, y en la que la economía presenta su peor cara.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.