El paro del 10 de abril comienza a tomar volumen. El jueves, un plenario de secretarios generales de las regionales de la CGT del interior del país ratificó la adhesión a la medida y confirmó la movilización pautada para el día anterior en acompañamiento a la marcha de los jubilados.
El plenario del que participaron más de 280 congresales de las 79 organizaciones regionales existentes fue más allá que el propio Consejo Directivo. Allí con asistencia perfecta las organizaciones del interior del país, fijaron la posición de ofrecer “un mandato amplio a la conducción” para dar continuidad al plan de lucha luego de los actos y movilizaciones que se van a desarrollar el 1° de Mayo en todo el país.
Pero además, según pudo saber Tiempo, gana fuerza la idea de que la movilización del 9 de abril se transforme en un cese de tareas desde las 12 del mediodía para garantizar la movilización al Congreso que, además, confirmaron fuentes muy cercanas a la conducción, se sostendrá hasta la medianoche de ese día cuando comience la huelga.
Si bien los detalles organizativos todavía están en desarrollo y negociación, se espera que el mismo 9 de abril se produzca un acto con la lectura de un documento o la intervención de los cosecretarios generales de la CGT y que la modalidad sea la de una concentración directamente en la Plaza de los Dos Congresos. El punto de concentración queda entonces librado a la decisión de los sindicatos de base y, por lo tanto, también la realización o no de una o más marchas. Es de esperar que las dos CTA y sus gremios de base se encolumnen por separado, al igual que los sindicatos agrupados en el Plenario del Sindicalismo Combativo, el Frente de Lucha Piquetero y la izquierda que intervendrán con una fisionomía y un programa propio.
La decisión de la CGT de radicalizar las medidas y avanzar en una política de confrontación abierta con el gobierno luego del fracaso de la estrategia dialoguista se produjo luego de que se verificara tanto el 1 de febrero como el 12 de marzo una predisposición de la población trabajadora a movilizarse contra el ajuste y en apoyo a reclamos sectoriales como los del colectivo LGTBINBQ+ o el de los jubilados y jubiladas.
La masividad de ambas convocatorias, al igual que la del 19 y, desde ya, la movilización del 24 de marzo, expusieron la pasividad de la central obrera y el desborde que se produjo al margen de la conducción. La decisión, entonces, se explica por el intento de la central obrera de recuperar la centralidad, la representación y el control de la creciente conflictividad.
Los reclamos
La agenda de reclamos es muy amplia e incluye en primer lugar la intromisión del gobierno en las paritarias y su negativa a homologar acuerdos mensuales superiores al 1% cuando la inflación comienza a retomar una tendencia creciente. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, según los datos publicados el viernes por el Indec, los salarios de los trabajadores registrados perdieron un 5,46% de su poder adquisitivo que escala hasta el 16,4% para los empleados públicos.
Pero, además, el gobierno ingresó al parlamento un proyecto con una profunda reforma laboral que el mismo presidente calificó de “verdadera” y que introduce los puntos cuestionados por la justicia presentes en el DNU 70/23. Además, desreguló las obras sociales en favor de las prepagas afectando el carácter solidario del sistema de salud y las cajas de los propios sindicatos. A la vez tiene en su poder el proyecto del diputado radical Martín Tetaz que, en nombre de la democratización sindical, refuerza la injerencia del Estado en las organizaciones sindicales. No es casual que Héctor Daer haya hecho alusión a ese proyecto en su intervención de cierre en el plenario de regionales de la CGT. La representación en el debate y la negociación de esos puntos es lo que la CGT pretende recuperar en la jornada de 36 horas.
Las CTA expectantes
Ambas CTA ya confirmaron su participación pero todavía no afinaron los detalles a la espera de una definición de la CGT. Así lo confirmó Hugo “cachorro” Godoy a Tiempo señalando que “vamos a coordinar con la CGT y obviamente el conjunto de las dos CTA, pero todavía no hemos avanzado porque la CGT todavía está discutiendo”. La aspiración del titular de la CTA-A es “ir a Plaza de Mayo, eso sería lo mejor”.
Sobre el giro cegetista, Godoy señaló que “la gravedad de la situación es cada vez más elocuente. Está bien y seguramente ha tenido que ver con sus reflexiones sobre expresar y abrazar a los jubilados y jubiladas. Lo importante es ver lo positivo porque nos permite ir profundizando las medidas de fuerza para elevar su contundencia y magnitud” «.
La mira puesta en la UTA y la conciliación
La contundencia del paro dependerá en gran medida de la actitud que tome la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo en el marco de la disputa en las paritarias. El gobierno se apresuró en anunciar que la decisión impedirá que ese sindicato adhiera al paro del 10 de abril.
Sin embargo, la legislación vigente es muy clara y establece que las conciliaciones se fijan para un conflicto determinado y no inhiben el derecho a adherir a medidas originadas por conflictos distintos.
Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, señaló a Tiempo que «el derecho no es una ciencia exacta, pero la realidad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La ley 14.786 establece que las conciliaciones se dictan para un conflicto determinado. Hay sindicatos que, en conciliación, han acatado medidas de la CGT. La medida no debería impedir a la UTA que adhiera al paro de la CGT. Son cuestiones diferentes. La conciliación destruye una garantía constitucional como es el derecho de huelga pero en nombre de una medida de excepción».
El titular de la UTA, Roberto Fernández, no respondió los llamados de este medio y se mantiene en silencio. Sin embargo, Hugo Moyano hijo, abogado de la CGT, señaló a este medio que «siempre que la conciliación obligatoria responda a una causa distinta a la medida que se ejecuta, no corre». El abogado aseguró que «por eso la UTA debiera poder adherir a un paro político convocado por la CGT». Con todo, reconoció que «no digo que no sea discutible ni que se pueda usar como excusa. No quiero cargar sobre nadie, pero ha pasado».
La conducción de la UTA es la que se ha mostrado más reticente a adherir a la medida y no se descarta que haya buscado este escenario para generar un salvoconducto. El 9 de mayo, en el último paro general, no adhirió. De todas maneras, los colectivos que circulaban iban vacíos.
