Casi nadie durmió en Epuyén la noche del 15 de enero cuando se desató el incendio forestal que produjo decenas de víctimas aún abandonadas a su suerte por el gobernador chubutense Ignacio Torres, quien prometió reconstruir lo destruido pero en los hechos sólo destinó para los damnificados una pequeña parte de los 7 mil millones de pesos enviados por el Estado nacional. Ya pasaron 74 días de aquella jornada fatal, y las 76 familias que lo perdieron todo reciben a cuentagotas una asistencia insuficiente que sólo alcanza para humillarlos, aunque ahora logren conciliar un poco mejor el sueño gracias a la organización y la solidaridad que los abraza desde toda la Argentina.
El lunes 3 de febrero Torres recibió 7 mil millones de pesos por Resolución de la Jefatura de Gabinete (2025-25-APN-VGI#JGM) para atender “la emergencia ígnea”, y al día siguiente firmó el decreto 80/25 por el que camufló esos fondos en nueve partidas de difícil trazabilidad y amplia discrecionalidad de uso. Del total, sólo 2 mil millones tienen como destino aparente a las víctimas, con una subejecución del 50 por ciento.
El gobernador envió 1850 millones para Vialidad Provincial pese a que el incendio en Epuyén y otras tres localidades no afectó rutas y caminos, aunque sí pudo dañar algo de la maquinaria pesada utilizada en cortafuegos u otras tareas. También destinó 800 millones a Infraestructura y 500 a Servicios Públicos para reparar tendidos eléctricos y cañerías de agua aun cuando el incendio transcurrió por bosques, campos y plantaciones de pinos abandonadas por la empresa mixta Bosques del Epuyén.
Otros 500 millones fueron para el Ministerio de Salud, gran ausente en la tragedia; 700 millones para el área de Bosques; 300 para Seguridad; 150 a Producción y 200 para Desarrollo Humano.
No obstante, Torres decidió que los damnificados recibieran apenas 350 mil pesos por familia sólo durante cuatro meses para la compra de alimentos, y una cifra igual por el mismo lapso para alquilar una vivienda, pagados con los fondos de Desarrollo Humano. El 1 de junio, con temperaturas bajo cero, lluvias y nevadas, las 76 familias quedarán en la calle.
También ofreció 20 millones de pesos para comprar materiales de construcción que solo recibirán quienes comprueben ser propietarios del lote. Y nada más que una casa por terreno, aunque se hayan quemado varias. Quedan fuera los inquilinos o quienes vivían en una ocupación precaria: para ellos ni compasión.
Los fondos para construir provienen de los restantes 2 mil millones que, según el anexo 5, el gobernador entregó a la Secretaría General para atender la “emergencia climática”, pero que sólo reciben unas 50 familias con título de propiedad. Equivalen a la mitad de dinero presupuestado.
La asignación de la escasa asistencia a las víctimas desnuda la matriz ideológica que define la gestión del gobernador, con la supremacía absoluta de la propiedad privada: no asigna recursos a las personas que lo necesitan sino a quienes revistan carácter de propietarios; restaura la propiedad pero descarta al ser humano.
“La asignación de los recursos llama la atención, es notorio que no están destinados a las víctimas. No está el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que podría hacer las casas o las reparaciones. Como está presentado, lo pueden gastar en cualquier cosa”, analizó para Tiempo Argentino la exministra de Economía de Chubut, Gabriela Dufour.
Economista y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia, Dufour explicó que “se pierde la trazabilidad del dinero y se otorga una excesiva discrecionalidad. Se dificulta hacer un seguimiento del uso y de la atención a las víctimas: hay que mirarlo muy de cerca y pedir informes desde la Legislatura”, aconsejó.
Justamente eso hizo la diputada provincial peronista Norma Arbilla, quien junto con el legislador Santiago Vasconcellos, del FIT, redactaron un pedido de informes que el Gobierno debió responder el viernes 29. Pero no lo hizo.
“La distribución de fondos es sumamente discrecional”, cuestionó la legisladora Arbilla, y precisó: “Lo que percibo es que no están puestos los 7 mil millones a la reconstrucción de Epuyén, como se había establecido originalmente”.
Solamente los ministerios de Seguridad y Producción respondieron parcialmente el pedido de informes de Arbilla y Vasconcellos. Seguridad destinó la mitad de sus 500 millones a comprar equipamiento, uniformes y orugas para camionetas 4×4, y para cubrir viáticos del subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez, quien por estar ”abocado al incendio”, cobró 3.630.944 pesos. Más de lo que diez familias de Epuyén reciben por mes de asistencia alimentaria.
Producción repuso alambrados y elementos rurales por 43,3 millones de pesos a 22 estancias de Trevelín y Atilio Viglione. Entre ellos el establecimiento La Batea, del empresario José Daniel Solís, acusado de ordenar a tres peones desatar el incendio en Viglione para darle aprovechamiento agropecuario.
Enfrentadas al abandono oficial y en proceso de organización comunitaria, las víctimas del incendio tuvieron el viernes 21 un momento de paz abrazadas por las 10 mil personas que asistieron a un festival organizado por el Centro Cultural Antu Quillen, de Epuyén, que contó con la participación solidaria de León Gieco, Raly Barrionuevo, Loli Molina, Chango Spasiuk, Eruca Sativa, Lisandro Aristimuño, Magdalena Fleitas y Perota Chingó, entre otros.
Fueron unas horas de música y comunidad, contención y abrazo, en que las víctimas del incendio lograron romper el cerco informativo que les impone en Chubut la cadena paraoficial de medios que blinda a Torres y encubre las consecuencias de sus actos.
Leyeron un documento que calificó de “mentiroso” al gobernador, cuestionaron que “la ayuda que ofrece no sólo es insuficiente, sino que tampoco está garantizado el acceso a lo poco que se ofrece”, y denunciaron: “Hacen campaña con las migajas que nos da; hacen campaña con nuestro dolor”. «
