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El Gobierno mantendrá los pliegos de los jueces designados en la Corte y aseguró que García Mansilla puede continuar hasta noviembre

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La situación de ambos magistrados se analizará en la Cámara Alta, el próximo 3 de abril

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó hoy que el Gobierno no retirará los pliegos de los jueces designados por decreto para integrar la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, en la previa de la sesión del Senado convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para analizar la situación de ambos el próximo 3 de abril.

El gobierno no va a retirar los pliegos”, aseguró el funcionario en declaraciones a Futurock, al ser consultado sobre un eventual rechazo en la Cámara Alta. “Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto, y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año. Lijo no ha asumido. Veremos qué hace. Mansilla puede seguir en su cargo constitucionalmente”, explicó.

Según establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, los jueces de la Corte Suprema deben ser aprobados por el Senado en una sesión pública, con el voto favorable de dos tercios de los presentes. En este contexto, el Frente de Todos y parte del radicalismo, encabezado por Martín Lousteau, firmaron despachos en la comisión de Acuerdos que, aunque formalmente figuran como favorables, tienen como objetivo final el rechazo de ambos pliegos.

La semana pasada, Lijo le envió un escrito al magistrado Alejo Ramos Padilla, quien tiene en su juzgado la causa que se abrió a partir de los nombramientos en comisión por parte de Javier Milei. En el texto, el titular del juzgado federal N° 4 de Comodoro Py ratificó que no renunciará a su cargo -este fue el impedimento que le puso la propia Corte para jurar- y dijo que confiaba en que el Senado aprobará su pliego, que ya tiene dictamen favorable.

El jefe de Gabinete, GuillermoEl jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada (Jaime Olivos)

“A los efectos de pronunciarme en los términos del artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, dado el objeto de las actuaciones, pongo en su conocimiento que carezco de interés acerca de la decisión que eventualmente pudiera recaer en las actuaciones de referencia. Ello en tanto no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional; no voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”, expresó Lijo.

El debate sobre la validez del decreto 137, firmado por el presidente Milei para designar en comisión a Lijo y García Mansilla, está en manos de Ramos Padilla, juez federal de La Plata, en un contexto de múltiples presentaciones judiciales y cuestionamientos legales. Entre ellas, se destaca la acción de la ex diputada Elisa Carrió, quien presentó un planteo de Amicus Curiae ante ese juzgado, calificando el decreto como “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable”.

Carrió argumentó que la designación de jueces de la Corte mediante este mecanismo viola la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los principios fundamentales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes.

Sin embargo, la Corte Suprema no cuestionó la designación de Lijo y García Mansilla a través de la firma del decreto presidencial. Prueba de ello es que al segundo se le tomó juramento la misma semana en que se publicó en el boletín oficial su nombramiento en comisión, sin hacer espacio a ninguno de los planteos que cuestionan esta decisión, adoptada por el presidente Milei tras casi un año de fracasar en el Senado el tratamiento de estas dos postulaciones. La situación de Lijo, en cambio, quedó en suspenso porque la Corte rechazó el pedido de licencia que le había concedido la Cámara Federal, y debería renunciar a su cargo de juez para asumir en comisión. El pliego de ambos sigue en el Senado.

A diferencia del juez García Mansilla, Lijo había obtenido dictamen favorable de Comisión y -además- a fines del año pasado desde diversos sectores aseguraban que el juez federal contaba con los votos necesarios para ser aprobado por los dos tercios del Senado, lo que ahora es puesto en duda por algunos referentes políticos.

En cuanto al cuestionamiento de la designación por decreto, el conflicto por la licencia hizo que Lijo no asumiera en el cargo. Cuando se conoció su designación, pidió licencia en la Cámara Federal, pero el pedido no fue avalado por la Corte. Posteriormente, hizo saber que no está dispuesto a renunciar a su cargo en los juzgados de Retiro, y no impugnó la decisión de la Corte de rechazarle la licencia. Hay que ver entonces qué curso sigue su pliego en el Senado.

Rechazo a la moratoria jubilatoria

Por fuera de esta discusión, Francos también se refirió a otros temas de la coyuntura. Sobre las iniciativas de la oposición para reeditar una moratoria jubilatoria, indicó: “El gobierno no va a aprobar ningún proyecto de esta característica que no tenga establecido cómo se financia, esta es la realidad. Todos estos proyectos de moratoria han generado un caos en el sistema previsional argentino, que ha terminado desfinanciado. El gobierno no está de acuerdo con la prórroga del sistema”.

Con relación a las paritarias, el funcionario afirmó que “las condiciones macroeconómicas han cambiado” y que “el gobierno pretende que los acuerdos salariales estén de acuerdo con inflación que tiene el país, diferente y baja. Entiendo que los acuerdos salariales tienen que estar en esos niveles”.

En el plano político, expresó la voluntad del Ejecutivo de alcanzar un entendimiento con el PRO: “Estamos bien predispuestos a llegar a un acuerdo”. Añadió que “hay una negociación distrito por distrito, algunas son locales y otras nacionales”, y subrayó que “el gobierno está preocupado por una negociación nacional, porque lo que buscamos es tener una representación parlamentaria mayor a la que tenemos ahora, imagínense si tuviéramos una representación mayor”.

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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