Elías Piccirillo fue arrestado en una causa investigada por el fiscal Franco Picardi. Los oficiales de la fuerza porteña ya habían sido separados de sus cargos, entre ellos hay uno que fue exonerado. Les endilgan haber sido cómplices en la maniobra

Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, fue arrestado poco después de este mediodía en el barrio de Nordelta, en el partido de Tigre, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Lo acusan de plantarle un arma y cocaína a un empresario cripto. En el marco de la misma causa por estafa, siete policías también fueron apresados, acusados de ser los cómplices en la maniobra.

Seis policías de la Ciudad también fueron detenidos este jueves, junto a un ex Policía Federal, en 11 operativos realizados por la Prefectura Naval, según explicaron las fuentes a este medio. Están acusados de ser el brazo ejecutor de la maniobra. La causa, bajo la firma del juez Sebastián Ramos, continúa bajo un estricto secreto de sumario.

Elías Piccirillo detenido

Actualmente, Cirio y Piccirillo se encuentran distanciados: la modelo y empresaria no se encontraría involucrada en la causa.

El expediente en contra de Piccirillo comenzó luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti desechara la causa que se le inició a Hauque. Todo se desencadenó ese 18 de enero pasado cuando personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad lo cruzó para supuestamente encontrarle la droga y el arma y arrestarlo junto a su pareja tras la cena en el Palacio Duhau.

Capuchetti declaró nulo el procedimiento, sobreseyó a Hauque y a su pareja y dispuso que “se investigue el accionar de los miembros de las fuerzas de seguridad, así como también la posible intervención de las personas que -según la hipótesis de la defensa- podrían haber participado en la ‘colocación’ de elementos prohibidos en el interior de la camioneta y en la ideación del ‘armado’ de una causa penal en su contra”.

“La presente causa se inició el 18/01/25, oportunidad en la que personal policial de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad circulaba a bordo de un móvil Ford modelo Focus no identificable sobre la Avenida Alvear de esta Ciudad, ocasión en la que observaron un vehículo marca Audi, modelo Q8, en el que, conforme se indicó, a través de los vidrios del automóvil visualizaron movimientos entre dos personas, aparentemente, manteniendo una fuerte discusión”, asegura el fallo de Capuchetti firmado el 11 de febrero último.

Se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (U$S 28.894 y $ 3.438.060) y documentación relacionada con los delitos investigados.

“A raíz de ello, frenaron la marcha del vehículo ante una posible situación de violencia de género y les solicitaron la documentación del rodado y sus DNI ante lo que se mostraron reticentes. En razón de ello, se les requirió a los ocupantes que descendieran del automóvil. Luego, se requisó el vehículo, oportunidad en la que hallaron dos bloques compactos conteniendo una sustancia blanca y polvorienta, como así también una pistola calibre 9 mm de color negra”, continuó.

En su indagatoria, Hauque apuntó directamente a Piccirillo, con quien aseguró tener una relación “un poco tóxica” debido a “un dinero” que le estaba “adeudando, que está documentado”. Según la investigación, la deuda sería de algo más de 6 millones de dólares al cambio libre.

Ante las autoridades, Hauque relató que aquella noche del 18 de enero pasó a buscar a Piccirillo con su vehículo. El acusado se subió a uno de los asientos traseros, pese a que él le insistía para que se sentara en el asiento del acompañante. Dijo que eso le llamó la atención, al igual que la vestimenta del detenido: esa noche hacía mucho calor y el acusado llevaba puesto un sobretodo.

Luego afirmó que la cena fue tranquila, sin discusiones, hasta que en un momento Piccirillo se levantó para hablar por teléfono y regresó diciendo que su ex esposa se sentía mal, por lo que decidieron finalizar la reunión.

La Prefectura Naval Argentina detuvo a ocho personas, en el marco de una investigación por estafas y otros delitos, durante 11 allanamientos en Canning, Monte Grande, Rafael Calzada, Laferrere, San Francisco Solano y Nordelta

Poco después, se produjo el operativo, que tuvo lugar muy cerca de la salida del estacionamiento del restaurante. Hauque aseguró que no discutió con su pareja y que intuía que algo no estaba bien cuando fue controlado por la Policía.

“Yo en ningún momento insulté ni dije algo fuera de lugar. Bajé del vehículo y ya directamente me quieren poner las esposas. Abren la puerta y dicen: ‘¿Qué es esto? Deténganlo’”, relató. También indicó que no consume estupefacientes ni manipula armas de fuego. Su pareja confirmó esta versión.

El abogado de las víctimas cuestionó varios puntos del procedimiento policial. Uno de los principales fue que el Audi “cuenta con vidrios polarizados oscuros y estaba cerrado, por lo que resultaría improbable que los policías pudieran ver hacia el interior y advertir la supuesta discusión, especialmente considerando que se encontraban a cierta distancia y que el hecho ocurrió de noche”.

Finalmente, tras una serie de allanamientos, pericias telefónicas y una investigación en la que no se encontró ninguna evidencia y se constataron serias irregularidades en el procedimiento, la jueza a cargo ordenó la liberación de Hauque y de su esposa por falta de mérito, al considerar que no existían pruebas suficientes para mantenerlos detenidos.

Entre los ocho detenidos hay dos mujeres policías

El monitoreo de los patrulleros y del Audi permitió a los investigadores concluir que “el personal policial actuó de manera previa y coordinada, efectuando vigilancias y seguimientos sobre un objetivo común representado en los ocupantes del Audi”.

“Esta instancia articula la hipótesis de que los funcionarios contaban con algún tipo de información de que el rodado trasladaba material estupefaciente y controlaron en todo momento la secuencia de los hechos”, señala la resolución de la jueza.

Además, el análisis de los impactos de celdas y antenas de los celulares de los policías imputados y de los móviles policiales determinó que, salvo uno que lo hizo más tarde, todos los policías acusados “se dirigieron al lugar de los hechos aproximadamente a las 20:40 horas del 17 de enero, permaneciendo en la zona hasta las 02:10 del 18, horario en el que la totalidad regresó al punto de inicio, que se estima es la dependencia de la Unidad de Investigaciones de Robo y Hurtos de la Policía de la Ciudad”.

“Indudablemente, en forma preliminar al procedimiento, quienes participaron de la vigilancia contaban con información privilegiada y certera sobre las personas que luego serían interceptadas en el operativo: quiénes eran, el vehículo que manejaban, el lugar al que concurrirían, el trayecto que realizarían y el horario en el que lo harían”, consideró el fiscal al analizar las nuevas pruebas. Picardi también sostuvo que los policías arribaron a la zona del Palacio Duhau unas horas antes de la cena para realizar tareas de inteligencia.

Uno de los detenidos es un PFA

Según el fiscal, los policías “iniciaron la inspección del rodado sin que existieran circunstancias previas que justificaran razonable y objetivamente la requisa del vehículo, sin motivos de urgencia que ameritaran actuar sin orden judicial y sin convocar testigos para presenciar el procedimiento, en clara inobservancia de las normas legales que resguardan las garantías constitucionales”.

También señaló que los agentes se enfocaron directamente en el lugar donde se encontraron el arma y la droga. La jueza, con todas las pruebas presentadas, concluyó que el procedimiento policial fue “irregular, inválido y violatorio de las garantías constitucionales”, por lo que decretó la nulidad del operativo. Las sospechas se dirigieron entonces hacia Piccirillo, lo que llevó a su detención este jueves junto a la de los policías.

Los dos principales imputados volverán al Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro para el final del proceso o en caso de que sus abogados consideren necesaria su presencia

El neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, los principales acusados por la muerte de Diego Maradona, no seguirán asistiendo al resto de las audiencias del juicio a partir de la semana que viene. Así lo comunicaron sus abogados, quienes adelantaron que sus defendidos no volverán al Tribunal Oral Criminal Nº3 de San Isidro hasta el día de los alegatos o hasta que alguno de ellos decida declarar.

Su decisión está en el marco de la ley, que indica que, al estar en libertad, ninguno de los imputados tiene la obligación de asistir a las audiencias después la resolución de las cuestiones preliminares, que ya fueron definidas al comienzo de este jueves.

Luque en el banquillo de los acusados

Luque, a quien desde la primera audiencia se lo vio incómodo en el banquillo de los acusados, ni siquiera esperó a que terminara la segunda audiencia para irse: aprovechó este jueves un cuarto intermedio de 10 minutos luego de que los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach resolvieran los planteos que estaban pendientes y se fue. Lo mismo hizo la coordinadora de medicina prepaga Nancy Forlini.

La psiquiatra Agustina Cosachov

Si bien el resto de los abogados no definieron si sus defendidos seguirán yendo o no a las audiencias, es probable que muchos tomen la misma decisión que Luque y Cosachov y solo asistan a aquellas jornadas que consideren estrictamente necesarias.

Solo dos confirmaron seguirán yendo a todos los debates hasta el final del juicio. Uno fue el clínico Pedro Di Spagna: su defensora oficial María Julia Marcelli explicó a Infobae que considera importante que el imputado esté por si, por ejemplo, un testigo de la acusación dice algo que lo comprometa.

El otro es Mariano Perroni, jefe de enfermeros, quien adelantó que asistirá al juicio, ya que ir a la audiencia le justifica su ausencia al día de trabajo.

Al comienzo de la que será la tercera jornada del juicio está previsto que sean citados a declarar los primeros tres testigos que, a diferencia de lo que se esperaba, no será ninguno de los familiares de Diego Maradona.

Según adelantaron los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, este martes estarán ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro el oficial de policía Lucas Farías, y los comisarios Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina

Para la Fiscalía, sus testimonios son claves: se trata de las primeras personas que ingresaron a la casa del barrio San Andrés, en Tigre, después de la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre de 2020.

En este sentido, se considera que su relato acerca de cómo se encontraron al Diez aquella mañana es más puro en comparación al que aportará el resto, cuya versión pudo haber estado empapada de comentarios ajenos.

Farías, Borge y Mendoza son los primeros de los más de 100 testigos previstos para declarar en el juicio.

No obstante, antes de finalizar la audiencia de este jueves, todas las partes acordaron trabajar durante este cuarto intermedio para reducir la lista de testigos. “Esperamos que queden entre 80 y 90″, dijo a Infobae una fuente con conocimiento de la causa.

A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal

A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.

Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.

Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.

El albergue de Constitución donde, según la víctima, ocurrieron los abusos (Google View)

La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.

Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.

La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”, acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.

El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.

Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.

El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.