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Economia

Tierra del Fuego: el régimen de promoción, sus costos asociados y productos electrónicos que son hasta 60% más caros que en otros países

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El esquema que se aplica en la isla y fue extendido hasta 2053 tiene un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones al año. El fondo fiduciario creado en 2022 y financiado por las propias empresas alcanzó los $185.000 millones

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, con más de medio siglo de vigencia, parece permanecer indemne a cambios de Gobierno, oscilaciones ideológicas y de signo político en la Casa Rosada y, más recientemente, de la motosierra del gasto público que inauguró la administración libertaria. Con un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones anuales, el modelo fueguino que impulsa a la industria electrónica y de otros rubros cuenta incluso con un fondo fiduciario propio que también sobrevivió al cierre de fideicomisos que ejecutó el Poder Ejecutivo en el último año.

Las empresas que lo integran acceden a exenciones del Impuesto a las Ganancias, del IVA y de otros tributos. Además, hay dudas y cuestionamientos sobre los destinos de fondos de un fideiocomiso al que debería ir parte del IVA que las empresas no pagan. En 2021, se extendieron los beneficios del esquema hasta el año 2053, condicionado a una evaluación de resultados en 2038.

Las críticas más recientes incluso partieron del presidente Javier Milei. En en 2022, en una entrevista televisiva, el ahora mandatario llegó a llamar al régimen de promoción como “una estafa hacia los argentinos de bien”. Varios meses después, ya como Presidente en funciones, eligió responder que el esquema fueguino incluye “derechos adquiridos” que no pueden ser subvertidos.

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El subrégimen industrial, eje central del esquema de promoción, implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI, apuntó el informe. A manera comparativa, Fundar ejemplificó que este monto superaba en más del doble el presupuesto anual del Conicet (USD 435 millones en 2021) y representaba el 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.

En términos de créditos fiscales, se estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales. Su aplicación sobre la facturación total y no sobre el valor agregado se cree que incentiva la importación de insumos en detrimento de la producción local. Otra exención incluida es la de aranceles a la importación, que implica un gasto tributario de USD 436 millones.

El esquema también contempla un diferencial de Impuestos Internos por USD 20 millones, ya que aplica una tasa menor a los productos fabricados en la isla en comparación con los importados. Además, como se mencionó, las empresas radicadas en Tierra del Fuego gozan de exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto al cheque, aunque estos conceptos no están incluidos en el cálculo del costo fiscal total que hizo ese centro de estudios.

Una de las conclusiones de Fundar es que la estructura productiva beneficiada por el régimen muestra una fuerte dependencia de insumos importados, con escasa integración local. Así, los incentivos fiscales no exigen mayor contenido nacional, lo que limitaría la generación de valor agregado dentro de la provincia y además se trata de producción que se destina casi exclusivamente al mercado interno, con bajos niveles de exportación y de generación de divisas por ventas al exterior.

El sector provee más del 90% de los celulares que se venden en el país. Allí también se ensamblan televisores, acondicionadores de aire y microondas que se venden en el mercado interno. Entre las principales empresas que son parte del régimen están Newsan, de Rubén Cherñajovsky; Mirgor, de la que es accionista Nicolás Caputo; BGH, que tiene como uno de sus socios r referentes a Alberto Hojman; y Radio Victoria, entre otras.

En términos de precios al consumidor, el esquema implica un costo adicional en la comparación internacional, en productos como teléfonos celulares, lavarropas o televisores, como grafica Infobae en infografía de esta nota, que compara precios locales con similares en Estados Unidos y Chile. El esquema impositivo local también aporta a la notoria diferencia de precios, lo mismo que el tipo de cambio.

Desde su implementación, la poblaciónDesde su implementación, la población de la isla pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022

Uno de los más ácidos críticos del régimen de promoción es el economista exvicepresidente del Banco Central y hoy asesor del Ministerio de Desregulación, Lucas Llach. En su cuenta de llegó a plantear meses atrás: “¿Qué pasa fiscalmente si hacemos de Tierra del Fuego una isla libertaria de bajos impuestos nacionales, cero aranceles, cero retenciones, etcétera, y al mismo tiempo liberamos por completo la importación de celulares y electrodomésticos desde el exterior al continente?”, se preguntó. También planteó que “el régimen de Tierra del Fuego no sólo nos hace pagar todo más caro, además impulsa la migración desde la provincia más pobre del país a la provincia más rica”.

Para la diputada nacional Margarita Stolbizer “necesitamos poner en discusión los regímenes especiales”. “Sin perjuicio de las dificultades que puede acarrear a la provincia el cese, no puede el resto sostenerlo. No es justo. La cuestión de fondo siempre es la falta de debate de una reforma tributaria integral, sería y estable y por supuesto una ley de coparticipación”, dijo a Infobae.

También se mostró crítico el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, quien aseguró que el régimen es un ejemplo de intervencionismo “ineficiente y costoso”. “Durante décadas, los argentinos han financiado con miles de millones de dólares un esquema que solo benefició a un puñado de empresas protegidas de la competencia y a algunos grupos sindicales, mientras perjudicó a 46 millones de personas con productos artificialmente caros y una industria inflada. En lugar de fomentar el desarrollo genuino, creó una economía dependiente de subsidios y prebendas, impidiendo que la región encuentre vías sostenibles de crecimiento basadas en la inversión genuina y la innovación”, expresó.

“Esta es, claramente, una de las reformas pendientes que en algún momento debe encarar el Gobierno. Por lo pronto, se deberían bajar aranceles a las computadoras y celulares que son herramientas fundamentales para los argentinos”, agregó Etchebarne.

Datos del Ministerio de Economía detallan cuál es el gasto tributario según cada impuesto incluido en el régimen de promoción. De los casi 1,35 billones de pesos que implicarían de crédito fiscal, más de la mitad corresponde a IVA ($715 millones). La exención de Ganancias les reportaría este año casi $229.000 millones según lo presupuestado para el 2025, otros $165.000 millones de reducción de impuestos a la importación mientras que otros $238.000 millones corresponden a alícuota reducida de impuestos internos.

Un fideicomiso a salvo de la “motosierra”

El esquema fabril fueguino también está acompañado, desde 2022, por un fondo fiduciario específico creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Está financiado por los propios tributos que perciben las empresas pero no llegan al fisco y busca empujar las inversiones en otras áreas, como infraestructura. Fue bautizado como Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina y es uno de los que logró sortear, por el momento, el recorte del gasto público que llevó al cierre de una quincena de fideicomisos similares en lo que va de mandato libertario.

El fondo fueguino está entre los más onerosos, junto con Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte (FFSIT), Procrear (vivienda), Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo para el Desarrollo Provincial, Fondep y Fogar. Entre los que sí fueron eliminados por el Ministerio de Economía están el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario para Cobertura Universal de Salud (FFCUS) y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, entre otros.

El fondo fueguino fue creado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y hasta fines de 2024 contaba con un presupuesto de $185.000 millones, de acuerdo a información oficial obtenida por el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López a través de un pedido de acceso a la información pública. El Gobierno no respondió otras consultas del legislador, entre ellas qué proyectos financia en la actualidad o por qué no fue cerrado a diferencia de otros fideicomisos.

El diputado Juan Manuel LópezEl diputado Juan Manuel López

El FAMP fueguino se fondea con un aporte mensual obligatorio que equivale al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA por la venta de productos elaborados bajo el régimen de promoción. Hace un mes, un decreto del Poder Ejecutivo determinó cambios en la manera en que se hace la distribución de esos fondos.

El 60% tiene como destino el financiamiento de proyectos productivos, entre los que se señala ciencia, tecnología y economía del conocimiento, capacitación y formación de recursos humanos. Según se establece, al menos un tercio de este porcentaje debe destinarse a empresas no beneficiarias del subrégimen industrial para así “derramar” ese fondeo a empresas de otros rubros y sectores.

El 40% restante corresponde a inversiones en obras de infraestructura provincial y municipal que promuevan el desarrollo productivo y que tengan como objetivo reducir costos logísticos y una mejora de la competitividad. Estos fondos se entregan como aportes no reembolsables y no pueden usarse para gastos corrientes.

“Después de haber afirmado que los fideicomisos eran una caja de la política y haber cerrado varios, pero sin tocar el de Tierra del Fuego, es evidente que Javier Milei tiene un acuerdo con los empresarios que ensamblan allí teléfonos celulares carísimos, de los cuales la mayoría de los consumidores argentinos son rehenes”, dijo López ante la consulta de Infobae.

El Gobierno evitó dar precisiones ante la solicitud de información de López sobre si el FAMP fue objeto de auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Aunque no pudo especificar proyectos de inversión productiva próxima, la Casa Rosada sí mencionó que ese fondo hizo inversiones financieras como bonos y letras del Tesoro por 91.000 millones de pesos al cierre de 2024.

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La baja de la inflación se consolida como uno de los hitos que puede mostrar el Gobierno de cara a la campaña electoral

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El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas

La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.

Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.

La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.

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Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.

La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.

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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.

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La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.

Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.

Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.

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Después de la tragedia de Bahía Blanca, el Complejo General Cerri de TGS está otra vez 100% operativo

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La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas

Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.

“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.

Oscar Sardi, CEO de TGS, en el centro, acompañado por los accionistas Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Daniel Sielecki, en octubre del 2024, en el NYSE de Nueva York, cuando se celebraron los 30 años de cotización de la empresa en Wall Street

Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.

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En busca de sumar reservas, el Gobierno reduce trabas a capitales extranjeros de corto plazo

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El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.

Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.

En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.

El presidente del BCRASantiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.

El Bonte 2030, con tasaEl Bonte 2030, con tasa elevada y suscripción en dólares, se volvió una herramienta central para el financiamiento del Tesoro y la compra de dólares para las reservas (Reuters)

Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.

El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.

En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.

El secretario de FinanzasPablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.

Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política EconómicaJosé Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.

Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.

El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.

Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.

Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.

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