El Gobierno busca coronar este miércoles su apuesta en Diputados. Es una necesidad política para atender un objetivo económico central: lo antes posible, ya en el arranque de la carrera electoral. Eso incluye juego de alianzas y señales inquietantes de la oposición dura
El Gobierno debería agradecer a dos legisladores de su lista de castigados por la mano que acaban de darle para avanzar en el Congreso con el DNU de aval a las tratativas con el FMI. El oficialismo debió transpirar y negociar en la bicameral de Trámite Legislativo para allanar el camino al dictamen que este miércoles llega al recinto de Diputados. Es una prueba central para Olivos frente a los mercados, de humor inestable, y con la carrera electoral ya disparada. También es un test para aliados, dialoguistas y oposición dura, que en el caso del peronismo/kirchnerismo sugiere llevar el tema al terreno judicial.
La velocidad con que se sucede todo lo que hace a la negociación con el Fondo expone de manera abierta el cruce de necesidades económicas y políticas. El Gobierno anotó estas tratativas al mismo nivel que el control de la inflación. Van de la mano, en todo sentido, como objetivo y por dependencia mutua. Y mueven el tablero político. Eso incluye y supera al Congreso: trasciende la lectura local y es un ingrediente de las conversaciones no sólo técnicas con el organismo internacional.
Luis Caputo debe lidiar con esa situación y ratificar el camino para atender especulaciones sobre los movimientos del dólar y las reservas, en un paño global complejo. En ese contexto, el aval político no sólo es indispensable, sino que además gravitan cada vez más los tiempos. El Gobierno eligió el camino del decreto y no de una ley para sostener su posición y darle velocidad al paso legislativo, según su visión del tema. Los apoyos y las discusiones que se abren están lejos de emitir un mensaje uniforme.
Los apoyos recibidos y el abanico que se proyecta para el recinto muestran a socios más o menos habituales y novedades, como la anticipada por Elisa Carrió. En esas filas heterogéneas, incluso en el PRO y en la bancada radical más dispuesta al diálogo, se notan algunos gestos de acompañamiento menos ligado al instrumento que a los riesgos de la disputa en este terreno. Hay quienes consideran que una derrota política del Gobierno en este terreno sería realmente desestabilizante. En cambio, como ocurre en las pulseadas por el criptogate, no se replican los mismos alineamientos.
En ese terreno fragmentado creció ayer mismo la disputa por el caso $LIBRA y avanzó la opción que sostiene el apoyo a la negociación con el FMI a partir de blindar el decreto en la Cámara baja. Ese paso es suficiente, de acuerdo a las reglas impulsadas hace años por Cristina Fernández de Kirchner. Nadie cree conveniente un rechazo en el Senado, aún sin efecto práctico y más allá de haber sido descontado de antemano a la hora de elegir este camino.
La bicameral expuso como siempre la necesidad oficialista de sumar votos, incluso a disgusto y en medio de disputas de mala imagen, a contramano del discurso de diferenciación con la política tradicional. El encuentro sobrevivió una primera prueba frente al intento insostenible de evitar el cambio de autoridades de la comisión. Finalmente, una jugada en la que fue decisiva la intervención del senador Francisco Paoltroni -también clave después al asegurar dictamen- destrabó el conflicto y coronó como titular al diputado Oscar Zago. Los dos, en diferentes momentos, quedaron “excomulgados” de los bloques oficialistas en nombre del verticalismo. Zago viene además de una pelea en público, a nada de las trompadas, con Lisando Almirón, libertario alineado que ahora debió respaldarlo.
El asunto, si este miércoles pasa la prueba del recinto, seguirá como objetivo destacado de la carga de la oposición más cerrada. La representación de UxP envió una nota a las autoridades del FMI advirtiendo que el decreto va en contra de la ley bautizada Martín Guzmán –recurso de la gestión de Alberto Fernández y CFK en función de sus necesidades del momento– y de las normas constitucionales. De mínima, llamativo por dos razones: como antecedente, por lo que hizo el kirchnerismo en sus distintas etapas, y hacia adelante, por la sugerida intención de judicializar este capítulo de la pelea.
Cristina Kirchner, al frente de la reunión del PJ. Oposición cerrada y advertencia sobre el decreto por el FMI
Con la misma letra y el mismo mensaje hacia el exterior, el Consejo Nacional del PJ realizó una reunión de “urgencia”. La cita y el documento difundido sin demora exhibieron un movimiento ajustado a la decisión de la ex presidente, preocupada siempre por reafirmar su poder doméstico y, últimamente, por evitar que el oficialismo ponga en duda su condición de única referencia para polarizar. La serie de enfrentamientos con Axel Kicillof juega en esa dirección.
Las decisiones en el interior del peronismo también comienzan a acelerarse en función de movidas ajenas, es decir, que no dependen de su eje. La primera línea de esa agenda sigue dependiendo de la provincia de Buenos Aires, por lo que ocurre en el distrito y por los tiempos que corren en la política porteña.
Sin dudas, impactó la reciente reunión entre Javier Milei -con Karina Milei en lugar central, incluso como imagen- y la dupla del PRO integrada por Cristian Ritondo y Diego Santilli. Constituyó un mensaje de lecturas diversas, pero con eje en el posible armado de una coalición local para darle batalla al peronismo/kirchnerismo en su principal distrito.
Esa reunión fue interpretada en clave amarilla, aunque no linealmente. Un mensaje frente a la jugada de adelantar la fecha en la Ciudad por parte de Jorge Macri y para forzar una instancia de negociación con el eje de Mauricio Macri. Eso,aprovechando además la astilla de Horacio Rodríguez Larreta, señalado -en principio, por lo bajo- como funcional a Karina Milei y a la vez, aunque parezca contradictorio, a una confluencia de intereses de la oposición local que incluye, por supuesto, al PJ. Visto de manera menos enredada, tal vez marquen el fin de la idea de jugadas calcadas en todos los distritos entre LLA y el PRO o, más ampliamente, lo que fue JxC.
Como sea, esa movida dejó en la banquina el armado de un encuentro entre el PRO y la UCR bonaerenses, para aumentar en conjunto peso político en la precipitada disputa local. Y al mismo tiempo, impactó en el peronismo como necesidad de resolver sin más vueltas dos cuestiones gravitantes para la carrera provincial: la suspensión de las PASO y la fijación de fecha para la elección de legisladores provinciales.
Kicillof acaba de convocar formalmente a las primarias para julio, pero desde el círculo del gobernador se apuraron a destacar públicamente que sólo se trata de eso, de una formalidad, y que el objetivo es suspenderlas. El reclamo va dirigido a la Legislatura, que naturalmente debe resolver el tema, pero en rigor es una demanda al interior del oficialismo provincial. El armado del gobernador y el núcleo K deben resolver cuándo votar cargos provinciales. Es difícil suponer que sea un mismo domingo.
Por lo pronto, también vuelve a colar el reclamo de jefes municipales para rehabilitar las reelecciones propias. Hay un guiño desde La Plata. Y eso supera las líneas del peronismo. Son días de discursos disociados de la realidad. La cita de dirigentes del PRO con el Presidente y Karina Milei fue celebrada desde el Gobierno como un paso para “erradicar al populismo”. Cuesta ver que se trate de una sola vereda.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.