De esa cifra, 4 millones accedieron vía moratoria, de acuerdo a los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae. La canasta básica del jubilado es $1,2 millones, según la Defensoría de la Tercera Edad
La situación de los jubilados será otra vez hoy el motivo alegado para una nueva marcha que busca desafiar al gobierno de Javier Milei, en medio de la renegociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que la protesta a la que convocaron distintos sectores sea más masiva que la movilización de la semana pasada, que terminó con hechos de violencia, actos vandálicos, represión policial y denuncias judiciales.
Hoy, en Argentina, 7,2 millones de adultos mayores perciben un haber jubilatorio o una pensión que, en la enorme mayoría de los casos, apenas cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos. Ese universo se integra de 5.630.923 jubilados y 1.647.908 pensionados, quienes reciben un monto de entre el 70% y el 80% de lo que habría sido la jubilación del cónyuge fallecido, titular de los aportes.
Del total, el 27% de los beneficiarios cobra la mínima, que hoy está en $285.820. Es la suma que cobran casi 2 millones de adultos mayores en nuestro país que no reciben el bono de $70.000. Si al haber mínimo se le suma ese bono, congelado desde marzo de 2024 y que solo cobran los que no tienen ningún otro beneficio jubilatorio, el monto recibido por jubilados y pensionados de la mínima apenas llega a $355.820.
Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la ANSES analizado por Infobae, con datos a diciembre de 2024, hay 3.472.849 jubilados y pensionados que perciben entre $300.000 y $400.000. Si se suman a los que cobran la mínima, casi 5,4 millones de adultos mayores cobran menos de $400.000. De esa cifra de jubilados y pensionados, 4 millones accedieron a la jubilación o la pensión vía moratoria.
Otros 522.116 jubilados cobran entre $400.000 y $500.000; 241.316 reciben entre $500.000 y $600.000; 178.425 perciben montos que van desde los $600.000 a los $700.000; 140.750 cobran entre $700.000 y $800.000; 114.081 entre $800.000 a $900.000; y 94.043 pasivos que cobran entre $900.000 y $1 millón, según el análisis de los datos oficiales relevados por Infobae.
Toda este universo de adultos mayores percibe un haber por debajo de la canasta básica de los jubilados, que mide la Defensoría de la Tercera Edad, estimada en $1.200.523, incluido el gasto de la vivienda. Esta cifra revela que la jubilación mínima con bono no alcanza a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.
Los jubilados que perciben un haber que se ubica entre $1 y $2 millones no llegan al medio millón (452.554), mientras que apenas 72.500 cobran entre $2 y $15 millones, y sólo 9 jubilados y 2 pensionados perciben más de $15 millones.
Jubilados por moratoria
Lo magro de los haberes tiene como contracara el crecimiento en las últimas dos décadas de la cantidad de jubilados y pensionados del sistema. Hoy, los que reciben una jubilación o pensión son más del doble que los 3,3 millones que había a finales del 2001, cuando la crisis económica y social provocó la salida anticipada de Fernando de la Rúa. El fantasma del 2001 volvió a ser agitado por el Gobierno cuando adjudicó los hechos de violencia del miércoles pasado frente al Congreso a quienes quieren “desestabilizar” al Gobierno. “Claramente lo que pretenden es generar caos. Si uno recuerda el caos en otras oportunidades, en un momento significó la caída de De la Rúa. No va a pasar eso en este gobierno, pero sí lo queremos advertir para que todo el mundo lo tenga claro”.
La masa de jubilados aumentó en números abolsutos y, a la vez, con relación a la población activa aportante. Si se considera el empleo público y privado registrado, incluidas las empleadas de casas particulares, los que aportan al sistema jubilatorio son poco más de 10 millones (10.148.000 trabajadores), según datos de finales del año pasado.
Del total de 7.214.099 beneficiarios, el 60% – 4.359.339 – accedieron a un haber por haberse acogido a un esquema de moratoria, sin haber cumplido los 30 años de aportes requeridos. Solo el 40% (2.854.760 adultos mayores) se jubiló tras haber cumplido este requisito legal.
La incidencia de las moratorias en el sistema previsional se remonta a 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se registraron los primeros beneficiarios que no habían completado sus aportes, aunque ese año la cifra fue menor a 5.000. El número fue creciendo significativamente a partir de 2006 y experimentó un salto notable en 2007, al cierre del gobierno del ex mandatario, cuando la primera gran moratoria llevó a 1.386.446 personas a ingresar al sistema previsional.
Posteriormente, hacia el final del mandato de Cristina Kirchner en 2015, esta cifra ya superaba los 3,2 millones beneficiarios. Desde entonces, la cantidad nunca dejó de aumentar, alcanzando los mencionados 4,3 millones actuales.
Durante 2024, se otorgaron 418.867 nuevas jubilaciones ordinarias, según el análisis de Infobae. De este total, el 75% corresponde a beneficiarios que accedieron al sistema a través de alguna de las moratorias previsionales vigentes, que equivale a 313.637 nuevos jubilados o pensionados, mientras que solo el 25% (105.230 casos) cumplió con los requisitos de aportes establecidos por la ley.
La última moratoria previsional, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, vence a finales de este mes. Estaba dirigida a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años que no contaban con los 30 años de aportes requeridos pero que tenían una cantidad de aportes verificables hasta el 2008. Bajo esta modalidad, posibilitaba completar los períodos faltantes descontándolos mensualmente de su jubilación, por hasta un total de 120 cuotas. El 23 de marzo vence el plazo para acceder a un plan de pagos que permite jubilarse sin los años legales.
El Gobierno no tiene intenciones de prorrogarla como lo hicieron sus antecesores. La intención es reemplazarla, para aquellos que no tengan los aportes, por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima. Implementada en el gobierno de Mauricio Macri, consiste en una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.