El máximo tribunal penal del país rechazó una queja presentada por la defensa y ratificó la continuidad del proceso contra un pasajero denunciado por su accionar en un vuelo de Miami a Buenos Aires

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la continuidad del proceso penal contra un hombre acusado de haber cometido el delito de abuso sexual contra una pasajera durante un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con su decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

El caso se inició a partir de una denuncia que presentó la víctima al aterrizar. En su exposición, relató que durante el trayecto aéreo, mientras dormía en su asiento, el pasajero que se encontraba a su lado -identificado con las iniciales J.G.H.– colocó su mano sobre su pierna derecha y luego la introdujo en el interior de su pantalón.

La instrucción penal quedó en manos del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con competencia en el aeropuerto “Ministro Pistarini“. En ese marco, el hombre quedó imputado bajo el delito de ”abuso sexual simple“ en una resolución que luego sería revisada y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que admitió que el procesamiento fuese sin prisión preventiva.

El procesamiento una sin detención cautelar implica que, si bien el juez instructor consideró reunidas las condiciones para vincular formalmente al imputado a la causa penal, no se acreditaron riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación para ordenar su arresto. De acuerdo con el artículo 312 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando existen motivos fundados que así lo justifiquen.

La denunciante reseñó los hechos al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EFE/Luciano González)

En el caso de J.G.H., ni el juzgado ni la Cámara de La Plata encontraron razones suficientes para imponerle una medida preventiva contra su libertad ambulatoria, concediéndole así la posibilidad de transitar el proceso penal en su contra sin restricciones.

Así las cosas, contra el fallo de la Alzada la defensa particular de J.G.H. presentó un recurso de casación por considerarlo arbitrario y sin fundamentos. Y al serle denegado, interpuso una queja para llevar su caso ante el máximo tribunal penal, que ahora también resultó desestimada.

La resolución fue adoptada por la Sala III de la Casación Federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, quienes en sintonía remarcaron que la resolución impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” para analizarla en esta instancia. Además, indicaron que “la defensa no ha logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio’”.

Los magistrados destacaron que “la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha”, ya que el imputado obtuvo “pronunciamientos concordantes” en primera instancia y en la Alzada. De ese modo, la Sala III resolvió “declarar inadmisible la queja por recurso de casación denegado, con costas”, en los términos de los artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.

Con todo, el episodio en el avión quedó encuadrado bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, que establece:“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

El 8 de mayo Loan Danilo Peña cumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si le hicieron una torta, si le pusieron globos o le dieron regalos o, simplemente, ese día pasó como uno más. Incluso, en este 2025, debería haber empezado la escuela Primaria y, para esta altura, su cuaderno tendría que estar lleno de letras escritas por primera vez por él. Sin embargo, desde hace 365 días, no hay rastros de ese nene que fue a buscar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de Corrientes. Desapareció. Y su ausencia duele; a María, su mamá, la atormenta más que a nadie: “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”.

Un año después, y con la angustia acumulada y la ansiedad cruel de la espera, María sigue en la misma casa donde el nene creció en la localidad correntina de 9 de Julio. Ahí lo espera junto a José, su marido, y el resto de su familia. Todavía recuerda cómo lo vio irse contento ese 13 de junio de 2024 con su papá a caballo a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba de visita al Algarrobal. Y allí se esfumó.

Por la desaparición de Loan, hay siete detenidos y procesados a un paso de ir al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía del chico Laudelina Peña, y la pareja de la mujer, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.

Para los investigadores, tanto los fiscales como la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo; existió “un plan coordinado” para llevarse a Loan ese día lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo”.

“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, y Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

María y José y sus hijos. Sólo falta Loan

Para los investigadores, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

• 13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
• 13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
• Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.

Los detenidos Caillava y Pérez con la abuela Catalina

Las fotos del almuerzo tras el cual desapareció Loan

• 14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
• 15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
• 15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.

La mayoría de los que están en la foto están presos

• 16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
• Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
• 14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
• 15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.

El naranjal de 9 de Julio

El botín de Loan Peña

Pese a que la causa se encamina al juicio, en el Juzgado Federal de Goya no se dan por vencidos: “Se siguen otras líneas investigativas de búsqueda”, explicaron a este medio allegados al despacho. Continúan buscando a Loan.

“Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, cierra María la charla, pero no la espera por volver a ver a su hijo.

Laudelina Peña, la tía detenida y quien plantó el botín del nene

Como si la causa por la desaparición de Loan no fuera lo suficientemente tremenda, en el medio la Justicia descubrió la irrupción de un grupo de personas que se hacían pasar por profesionales de la Fundación Lucio Dupuy y que hoy están procesados y también camino al juicio oral por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

Ese es un expediente paralelo a la causa madre que tiene 10 imputados, uno solo detenido: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanqui”. El resto de los acusados son: Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

De acuerdo al expediente, les endilgan los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

Seis de los 10 imputados por la causa paralela a la desaparición de Loan

¿Cómo operaban? Según la Justicia, tras la desaparición de Loan y con el mecanismo de las fuerzas federales en marcha y la conmoción social por el caso, los acusados, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.

Incluso, habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento que para la Justicia estuvo diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales.

*/Producción audiovisual y guion: María Belen Etchenique / Edición: Leo Aquiba Senderovsky / Locución y presentación: Bárbara Villar

El Ministerio Público de Río Negro y la policía provincial investigan el atraco, que tiene características particulares. La víctima es coleccionista y cazador. Los ladrones huyeron en una camioneta

La Policía provincia y el Ministerio Público de Río Negro avanzan en conjunto para encontrar pistas de los delincuentes que, el miércoles por la tarde, robaron 78 armas de fuego, municiones y una camioneta Renault Oroch, en la que cargaron una caja fuerte con dólares, euros, libras esterlinas y pesos chilenos.

El recuento del botín estuvo a cargo de una familiar de la víctima, quien todavía no viajó a la ciudad rionegrina para analizar lo que se llevaron, por ello la cantidad de armas que sustrajeron es tentativa y podría variar.

En una camioneta Renault Oroch que estaba en el mismo predio cargaron una caja fuerte con 160 mil dólares, 50 mil euros, 1500 libras y 3 millones de pesos chilenos, y huyeron con rumbo desconocido.

La revisión del armamento demandó varias horas, desde la tarde hasta la medianoche de este jueves. Luego se dispuso el secuestro de las armas y su traslado a un sitio seguro para “garantizar su resguardo”, ya que el sitio donde estaban depositadas no cuenta con medidas de seguridad.

El propietario del arsenal es coleccionista y cazador. Aunque todavía no fue confirmado, se cree que la mayoría de las armas están registradas legalmente y cuenta con credenciales de legítimo usuario. Pero para poder confirmarlo las autoridades aguardan que el damnificado viaje a Bariloche y releve lo que se llevaron y lo que quedó.

Mientras tanto, la Policía de Río Negro realiza múltiples operativos para intentar dar con los autores. El atraco habría sido protagonizado por cuatro sujetos, que sabían de la existencia del arsenal en la vivienda.

“No fue un hecho fortuito o aleatorio. Los ladrones sabían lo que buscaban, también dónde estaba y cuándo ingresar” confirmaron a Infobae fuentes con acceso a la investigación. Es que, de acuerdo a lo que trascendió, forzaron la ventana de la habitación donde estaban las armas, las seleccionaron y se ocuparon de la caja fuerte, sin prestar atención a otros elementos de valor que estaban allí.

El vehículo en el que huyeron no pertenece a la familia, sino a un conocido que utiliza el patio como estacionamiento.

El hecho tuvo gran repercusión por la magnitud y las características del botín. Pero también por la preocupación de las autoridades por el ingreso al circuito clandestino de las armas sustraídas. “Son armas que podrían caer en manos de delincuentes y ser utilizadas para delinquir, por eso es importante la investigación que inició la Policía de Río Negro y la Justicia” dijeron desde el municipio local.

El foco está puesto también en las medidas de seguridad que tenía el damnificado en el recinto donde guardaba las armas, ya que la puerta de acceso sólo estaba oculta por un mueble liviano.

Si las armas estaban registradas, como se cree, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) debería haber fiscalizado el sitio donde se guardaban y garantizar que se cumpla con determinadas exigencias para ese fin.

La resolución 149 -2024 de ese organismo establece que, quienes tengan en su poder 50 armas o más, deben guardarlas con estrictas medidas de seguridad, con accesos blindados, candados, alarmas sonoras, cámaras o personal de vigilancia, entre otros recaudos.

Los investigadores no detectaron ninguna medida de ese tenor, motivo por el que la información forma parte del expediente investigado.