La Casa Rosada quiere que la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo apruebe el texto y lo envíe rápido a Diputados. Duras críticas a la Ley Guzmán
El Gobierno tiene previsto enviar en las próximas horas el pedido de autorización al Congreso para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como había anticipado la semana pasada, la Casa Rosada avanzará con un decreto para cumplir con la legislación vigente y al mismo tiempo evitar demoras en una negociación que es clave para el futuro de la economía.
El Gobierno tiene a la firma el decreto de necesidad y urgencia y está previsto que sea publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, según pudo saber Infobae. Después de eso enviará el DNU a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo para que emita un dictamen y, en el menor plazo posible, sea debatido en Diputados.
Por la ley vigente, con la aprobación de una sola cámara del Congreso, el decreto queda convalidado. Es que la ley que hizo aprobar Cristina Kirchner en 2006 estableció que solo se anula un decreto con el rechazo de Diputados y el Senado.
La Comisión Bicameral de los DNU (foto Franco Fafasuli)
Fuentes oficiales revelaron anoche que el DNU tiene una extensa fundamentación, en la que se incluyeron fuertes críticas a la denominada Ley Guzmán, que estableció el requisito de tener el aval parlamentario para firmar un acuerdo.
“Fue un acto de cobardía de un mal ministro, en un momento de debilidad de un mal presidente como Alberto Fernández. Toda la vida, desde que se creó el FMI, los gobiernos fueron los responsables de firmar los acuerdos. A nosotros solos se nos ocurren estas ideas”, planteó a Infobae un funcionario respecto de la norma.
La misma fuente resaltó que en la propia constitución del FMI se reconoce que son los Poderes Ejecutivos los que tienen la facultad de para firmar los acuerdos. “Martín Guzmán impulsó esta esta ley para sacarse la responsabilidad de encima”, abundó.
Lo cierto es que la argumentación que dará el Gobierno es que el decreto de necesidad tiene efectos y una validez equivalente a los de una ley, hasta tanto no exista el rechazo de las dos cámaras del Congreso.
Javier Milei firmó el pedido de autorización al Congreso
Lo que viene
A partir de la publicación en el Boletín Oficial, el DNU del acuerdo con el FMI empezará un recorrido que está definido paso a paso por la ley 26.122. Deberá ser enviado a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -conocida como “Bicameral de los DNU”- en un plazo de hasta 10 días hábiles contados a partir de este lunes.
La Comisión tiene hasta 10 días hábiles más para emitir un dictamen, con la firma de 9 de sus 18 integrantes. Después de cumplido ese tiempo, ambas cámaras quedarán habilitadas para su discusión. En el Gobierno destacan que la mayoría de los DNU que firmaron Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, nunca llegaron al recinto y sin embargo mantienen vigencia plena.
La Bicameral de los DNU está presidida por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), su vicepresidente es el diputado Hernán Lombardi (PRO) y el senador chaqueño por el radicalismo Víctor Zimmermann (alineado con el Gobierno) es el secretario. Como vocales están los senadores oficialistas Luis Juez y Camau Espínola y los opositores Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (UP); y los diputados K Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez, los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago y el crítico Nicolás Massot.
Se constituyó la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley El senador Pagotto, presidente de la Comisión Bicameral de los DNU
Según pudo saber Infobae, el Gobierno quiere enviar una rápida señal a la política y a los mercados, por eso buscará acelerar al máximo las negociaciones y el debate en la Bicameral para que, una vez firmado el dictamen, sea girado para su discusión en la Cámara de Diputados.
Es que allí, creen en la Casa Rosada, hay un equilibrio de fuerzas políticas más parejo que el inhóspito Senado. En las últimas sesiones extraordinarias, iniciativas como la suspensión de las PASO tuvieron más de 160 votos, debido a que sectores como los del massismo dieron su apoyo. “No creemos que Massa vaya a mandar a sus diputados a boicotear un acuerdo con el FMI“, planteaban con mordacidad en el oficialismo.
Es una carrera contra el tiempo, porque el Senado -donde los libertarios tienen apenas seis voluntades propias y dos decenas prestadas- están a merced del kirchnerismo (34 bancas) y de rivales nuevos, como el villarruelista Francisco Paoltroni, que empezó a votar con el kirchnerismo, y los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco. Es una base de 37 senadores sobre 72, una potencial y peligrosa mayoría.
La decisión de avanzar por este camino la tomaron la semana pasada en una reunión en Casa Rosada, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe Lisandro Catalán, el karinista Eduardo “Lule” Menem, y el poderoso Santiago Caputo.
En esa cumbre estuvieron convencidos de que La Libertad Avanza iba a contar con 9 firmas para tener dictamen y más de 129 votos para aprobarlo en Diputados. “Si logramos sacarlo rápido, va a ser una señal muy potente para los mercados. El FMI no va a poner reparos, se puede acelerar el acuerdo y podemos bajar 200 puntos básicos el riesgo país”, transmitieron a Infobae fuentes oficiales.
Todo eso junto. Más allá de los deseos y los cálculos, el oficialismo deberá enfrentar las consecuencias de los actos propios.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.