Luis Caputo participará de un evento empresario en Mendoza y la portavoz del organismo hablará este jueves en conferencia de prensa. Un informe de un banco internacional proyectó un programa por USD 20.000 millones
El Gobierno dejó trascender que está en la recta final de un primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para acordar una serie de políticas económicas que estarán incluidas en el nuevo programa. En paralelo, trabaja sobre el proyecto de ley que autorice la operación y se espera, este jueves, un pronunciamiento del organismo sobre la marcha de las negociaciones.
En ese contexto, el miércoles por la tarde el presidente Javier Milei reunió a la plana mayor del equipo económico en la Residencia de Olivos. Estuvieron el ministro de Economía Luis Caputo con sus asesores y el presidente del Banco Central Santiago Bausili. Este jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack, podría dar alguna pista más sobre la inminencia del entendimiento técnico. Al mediodía, en tanto, Caputo participará de Foro del Consejo Empresario Mendocino (CEM) junto al gobernador Alfredo Cornejo.
Otro punto relevante del informe es que, según la estimación de UBS, el acuerdo podría incluir un desembolso inicial significativo, posiblemente entre el 20% y el 30% del total durante este año, en línea con experiencias previas en Ecuador y en Argentina durante el Extended Fund Facility (EFF) de 2022. UBS destaca que el vínculo entre Milei y Donald Trump podría jugar a favor del Poder Ejecutivo.
Milei había anticipado ante la Asamblea Legislativa el sábado por la noche que “en los próximos días” el Poder Ejecutivo tendría cerrado un acuerdo con los funcionarios del FMI que dé paso a un programa financiero nuevo que incluya desembolsos adicionales. En los despachos oficiales aún no bridan precisiones sobre la inminencia de ese apretón de manos técnico entre Buenos Aires y Washington, pero dejan saber que está pautado para el corto plazo.
El articulado del proyecto, en el que todavía trabajan distintas áreas del Ministerio de Economía y de la Casa Rosada, solo buscará la autorización para la firma del acuerdo con el FMI. El contenido del programa nuevo quedaría, si el Ejecutivo sostuviera esa decisión, reservado para los tiempos de tratamiento del acuerdo en el directorio del Fondo Monetario. Esa particularidad ya generó algún resquemor en bloques opositores, que buscarán conocer algún detalle de a qué tipo de políticas económicas se comprometería el Ejecutivo ante el organismo.
Milei anticipó que el proyecto para pedir autorización para el acuerdo con el FMI llegaría en los próximos días. AP
La necesidad de conseguir una ley que apruebe el acuerdo surge de la “Ley Guzmán”, que también contempla títulos públicos en moneda extranjera por encima de lo presupuestado, pero que no exige explícitamente que se den a conocer al parlamento los detalles técnicos del acuerdo.
Cuando fue ministro, Guzmán envió el pedido de autorización para el programa Extended Fund Facility (EFF) con anexos incluidos con el memorando de políticas económicas consensuado con el staff y un memorando técnico. Fuentes parlamentarias recuerdan que la oposición y parte del oficialismo no estaba de acuerdo en aquella ocasión con aprobar el proyecto con esos documentos adjuntos, ya que no querían que el Congreso decidiera sobre un plan económico que dependía del Poder Ejecutivo.
Con todo, los alcances finales del entendimiento con el FMI todavía no fueron hecho públicos, pero el Gobierno dejó entrever que el sistema de metas -fiscales, de reservas y de emisión- no fueron materia de mayor discusión, aunque sí la configuración del esquema cambiario. Entre otras cuestiones, qué hará el equipo económico con el dólar blend que destina el 20% de las divisas de la exportación al “contado con liqui”, qué planes tiene para flexibilizar o eliminar otras restricciones cambiarias como el giro de dividendos al exterior por parte de empresas multinacionales.
Milei hizo referencia, en algún momento, de las últimas semanas de negociación, a unos USD 11.000 millones. El Gobierno tiene dos restricciones sobre cómo utilizar los dólares que surjan de un acuerdo nuevo con el FMI. Uno es normativo: la misma ley que prevé que cualquier programa con el organismo debe ser autorizado por el Congreso prohíbe que esos fondos sean usados para gastos corrientes. Y, en segundo lugar, Milei busca evitar que el nivel de endeudamiento neto del sector público crezca a pesar de pedir dólares adicionales al FMI.
De esa forma, la manera que encontró el equipo económico para conjugar esa última directiva es la de mejorarle el balance al Banco Central por la vía de la eliminación de al menos una parte de las Letras Intransferibles, un activo que es considerado de poco valor en el patrimonio de la autoridad monetaria. En la actualidad el BCRA tiene entre sus activos unos USD 23.000 millones de estos instrumentos emitidos por el Tesoro.
En los despachos oficiales dejan trascender que el entendimiento técnico tendrá lugar en un corto plazo. El portavoz presidencial Manuel Adorni aseguró que “se apunta a que el acuerdo esté cerrado para el primer cuatrimestre” y evitó ingresar en detalles. “El posible acuerdo con el Fondo va a implicar la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda, es una de las patas que tienen que estar para que pueda levantarse el cepo o cambiar el esquema cambiario”.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.