En el articulado del proyecto solamente incluirá el pedido para formalizar el nuevo programa antes de que lo discuta el directorio del Fondo, pero no se anexará el memorando con los datos técnicos. Cómo fue el debate para el acuerdo de 2022 y qué piensan en la oposición
El Gobierno tiene la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley que pida autorización para tomar nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional pero se guardará el memorando con los detalles técnicos que eventualmente acuerde con el staff del organismo. Los bloques de la oposición pedirán conocer los detalles para que la discusión parlamentaria no verse solamente sobre el pedido de permiso para cerrar el programa nuevo.
El presidente Javier Milei anticipó ante la Asamblea Legislativa el sábado por la noche que “en los próximos días” el Poder Ejecutivo tendría cerrado un acuerdo con los funcionarios del FMI que dé paso a un programa financiero nuevo que incluya desembolsos adicionales, es decir, un aumento en el nivel de endeudamiento con ese organismo. En los despachos oficiales aún no bridan precisiones sobre la inminencia de ese apretón de manos técnico entre Buenos Aires y Washington.
De todas formas, según pudo saber Infobae por fuentes oficiales, el articulado del proyecto, en el que todavía trabajan distintas áreas del Ministerio de Economía y de la Casa Rosada, solo buscará la autorización para la firma del acuerdo con el FMI. El contenido del programa nuevo quedaría, si el Ejecutivo sostuviera esa decisión, reservado para los tiempos de tratamiento del acuerdo en el directorio del Fondo Monetario.
La necesidad de conseguir una ley que apruebe el acuerdo surge de la Ley 27.612 -de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que empujó el exministro Martín Guzmán– y que tuvo como objetivo que exista un marco de control parlamentario sobre los acuerdos con el FMI, que suelen tener una duración que excede el plazo de mandato de los gobiernos. El breve articulado, que también contempla títulos públicos en moneda extranjera por encima de lo presupuestado, no exige explícitamente que se den a conocer al parlamento los detalles técnicos del acuerdo.
De todas formas, el único antecedente de aplicación de esa norma, que es la aprobación del programa Extended Fund Facility (EFF) en marzo de 2022, incluyó un proyecto de ley para autorizar la firma del acuerdo que tuvo entre sus anexos el memorando de políticas económicas consensuado con el staff y un memorando técnico.
En aquella ocasión la secuencia fue la siguiente: el 28 de enero de ese año Guzmán y el FMI anunciaron un entendimiento inicial de políticas claves para el programa financiero con un comunicado formal de ambas partes, en los primeros días de marzo se oficializó ese Staff Level Agreement y un día después, ya con los documentos hechos públicos, el Poder Ejecutivo giró al Congreso el proyecto de autorización con la letra chica entre sus anexos.
Milei anticipó el envío del proyecto de ley para buscar autorización del Congreso pero no incluiría los detalles técnicos
En este caso, el Gobierno de Javier Milei todavía no pasó la instancia de conseguir un pronunciamiento del FMI que oficialice un acuerdo preliminar en los aspectos centrales del nuevo acuerdo. La pregunta que sobrevuela es, de acuerdo a las declaraciones del jefe de Estado, si el proyecto que busque autorización del Congreso para el endeudamiento se realizará cuando suceda ese primer comunicado formal o si esperará un Staff Level Agreement completo. En 2022 entre un evento y otro pasaron seis semanas. El tratamiento legislativo del EFF duró unos 20 días y rápidamente el board dio luz verde al primer desembolso.
En los bloques opositores aseguraron no tener conocimiento que el texto de ley que planea enviar el Ejecutivo no tendría adjuntado los detalles del acuerdo. Un diputado radical, de posición crítica hacia el oficialismo, consideró que la autorización de endeudamiento debería estar hermanada con un debate sobre el Presupuesto 2025.
“Hay dos cosas por separado. Sin ley de Presupuesto, el Gobierno para endeudarse tiene que pedir autorización al Congreso, más allá del acuerdo con el Fondo. Luego está la ley que hizo el kirchnerismo que además obliga que el acuerdo con el Fondo pase por el congreso. Si el acuerdo compromete al país en otra serie de medidas, por ejemplo de tipo cambiaria o monetaria, el acuerdo tiene que estar (presentado)”, comentó el legislador. “Cualquier compromiso que Argentina tome para que sea vinculante y puede ser luego exigible tiene que estar ahí, tiene que figurar”, amplió.
Los alcances finales del entendimiento con el FMI todavía no fueron hecho públicos, pero el Gobierno dejó entrever que el sistema de metas -fiscales, de reservas y de emisión- no fueron materia de mayor discusión, aunque sí la configuración del esquema cambiario. Entre otras cuestiones, qué hará el equipo económico con el dólar blend que destina el 20% de las divisas de la exportación al “contado con liqui”, qué planes tiene para flexibilizar o eliminar otras restricciones cambiarias como el giro de dividendos al exterior por parte de empresas multinacionales.
Milei hizo referencia, en algún momento, de las últimas semanas de negociación, a unos USD 11.000 millones. Ante el Congreso reiteró que serán utilizados para cancelar deuda intra sector público. Esto es, para que el Tesoro le recompre al Banco Central letras intransferibles que impactan en el pasivo de la autoridad monetaria. De esa forma, mejoraría el patrimonio del BCRA sin incrementar los niveles de endeudamiento neto, aunque sí la deuda externa por tratarse de un cambio de acreedor. Según estimaciones privadas, de todas formas, la tenencia de letras intransferibles del Tesoro en manos del BCRA supera los USD 23.000 millones.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.