Tras el crimen de la niña de 7 años en La Plata, desde la Casa Rosada reclamaron mayor celeridad al Congreso. La iniciativa presentada el año pasado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona comenzó a debatirse en comisión, pero no llegó al recinto. Los textos del resto de la oposición
Este sábado el presidente Javier Milei abrirá el período de sesiones ordinarias del Congreso y el oficialismo ya dio señales de que una de las primeras iniciativas que buscará debatir será la baja de la edad de imputabilidad.
Tras el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata cuando dos delincuentes menores de edad robaron el auto de su mamá con ella adentro, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y otros referentes del oficialismo como el vocero Manuel Adorni y el jefe del bloque de diputados Gabriel Bornoroni reclamaron que Diputados apruebe con la mayor rapidez el proyecto enviado por la Casa Rosada a mediados del año pasado.
Sin embargo, el texto elaborado por Bullrich y Cúneo Libarona no es el único con estado parlamentario. También hay otros doce proyectos con estado parlamentario presentados por miembros de casi todas las bancadas.
El tuit de Mariano Cúneo Libarona
El año pasado el tema comenzó a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto. Justamente haberle dado giro a tantas comisiones fue uno de los errores estratégicos que cometió el oficialismo y dificultó el debate.
Por un lado, complicó al Gobierno en la tarea de juntar las firmas para avanzar con el dictamen (especialmente por la comisión de Familia y Niñez donde el oficialismo es minoría). Por otro lado, cuando la comisión de Presupuesto se focalizó en el análisis del proyecto de Presupuesto 2025 -que finalmente nunca fue aprobado- relegó el trabajo sobre los proyectos de seguridad.
En ese sentido, en el oficialismo creen que ahora la comisión de Presupuesto tendrá menos impedimentos para reunirse y que el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil será más rápido.
La publicación de Gabriel Bornoroni
En general, casi todos los proyectos bajo análisis proponen bajar la edad de imputabilidad. Mientras que el Gobierno pretende que sea a los 13 años, la mayoría pone el límite en 14. Solo los textos de las diputadas de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello prevé dejar la edad mínima en 16.
A su vez, en la mayoría de los textos contempla sanciones alternativas a la prisión como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o acercamiento a determinadas personas y reparaciones a las víctimas. Además, casi todos los proyectos fijan una pena máxima diferente a la que se aplica a los adultos. Por ejemplo, para el Gobierno debería ser de 20 años, mientras que cerca de la mitad de los textos la fija en 15 años.
El proyecto de Patricia Bullrich y Cúneo Libarona baja la edad de imputabilidad a los 13 para todos los delitos. La pena máxima de prisión será de 20 años, pero se contemplan sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad. Pero solo se aplicarán si los delitos no superan la pena de 6 años, si no hay víctimas fatales y si no hay registros de procesamientos firmes. Finalmente, como política de reinserción pone el foco en los programas educativos, de formación ciudadana y deportivos.
Familiares de Kim Gómez reclaman justicia en La Plata
La iniciativa presentada por el massista Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, baja la edad de imputabilidad a 14 años solo para los delitos de acción pública (quedan excluidos los delitos del ámbito privado). No fija una pena máxima de prisión y estipula que si la pena es menor a 6 años el fiscal puede utilizar el criterio de oportunidad para aplicar penas alternativas como la reparación a las víctimas, los servicios comunitarios, la libertad vigilada o el internamiento terapéutico.
El proyecto de la radical disidente de Democracia para Siempre, Ana Carla Carrizo, baja la edad de imputabilidad a los 14 años, sólo para delitos cuya pena máxima fuera superior a 10 años. Propone que la pena máxima sea de 10 años de prisión y también contempla sanciones alternativas como reparación del daño, pedidos de disculpas, tareas comunitarias, prohibición de residencia, tránsito o asistencia a determinados lugares.
El libertario Álvaro Martínez es el más extremo y fija la edad mínima en 12 años para todos los delitos. Fija una pena máxima de 7 años, excepto para delitos graves, con un máximo de 15 años para los menores de 16 años y de 10 años para los menores de entre 12 y 15.
El proyecto del diputado del PRO Martín Yeza baja la edad de imputabilidad a 14 años para los delitos de acción pública y contempla penas alternativas como reparaciones a las víctimas, servicios comunitarias, regímenes de libertad vigilada o internamiento terapéutico que podrán ser aplicadas por el fiscal si la pena es menor a los 3 años de prisión.
Uno de los jóvenes detenidos por el crimen de Kim Gómez. Tiene 17 años
Su compañero de bloque Diego Santilli también presentó un proyecto propio donde la edad de imputabilidad se fija en 15 años para todos los delitos, excepto los que prevean penas de prisión máximas iguales o inferiores a 2 años. También contempla penas alternativas como reparaciones a las víctimas, servicios comunitarios, prohibición de residencia o tránsito o de relacionamiento con determinadas personas. Prevé una pena máxima de 15 años para homicidios dolosos y abusos sexuales, y de 10 años para el resto de los delitos.
El texto de Ricardo López Murphy baja la edad de imputabilidad a los 14 años para todos los delitos con una pena máxima de 15 años. Se contemplan penas alternativas como la prohibición de conducción de vehículos, resarcimiento del daño causado, abstención de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas personas, servicios comunitarios y abstención de consumo de drogas o alcohol.
Es similar al de la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, que fija penas máximas de 3 años para menores de 14 y 15 años; y de 5 años para los de 16 y 17.
En la misma línea, la radical Roxana Reyes propone en su proyecto penas de prisión en centros especializados sólo para homicidios dolosos, delitos contra la integridad sexual, robos con armas, robos con violencia física hacia personas, secuestros extorsivos. Y las penas máximas serán de 5 años si el joven imputado tiene 14 o 15 años; y de 10 años si el imputado tiene 16 o 17 años.
Finalmente, los proyectos de las legisladoras de Unión por la Patria Natalia Zaracho y Eugenia Alianiello mantienen la edad de imputabilidad en 16 años para los delitos de acción pública con penas superiores a los 3 años.
El texto de Zaracho prevé penas alternativas como reparación del daño, pedido de disculpas, tareas comunitarias y participación en actividades de reflexión. Además, fija la pena máxima de prisión en 15 años.
En cambio, Alianiello plantea que todas las escalas de las penas se reduzcan al grado de tentativa y la prisión perpetua baje a 10 años.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.