La Procuración del Tesoro emitió una resolución a favor de un reclamo de una empleada que cobraba un incentivo por parte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y había sido dado de baja. Evalúan pedirle la renuncia
El Ministerio de Justicia comenzó el 2025 de manera convulsionada. A la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF) por una criticada gestión y gastos personales que no iban en línea con la política oficial, ahora se abrió otro frente con la Procuración del Tesoro, a cargo del jurista de larga trayectoria Rodolfo Barra.
En parte similar a lo que ocurrió con Yacobucci en la UIF, en el Gobierno detectaron que el ex juez de la Corte Suprema durante el menemismo emitió un dictamen que no defendió los intereses del Estado en algo que es fundamental para la línea libertaria: el ajuste de la administración pública.
Para entender el caso hay que remontarse a una obsesión que la Casa Rosada tuvo durante todo el 2024: los Registros del Automotor. Bajo la premisa de que eran cajas de la política y que, además, complicaban y encarecían los trámites, Milei ordenó el cierre de más de 136 agencias y su eliminación fue parte de la Ley Bases. Sin embargo, si bien se redujeron costos y hubo simplificaciones, aún no se pudo crear el Registro único, digital y remoto.
Los Registros del Automotor, desde hace décadas, trabajan asociados a un privado: la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta entidad tenía contratados 2.500 empleados que brindaban servicios al Ministerio de Justicia y se encargaban de pagar los incentivos, un beneficio que se sumaba al sueldo de base. Gracias a estos extras, por ejemplo, un director de la cartera a cargo de Cúneo Libarona podía cobrar hasta el doble que un director de cualquier otro Ministerio.
La eliminación de los Registros del Automotor sigue siendo un proyecto que no se pudo concretar. El primer paso es digitalizar el 100% de los expedientes de vehículos en circulación en Argentina
El 31 de diciembre, el Ejecutivo dio de baja el convenio con ACARA y la mayor parte de los trabajadores fueron despedidos, mientras que algunos fueron contratados en la administración pública, no como planta permanente sino a través de un contrato, según dispone la Ley de Contrato de trabajo (LCT). El acuerdo fue respetarles el sueldo y dar de baja el incentivo, pero el salario cubriría entre el 80 y el 90% de lo que cada uno percibía cuando eran contratados por ACARA. Esto fue firmado por cada trabajador y convalidado ante el fuero laboral con un artículo que especificaba que, al aceptar las condiciones, no harían reclamos en el futuro.
Sin embargo, una agente, cuyas iniciales son A.T., hizo una presentación para pedir la impugnación de la decisión del Ministerio de Justicia de quitarle el incentivo. Al ser un juicio contra la administración pública, al iniciarse el proceso legal, el equipo de Cúneo Libarona le pidió a la Procuración del Tesoro -cuyo trabajo es ser el abogado del Estado- que se expida respecto de este caso que eventualmente llegará a la justicia laboral. Y aquí es donde, entiende el Gobierno, comienza la acumulación de fallas imperdonables de Rodolfo Barra.
El ex ministro de Justicia impulsó un dictamen que favorece a la demandante y va en contra de los intereses del Gobierno. Su argumento fue que el incentivo que recibía A.T. tenía carácter remunerativo y, por lo tanto, era válido el planteo y podía exigir que se le sea reincorporado. Según el escrito, el Ministerio de Justicia debería ajustar el caso para no afectar la legalidad de su contratada. Si bien el dictamen no es vinculante, en la Casa Rosada le achacan a Barra que le dio pie al fuero laboral para fallar a favor de A.T.
Javier y Karina Milei están al tanto del dictamen que firmó Barra y esperan la renuncia del funcionario (REUTERS)
Pero el malestar no termina ahí. Hay un detalle que no pasó desapercibido para Javier y Karina Milei, ambos al tanto de la situación. Rodolfo Barra no firmó el dictamen, sino que le pidió a su segundo, Marcos Serrano, que pusiera la firma. Cuando se comunicaron con el Procurador para reclamarle por el escrito, el funcionario se quiso despegar y responsabilizó a Serrano. El argumento generó bronca por dos motivos: una muestra cruda de deslealtad para con su propio equipo y una subestimación hacia sus interlocutores, que dan por sobreentendido que una resolución de este calibre tiene que estar si o si habilitada por la máxima autoridad de la Procuración.
Más allá de la falla administrativa de Barra, acá también la política hace su juego, tanto para las causas como para las consecuencias. Para Milei y su entorno más cercano no hay marcha atrás y esperan que el Procurador presente su renuncia. Su intención no es desplazarlo, como ocurrió con Yacobucci, pero en su consideración el funcionario no es más parte del Gobierno. Les parece incomprensible que el abogado del Estado falle en contra del Estado.
“Le faltó timing. Era cuestión de agarrar la biblioteca que favorecía al Estado y listo. Siempre va a haber fallos a favor y en contra, vos tenes que elegir. Lo que hizo fue brutalidad jurídica”, fue la descripción explícita de un funcionario sobre lo que este caso significa.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
Una de las hipótesis que manejan en el Ejecutivo es que Barra no quiso mandar puertas adentro un mensaje que luego podía volverle en forma de cuestionamientos por parte de su equipo, ya que en la Procuración habría más de estos reclamos. De hecho, A.T. trabaja para ese organismo, que depende del Ministerio de Justicia.
Barra tenía cierta flexibilidad para estar fuera de la Argentina la mayoría de los días de la semana. En Rosada estiman que solamente estaba en el país entre martes y jueves. El resto del tiempo lo reparte entre Punta del Este y España. Esto no solo se acabó, sino que ahora lo harán trascender sin pudor. Otra consecuencia política.
Por ahora las esquirlas no llegarán a Cúneo Libarona, el ministro de quien depende todo. En el Gobierno creen que está trabajando bien y solo le achacan que, al igual que con Yacobucci, había sido advertido por algunos comportamientos de Barra. Ahora, el futuro del Procurador es una incógnita. Pero en Balcarce 50 esperarán que ponga su renuncia a disposición.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.