Sin las voluntades aseguradas, en Casa Rosada no descartan prolongar el período -termina el 20 de febrero- o ir al Senado desde marzo con los proyectos que tengan media sanción en Diputados
Los tiempos son el talón de Aquiles del Gobierno en el período que impuso el oficialismo para las sesiones extraordinarias. Dos de las cuatro semanas pasarán entre negociaciones previas a las dos sesiones -por Ficha Limpia y PASO, principalmente- en Diputados. Y después deberán esperar siete días para ir al Senado. Y por ahora no ven sentido en tratar los pliegos de Lijo y Mansilla antes de que se termine el debate en la Cámara baja.
Los legisladores tienen cuatro semanas para tratar los siete temas que propuso el Ejecutivo. Y el Gobierno arrancó tarde: logró convocar a los bloques dialoguistas sólo después de la fecha de inicio, el martes pasado, porque alegaron que varios en su bancada estaban de vacaciones. Ahora, admiten en Balcarce 50, un mes no parece suficiente para culminar con todas las discusiones a tiempo.
Así lo advirtieron desde la oposición dialoguista en el Parlamento, y en la Casa Rosada no descartaron avanzar sólo con la media sanción para los proyectos en Diputados, y postergar hasta las ordinarias el resto de la discusión, en el Senado. “No tenemos apuro”, dijo, con tranquilidad, un importante asesor, y aseguró que es “posible y probable” que así ocurra.
Inclusive, en la Casa Rosada estarían dispuestos a patear el proyecto de reforma electoral y política, que entre otras cosas busca eliminar las elecciones primarias. Lo cual, en principio, sería poco ortodoxo, porque el año electoral ya está en curso. Pero a la tropa de Milei nunca le importaron las reglas no escritas de la política. “Tenemos tiempo hasta que arranque el cronograma electoral, en mayo”, dijo un asesor presidencial. Y dejó abierta la puerta a que se prolongue la discusión.
Cristian Ritondo, del PRO (Fotos: Jaime Olivos)
En la Casa Rosada se muestran sin cuidados con los tiempos. Saben que los votos están complicados para la reforma electoral, porque en los propios bloques de PRO y la UCR de Rodrigo de Loredo hay pruritos. Y en todo caso, podrían necesitar del bloque de UP, de quien dependerá también el futuro de los pliegos para la Corte Suprema, en el Senado.
Hay quienes admiten que están negociando con el kirchnerismo y que la moneda de cambio por obtener la eliminación de la PASO -con la cual la tropa de Cristina Kirchner y afines estaría de acuerdo- sería dar de baja ficha limpia. Otros niegan a rajatabla tanto las conversaciones subterráneas con el bloque “enemigo” -que, los libertarios lo saben, disgustan al electorado propio. Y aseguran que no hay forma de que “entreguen” ese proyecto. “Es un deseo de Javier, vamos a hacer todo lo posible para que se cumpla”, sostuvo un funcionario.
Con respecto a la PASO, una salida intermedia sería que el Gobierno cediera ante una suspensión, y dejara para más adelante las aspiraciones de eliminación. Y cada vez con mayor seguridad se muestran inclinados a ceder, incluso aquellos funcionarios que lo descartaban de plano hasta la semana pasada.
“No vamos a vetar una suspensión, pero no es lo que queremos”, dijeron, como para dar a entender que darían el visto bueno, por omisión, a una solución salomónica del brete.
El presidente del bloque UxP, Germán Martínez, junto a Máximo Kirchner
Hay quienes admiten, muy por lo bajo, que al postergar el primer turno electoral para octubre el Gobierno busca ventajas desde el punto de vista político, además del mentado ahorro que pregonan en público. Una es ganar tiempo para lograr una mejor performance en octubre. La otra es asegurarse de que Karina Milei tenga la lapicera en caso de que se vean obligados a forjar una alianza institucional con el PRO.
Las conversaciones podrían enturbiarse aún más desde que el Gobierno confirmó ayer que enviará en ordinarias un proyecto de “igualdad ante la ley”, que intentará dejar sin efecto una serie de normativas vinculadas al género y la inclusión y defensa de las minorías, como la ley de cupo trans, la tipificación del Femicidio en el Código Penal, la ley que brinda cursos de formación en género para los empleados estatales, entre otras.
Esta iniciativa pondrá indefectiblemente en pie de guerra a los sectores más progresistas del arco político: todo Unión por la Patria; pero también a las alas de centro de PRO y de Encuentro Federal, que son aliados del oficialismo. Sin estos últimos, La Libertad Avanza no tiene forma de avanzar un solo paso con ninguno de los proyectos del temario. En la Casa Rosada relativizaron el impacto de esa medida en la batalla que se libra hoy en el Congreso: “Son cosas distintas, y esto se trata de defender lo que pensamos”, dijeron, mientras en las redes sociales empezaban a aparecer las primeras muestras de férreo desacuerdo.
Guillermo Francos entrando a Casa Rosada
En principio, el Gobierno tiene planeado que la semana que viene empiecen a exponer asesores técnicos para explicar los planes del oficialismo al Congreso. Y que la siguiente, entre el 4 y el 5 de febrero, se hagan las primeras reuniones en comisión. Pero aparecen titubeos al hablar del momento que se fijará para primera sesión en la Cámara baja.
En principio, Francos les había planteado a Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo y Oscar Zago que planeaba llevarla a cabo el jueves de la misma semana, que cae 6. Pero no hay nada seguro, y en la bancada violeta piden esperar, en medio de las dudas sobre las voluntades para ambos proyectos. Inclusive se replantean el diseño de dos sesiones distintas para la reforma electoral y Ficha Limpia, como se había planteado inicialmente.
“Estamos en un proceso, las cosas van a ir cambiando”, dijeron, claramente imposibilitados para mostrar certezas, en Balcarce 50. Pero admitieron que las fechas se complicarán si se tiene en cuenta que el reglamento exige que pasen siete días entre la aprobación de un proyecto de ley en Diputados y su tratamiento en el Senado. Las sesiones extraordinarias terminan el 20 de febrero.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.