El ministro Cúneo Libarona, que había impulsado su nombramiento, le comunicó la decisión de removerlo del cargo. Como anticipó Infobae, el ex funcionario era cuestionado por su actuación técnica en el organismo antilavado y también por viajar en primera clase. Lo reemplazará el fiscal federal Paul Starc
Ignacio Yacobucci, hasta ahora presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), fue removido esta tarde de su cargo por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que lo había impulsado para ocupar esa posición estratégica, tras reiteradas críticas internas relacionadas con su desempeño y con los elevados gastos vinculados al área que lideraba. En su lugar, asumirá el fiscal federal Paul Starc.
Como reveló esta mañana Infobae, la decisión de destituir a Yacobucci fue motivada, entre otras razones, por su actuación del organismo a su cargo en causas sobre narcotráfico y lavado de dinero, porque en algunos casos los abogados de la UIF se retiraron de procesos abiertos contra acusados “pesados” y, en otros, se presentaron para acusar a comerciantes por bajo montos. Pero también, al ex funcionario le habían transmitido observaciones por los abultados presupuestos destinados a comitivas y viajes internacionales en primera clase. Dichos gastos, que contradecían abiertamente la política de austeridad promovida por el gobierno de Javier Milei, generaron malestar en distintas esferas oficiales.
El reemplazante de Yacobucci será Paul Starc, titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de Febrero. El abogado, con más de 35 años de experiencia en diversos roles judiciales, es experto en gestión de investigaciones complejas y en la colaboración entre agencias del sistema judicial, con diversas capacitaciones profesionales y académicas enfocadas en el Derecho Penal y la Inteligencia.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia
Yacobucci quedó fuera del cargo después de un frustrado viaje a Paraguay, previsto para fines del año pasado, que habría incluido nuevamente boletos en primera clase y un número excesivo de acompañantes. Este incidente fue señalado como “la gota que rebalsó el vaso” y aceleró su destitución. Si bien había pasado un presupuesto de más de 10 mil dólares, finalmente se le ordenó suspender el viaje.
Además de las controversias por sus gastos, su gestión al frente de la UIF acumuló cuestionamientos en el ámbito técnico. En lo referido a su actuación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Yacobucci fue relegado a un rol secundario como coordinador debido al desempeño considerado insuficiente por las autoridades del organismo internacional. “Es el momento adecuado para que lo echen, ya que la evaluación del GAFI finalizó en diciembre y ahora se necesita personal capacitado para implementar las medidas exigidas”, explicaron fuentes oficiales.
Yacobucci fue oficializado en el cargo en febrero del año pasado y trabajó en tándem con Cúneo Libarona y una persona de su más estrecha confianza, a quien nombró allí para seguir el día a día del organismo. Durante los once meses de gestión, el presidente de la UIF ejerció su rol con autonomía, respondiendo de manera directa al ministro de Justicia, incluso en momentos decisivos, como en los días en los que el GAFI decidió mantener a la Argentina fuera de la lista gris. Pero en ese momento se mostraron las deficiencias en su actuación y, al ser relegado en febrero pasado, esa tarea la asumió la Secretaría de Justicia.
Yacobucci fue oficializado en el cargo en febrero del año pasado y trabajó en tándem con Cúneo Libarona
Críticas a su gestión técnica
Según lo que pudo confirmar Infobae, entre las falencias que se detectaron en el Ministerio de Justicia en la gestión de Yacobucci, que incluso afectaron el funcionamiento de la UIF, se destacaron un uso político de la institución, ya que la Unidad de Información Financiera fue criticada por actuar como querellante en causas motivadas por cuestiones coyunturales en lugar de realizar investigaciones de carácter técnico, lo que desvió sus esfuerzos de los objetivos centrales.
También, en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona se le achacó al ex funcionario un bajo volumen de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), al punto que en sectores de alto riesgo, como el financiero e inmobiliario, no se realizaron análisis preventivos adecuados y, en lugar de actuar proactivamente, la UIF operaba de manera reactiva, esperando requerimientos externos. También surgieron críticas a deficiencias en el análisis del financiamiento del terrorismo, debido a que no se profundizó en el seguimiento de los operadores y las redes vinculadas a actividades terroristas, dejando una importante área de riesgo desatendida.
Por último, se destacó una escasa cooperación internacional efectiva, más allá de los viajes y visitas oficiales y extraoficiales realizadas a París, Viena, Washington, Bruselas y otras ciudades, ya que se registró un bajo número de solicitudes de colaboración espontánea hacia otros países, limitando la eficacia del organismo en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.
La remoción de Yacobucci, según trascendió de fuentes oficiales, confirma un intento del Gobierno por recuperar la credibilidad y eficacia de la UIF, una institución clave en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las autoridades ahora buscan designar un nuevo titular que cumpla con las exigencias del GAFI y mejore la operatividad del organismo.
El sucesor en la UIF
En la Unidad de Información Financiera asumirá el hasta ahora fiscal fedral Paul Starc, quien inició su trayectoria en abril de 1988 como auxiliar superior de sexta en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los años subsiguientes, continuó ascendiendo en la carrera judicial, en cargos como prosecretario administrativo en el Juzgado Federal N° 3 desde agosto de 1991 y secretario a cargo de la Secretaría N° 7 del mismo juzgado entre junio de 1993 y mayo de 1994. Posteriormente, asumió como fiscal federal adjunto en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, posición que desempeñó durante 12 años, de mayo de 1994 a junio de 2006.
En un momento clave de su carrera, Starc fue nombrado fiscal federal titular de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional del partido bonaerense de Tres de Febrero en junio de 2006 y mantuvo ese puesto hasta diciembre de 2007. Durante este periodo, lideró investigaciones penales con un enfoque especial en delitos complejos. Más tarde, entre diciembre de 2007 y febrero de 2010, se le designó como Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cargo que combinó su experiencia técnica con labores estratégicas en políticas de seguridad.
En paralelo a estas funciones, Starc regresó a su rol como fiscal federal titular en Tres de Febrero en febrero de 2010, consolidando una amplia experiencia en el ámbito judicial. De acuerdo con su perfil, ha colaborado estrechamente con instituciones nacionales e internacionales, siendo un “experto en la gestión de investigaciones complejas y en la colaboración entre agencias del sistema judicial”.
Su perfil muestra un interés persistente en problemáticas vinculadas al crimen organizado y la corrupción económica. Por ejemplo, asistió a “seminarios sobre lavado de dinero” tanto en Argentina como en Francia, además de participar en encuentros internacionales como el programa sobre relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos celebrado en Washington D.C. en 2004.
La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó la Obra Social del Personal Aduanero tras detectar múltiples irregularidades, marcando la primera baja de una entidad desde el inicio de la actual administración nacional
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja la primera obra social desde que inició la administración nacional de Javier Milei. Se trata de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina (OSPAD), de la que se encontraron un sinfín de irregularidades a partir de las auditorías comenzadas por las autoridades sanitarias.
Esta decisión se publicó este martes en el Boletín Oficial, donde se dio de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), el marco donde se inscriben a las Obras Sociales Nacionales y a otros Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, encuadrándolos en la normativa vigente.
Según explicaron fuentes gubernamentales a Infobae, “esta Obra Social no tuvo actividad desde su inscripción y, por lo tanto, no contaba con afiliados ni desarrolló ninguna prestación médico-asistencial”. Su falta de estructura era tal que no se le encuentran fotos en internet.
También a través de la Resolución 1022/2025 de la SSS, la gestión libertaria declaró en crisis a la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma. Esto implica que esta entidad tiene un plazo determinado donde deberá revertir la situación crítica en la que se encuentra a través de un plan de contingencia. De no hacerlo, será liquidada, que es lo que finalmente sucedió con el caso de la OSPAD.
Una sede de la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma (OSPAIL)
El viernes pasado ocurrió el caso contrario. La SSS consignó que la Obra Social de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut había logrado revertir su situación, logrando resultados “exitosos” en su balance.
En lo que va de la gestión de Gabriel Oriolo, la Superintendencia intervino 8 obras sociales y se declararon en crisis otras 11. La liquidación de la Obra Social del Personal Aduanero de la República Argentina es la primera de este tipo de operaciones que realiza esta administración.
“Los Agentes del Seguro deben tener sus cuentas en orden y ofrecer prestaciones de calidad a sus afiliados. No hay lugar para entidades irregulares. Quienes no funcionen correctamente se liquidarán. El organismo está reordenando el sistema y continuará auditando a todos los Agentes del Seguro de Salud. El objetivo es que los actores del sistema compitan libremente y los beneficiarios puedan elegir en libertad cómo cuidar su salud.”, afirman.
Hacia el final de la semana pasada, el Gobierno nacional había declarado en situación de crisis a cuatro obras sociales, lo que las obliga a presentar planes de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de los servicios médicos para sus afiliados.
El titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo
Esta decisión fue adoptada ante la compleja situación financiera que atraviesan la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A., quienes deberán ahora informar cómo prevén resolver el impacto sobre los servicios y la cobertura.
Las diferentes medidas apuntan a depurar al sistema de Agentes de Salud de los denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas obras sociales sindicales que solo se inscribían en el sistema de salud para recibir subsidios por existir o prestar supuestos servicios que, en rigor, tenían poco control, lo cual permitía que se falsearan registros para conseguir mayores transferencias de fondos.
El año pasado, la Superintendencia ajustó vía decreto el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA). Así, las obras sociales comenzaron a percibir el subsidio en función de su número real de afiliados, eliminando la compensación extra que favorecía a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
De las 290 entidades, 201 resultaron perjudicadas, con una reducción conjunta de $3.483 millones. En contraste, las obras sociales con mayor cantidad de afiliados resultaron beneficiadas por el nuevo esquema.
La medida resultó una reducción de la caja para sindicatos de menor estructura. Esto es similar a lo que ocurrió con la eliminación de la intermediación entre obras sociales y empresas de medicina privada que resolvió la SSS en febrero de este año. Aunque hubo un enojo en público de parte de algunos sectores gremiales, las reacciones dispares, siendo que varios reconocían por lo bajo, ya que gremios más poderosos consideran que la resolución afecta principalmente a los “sellos de goma”.
Presentaron esta mañana su dictamen. “No se advierten las razones humanitarias que la justifican”, sostuvieron. Le plantearon al Tribunal Oral que en caso que se la otorgue sea con una tobillera electrónica y pusieron en duda el departamento de la calle San José
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron hoy que se debe rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y que así la condena de seis años de prisión por el caso Vialidad la debe cumplir en una unidad de las fuerzas de seguridad.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, señalaron los fiscales en su dictamen de 10 páginas la que accedió Infobae. Y agregaron: “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Con el dictamen presentado, el Tribunal Oral Federal 2 que ahora quedó en condiciones de resolver si lo otorga o no la prisión domiciliaria a la ex presidenta. La expectativa es que lo haga hoy. “La idea es no dilatar su resolución”, sostuvo una fuente consultada.
Los fiscales Luciani y Mola
En su dictamen, los fiscales consideraron que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad -tiene 72 años- no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela.
Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron los fiscales.
Sobre el motivo de la edad, los fiscales señalaron un caso reciente de un ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner: el secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena por la tragedia de Once y Jaime quedó detenido. El ex funcionario pidió en marzo pasado la prisión domiciliaria porque cumplió 70 años y el juez Jorge Gorini -el mismo que debe intervenir en el caso de Cristina Kirchner- se la rechazó.
Los fiscales también sostuvieron que el informe socio ambiental que se le hizo a la ex presidenta concluyó que estaba bien de saud. Así, entendieron que no hay ningún motivo para que la ex presidenta cumpla la condena en la casa de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.
La opinión de la Fiscalía es no vinculante, por lo que el Tribunal Oral igual podría otorgarle la prisión domiciliaria. Ante esa posibilidad, Luciani y Mola expresaron que el arresto domiciliario “debe sujetarse a estrictas normas de control y seguimiento”.
“En especial, se deberán establecer pautas series y concretas para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y la seguridad de la peticionante”, agregaron.
Los fiscales hicieron hincapié en que el domicilio de la calle San José 1.111 genera “dudas” como el mejor lugar para cumplir la domiciliaria. Hicieron referencia a la ubicación del edificio y las manifestaciones de los últimos días de los militantes.
También rechazaron el pedido de la ex presidenta de no usar tobillera electrónica. Los fiscales señalaron que ese uso es obligatorio por ley. Además, Luciani y Mola se negaron a que la custodia actual de la Policía Federal que tiene Cristina Kichner sea la que controle su prisión domiciliaria.
Los fiscales explicaron que para esa función hay agentes penitenciarios especializados que son los que deben llevarla a cabo.
Ambos mandatarios conversaron nuevamente después de que el argentino volviera de su gira. La charla telefónica se dio ayer por la tarde. El israelí le informó cómo fue la operación bélica de los últimos días
El presidente Javier Milei volvió a conversar por teléfono con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego de la visita que el argentino mantuvo en ese país la semana pasada.
La comunicación se dio ayer en las primeras horas de la tarde y fue una charla que fortaleció la amplísima sintonía entre ambas administraciones. Indicador de aquello fue que Milei le expresó todo su apoyo de cara a la ofensiva que el Primer Ministro israelí desplegó contra Irán en los últimos días.
En tanto, Netanyahu le agradeció la visita de cuatro días que Milei mantuvo en su país, con paradas clave las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv; para luego comentarle los detalles de la Operación León Ascendente que las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron el viernes pasado y que abatió a más de 20 comandantes iraníes.
Nueva muestra de sintonía entre Argentina e Israel
Pese a haber llegado en las últimas horas del sábado, Milei mantuvo predisposición para continuar los diálogos con Netanyahu. Ambos habían acordado hablar el domingo, pero debieron reprogramarlo por la ola de misiles que el Régimen iraní había lanzado contra Israel, todo en respuesta al operativo de Netanyahu.
Ese día, Milei encargó la publicación de un comunicado a través de la cuenta de la Oficina del Presidente (@OPRArgentina), la cual considera como su canal institucional como mandatario para sentar posiciones de Estado.
“La Oficina del Presidente condena el vil ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel, mediante el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos contra población civil, y repudia la reciente designación de Ahmad Vahidi, uno de los principales imputados por el atentado a la AMIA que provocó la muerte de 85 personas, como Comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica”, comunicó.
El viaje de Milei a Israel estuvo colmado de gestos simbólicos, acuerdos políticos y reconocimientos internacionales, que reforzaron el perfil internacional del presidente argentino y su vínculo con el Estado israelí.
Uno de los momentos cumbre fue la disertación del argentino en el Knéset -la sede del Poder Legislativo de Israel- y su propuesta de mudar la Embajada de Argentina hacia la ciudad de Jerusalén en 2026. Durante su última jornada en aquel país, los dos jefes de Estado firmaron el Memorando por la Democracia y la Libertad, un documento que profundiza la alianza estratégica entre Argentina e Israel y promueve la cooperación bilateral frente al terrorismo internacional y el antisemitismo.
Tras la firma del acuerdo, se anunció la apertura de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. El anuncio estuvo sucedido por la visita de Milei y Netanyahu al Muro de los Lamentos, siendo la segunda ocasión en la que el primer ministro israelí reza con un mandatario latinoamericano, siendo la primera vez con Jair Bolsonaro de Brasil. Ni siquiera Donald Trump, quien trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, compartió ese momento.
Netanyahu en el foco mediático global
La conversación entre Milei y Netanyahu no se da ante cualquier panorama. El israelí está en el centro de las coberturas internacionales luego de la ofensiva contra la estructura de mando de las fuerzas armadas iraníes y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), la cual fue respondida por Teherán con ataques centrados mayormente a Tel Aviv.
El recrudecimiento del conflicto tuvo un inmediato involucramiento de Estados Unidos, que desplegó cerca de 30 aviones cisterna estadounidenses para facilitar los eventuales ataques aéreos de Israel sobre objetivos estratégicos en Irán. Aquello configura una nueva fase en el conflicto, a la vez que la administración de Donald Trump opta por abrir un canal de diálogo indirecto con el régimen de Ali Khameneipara acordar un cese del fuego, en un contexto donde la ofensiva israelí busca desmantelar la capacidad militar y nuclear iraní.
Judíos ultraortodoxos observan un lugar impactado tras el ataque con misiles de Irán contra Israel, en Bnei Brak, Israel. 16 de junio de 2025. REUTERS/Miro Maman
El canal diplomático, facilitado por Qatar y Omán, permitió que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, establecieran contacto con el canciller iraní Abbas Araghchi.
El objetivo es concretar una reunión exploratoria en alguno de estos países durante la semana, en un intento por frenar la escalada bélica. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue notificado de la iniciativa diplomática de Trump, pero expresó su escepticismo, considerando que este proceso solo otorga tiempo a Irán para reorganizarse frente a la ofensiva israelí, que, según sus palabras, está “demoliendo su sistema militar y devastando su iniciativa atómica”.
Los ataques aéreos israelíes dejaron gravemente dañada la principal planta de enriquecimiento de uranio del país en Natanz. Esta mañana, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, confirmó que Irán posee material nuclear suficiente para fabricar entre seis y ocho armas nucleares, aunque aclaró que esto “no quiere decir que tengan hoy un arma nuclear”.