El control de la Ciudad, la licitación de la hidrovía, los pliegos de los jueces y Ficha Limpia son algunos de los conflictos que enfrentan a Macri con el gobierno de cara a la campaña
“Hay PRO para rato”, publicó la cuenta de X del partido liderado por Mauricio Macri a horas del 1 de enero, una especie de manifiesto de fin de año mediante el cual intentará negociar, después del verano, las condiciones para un acuerdo electoral con el gobierno que, por cierto, le urge mucho más al ex presidente que a Javier Milei.
En un año, el jefe de Estado consiguió acaparar la centralidad del sistema político a fuerza de una estrategia muy agresiva de confrontación con la oposición y de un plan de gobierno audaz, que no siempre incluyó a los aliados, y el macrismo se redujo a un rol de colaboración con una muy escasa contraprestación. Eso llevó a que el partido amarillo esté a riesgo de ser fagocitados por completo por La Libertad Avanza, como consecuencia de un plan electoral que en el 2023 dinamitó al PRO por los aires y que abre serios interrogantes de cara al calendario electoral del 2025.
En el posteo de fin de año, el espacio conducido por Macri lo explicó así, por la positiva, en su cuenta de X: “Estamos orgullosos del rol que tuvo el PRO este año porque nunca antes en la historia argentina un partido de la oposición había contribuido tanto al oficialismo como lo hizo el PRO en 2024, debatiendo y habilitando reformas esenciales propuestas por otro espacio político”.
Ahora bien, esa contribución macrista a todos y cada uno de los proyectos del oficialismo -solo se opusieron al DNU de asignación de recursos a la SIDE, un revés que fastidió, y mucho, al consultor Santiago Caputo, el autor intelectual de esa iniciativa- terminó con un creciente desgaste en diciembre, producto de una serie de disputas que alejaron, al menos por ahora, la posibilidad de un acuerdo electoral para este año. Si las elecciones fueran hoy, LLA y el PRO irían separados.
El presidente Javier Milei
Esa serie de peleas alcanzó a fin de año su pico de máxima tensión en la Ciudad de Buenos Aires, el bastión principal del macrismo administrado desde diciembre del 2023 por Jorge Macri después de que su primo se involucrara de manera directa para que la alianza entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau no rompiera la hegemonía del PRO de los últimos 16 años. El ex presidente está dispuesto a habilitar cualquier tipo de negociación, pero no a ceder el control sobre la capital.
La decisión del jefe de Gobierno de desdoblar el calendario porteño para julio complicó aún más el vínculo con LLA, que ya se había plantado en una posición hostil en la sesión por el Presupuesto, cuando definió no acompañar el proyecto del oficialismo. El ex intendente de Vicente López aprovechó la jugada para incluir la suspensión de las primarias, que deberá ser aprobada por la Legislatura. En simultáneo, el ex presidente ordenó a su bloque en el Congreso que aporte los votos para eliminar las PASO pero a nivel nacional, si es que el gobierno al final envía el proyecto.
De todos modos, en la Ciudad pareciera que LLA ya tomó la decisión de avanzar a fondo contra el PRO. En las redes, en los últimos días, los militantes libertarios no hicieron más que cargar contra la figura del jefe de Gobierno. Pilar Ramírez, la referente de Karina Milei en ese distrito, subió al menos una docena de posteos en contra de la gestión de Jorge Macri. Machacará con esa tónica en los próximos meses, frente a la estrategia del alcalde de intentar “desnacionalizar” la campaña, lo que lo llevó a adelantar el calendario -podría ser aún antes de julio si consigue los votos para suspender las PASO-. La hermana del presidente está decidida a jugar esa carta, al menos hasta que el mandatario pida explorar, si es que así lo decide, un entendimiento electoral con el PRO.
Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich
El 2025 no arrancó, de todos modos, solo con esa puja entre LLA y el PRO. La relación entre ambos sectores ya se había tensado con la decisión del gobierno de vaciar la sesión por Ficha Limpia, y en paralelo Macri había ordenado que se publiciten al máximo posible las críticas partidarias a la licitación por la hidrovía, un negocio millonario que está en la mira del macrismo. Buena parte de la recolección de la información en torno al proceso quedó en manos de Guillermo Dietrich, el ex ministro de Transporte que sigue muy activo. El ex presidente pidió máxima difusión. Está convencido, dicen, de que hay intereses cruzados que involucran a un sector del gobierno, al heredero de un grupo familiar y a un empresario muy poderoso de la provincia de Buenos Aires.
Cuando se cayó la sesión por Ficha Limpia, a fines de noviembre, que detonó las relaciones, desde la cuenta de X de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo se escribió: “Mauricio, por décima vez, no te vamos a dar la hidrovía”.
Esa cuenta está relacionada al consultor Caputo, que terminó el año con Macri mucho peor de lo que lo empezaron. El ex presidente delegó las gestiones en Cristian Ritondo, pero no hubo demasiados avances. El jefe del PRO habilitó entonces a otros diputados, como Diego Santilli o Alejandro Finocchiaro, que tienen que renovar sus bancas por la provincia de Buenos Aires, a que exploren “acuerdos razonables”, como publicó este medio hace algunas semanas.
Mientras no haya acuerdo entre el PRO y LLA, la Ciudad será un terreno de enfrentamientos entre el macrisimo y los libertarios
Macri sabe que en el Gobierno están a la pesca, y que hay un buen número de dirigentes dispuestos a morder el anzuelo para ser tenidos en cuenta para la campaña de este año: no se imaginan en un escenario de disputa electoral en confrontación con LLA. Por eso les preocupa que no se llegue a un acuerdo. El ex presidente sabe de esa situación.
También sabe que hay otros rubros que lo enfrentan con el Gobierno. Por ejemplo, la Justicia. En particular, el envío de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que Macri recibió con un sabor agridulce. De hecho, se ocupó de hablar con legisladores y hasta con gobernadores de su partido para bajarles línea en contra de esas designaciones. Algunos jefes provinciales lo escucharon, y decidieron desoír su consejo. El ex jefe de Estado sigue atento a las novedades de verano. También monitorea las más de cien vacantes que esperan para ser enviadas al Senado, y que incluyen jueces y fiscales. El Ejecutivo pensó en algún momento en incluir al jefe de los fiscales, es decir la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que aún sigue en manos de Eduardo Casal, que asumió en su momento como interino tras la salida de Alejandra Gils Carbó. Macri intentó nominar a Inés Weinberg de Roca, presidenta del TSJ porteño, pero no pudo. Alberto Fernández trató con Daniel Rafecas, pero también falló en el intento.
En estos últimos meses se mencionó a la figura de Julio Conte-Grand, el procurador bonaerense, pero quedó descartado.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes